El vicepresidente estadounidense habló en Suiza con el canciller iraní Araghchi; Líbano e Israel inician nueva ronda de negociaciones en Washington bajo la sombra del posible pacto con Irán, que debilitaría la posición del gobierno de Beirut.
El vicepresidente se reunió el fin de semana con el canciller iraní Araghchi en Ginebra; la declaración reduce temporalmente la tensión en los mercados y es la señal diplomática más positiva desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, declaró el 22 de junio de 2026 que las conversaciones con funcionarios iraníes celebradas el fin de semana en Suiza habían sentado una 'buena base' para un acuerdo que ponga fin al conflicto iniciado el 28 de febrero. Vance y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se reunieron en Ginebra en un encuentro que fue descrito por ambas partes como exploratorio. Según NBC News, no hay un cronograma definido para próximas rondas ni un borrador de texto circulando. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán —iniciado formalmente el 28 de febrero de 2026— ha cerrado el Estrecho de Ormuz al tráfico comercial en múltiples periodos, redirigido el tráfico marítimo para evitar el Mar Rojo y disparado los precios del crudo. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estimó en su último informe que el desvío de rutas eleva los costos de transporte marítimo un 40% respecto al nivel preconflicto. Los mercados recibieron la noticia de Vance con alivio relativo: Bitcoin subió sobre $64.000 el lunes antes de ceder terreno el martes. El ángulo escéptico es marcado por analistas del Carnegie Endowment: señalan que Irán ha entrado y salido de negociaciones varias veces desde febrero, que el régimen usa las conversaciones como válvula para gestionar la presión económica sin comprometer su programa nuclear, y que una declaración de 'buena base' sin contenido sustantivo no es equivalente a avance real. El efecto directo sobre Costa Rica es difuso: el impacto más tangible son los precios del combustible, que el ARESEP ajusta mensualmente con referencia al crudo internacional.
Un posible pacto entre Washington y Teherán preocupa a Beirut: si Irán acepta condiciones, Hezbolá pierde respaldo y el gobierno libanés enfrenta negociaciones sin la carta de la amenaza de escalada.
Representantes de Líbano e Israel iniciaron esta semana en Washington una nueva ronda de negociaciones directas orientadas a establecer un acuerdo que ponga fin a los meses de conflicto a lo largo de su frontera compartida. El contexto regional ha cambiado desde las últimas negociaciones fallidas: el potencial acuerdo entre Washington y Teherán —el que Vance describió con cautela optimista el 22 de junio— complica la posición de Beirut, según un análisis publicado en Modern Diplomacy el 23 de junio. La lógica es directa: Hezbolá, el actor libanés con mayor peso militar, obtiene su financiamiento y armamento de Irán. Si Irán firma un memorando de entendimiento con Estados Unidos que incluya restricciones al apoyo a milicias regionales —condición que Washington ha puesto sobre la mesa—, Hezbolá quedaría en una posición más débil, lo que reduce la capacidad del gobierno libanés de negociar desde la amenaza de escalada. Para los diplomáticos libaneses, esto es una desventaja estructural que se acumula sobre su ya débil posición económica tras años de crisis. Israel, por su parte, insiste en condiciones de seguridad en la zona fronteriza del sur de Líbano que incluyen repliegue de fuerzas de Hezbolá y despliegue exclusivo del ejército libanés regular. Ninguna de las partes ha confirmado un cronograma concreto para la conclusión de las negociaciones. El impacto sobre Costa Rica es indirecto: el país tiene una comunidad libanesa de varios miles de personas, principalmente en el Valle Central, cuyos familiares en el Líbano siguen el proceso con atención.
El Estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente el 20% del comercio marítimo mundial de petróleo y gas natural licuado, ha estado sujeto a cierres parciales y amenazas repetidas desde el inicio del conflicto el 28 de febrero de 2026. El efecto práctico es la obligación de los operadores de rutas comerciales de rodear la Península Arábiga por el Cabo de Buena Esperanza, añadiendo días de tránsito y costos significativos. La Agencia Internacional de la Energía y el Banco Mundial han documentado el impacto en sus informes de junio. Paradójicamente, el corredor IMEC (India-Middle East-Europe Corridor) —el proyecto de infraestructura impulsado por el G20 en 2023 como alternativa a la Ruta de la Seda china— depende de pasos marítimos en el Golfo Pérsico y de terminales portuarias en países que ahora están en la órbita del conflicto. Deutsche Bank Research señaló en su análisis geopolítico de junio que la guerra obliga a replantear tanto la viabilidad del IMEC como los proyectos de infraestructura que lo acompañan. Para Costa Rica, la disrupción en las rutas comerciales eleva los costos de importación de materias primas y bienes intermedios que llegan de Asia, aunque el país no depende directamente de petróleo del Golfo Pérsico. La mayor exposición es indirecta, vía precios globales del crudo y el gas, que se trasladan a los ajustes tarifarios del ARESEP.
— La guerra entre EE.UU., Israel e Irán paralizó el corredor marítimo más barato entre Asia y Europa justo cuando el proyecto IMEC —la alternativa terrestre respaldada por Washington— dependía de esas mismas aguas.
El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) publicó esta semana un análisis que identifica un patrón preocupante en el conflicto de 2026: la infraestructura hídrica —presas, sistemas de distribución, plantas de tratamiento— ha emergido como objetivo estratégico deliberado, una tendencia que hasta ahora había sido marginal en conflictos convencionales entre estados. El informe señala que el precedente puede normalizar el uso de infraestructura crítica como instrumento de guerra en futuros conflictos, con consecuencias humanitarias graves en regiones con escasez de agua. El conflicto entre EE.UU., Israel e Irán ha causado daños documentados en instalaciones de infraestructura en Irán y en zonas de influencia iraní en Iraq y Siria. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó interrupciones en el acceso al agua en varias regiones que complican la respuesta humanitaria. Irán, por su parte, acusa a Israel de ataques deliberados; Israel no ha confirmado ni desmentido las acusaciones sobre instalaciones específicas. Para Costa Rica, cuya economía depende en gran medida del agua —agricultura de exportación, generación hidroeléctrica—, el análisis del CSIS resuena con los debates nacionales sobre protección de cuencas hidrográficas.
Un análisis publicado el 23 de junio en medios especializados describe el posible memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán como el mayor reajuste geopolítico en el Medio Oriente desde los Acuerdos de Abraham de 2020. Si Irán acepta condiciones que incluyan restricciones a su apoyo a milicias regionales y límites a su programa nuclear, el ecosistema de actores no estatales que durante décadas se financiaron y armaron desde Teherán —Hezbolá en Líbano, Hamas en Gaza, los hutíes en Yemen— quedaría en una posición radicalmente más débil. El análisis señala que esto no significa la desaparición de esos actores: tienen estructuras propias, ingresos por otras vías y apoyo popular local que no depende exclusivamente del eje iraní. Pero sí implica una reducción significativa de su capacidad operativa y de su peso en futuras negociaciones. Para Israel, el acuerdo tendría el doble efecto de debilitar a sus adversarios proxies mientras normaliza una relación con un Estado que durante décadas prometió su destrucción —un cambio de paradigma que el gobierno de Netanyahu enfrenta con ambigüedad dentro de su propia coalición. Para Costa Rica, cuya política exterior se basa en el multilateralismo y el Derecho Internacional, un nuevo orden en el Medio Oriente que se construya sobre acuerdos bilaterales de potencias sin mediación de organismos internacionales presenta un desafío conceptual, aunque sin impacto directo en la agenda política nacional.
El mes de junio de 2026 cierra con cuatro meses de guerra entre EE.UU., Israel e Irán desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, y con las primeras conversaciones que ambas partes describen como sustantivas. Los mercados de futuros de petróleo reflejan la incertidumbre: el crudo Brent oscila entre 95 y 115 dólares por barril dependiendo de los titulares diplomáticos de cada semana. El Fondo Monetario Internacional revisó a la baja sus proyecciones de crecimiento global para 2026, citando el impacto acumulado del conflicto en las cadenas de suministro y en la confianza empresarial. Para el Consejo de Seguridad de la ONU, el conflicto sigue siendo un punto muerto: ni Rusia ni China han apoyado resoluciones que exijan un alto al fuego. La Unión Europea mantuvo su posición de abogar por una salida diplomática sin participar directamente en las conversaciones bilaterales. Costa Rica, en el marco del Consejo de DDHH de la ONU, apoyó una resolución que pide investigación independiente sobre el uso de infraestructura civil como objetivo militar —resolución que fue vetada en el Consejo de Seguridad.