La presidenta Laura Fernández advierte a su gabinete que nadie tomará decisiones sin su consentimiento tras destituir al excanciller Manuel Tovar, la exasesora que denunció al diputado Fernando Obaldía revela que el ministro Rodrigo Chaves le ofreció un puesto a cambio de retirar la denuncia, el diputado Gerald Bogantes impulsa una reforma para restringir el aborto no punible, la diputada Abril Gordienko rechaza el proyecto de Hacienda que cobraría IVA a las juntas de educación y el fiscal general Carlo Díaz pide su reelección ante una Corte Plena que deberá resolver en medio de presiones del Ejecutivo.
La presidenta reafirmó que ningún miembro de su gabinete puede tomar decisiones sin su aval, dos días después de destituir al excanciller Manuel Tovar por no informarle de una reunión con Donald Trump.
La presidenta Laura Fernández advirtió a su gabinete que "ninguno tomará decisiones sin mi consentimiento; la presidenta soy yo", según reportó La Nación, dos días después de destituir al excanciller Manuel Tovar por no informarle de una reunión del Escudo de las Américas con el presidente estadounidense Donald Trump, como ha informado esta edición. "No voy a permitir que ningún ministro se arroje potestades que son exclusivas de la presidenta de la República", agregó Fernández este sábado 26 de setiembre, de acuerdo con Infobae. La advertencia llega mientras la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, asume la Cancillería de forma interina y la Asamblea Legislativa observa la primera crisis abierta dentro del gabinete que Fernández armó en mayo, según El Observador CR. La mandataria insistió en que pasar por alto el error de Tovar "sentaría un precedente terrible" para la disciplina del resto de los ministerios, de acuerdo con Monumental, en momentos en que su gobierno enfrenta además la negociación pendiente con Washington sobre el Escudo de las Américas. No está claro si Casa Presidencial nombrará un canciller titular antes de que termine la Semana de Alto Nivel de la ONU este lunes 28 de setiembre, ni si la advertencia de Fernández alcanza también a Rodrigo Chaves, el ministro de la Presidencia y Hacienda señalado esta semana en el caso de acoso del diputado Fernando Obaldía, como se detalla en esta edición.
La denunciante del diputado Fernando Obaldía relató a la Fiscalía que un funcionario del PPSO le ofreció un puesto en un ministerio si retiraba la denuncia por acoso, según reveló esta semana.
La exasesora que denunció al diputado oficialista Fernando Obaldía por acoso predatorio amplió su denuncia ante la Fiscalía para relatar que un funcionario ad honórem de la fracción de Pueblo Soberano (PPSO) la llamó por WhatsApp el lunes 21 de setiembre a las 4:58 p.m. para ofrecerle un puesto en algún ministerio si retiraba la denuncia, según reportó CRHoy. El ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, confirmó haber llamado también a la denunciante, de acuerdo con la misma fuente, aunque El Observador CR precisó que el ministro le habría ofrecido trasladarla a otra cartera sin que él haya confirmado ese punto en particular. La revelación llega dos días después de que Obaldía anunciara que se aparta de las reuniones de su bancada mientras el Ministerio Público investiga dos denuncias de acoso predatorio en su contra y el Directorio legislativo tramita una denuncia administrativa por acoso laboral, como ha informado esta edición. La Fiscalía ya acumuló ambas denuncias penales en un mismo expediente, el 26-000088-0033-PE, según La Nación, mientras la nueva versión de la exasesora plantea además que altos jerarcas del Poder Ejecutivo conocían el caso antes de que se hiciera público. No está claro si el presunto ofrecimiento constituye obstrucción a la justicia ni si el Ministerio Público abrirá una investigación separada por ese hecho. Chaves no ha respondido públicamente si el ofrecimiento buscaba silenciar la denuncia o atender una consulta laboral de la funcionaria, según CRC891.
El diputado de Pueblo Soberano anunció que impulsará una reforma al artículo 121 del Código Penal para que el aborto solo sea impune cuando exista riesgo para la vida de la madre.
El diputado oficialista Gerald Bogantes, de la fracción de Pueblo Soberano (PPSO), anunció esta semana que impulsará una reforma al artículo 121 del Código Penal para eliminar la palabra "salud" del texto que permite el aborto impune, de manera que el procedimiento solo pueda aplicarse cuando exista riesgo para la vida de la madre, según reportó Acontecer. Bogantes argumentó que esa norma fue la que el gobierno de Carlos Alvarado usó para emitir, en 2021, la norma técnica de aborto impune, a la que el diputado calificó de "portillo" hacia el aborto. La información sobre este anuncio proviene únicamente de Acontecer, sin confirmación independiente de otro medio al cierre de esta edición. El artículo 121 vigente exime de pena al aborto practicado con el consentimiento de la mujer cuando de no hacerlo corra peligro su vida o su salud, un texto que la norma técnica del Ministerio de Salud interpretó en 2021 para regular el procedimiento dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social. La propuesta de Bogantes reabre un debate que en su momento generó posiciones encontradas entre sectores religiosos y organizaciones de defensa de derechos reproductivos. No está claro si Bogantes ya presentó el texto del proyecto ante el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, ni si contará con el respaldo formal de su bancada o de otras fracciones. Tampoco ha habido reacción pública del Ministerio de Salud, de la CCSS ni de organizaciones de mujeres al cierre de esta edición.
La diputada Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), rechazó el proyecto de ley 25.797, presentado por el Ministerio de Hacienda ante la Asamblea Legislativa el 22 de setiembre para eliminar exoneraciones fiscales vigentes, según reportaron Semanario Universidad y Diario Extra. El texto obligaría a las juntas de educación, las asociaciones administradoras de acueductos rurales (Asadas), las universidades públicas, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Bomberos y las cuotas que los trabajadores pagan a sindicatos y cámaras empresariales a pagar 13% de impuesto al valor agregado sobre bienes y servicios actualmente exentos, de acuerdo con las mismas fuentes. El proyecto se presentó junto con la iniciativa que grava con 15% las rentas pasivas obtenidas en el extranjero, como ha informado esta edición, y busca además eliminar exoneraciones vigentes en aranceles, el impuesto selectivo de consumo y el impuesto a la propiedad de vehículos. Gordienko rechazó públicamente la iniciativa, según Acontecer, en momentos en que el fin de las exoneraciones para juntas de educación y administraciones de agua rural entraría a regir, según el propio texto del proyecto, a partir del período fiscal siguiente al de su publicación. No está claro si el Poder Ejecutivo modificará el texto para excluir a las juntas de educación u otras entidades sin fines de lucro antes de que la Comisión de Asuntos Hacendarios lo dictamine, ni cuántos diputados más se sumarán al rechazo de Gordienko.
El fiscal general Carlo Díaz presentó el martes 22 de setiembre ante la Corte Plena su solicitud formal para un segundo período de cuatro años al frente del Ministerio Público, según confirmó La Nación. Díaz, quien asumió el cargo el 31 de octubre de 2022 tras ser electo entre 20 candidatos, tenía plazo hasta el 30 de setiembre para formalizar su intención de reelección, y necesitará al menos 12 votos de los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para continuar, de acuerdo con la misma fuente. La solicitud llega después de que sectores del Poder Ejecutivo y de la bancada oficialista cuestionaran públicamente la gestión de Díaz. "Los ataques se han personalizado" por la defensa de la independencia del Ministerio Público, declaró el fiscal general en una entrevista con La Nación, sin precisar directamente a quién se refería, aunque tanto la presidenta Laura Fernández como el ministro Rodrigo Chaves le han pedido públicamente que no continúe en el puesto, de acuerdo con Infobae. No está claro cuándo la Corte Plena votará la reelección de Díaz, ni si reunirá los 12 votos necesarios antes de que su nombramiento actual venza el 31 de octubre.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que ya regularizó 381 de los 482 casos de pagos salariales atrasados o incompletos generados por el Sistema Integrado de Gestión de Personas (SIPE), implementado desde julio, y prometió resolver los 101 casos restantes en la segunda quincena de octubre, según reportó Semanario Universidad. Los casos surgieron de un tipo de nombramiento llamado "cubre libres no reales", usado para registrar sustituciones de personal que no gozaba realmente de un día libre, de acuerdo con la misma fuente. El anuncio llega después de que los sindicatos Sinae-Afines, Fectsalud, Sinass y Sifupcr advirtieran el jueves 24 de setiembre que convocarán una nueva huelga en los hospitales si la institución no paga la totalidad de los atrasos antes de que termine octubre, como ha informado esta edición. Los mismos sindicatos rechazan la cifra oficial de 482 casos y sostienen que los afectados son miles, al incluir pagos parciales y diferencias por tiempo extraordinario que el SIPE no habría incorporado correctamente, según Semanario Universidad. No está claro si el nuevo plazo de la segunda quincena de octubre calmará la amenaza de huelga sindical, ni si la CCSS y los gremios llegarán a un conteo conjunto verificable de los trabajadores afectados.
— La institución asegura haber regularizado 381 de los 482 casos de pagos atrasados por el nuevo sistema de planillas, y promete resolver los 101 restantes en la segunda quincena de octubre.
El proyecto de presupuesto nacional 2027, presentado por el Ministerio de Hacienda el 1 de setiembre, incluye una partida de ¢100 millones para financiar un aumento en las dietas de los 57 diputados de la Asamblea Legislativa, según reportó CRHoy. La información sobre esta partida proviene únicamente de CRHoy, sin confirmación independiente de otro medio al cierre de esta edición. La partida contrasta con la decisión que tomó en 2026 el Directorio Legislativo, entonces presidido por Rodrigo Arias, de no aplicar ningún aumento a las dietas de los diputados ese año, después de que el Ministerio de Hacienda le pidiera al Congreso recortar su propio presupuesto, según CRHoy. La inclusión del monto en el proyecto 2027 no obliga automáticamente a otorgar el aumento: la decisión final corresponde al Directorio Legislativo que esté en funciones cuando el presupuesto entre en vigencia. No está claro si el actual Directorio Legislativo, presidido por Yara Jiménez, respaldará la partida durante el trámite del presupuesto en la Comisión de Hacendarios, que debe dictaminarlo a más tardar el 20 de octubre, como ha informado esta edición.
Costa Rica cerró este domingo 27 de setiembre con la presidenta Laura Fernández advirtiendo a su gabinete que "ninguno tomará decisiones sin mi consentimiento", dos días después de destituir al excanciller Manuel Tovar. En la Asamblea Legislativa, la exasesora que denunció al diputado Fernando Obaldía por acoso predatorio reveló que un funcionario del PPSO y el propio ministro Rodrigo Chaves le ofrecieron un puesto en el Gobierno a cambio de retirar la denuncia. El diputado oficialista Gerald Bogantes anunció que impulsará una reforma al artículo 121 del Código Penal para restringir el aborto no punible, mientras la diputada Abril Gordienko rechazó el proyecto de Hacienda que cobraría 13% de IVA a las juntas de educación y otras entidades hoy exentas. El fiscal general Carlo Díaz presentó ante la Corte Plena su solicitud de reelección pese a los cuestionamientos del Poder Ejecutivo, la CCSS informó que ya resolvió 381 de 482 atrasos salariales del sistema SIPE, y el proyecto de presupuesto 2027 incluye ¢100 millones para un aumento en las dietas de los diputados. Ninguno de estos seis frentes -la disciplina del gabinete, el caso Obaldía, la reforma al aborto, el proyecto de IVA, la reelección del fiscal general o los atrasos de la CCSS- tiene resolución definitiva al cierre de esta edición.