Mil quinientos funcionarios del OIJ, el Ministerio Público y cuerpos policiales ejecutaron 146 allanamientos y detuvieron a 40 personas vinculadas a la estructura heredera de 'Pecho de Rata'. Se decomisaron más de 4 toneladas de droga y activos por encima de ₡10.000 millones.
El OIJ y el Ministerio Público ejecutaron el martes 23 de junio el operativo policial más grande de la historia costarricense: 146 allanamientos simultáneos en cuatro provincias contra la estructura que sobrevivió a la extradición de Edwin López Vega.
Mil quinientos funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y múltiples cuerpos policiales ejecutaron el 23 de junio de 2026 el Operativo Riverside, descrito por las autoridades como el mayor operativo policial en la historia de Costa Rica. En una acción coordinada, se realizaron 146 allanamientos en Limón —con foco en Cahuita como centro de operaciones del cártel—, Heredia, Cartago y Alajuela. Cuarenta personas fueron detenidas como presuntos miembros de la organización. Los decomisos incluyeron aproximadamente 3 toneladas 200 kilos de marihuana y cerca de una tonelada de cocaína. La investigación, conducida por la Fiscalía Adjunta Contra el Lavado de Capitales y la Legitimación de Bienes, se enfocó en la estructura que continuó operando tras la extradición a Estados Unidos de Edwin López Vega, alias 'Pecho de Rata', ocurrida en marzo de 2026. Según el OIJ, el grupo mantenía alianzas con 'Los Costeños', organización del Caribe colombiano que le proveía cocaína y marihuana. El impacto económico estimado supera los ₡10.000 millones en activos decomisados: seis hoteles, una plaza de toros, un restaurante, cuatro casas vacacionales administradas por plataformas digitales, un gimnasio y seis fincas ganaderas. El Operativo Riverside marca el segundo cartel internacional desarticulado en Costa Rica en el actual ciclo político. Su magnitud pone sobre la mesa preguntas no resueltas: si la estructura de 'Pecho de Rata' siguió operando con tal envergadura durante meses, el andamiaje legal y financiero que la sostuvo trasciende el perfil de una banda local. La investigación de lavado de capitales —los hoteles y fincas sugieren integración de dinero a la economía formal durante años— será el capítulo más complejo del caso una vez que los detenidos enfrenten los tribunales.
Junto a los 40 detenidos en el operativo, el OIJ señala a figuras del fútbol costarricense como presuntos integrantes de la red que operó desde Cahuita.
Entre los elementos que definen al Caso Riverside como una investigación con alcance inédito en Costa Rica, el OIJ reveló vínculos entre la organización criminal y exfutbolistas costarricenses, según información publicada por Teletica el 24 de junio. Los nombres específicos no fueron divulgados en la primera jornada del operativo, pero la agencia investigativa confirmó que al menos algunos de los allanamientos alcanzaron residencias y propiedades asociadas a personas con trayectoria en el deporte nacional. El hallazgo ilustra la penetración del crimen organizado en sectores de la economía y la vida pública costarricense que van más allá del perfil tradicional del narcotráfico. Los activos decomisados —hoteles, fincas y negocios de entretenimiento— sugieren una estrategia deliberada de legitimación de capitales en actividades con alta visibilidad social. La información proviene de Teletica, sin confirmación independiente adicional sobre la identidad de las personas vinculadas al cierre de esta edición; el Ministerio Público anunció que los detalles serán revelados conforme avancen los procesos judiciales.
El arancel del 10% que la administración Trump impuso a las exportaciones costarricenses el 24 de febrero de 2026 llega a su fecha límite en un mes sin que las negociaciones hayan producido un resultado concreto. La ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos Gallo, ha mantenido reuniones en Washington para gestionar la situación, con énfasis en proteger los dispositivos médicos —el principal rubro exportador del país, valorado en miles de millones de dólares anuales— de una posible escalada. Al mismo tiempo, la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. propuso gravámenes adicionales de entre 10% y 12,5% sobre Costa Rica por señalamientos relacionados con trabajo forzado, que el COMEX rechazó. El margen de maniobra costarricense es limitado: el país no tiene palancas de retaliación comercial comparables a las de economías más grandes, y su dependencia del mercado estadounidense —destino de cerca del 40% de sus exportaciones totales— lo convierte en un precio tomador en esta negociación. Una sentencia federal en Washington que limitó la autoridad ejecutiva para imponer aranceles bajo la Sección 232 abrió una ventana de alivio en mayo, pero el Ejecutivo estadounidense apeló la decisión. El resultado de esa apelación es la variable más importante para la estrategia comercial costarricense en el segundo semestre. El ángulo escéptico lo aportan economistas del IICE-UCR que señalan que incluso una remoción total del arancel del 10% no revertiría el daño en cadenas de suministro que ya reorganizaron proveedores durante los meses de incertidumbre: los contratos firmados con alternativas asiáticas o europeas no se cancelan de inmediato.
— El plazo de la pausa arancelaria vence el 24 de julio y Costa Rica todavía no tiene certeza sobre si el arancel base persistirá, se amplía o entra en una negociación formal.
El tipo de cambio del dólar en ventanilla de bancos públicos costarricenses cerró la semana del 23 de junio con una compra de ₡446 y una venta de ₡460, según datos del BCCR. El valor de venta representa uno de los niveles más altos registrados en 2026 para el colón. La presión sobre la moneda costarricense refleja varios factores: la fortaleza del dólar a nivel global ante la postura restrictiva de la Reserva Federal de EE.UU. —que mantuvo su tasa en 3,5%-3,75% en su reunión del 17 de junio—, la incertidumbre sobre los aranceles que afectan las exportaciones nacionales, y una mayor demanda estacional de divisas por parte de importadores. El Banco Central de Costa Rica (BCCR) opera en un esquema de flotación administrada y ha intervenido en el mercado cambiario en distintos momentos de 2026 para suavizar la volatilidad. La tasa básica pasiva se mantiene en niveles que no generan presión inflacionaria interna significativa, pero el debilitamiento del colón encarece las importaciones —petróleo, bienes de consumo, insumos industriales— y puede trasladarse a precios al consumidor en el segundo semestre si la tendencia persiste. La inflación interanual en Costa Rica se ubica dentro de la banda meta del BCCR.
La presidenta Laura Fernández mantiene el compromiso de presentar en junio el proyecto de ley que penalizaría la membresía en estructuras criminales, una figura ausente del Código Penal costarricense. El proyecto llega en el contexto inmediato del Operativo Riverside y del segundo mes de funcionamiento de la Fuerza Élite, el mecanismo de coordinación policial semanal que Fernández conduce desde el Ministerio de Seguridad Pública. Las fracturas en el plenario legislativo —donde Pueblo Soberano ocupa 31 de 57 curules sin mayoría propia— anticipan que el texto enfrentará debate y posibles enmiendas antes de avanzar en comisión. La Defensoría de los Habitantes ha señalado que tipificar la 'membresía' sin criterios precisos puede vulnerar el principio de legalidad penal. El gobierno argumenta que la experiencia de El Salvador y Honduras con legislación similar muestra reducciones de homicidios superiores al 60% en dos años, aunque investigadores del INEC y criminólogos de la UCR advierten que esos modelos operaron con estados de excepción que Costa Rica no tiene ni tiene intención de implementar.
El informe de 2026 del Fondo Monetario Internacional sobre Costa Rica dedicó un capítulo específico a la estructura tributaria del país, con un hallazgo central: las exenciones fiscales —en zonas francas, regímenes especiales y sectores agrícolas— erosionan la base imponible hasta el punto de que el país recauda significativamente menos de lo que su estructura económica haría esperar. El FMI recomienda una revisión sistemática de todos los incentivos fiscales, la ampliación del IVA a servicios actualmente exentos y ajustes al impuesto sobre la renta para reducir la regresividad del sistema. Las recomendaciones del FMI no son nuevas, pero llegan en un momento en que la Asamblea Legislativa archivó la propuesta de modificar el mandato del BCCR para incluir el pleno empleo —un gesto de ortodoxia que el FMI valoró positivamente— y en que el gobierno Fernández enfrenta la primera modificación presupuestaria de 2026 con ingresos bajo lo previsto. El ministro de Hacienda no ha rechazado explícitamente ninguna de las recomendaciones del Fondo, aunque la ampliación del IVA requeriría mayoría legislativa calificada y choca con el posicionamiento electoral de Pueblo Soberano. El ángulo de disenso lo ofrecen economistas del IICE-UCR que advierten que comparar la presión tributaria costarricense con el promedio de la OCDE —como hace el FMI— ignora que el gasto social en servicios básicos (educación, salud, pensiones contributivas) que esos países ofrecen a sus ciudadanos supera por amplio margen lo que Costa Rica entrega con los recursos actuales: ampliar la recaudación sin mejorar la calidad del gasto no resuelve el problema de confianza ciudadana en el Estado.
La investigación del Caso Riverside revela cómo la organización convirtió hoteles y fincas del Caribe costarricense en vehículos de lavado de dinero durante años.
La alianza entre la estructura costarricense de Edwin López Vega y 'Los Costeños' —organización del Caribe colombiano— formaba el núcleo del suministro de cocaína y marihuana que llegaba a Costa Rica y se redistribuía hacia América del Norte y Europa, según la investigación del OIJ revelada durante el Operativo Riverside. El patrón de integración de capitales ilícitos a través de hoteles y fincas en Limón —un sector donde el turismo legítimo tiene baja bancarización y la supervisión de transacciones es históricamente débil— es consistente con modelos documentados en otros países centroamericanos. Los seis hoteles decomisados, la plaza de toros y las cuatro casas vacacionales administradas por plataformas digitales representan negocios que, en circunstancias normales, generan ingresos en efectivo difíciles de rastrear. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Banco Central de Costa Rica ha alertado en informes previos que el sector hotelero del Caribe figura entre los de mayor riesgo para lavado de activos en el país. El Caso Riverside abre la posibilidad de que futuras investigaciones revelen una red de facilitadores financieros —abogados, contadores, agentes inmobiliarios— que mantuvo el andamiaje legal de la organización durante años.
El Operativo Riverside cierra la primera mitad de 2026 con una señal política clara del gobierno Fernández: la apuesta por resultados en seguridad pública es la principal carta de gestión en un plenario que no le garantiza mayorías legislativas. El impacto económico de la operación —₡10.000 millones en activos fuera del circuito criminal— es real pero marginal frente al tamaño del PIB; la relevancia es institucional, no macroeconómica. Para el segundo semestre, las variables que más pesan son tres: la resolución judicial en Washington sobre la autoridad arancelaria del Ejecutivo estadounidense, que determinará si las exportaciones de dispositivos médicos y manufactura avanzada enfrentan gravámenes adicionales; la capacidad del gobierno para presentar y aprobar la modificación presupuestaria de 2026 con una Asamblea fragmentada; y la evolución del tipo de cambio, que presiona el costo de vida en un país altamente importador de energía y bienes de consumo. Las tres variables tienen fechas críticas en julio y agosto.