Un operativo policial en la zona norte y la definición del equipo de la presidenta electa dominan la agenda nacional mientras el colón fuerte presiona a los exportadores.
La zona minera al norte de Costa Rica expandió su área afectada de 900 a 3.000 hectáreas y el gobierno trata el problema como crisis de seguridad y ambiental simultánea.
Autoridades costarricenses arrestaron a 19 ciudadanos nicaragüenses durante un operativo policial en Crucitas, zona norte del país, el 20 de abril, según reportó The Tico Times. La Fuerza Pública confiscó 30 sacos de sedimento mineral y cantidades adicionales de crack y pasta base de cocaína. El área de explotación minera ilegal en la región se expandió de aproximadamente 900 a 3.000 hectáreas en los últimos dos años, lo que convierte al problema en una crisis ambiental y de seguridad de escala significativa. Crucitas tuvo un perfil alto durante la administración Arias por la concesión minera de Industrias Infinito —cancelada por la Sala IV en 2010—, pero la minería ilegal artesanal que opera hoy es de naturaleza diferente: más dispersa, ligada a redes criminales transfronterizas y con menor capacidad de control por parte del Estado. El OIJ y el Ministerio de Seguridad han intensificado operativos conjuntos en la zona desde 2025. El operativo del 20 de abril es el segundo de esta magnitud en lo que va del año en Crucitas. La presidenta electa Laura Fernández no ha publicado posición específica sobre la política de control minero en zona norte, tema que la administración Chaves trató de forma reactiva más que preventiva.
La presidenta electa anticipa continuidad en ministerios clave y no descarta un puesto para el saliente Rodrigo Chaves dentro del nuevo gobierno.
La presidenta electa Laura Fernández confirmó que presentará públicamente su gabinete el 5 de mayo de 2026 en el Teatro Melico Salazar, tres días antes de la juramentación del 8 de mayo. Según TicosLand, los ministerios con mayor probabilidad de continuidad son: Ciencia y Tecnología (Paula Bogantes), Relaciones Exteriores (Arnoldo André Tinoco), Obras Públicas (Efraím Zeledón) y Hacienda (Rudolf Lücke). El presidente Rodrigo Chaves podría recibir un nombramiento como jefe de gabinete o asesor estratégico, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente. La decisión de mantener a ministros clave de Chaves refleja una transición política que prioriza la continuidad técnica sobre la renovación ideológica. El ángulo de disenso: varias organizaciones sociales y partidos de oposición cuestionan la conveniencia de mantener figuras asociadas a la gestión de comunicación controvertida de Chaves, argumentando que la continuidad sin evaluación de desempeño puede perpetuar deficiencias. Fernández asumirá el 8 de mayo como la primera presidenta de Costa Rica desde Laura Chinchilla (2010-2014). Su primera prueba de gobernabilidad será la relación con una Asamblea Legislativa donde ninguna agrupación tiene mayoría absoluta.
El tipo de cambio de compra del BCCR cerró el 20 de abril en ₡452,59 por dólar, con el colón acumulando una apreciación del 9,50% en los últimos 12 meses y del 2,57% en el último mes, según datos del BCCR. Para los exportadores costarricenses —que facturan en dólares pero pagan nómina y costos operativos en colones—, cada punto porcentual de apreciación reduce el margen de forma directa. El sector agroexportador es el más expuesto: piña, banano y palmito se venden en mercados internacionales en dólares, con márgenes que Conaproce y Canapep históricamente han señalado como ajustados. El sector manufacturero de Zona Franca —Intel, Colfax, Thermo Fisher— tiene mayor capacidad de absorción por sus economías de escala, pero también siente el efecto en sus operaciones de servicios compartidos. El BCCR no ha publicado medidas de intervención en el mercado cambiario para revertir la tendencia. La política oficial es de tipo de cambio flexible con intervención esterilizada solo para reducir volatilidad extrema. El ángulo positivo: para el consumidor costarricense, un colón fuerte abarata las importaciones, lo que explica parcialmente la deflación de -2,09% registrada en marzo.
El Organismo de Investigación Judicial registró 10.027 casos de fraude en línea en 2025, un 41% más que el año anterior, según datos citados por The Tico Times el 10 de abril. Si la tendencia se mantiene, las estafas digitales superarán al robo de vehículos y los asaltos como la categoría criminal más denunciada en Costa Rica antes de que termine 2026. Las modalidades más frecuentes incluyen llamadas telefónicas suplantando entidades bancarias, perfiles falsos en redes sociales para compras y citas que nunca ocurren, y correos de phishing diseñados con herramientas de IA que eliminan los errores ortográficos que antes permitían identificarlos. Según la sección de delitos informáticos del OIJ, el perfil de víctima se amplió: ya no son solo adultos mayores, sino personas de 30 a 50 años con acceso bancario digital. La presidenta electa Fernández no ha publicado un plan específico de ciberseguridad ciudadana, aunque el Ministerio de Ciencia y Tecnología —con alta probabilidad de continuar con Bogantes— ha mencionado la actualización de la Ley de Delitos Informáticos como pendiente legislativo.
— El OIJ registró 10.027 casos de estafa digital el año pasado; las herramientas de IA generativa permiten suplantaciones de voz y textos de phishing prácticamente indistinguibles.
Costa Rica captó $5.121 millones en inversión extranjera directa en 2025, el segundo año consecutivo por encima de $5.000 millones, según datos de PROCOMER. Las reinversiones alcanzaron un récord de $4.328 millones, impulsadas por la expansión de dispositivos médicos, tecnología financiera y ciencias de la vida. El CINDE abrió nuevas oficinas de atracción de inversión en Silicon Valley y tiene operaciones planificadas en Singapur. El flujo de nearshoring —empresas que mueven operaciones de Asia o Europa a América Latina para estar más cerca del mercado estadounidense— explica una parte significativa del crecimiento. Costa Rica compite directamente con México, Colombia y Chile por estos proyectos. La apreciación del colón representa un riesgo para la competitividad de costos del país en esa competencia, aunque el recurso humano calificado y la estabilidad institucional son factores diferenciadores que no se ven en el tipo de cambio.
El índice de precios al consumidor de Costa Rica registró una variación anual de -2,09% en marzo de 2026, mejorando levemente desde el -2,73% de febrero, según Trading Economics. La deflación está impulsada principalmente por la caída en alimentos y bebidas no alcohólicas (-8,3%) y transporte (-3,61%). La persistencia de la deflación —ya tres meses consecutivos— es inédita desde 1983. El BCCR mantiene su tasa de política monetaria en 3,25% desde diciembre de 2025, y la próxima reunión de junta directiva está programada para el 21 de mayo, posterior a la toma de posesión de Fernández. Los economistas del IICE-UCR señalan que la deflación puede desincentivar el consumo si los agentes esperan precios más bajos en el futuro, un riesgo que el BCCR observa sin actuar todavía.
A 17 días de la juramentación de Laura Fernández, Costa Rica presenta una agenda económica y de seguridad cargada: un colón que se aprecia aceleradamente y presiona a exportadores, una deflación persistente sin precedentes en cuatro décadas, un operativo policial en Crucitas que revela la escala de la minería ilegal, y un fraude en línea que crece a tasas sin precedente. Fernández heredará un país con indicadores macroeconómicos envidiables en la región —IED récord, déficit fiscal en baja, homicidios a la baja— pero con vulnerabilidades estructurales que la apreciación del colón está volviendo visibles. La composición del gabinete que anuncie el 5 de mayo dará la primera señal de si la nueva administración tiene capacidad para gestionar simultáneamente la agenda económica y la de seguridad.