Costa Rica navega entre indicadores históricos de exportación e inversión y las tensiones de un mundo que se reorganiza.
Con $2.441 millones en deuda, el país ocupa el tercer lugar regional, aunque su relación deuda-PIB es notablemente menor.
Análisis recientes sitúan a Costa Rica como el tercer país de América Latina con mayor deuda ante el Fondo Monetario Internacional, por detrás de Argentina y Ecuador. Sin embargo, la comparación superficial esconde diferencias estructurales importantes. La deuda costarricense de $2.441 millones representa apenas el 2,4 % de su economía, una proporción considerablemente menor a la de sus vecinos en el ranking. Expertos consultados por medios especializados destacan que Costa Rica usó el acuerdo con el FMI de manera proactiva: como señal de estabilidad fiscal y ancla de reformas, no como rescate de emergencia. El acuerdo vigente expiró en 2024, pero su legado en disciplina presupuestaria y política monetaria sigue siendo visible en los indicadores macroeconómicos del país.
El modelo de atracción de capital funciona, pero sus beneficios sobre el empleo son cada vez más esquivos.
Costa Rica superó los $5.121 millones en inversión extranjera directa (IED) por segundo año consecutivo, un récord histórico. Sin embargo, detrás del titular hay una señal de alerta: el 84 % de esa inversión corresponde a reinversión de utilidades, no a capital nuevo entrando al país. El empleo en multinacionales creció apenas 3.259 puestos, el peor registro en años. Las zonas francas, motor histórico del modelo, cayeron un 10,5 %. El análisis publicado por República CR describe la situación como una «paradoja de inversión»: el país atrae capital, pero ese capital no se traduce en empleos al ritmo que el modelo prometía. La presidenta electa Laura Fernández heredará este nudo como uno de sus desafíos económicos principales.
El 13 de abril aterrizó en Juan Santamaría el primer vuelo de Global X con migrantes devueltos desde California.
Costa Rica recibió el sábado 13 de abril su primer vuelo de extranjeros deportados desde Estados Unidos como parte del Memorándum de Entendimiento firmado en marzo por el entonces presidente Rodrigo Chaves y el gobierno estadounidense. El vuelo de Global X partió de San Diego y llegó al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría con 25 personas de distintas nacionalidades y un ciudadano costarricense. Al 16 de abril, ocho de los 25 transferidos expresaron temor de regresar a sus países de origen, obligando a las autoridades costarricenses a buscar alternativas de protección y estadía temporal. El acuerdo permite la llegada semanal de hasta 25 migrantes no estadounidenses.
Las exportaciones de Costa Rica alcanzaron $23 mil millones en el último período de medición disponible, el mejor dato de la historia económica del país. El dinamismo exportador es liderado por el sector de dispositivos médicos, software y servicios empresariales, todos radicados mayoritariamente en zonas francas. Sin embargo, economistas señalan que el crecimiento exportador no se distribuye de manera uniforme: las regiones fuera del Gran Área Metropolitana se benefician menos del modelo, y la concentración en zonas francas limita los encadenamientos con la economía local. El desafío de la próxima administración será convertir cifras récord en oportunidades concretas para la mayoría de los costarricenses.
— El récord exportador convive con una economía que aún busca trasladar su dinamismo externo al bienestar interno.
La inversión extranjera directa en Costa Rica superó los $5.121 millones por segundo año consecutivo, consolidando al país como uno de los destinos más atractivos para el capital foráneo en Centroamérica. La cifra es notable, pero su composición preocupa a los analistas: el 84 % corresponde a reinversión de utilidades de empresas ya instaladas en el país, no a nuevo capital entrando. Eso significa que el atractivo del país para nuevas empresas es más limitado de lo que el número sugiere. Las zonas francas, que históricamente han sido el motor del modelo, registraron una caída del 10,5 % en su contribución a la IED, la mayor baja en varios años.
Laura Fernández Delgado, del Partido Pueblo Soberano, ganó las elecciones presidenciales de 2026 y será la segunda mujer presidenta de Costa Rica, después de Laura Chinchilla. Antes de asumir, se desempeñó como ministra de Planificación y ministra de la Presidencia. Su visión pone énfasis en el grado de inversión, el desarrollo territorial fuera del GAM y la articulación de la política económica con las regiones.
Laura Fernández prometió en campaña alcanzar el grado de inversión para Costa Rica. La promesa tiene lógica económica sólida: el grado de inversión reduciría el costo de la deuda pública y enviaría una señal positiva a los mercados internacionales. Pero el camino es largo y no depende solo de la voluntad del Ejecutivo. Las calificadoras de riesgo observan años de comportamiento, no declaraciones de campaña. Fitch, Moody's y S&P evaluarán la trayectoria del déficit fiscal, la estabilidad de la deuda pública y la previsibilidad del marco jurídico. La nueva presidenta tendrá que mostrar resultados concretos antes de que las agencias cambien la calificación.
El grado de inversión no es una meta política; es el veredicto de años de disciplina fiscal.
Cuando el 84 % de la inversión extranjera directa de un país es reinversión de utilidades de empresas ya instaladas, los analistas divergen sobre cómo interpretarlo. Por un lado, es una señal inequívoca de confianza: las multinacionales no sacan sus ganancias, las reinvierten localmente. Por otro, no genera el dinamismo de empleo que sí produce capital nuevo. Una empresa que reinvierte puede estar comprando maquinaria que desplaza trabajadores, no contratando más personas. Para Costa Rica, el reto es atraer nuevas inversiones en sectores con alto potencial de encadenamiento local, especialmente fuera del Gran Área Metropolitana, donde el modelo de zonas francas apenas llega.
Las exportaciones récord, la IED sostenida y la estabilidad macroeconómica colocan a Costa Rica en una posición envidiable en la región. Pero la paradoja de la reinversión, la caída del empleo en zonas francas y los desafíos del grado de inversión recuerdan que los titulares favorables no cuentan la historia completa. La administración Fernández tendrá que trabajar esa complejidad desde el primer día.