El brazo judicial se extiende al exterior mientras el país debate proyectos de seguridad con roces constitucionales, negocia aranceles con Washington y enfrenta la desaceleración de las zonas francas.
El OIJ confirmó este 26 de junio que Jeydi Smith y la modelo Chonta Mullins se habrían refugiado en Suiza antes de los allanamientos del caso Riverside.
El Organismo de Investigación Judicial solicitó a Interpol alertas rojas contra Jeydi Smith De la O, 29 años, esposa del narcotraficante Edwin López Vega alias 'Pecho de Rata', y contra la modelo Chonta Mullins, exfinalista en Miss Universe Costa Rica 2024. Según el director interino del OIJ, Michael Soto, registros migratorios confirman que Mullins salió del país el 23 de marzo —tres días después de que López Vega fuera extraditado a Estados Unidos— y Smith partió el 17 de junio, días antes de los 146 allanamientos del megaoperativo. Las autoridades le atribuyen a Smith la administración de activos y el flujo de efectivo de la organización criminal, mientras que a Mullins la señalan como presunta testaferro encargada de custodiar bienes de alto valor. Ambas mujeres son requeridas por los tribunales costarricenses; si son detectadas en aeropuertos o pasos fronterizos, Interpol coordinará su detención inmediata, según informó el OIJ. El caso Riverside, ejecutado el martes 24 de junio con 1.500 agentes, dejó hasta ayer 68 personas bajo arresto, 84 propiedades intervenidas, 106 vehículos confiscados y bienes estimados en ¢10.000 millones —unos 22 millones de dólares— según datos del Ministerio Público.
Cinco de los seis proyectos presentados por la presidenta ante la Asamblea Legislativa duplican normas vigentes o amenazan derechos fundamentales, según la Comisión de Asuntos Penales.
La Comisión de Asuntos Penales de la Asamblea Legislativa concluyó que cinco de los seis proyectos de ley presentados por la presidenta Laura Fernández el 15 de junio presentan posibles roces constitucionales, duplican legislación existente o podrían abrir la puerta a violaciones de derechos humanos. Entre las observaciones más graves figura una disposición que presume legítimo el uso de la fuerza policial, lo que abogados constitucionalistas califican como una prerrogativa propia de regímenes no democráticos. Otros cuestionamientos apuntan a la prisión preventiva automática para quienes resistan a la autoridad —lo que violaría el derecho de reunión y el debido proceso— y a una cláusula que obliga a personas privadas de libertad a ceder parte de sus ingresos, lo que el Colegio de Abogados señaló como trabajo forzoso prohibido por los Convenios 29 y 105 de la OIT. El Semanario Universidad advirtió además que uno de los proyectos 'permitiría a policías y oficiales de seguridad agredir o matar ciudadanos sin consecuencias'. La oposición, que representa el 46% restante de la Asamblea, exige que el oficialismo de Pueblo Soberano someta las iniciativas a una revisión de constitucionalidad antes de votar.
La Oficina de la Representante Comercial de EE.UU. publicó la semana pasada una propuesta que elevaría el gravamen vigente del 10 % al 12,5 % para productos costarricenses, con audiencia pública el 7 de julio.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso aumentar el arancel aplicado a exportaciones de Costa Rica del 10 % al 12,5 %, argumentando que el país no ha prohibido de forma efectiva la entrada de mercancías producidas con trabajo forzoso. La medida abre un período de comentarios públicos hasta el 6 de julio y fija una audiencia para el día siguiente, según el comunicado oficial de la USTR. El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) calificó la situación de 'preocupante' y confirmó que la ministra Indiana Trejos Gallo viajará a Washington en la primera semana de julio para mantener un 'diálogo constructivo' con su contraparte. El arancel del 10 % que entró en vigor el 24 de febrero vence el 24 de julio, lo que acota el margen de maniobra para ambas partes. Expertos de El Financiero señalaron que dos rondas de negociación en mayo y junio no produjeron alivio arancelario, lo que sugiere que las decisiones responden a una lógica política más amplia en Washington donde los aranceles operan como herramienta de presión, no de compensación técnica.
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El ministro Rodrigo Chaves Robles anunció el 24 de junio que Costa Rica empleará herramientas de inteligencia de datos desarrolladas en Israel para detectar subfacturación y fraude aduanero.
> El Ministerio de Hacienda firmó un acuerdo para utilizar tecnología desarrollada por el Mossad —la agencia de inteligencia exterior de Israel— orientada al análisis de patrones de importación, detección de inconsistencias entre pesos declarados y volúmenes pagados, y señales de fraude en aduanas. El ministro Rodrigo Chaves Robles estimó que el contrabando y la evasión fiscal equivalen al 5,66 % del PIB, es decir, más de 2,6 billones de colones anuales que no ingresan al fisco.
> Chaves precisó que alrededor del 50 % del consumo de cigarrillos y licores proviene del contrabando. La semana previa al anuncio, Hacienda decomisó cerca de 65.000 unidades de licor en operativos en Grecia, Heredia y Guadalupe. La herramienta israelí complementaría esos operativos con vigilancia predictiva sobre los flujos comerciales.
> El diputado Juan Carlos Hidalgo exigió 'transparencia total' sobre el contrato, advirtiendo que la contratación de tecnología de inteligencia requiere escrutinio parlamentario. Costa Rica e Israel firmaron un Tratado de Libre Comercio en diciembre de 2025 y en marzo de 2026 Costa Rica abrió una oficina comercial en Jerusalén.
La presidenta Laura Fernández convocó a jerarcas del sector público para exigirles reducción de gastos, con la frase 'aquí la plata del pueblo de Costa Rica es sagrada', según reportó Infobae. El anuncio incluye recortes en la Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. El gobierno confirmó que evaluará algunas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para aumentar ingresos, pero el ministro Chaves Robles descartó subir impuestos: 'en este momento no estamos pensando bajo ninguna circunstancia en nuevos tributos'. El FMI había recomendado extender el IVA del 13 % a la canasta básica —lo que generaría un 1 % adicional del PIB— y eliminar exoneraciones para tiquetes aéreos, equipos médicos y premios de lotería. La tensión entre la presión fiscal del FMI y la promesa electoral de Fernández de no aumentar impuestos define el debate económico de las primeras semanas del gobierno.
— La presidenta exigió este 24 de junio cero despilfarro en el sector público y anunció revisión de gastos en la Asamblea, la Contraloría, el Poder Judicial y el TSE.
La industria de dispositivos médicos en Costa Rica registró una contracción interanual del 43,6 % en los últimos doce meses, según el Observador CR, luego de haber crecido 35,1 % en el período previo. Este derrumbe arrastró la producción total de zonas francas a un crecimiento de apenas 3,7 % en abril de 2026, muy por debajo del 16 % registrado en igual mes de 2025, según datos del Banco Central. El Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional identificó tres causas principales: la salida de Intel y Qorvo —empresas de semiconductores que trasladan manufactura a Asia—, la apreciación del colón que encarece las exportaciones medidas en dólares, y el efecto de las amenazas arancelarias de la administración Trump que indujo a empresas a adelantar exportaciones a finales de 2025. A pesar de las señales de desaceleración, el gobierno de Fernández descartó tocar las exoneraciones del régimen de zonas francas. 'No vamos a tocar las zonas francas', reafirmó el ministro Chaves Robles, en lo que analistas de El Financiero califican como la mayor exoneración del sistema tributario costarricense.
El Ministerio Público solicitó medidas cautelares —incluyendo prisión preventiva— contra al menos 50 de los 68 sospechosos detenidos en el caso Riverside, la operación ejecutada el martes 24 de junio contra la estructura criminal heredera del narcotraficante Edwin López Vega alias 'Pecho de Rata'. Entre los capturados figuran tres hijos del capo, ahora extraditado a Estados Unidos. El golpe patrimonial incluyó 84 propiedades, 106 vehículos, 300 cabezas de ganado y bienes valorados en ¢2.600 millones solo en activos físicos registrados, con estimaciones totales del Ministerio Público que superan los ¢10.000 millones. Los decomisos de droga ascendieron a 3.200 kilogramos de marihuana y casi una tonelada de cocaína, además de una plantación de cannabis en laboratorio hidropónico.
La presidenta Laura Fernández asumió con el respaldo legislativo más amplio desde 1982 —31 diputados de Pueblo Soberano sobre 57— y con la promesa de mano dura contra el crimen organizado. Sin embargo, la primera prueba seria no llega desde la oposición, sino desde expertos y organismos técnicos que cuestionan la constitucionalidad de su propio paquete legislativo de seguridad. La Comisión de Asuntos Penales del Colegio de Abogados señaló que al menos cuatro de las seis iniciativas colisionan con la Constitución Política o con convenios internacionales ratificados por Costa Rica. El Semanario Universidad advirtió que una de las propuestas otorgaría inmunidad de facto a policías que usen fuerza letal, mientras que expertos en derecho penal internacional alertan que obligar a reos a ceder parte de sus ingresos infringe los Convenios 29 y 105 de la OIT sobre trabajo forzoso. El dilema no es menor: si la Sala IV declara inconstitucional alguna ley después de aprobada, el gobierno pierde tiempo político y credibilidad. Si somete los proyectos a revisión previa, muestra cautela pero ralentiza su agenda. La oposición —46 % de la Asamblea— tiene pocos votos para bloquear, pero sí suficiente visibilidad para convertir cada proyecto defectuoso en un escándalo.
'No es una estrategia exitosa', dijeron expertos penalistas al calificar el paquete de seguridad presentado por Fernández ante la Asamblea Legislativa. — Sputnik Mundo, 25 de junio de 2026
Costa Rica registró una deflación del 1,6 % en abril de 2026, la más baja entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, cuyo promedio supera el 4,4 %, según cifras del gobierno y la OCDE. La canasta de alimentos retrocedió un 3,9 % interanual, beneficiando especialmente a los hogares de menores ingresos que destinan mayor proporción de su gasto a comida. La presidenta Fernández destacó este indicador como uno de sus principales argumentos en contra de las recomendaciones del FMI de gravar la canasta básica con el IVA del 13 %. 'Si extendemos el IVA a alimentos, destruimos el principal logro económico que tiene Costa Rica frente al mundo', dijo la presidenta al Colegio de Contadores, según Infobae. El Banco Mundial proyecta que el PIB costarricense crecerá un 3,5 % en 2026, una décima menos que su estimación de enero, en un contexto donde la desaceleración de zonas francas y la incertidumbre arancelaria moderan el optimismo.
Un operativo conjunto en el Pacífico oriental, con participación de la Guardia Costera y la Fuerza Pública de Costa Rica, interceptó una embarcación semisumergible cargada con más de dos toneladas de cocaína.
Un narcosubmarino fue interceptado en aguas internacionales del Pacífico oriental con 2,5 toneladas de cocaína a bordo, en un operativo que contó con la participación de Costa Rica bajo el marco de la iniciativa 'Escudo de las Américas', liderada por Estados Unidos para combatir el narcotráfico regional con apoyo militar, según Semana y fuentes del Ministerio de Seguridad Pública. La embarcación semisumergible —diseñada para evadir radares— fue detectada mediante inteligencia compartida entre la Guardia Costera de EE.UU., la Fuerza Pública costarricense y organismos homólogos de la región. El decomiso refuerza la imagen de Costa Rica como socio estratégico de Washington en materia antinarcóticos, un argumento que el gobierno Fernández emplea en las negociaciones arancelarias para mostrar cooperación bilateral. Esta captura ocurre en el contexto del caso Riverside, que demostró la consolidación de estructuras de tráfico internacional en el territorio costarricense, y suma a los esfuerzos regionales en un año en que EE.UU. calificó a Costa Rica como país de tránsito prioritario en su determinación presidencial para el año fiscal 2026.