El domingo 27 de setiembre encuentra a la Junta Directiva de la CCSS sesionando sin quórum estructural para enviar el presupuesto a la Contraloría, a Rocío Alfaro con 129 días sin juramentar pese al plazo fijado por la Sala IV, y a la letalidad del ébola en la RD del Congo llegando al 48,1% según la OMS.
La Unión Médica Nacional denunció esta semana la negativa del Gobierno a juramentar a Rocío Alfaro Molina como representante sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), según reportó La Nación. La denuncia se suma al plazo de ocho días que la Sala Constitucional dio el viernes 25 de setiembre al Consejo de Gobierno para completar el nombramiento —resolución que, según reportaron CRHoy y Semanario Universidad, llega 127 días después del primer rechazo—, un plazo que corre sin que el Ejecutivo confirme una fecha de juramentación al cierre de esta edición. El Gobierno ha sostenido, sin embargo, una lectura distinta del conflicto: acusa a la Sala IV de "paralizar" la gestión de la CCSS con sus resoluciones sucesivas sobre la integración de la Junta Directiva, según consignó Delfino.cr. Esa disputa entre poderes deja a la Caja sin una Junta Directiva con quórum estructural completo desde el 21 de mayo —129 días al corte de esta edición—, un vacío que coincide con la discusión del presupuesto institucional para 2027 y con el boquete de ₡414.119 millones que la propia Dirección Actuarial de la CCSS proyecta para ese año. Ni el Consejo de Gobierno ni la Presidencia Ejecutiva de la CCSS han confirmado, al cierre de esta edición, si la juramentación se completará antes de que venza el plazo fijado por la Sala Constitucional, ni qué consecuencias legales enfrentaría el Ejecutivo en caso de incumplirlo.
La Junta Directiva sesionó sin quórum estructural completo por la urgencia de remitir el presupuesto institucional a la Contraloría, tras desconvocar una sesión previa por un fallo que suspendió a un integrante temporal.
La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sesionó sin quórum estructural completo ante la urgencia de remitir el presupuesto institucional a la Contraloría General de la República (CGR), según reportó Semanario Universidad. La sesión se realizó días después de que el propio órgano desconvocara una reunión previa a raíz de un fallo judicial que suspendió la designación temporal de otro integrante de la Junta, de acuerdo con Teletica. El episodio expone el costo institucional de los 129 días que la CCSS lleva sin una Junta Directiva completa: la vacante de Rocío Alfaro como representante sindical, todavía sin juramentar pese al plazo de ocho días que fijó la Sala Constitucional (ver nota aparte), obliga a la institución a decidir asuntos de fondo —como el presupuesto que debe remitir a la CGR dentro de plazos legales— con una integración incompleta. La Caja arrastra, además, un boquete presupuestario que su propia Dirección Actuarial proyecta en ₡414.119 millones para 2027, según cifras que la institución reconoció la semana pasada. Ni la Presidencia Ejecutiva de la CCSS ni el Consejo de Gobierno han explicado, al cierre de esta edición, si la sesión sin quórum estructural completo compromete la validez legal del presupuesto remitido a la Contraloría, ni cuándo se resolverá la integración completa de la Junta Directiva.
La Asociación de Colegios Profesionales Universitarios (ACSS) pidió a la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que emita un criterio independiente sobre la forma en que la institución contabiliza los aportes del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) al Seguro de Salud, según reportó SURCOS Digital este sábado 26 de setiembre. La información proviene únicamente de ese medio, sin confirmación independiente ni respuesta pública de la CCSS al cierre de esta edición. El reclamo se suma a la discusión sobre las finanzas de la Caja que domina la agenda institucional desde que la Dirección Actuarial proyectó, la semana pasada, un boquete de ₡414.119 millones en las transferencias estatales previstas para 2027, de los cuales ₡241.855 millones corresponden específicamente al Seguro de Salud. Cómo se distribuyen los recursos entre los distintos regímenes de la CCSS —Seguro de Salud, IVM y Régimen No Contributivo— determina, en la práctica, cuánto dinero llega a hospitales y áreas de salud frente a pensiones, por lo que un criterio de auditoría sobre los aportes cruzados entre regímenes puede alterar esa distribución interna. La CCSS no ha respondido públicamente, al cierre de esta edición, al pedido de la ACSS ni ha confirmado si la Auditoría Interna emitirá el criterio solicitado.
El plan del Ministerio de Salud, presentado por el ministro Alexander Sánchez Cabo, ubica las listas de espera, el cáncer y la salud mental entre sus diez prioridades sanitarias.
El Ministerio de Salud presentó, mediante el comunicado CP-176-2026, diez prioridades sanitarias para lo que resta de la administración, encabezadas por la reducción de listas de espera, la atención del cáncer y la salud mental, según informó el ministro Alexander Sánchez Cabo el pasado lunes 21 de setiembre y recogió Infobae Costa Rica. Entre las medidas anunciadas, el Ministerio activó el Consejo de Salud Mental y su Órgano de Apoyo Técnico, además de anunciar la revisión de la Ley de Salud Mental N.° 10412 y su reglamentación. La información proviene únicamente de Infobae Costa Rica, sin cobertura cruzada de otros medios consultados por El Pisuika al cierre de esta edición. La hoja de ruta busca mejorar la toma de decisiones en salud pública y responder a los principales retos de la población costarricense, un objetivo que la cartera comparte con la CCSS en momentos en que la Caja enfrenta un boquete presupuestario proyectado de ₡414.119 millones para 2027 que presiona directamente los servicios de consulta externa y emergencias de los que depende buena parte de esas prioridades. La activación del Consejo de Salud Mental llega, además, en un país donde la demanda de atención psicológica y psiquiátrica en la red pública ha crecido de forma sostenida en los últimos años, según ha reconocido la propia CCSS en informes previos. El Ministerio de Salud no ha publicado, al cierre de esta edición, un cronograma detallado ni metas numéricas específicas para cada una de las diez prioridades, ni ha precisado el presupuesto adicional que su ejecución requeriría.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que el brote de ébola causado por el virus Ébola-Bundibugyo en la República Democrática del Congo (RDC) sumó 70 casos y 20 muertes adicionales desde su informe anterior, con una tasa de letalidad cruda de 48,1% al 23 de setiembre, según el reporte de enfermedad 2026-DON618 publicado por el organismo. El acumulado total se mantiene en 7.890 casos confirmados y 3.799 muertes en 63 zonas de salud de siete provincias, la cifra que la propia OMS ya había adelantado esta semana. La letalidad cruda de 48,1% es una cifra preliminar, calculada sobre los casos confirmados y sin ajuste por subregistro, según reconoce la propia OMS en sus reportes técnicos; el organismo advierte que la tasa real puede variar conforme avanza la vigilancia epidemiológica en zonas de difícil acceso por el conflicto armado en curso. Los nuevos casos se concentraron en Ituri (31), Kivu del Norte (31), Alto Uele (6), Bajo Uele (1) y Tshopo (1), lo que confirma que el brote —ya el segundo más grande registrado en la historia de la enfermedad— sigue activo en la mayoría de las provincias afectadas, sin que exista todavía vacuna ni tratamiento homologado contra esta cepa específica del virus. Costa Rica no reporta casos ni contacto epidemiológico con el brote; el Ministerio de Salud mantiene la vigilancia migratoria habitual para viajeros procedentes de África central, sin cambios anunciados al cierre de esta edición. La OMS tampoco ha modificado el nivel de alerta de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional declarado el 17 de mayo.
El 27 de setiembre encuentra a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sesionando sin quórum estructural completo para remitir su presupuesto a la Contraloría General de la República, mientras Rocío Alfaro cumple 129 días sin ser juramentada como representante sindical ante la Junta Directiva pese al plazo de ocho días que fijó la Sala Constitucional, según denunció esta semana la Unión Médica Nacional. La Asociación de Colegios Profesionales Universitarios, por su parte, pidió a la Auditoría Interna de la Caja un criterio independiente sobre los aportes del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al Seguro de Salud, según SURCOS Digital. En política sanitaria, el Ministerio de Salud presentó diez prioridades para lo que resta de la administración, encabezadas por las listas de espera, el cáncer y la salud mental, con la activación del Consejo de Salud Mental como primera medida concreta, según el ministro Alexander Sánchez Cabo. En el plano internacional, la OMS reportó que la letalidad cruda del brote de ébola en la República Democrática del Congo llegó a 48,1%, con 70 casos y 20 muertes adicionales desde el informe anterior, en un brote que ya acumula 7.890 casos y 3.799 muertes. Lo que sigue: si el Consejo de Gobierno juramenta a Rocío Alfaro antes de que venza el plazo fijado por la Sala IV; si la Auditoría Interna de la CCSS responde al pedido de la ACSS sobre los aportes del IVM; y si el Ministerio de Salud detalla un cronograma y metas numéricas para sus diez prioridades sanitarias.