La Corte Plena fija el 19 de octubre para votar la continuidad de Carlo Díaz como fiscal general pese al rechazo público de la presidenta Laura Fernández y el ministro Rodrigo Chaves, Hacienda envía a la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario que recorta ₡167.968 millones con ₡12.923 millones menos para Seguridad Pública, los diputados aprueban por unanimidad convertir el Mivah en ministerio con ley propia y el proyecto de presupuesto 2027 reduce fondos para el MEP y el PANI mientras suma 533 plazas para seguridad y labores electorales.
El máximo tribunal judicial fijó la fecha límite para decidir si el actual fiscal general continúa cuatro años más, después de que la presidenta Laura Fernández y el ministro Rodrigo Chaves pidieran públicamente su salida.
La Corte Plena estableció el 19 de octubre como fecha para votar la reelección del fiscal general Carlo Díaz por un nuevo período de cuatro años, según reportaron Infobae, La Nación y CRHoy. Díaz formalizó su solicitud de reelección el 22 de setiembre, y necesitará al menos 12 votos de los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para continuar; su nombramiento actual vence el 31 de octubre. La fecha se fijó, según las mismas fuentes, para no coincidir con la primera votación para elegir la nueva presidencia de la Corte, programada para el 26 de octubre. La solicitud de Díaz llega en medio de un rechazo público desde el propio Poder Ejecutivo: tanto la presidenta Laura Fernández como el ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, le han pedido que no continúe en el cargo, según había reportado Infobae. "Los ataques se han personalizado", respondió el fiscal general en una entrevista con La Nación, sin precisar directamente a quién se refería. Díaz fue elegido originalmente en octubre de 2022 con 15 de los 22 votos posibles, tras un proceso en el que compitió con otros 19 candidatos. No está claro si Díaz reunirá los 12 votos necesarios el 19 de octubre, ni si el rechazo expresado por Fernández y Chaves influirá en la decisión de los magistrados.
El Ministerio de Hacienda presentó el lunes 28 de setiembre ante el Congreso el Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para 2026, expediente 25.803, que plantea una reducción neta de ₡167.968,2 millones en el Presupuesto Nacional, según reportó Delfino.cr. El texto recorta ₡12.923 millones al Ministerio de Seguridad Pública y ₡8.973 millones al Ministerio de Educación Pública (MEP), además de contemplar transferencias entre instituciones por ₡35.581,4 millones, de acuerdo con la misma fuente. La información sobre estas cifras proviene únicamente de Delfino.cr, sin confirmación independiente de otro medio al cierre de esta edición. Del recorte a Seguridad, cerca de ₡384,8 millones corresponden al contenido económico de 172 plazas que permanecieron vacantes durante el primer semestre, ₡7.546,5 millones a medidas de contención del gasto y ₡4.991,2 millones saldrían de la institución mediante las transferencias presupuestarias contempladas en la modificación. El ajuste se suma a un recorte del 5% que el Ejecutivo ya había ordenado en junio para el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes. No está claro cuándo la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminará el expediente 25.803 ni si el Plenario modificará los montos asignados a Seguridad o al MEP antes de su votación final.
El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate, por unanimidad de los 50 diputados presentes, el proyecto que otorga al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) su propia ley constitutiva y lo formaliza como cartera ministerial del Poder Ejecutivo, según reportaron Delfino.cr y Acontecer. El sector de vivienda y asentamientos humanos fue creado en 1979 bajo la figura de un ministro sin cartera, y aunque distintas normas presupuestarias le fueron dando forma institucional con los años, el Mivah había operado desde entonces sin una ley constitutiva propia, de acuerdo con las mismas fuentes. El texto aprobado establece que el ministerio deberá emitir políticas, reglamentos y directrices en materia de vivienda, ordenamiento territorial y asentamientos humanos según las necesidades de los distintos estratos socioeconómicos, en coordinación con las instituciones públicas competentes. El proyecto fue presentado originalmente en junio de 2024 por la entonces diputada Paola Nájera Abarca, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD); el actual jerarca de la cartera es Guillermo Carazo Ramírez. El proyecto avanza ahora hacia el trámite de segundo debate en el Plenario. No está claro cuándo se realizará esa votación final ni si el texto sufrirá modificaciones antes de convertirse en ley.
Costa Rica exportó bienes por USD 13.821 millones hasta julio de 2026, de los cuales las empresas de zonas francas aportaron USD 9.309 millones, el 67,3% del total, según cifras del Banco Central de Costa Rica (BCCR) citadas por El Financiero. Pero el régimen se desaceleró: esas exportaciones crecieron apenas 1,4% interanual en julio, 15,6 puntos porcentuales menos que en julio de 2025, cuando la expansión había sido de 17,0%, de acuerdo con la misma fuente. La producción nacional de las zonas francas creció 2,5% interanual en julio, un ritmo menor explicado por la desaceleración de los llamados regímenes especiales, que incluyen las zonas francas, según Infobae. Las exportaciones de dispositivos médicos, que habían tenido un crecimiento atípico en 2025, redujeron su ritmo y afectaron el resultado general del régimen. La apreciación del colón frente al dólar elevó hasta 30% los costos de operación de las empresas instaladas en zonas francas, de acuerdo con un reportaje de Infobae publicado a mediados de setiembre. Entre 2023 y 2026 se registraron 250 nuevas empresas en el régimen, con más de USD 550 millones en inversión mínima comprometida y más de 8.900 empleos comprometidos, según las mismas fuentes. No está claro si la desaceleración de julio continuará durante el segundo semestre del año.
— Las empresas del régimen aportan dos tercios de las exportaciones del país, pero su ritmo de crecimiento se frenó de golpe en julio, según cifras del Banco Central citadas por El Financiero.
El proyecto de presupuesto nacional 2027, presentado por el Ministerio de Hacienda el 1 de setiembre ante la Asamblea Legislativa, reduce en ₡19.229 millones los recursos del Ministerio de Educación Pública (MEP) y en ₡7.756 millones los del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) respecto al presupuesto vigente, según reportó El Observador CR. El texto, de ₡12,4 billones en total, representa una caída de 3,1% frente al presupuesto 2026 y equivale a ₡400.000 millones menos, de acuerdo con Semanario Universidad. Los recortes al MEP y al PANI generan inquietud entre diputados de oposición, mientras el Ministerio de Hacienda niega que los ajustes afecten la prestación de servicios, según El Observador CR. El proyecto sí incluye 533 nuevas plazas públicas, concentradas en seguridad y en labores electorales, de acuerdo con Infobae, además de la partida de ₡100 millones para un eventual aumento en las dietas de los 57 diputados que ya había reportado esta edición. La Comisión de Asuntos Hacendarios, que preside el diputado Nogui Acosta, realizará 27 audiencias antes de dictaminar el proyecto, con plazo hasta el 20 de octubre, según El Observador CR.
Costa Rica cerró este martes 29 de setiembre con la Corte Plena fijando el 19 de octubre como fecha para votar la reelección del fiscal general Carlo Díaz, en medio del rechazo público que le han expresado la presidenta Laura Fernández y el ministro Rodrigo Chaves. En paralelo, el Ministerio de Hacienda envió a la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario que recorta ₡167.968 millones del gasto de este año, con ₡12.923 millones menos para Seguridad Pública y ₡8.973 millones menos para el MEP, según Delfino.cr. En el Congreso, los diputados aprobaron por unanimidad, en primer debate, convertir el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos en una cartera con ley constitutiva propia. En materia económica, el Banco Central reportó que las zonas francas, pese a aportar dos tercios de las exportaciones del país, crecieron apenas 1,4% en julio, mientras el proyecto de presupuesto 2027 recorta fondos al MEP y al PANI a la vez que suma 533 plazas públicas enfocadas en seguridad y labores electorales. Ninguno de estos cinco frentes -la reelección del fiscal general, el presupuesto extraordinario, el Ministerio de Vivienda, la desaceleración de las zonas francas o el presupuesto 2027- tiene resolución definitiva al cierre de esta edición.