La Contraloría advierte ante la Comisión de Hacendarios que el proyecto deja ¢494.000 millones sin incluir, el presidente de la Corte exige eliminar cuatro candados al presupuesto judicial, el plan crea 533 plazas en otras instituciones sin resolver el faltante del Poder Judicial, y el Frente Amplio dice haber enviado a la Sala IV su consulta contra las jornadas 4x3.
La fracción asegura haber presentado el recurso por vicios de forma y de fondo, aunque Diario Extra reportó que el partido todavía recolectaba las firmas necesarias para activarlo.
El Frente Amplio (FA) remitió una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala Constitucional contra el proyecto de jornadas 4x3 (expediente 24.290), según reportó Observador CR, días después de que el Plenario aprobara la ley en primer debate con 31 votos a favor y 19 en contra el 8 de octubre. El partido alega vicios de procedimiento -la suspensión del trámite de vía rápida hasta el 30 de abril, que considera contraria al artículo 97 del Reglamento de la Asamblea- y vicios de fondo, entre ellos que el texto delega por reglamento aspectos que, a su juicio, debían fijarse por ley y no garantiza el pago de horas extra más allá de la jornada ordinaria. Sin embargo, Diario Extra reportó que, en fechas cercanas, la fracción frenteamplista todavía buscaba las firmas necesarias para activar el recurso: la consulta requiere diez diputados y el FA solo cuenta con siete, por lo que necesita al menos tres más, previsiblemente del Partido Liberación Nacional (PLN), que no ha confirmado su respaldo. La discrepancia entre ambos reportes no estaba resuelta al cierre de esta edición, y ningún comunicado de la Secretaría del Directorio Legislativo confirmó de forma independiente si el documento ya fue recibido formalmente por la Sala Constitucional. El antecedente pesa: una versión anterior del mismo proyecto, el expediente 21.182, fue anulada en 2023 tras una consulta similar firmada por el FA y el PLN. Si la consulta se presenta y es admitida, el trámite del segundo debate -programado para el 13 de octubre- quedaría suspendido mientras los magistrados resuelven, un proceso que en consultas previas sobre el mismo proyecto ha tomado varios meses. No está claro al cierre de esta edición si el PLN prestará las firmas que le faltan al FA ni si la Sala Constitucional se pronunciará antes de que termine el periodo de sesiones ordinarias.
La Contraloría General de la República (CGR) advirtió ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa que el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 deja fuera al menos ¢494.000 millones en gasto real, principalmente obligaciones pendientes con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), según CRHoy. El órgano contralor calificó el panorama fiscal del proyecto -que asciende a ¢12,4 billones, equivalentes a 22,3% del producto interno bruto- como el más bajo desde 2008, dentro de una comparecencia técnica ligada al dictamen que la Comisión debe emitir a más tardar el 20 de octubre. Entre los recortes puntuales que señaló la CGR figura una reducción de 76% para el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) respecto de 2026, y una caída de ¢39.603 millones -un 49%- en el aporte patronal que el Ministerio de Educación Pública gira al Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema). La advertencia llega en la misma semana en que la presidenta Laura Fernández redujo de ¢27.000 a ¢11.000 millones el recorte al Poder Judicial, un ajuste que la oposición calcula en realidad en ¢45.000 millones, según esta edición reportó el sábado; la lectura de la Contraloría sugiere que la subestimación fiscal no se limita al Poder Judicial, sino que atraviesa otras partidas del presupuesto completo. La cifra de los ¢494.000 millones proviene únicamente de CRHoy, sin que otro medio consultado por esta edición confirmara de forma independiente el monto exacto al cierre de esta edición. La Comisión de Hacendarios no ha anunciado si incorporará las observaciones de la Contraloría en el dictamen final, que debe estar listo antes del 20 de octubre para que el proyecto llegue al Plenario con tiempo de votarse en dos debates antes del 30 de noviembre.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, calificó el recorte presupuestario al Poder Judicial como "un mazazo a la democracia" y exigió al Gobierno eliminar cuatro controles que, según él, se aplican de forma exclusiva al Poder Judicial en el proyecto de Presupuesto 2027, de acuerdo con Teletica y La República. El Ministerio de Hacienda condicionó la liberación de buena parte de los recursos judiciales a requisitos como la revisión de cuentas auditadas por la Comisión Legislativa para el Control del Ingreso y el Gasto Público, un candado que, según El Financiero CR, no se exige con el mismo rigor a otras instituciones del Estado. El reclamo se suma al pulso que esta edición reportó el sábado, cuando la presidenta Laura Fernández anunció que reduciría el recorte al Poder Judicial de ¢27.000 a ¢11.000 millones, cifra que la diputada Claudia Dobles calcula en realidad en ¢45.000 millones. Aguirre sostiene que, más allá del monto, los cuatro candados -entre ellos la condición ligada al fideicomiso de infraestructura judicial que administra el Banco de Costa Rica- comprometen la independencia de criterio del Poder Judicial sobre su propio presupuesto, según Observador CR. La Comisión de Asuntos Hacendarios no ha confirmado si retirará alguno de los cuatro controles antes de dictaminar el proyecto, que vence el 20 de octubre, ni el Ministerio de Hacienda ha respondido públicamente al señalamiento de Aguirre al cierre de esta edición.
El Ministerio de Hacienda incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 la creación de 533 plazas nuevas distribuidas en 13 instituciones públicas, con prioridad para seguridad y procesos electorales, según Infobae. La medida contrasta con la situación del Poder Judicial, que según Observador CR estima un faltante de 2.000 funcionarios y no recibirá ninguna de esas plazas nuevas en el mismo proyecto. El contraste alimenta el reclamo de la Corte Suprema que esta misma edición reporta por separado: mientras otras instituciones del Estado suman personal, el Poder Judicial debe absorber un recorte de ¢11.000 millones -según el monto anunciado por el Gobierno- sin plazas adicionales que alivien su déficit operativo. Tanto la cifra de las 533 plazas como el faltante de 2.000 funcionarios fueron reportados por primera vez en setiembre, antes de que la Comisión de Hacendarios avanzara en la revisión del proyecto, por lo que ambas corresponden a una fotografía previa al dictamen que debe emitirse antes del 20 de octubre. No está claro al cierre de esta edición si el texto final que vote el Plenario modificará el número de plazas nuevas o si el Poder Judicial logrará incorporar alguna durante la negociación final del presupuesto.
— El proyecto crea 533 puestos en 13 instituciones, con foco en seguridad y elecciones, mientras el Poder Judicial calcula un faltante de 2.000 funcionarios que el mismo presupuesto no resuelve.
La jornada combinó el pulso por el Presupuesto 2027 con la disputa legal en torno a las jornadas 4x3. La Contraloría General advirtió ante la Comisión de Hacendarios que el proyecto deja fuera al menos ¢494.000 millones en obligaciones, principalmente con la CCSS, y reduce el gasto público a 22,3% del PIB, el nivel más bajo desde 2008, según CRHoy. El presidente de la Corte, Orlando Aguirre, calificó el recorte al Poder Judicial de "mazazo a la democracia" y exigió eliminar cuatro controles exclusivos que el Gobierno impuso a esa institución, mientras el proyecto suma 533 plazas en otras 13 instituciones sin resolver el faltante de 2.000 funcionarios que enfrenta el propio Poder Judicial. Por separado, el Frente Amplio sostiene haber enviado una consulta de constitucionalidad contra las jornadas 4x3 a la Sala Constitucional, aunque Diario Extra reportó que la fracción todavía buscaba las firmas necesarias para activarla. Ninguno de estos frentes -el dictamen final de la Comisión de Hacendarios, la respuesta del Gobierno a los cuatro candados judiciales ni la confirmación de si la consulta sobre jornadas 4x3 ya fue recibida por la Sala IV- tiene resolución definitiva al cierre de esta edición.