La presidenta Laura Fernández declara confidencial la información de la DIS y la Fuerza Élite, el presidente de la Corte Orlando Aguirre pone condiciones al diálogo entre los tres Poderes, la oposición acusa al Gobierno de bloquear la agenda legislativa con las jornadas 4x3, y la CCSS anuncia 506 millones de dólares para medicamentos en 2026.
El decreto 45870-MSP, firmado el 27 de julio y vigente desde este lunes, blinda los presupuestos y contratos de la DIS, la Fuerza Élite y el Consejo de Seguridad Nacional, y ya genera cuestionamientos legales.
La presidenta Laura Fernández firmó el 27 de julio el decreto 45870-MSP, publicado en La Gaceta y vigente desde este lunes 10 de agosto, que declara "secreto de Estado" la información, los presupuestos, los contratos y las actas de sesiones del Consejo Nacional de Seguridad, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y el grupo de coordinación "Fuerza Élite", según reportó Semanario Universidad. El decreto describe esa documentación como "de carácter absolutamente confidencial y de acceso restringido", exceptuada de cualquier consulta pública por razones de interés público, seguridad y defensa nacional, de acuerdo con el texto citado por El Mundo CR. La medida responde, según el propio Gobierno, al aumento de amenazas ligadas al narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas y el sicariato, fenómenos que requieren planificación basada en inteligencia y coordinación interinstitucional, de acuerdo con Semanario Universidad. Varios diputados de oposición cuestionaron el alcance de la medida y advirtieron que una declaratoria tan amplia podría dejar fuera del escrutinio ciudadano aspectos de presupuesto y contratación pública que no son, en sí mismos, información de inteligencia, según reportó La Nación. CRHoy recordó que varios casos de corrupción policial salieron a la luz en años recientes gracias a información hoy comprendida dentro de las categorías que cubre el decreto, aunque el medio no precisa si esos expedientes específicos quedarían retroactivamente alcanzados por el secreto. Costa Rica no cuenta con una ley general que regule el secreto de Estado, por lo que el decreto se ampara en artículos de la Constitución Política y de la Ley General de Policía, según el análisis de La Nación. Ni la Presidencia ni el Ministerio de Seguridad Pública han respondido públicamente a los cuestionamientos legales, y no está claro si la oposición legislativa impulsará una acción de inconstitucionalidad contra el decreto.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, respondió esta semana a la propuesta de la presidenta Laura Fernández de retomar las reuniones periódicas entre los presidentes de los tres Poderes de la República, y advirtió que las obligaciones constitucionales sobre el financiamiento de la administración de justicia no están sujetas a negociación entre instituciones, según recogió La Nación. "Se coordina sin que nadie mande sobre nadie. Cada institución llega como igual, con responsabilidades que son propias y no se ceden", declaró Aguirre, de acuerdo con el mismo medio. La respuesta llega después de que el Colegio de Abogados y Abogadas ofreciera facilitar un espacio de conversación entre los Poderes, y de que el propio Aguirre condicionara, en una carta fechada el 5 de agosto, su eventual participación a que la iniciativa se concrete y el Poder Judicial conozca de previo sus términos generales, según Delfino.cr. Aguirre calificó el diálogo como "el mejor camino, porque en esa mesa cada institución explica lo que necesita y escucha a las demás", pero insistió en que el respeto a las competencias constitucionales de cada Poder es una condición de entrada, según Teletica. El intercambio se produce en la misma semana en que el Ejecutivo declaró secreto de Estado la información de sus órganos de seguridad, como reporta esta edición, y mientras el Poder Judicial mantiene, desde el 20 de julio, su decisión de no participar en el Consejo de Seguridad Nacional mientras el Gobierno mantenga en agenda un recorte a su presupuesto. Ni Casa Presidencial ni el Poder Judicial han fijado todavía una fecha para la primera reunión de los tres Poderes, y no está claro si el compromiso de reportes trimestrales que anunció Fernández el fin de semana bastará para destrabar la relación entre ambas instituciones.
El oficialismo retomó este lunes 10 de agosto la discusión del proyecto de jornadas excepcionales 4x3, que permitiría concentrar la semana laboral en cuatro días de doce horas, y absorberá buena parte del tiempo del Plenario legislativo hasta octubre, según reportó Monumental. El diputado José María Villalta, del Frente Amplio, acusó al Ejecutivo de mantener bloqueada la agenda "para que no se conozcan los proyectos de ley de interés de la ciudadanía" y de usar el proyecto para "distraer" e "impedir que la Asamblea funcione bien", en momentos en que han surgido señalamientos sobre vínculos entre jerarcas de seguridad y crimen organizado, según recogió Acontecer.co.cr. La diputada Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, coincidió en que el proyecto "no tiene viabilidad" y solo servirá para bloquear una agenda urgente de seguridad y educación, de acuerdo con La Nación. El sector empresarial, en cambio, ha presionado por rescatar las jornadas 4x3 como respuesta a la desaceleración de las zonas francas y la caída en el crecimiento económico, según había reportado Infobae Costa Rica el 23 de julio, el argumento que el Gobierno usa para defender la prioridad legislativa que le dio al proyecto esta semana. El debate llega dos décadas después de que la fórmula 4x3 empezara a discutirse por primera vez en el Congreso, sin que ningún gobierno la haya logrado aprobar en firme. Ni el Ministerio de Trabajo ni la fracción oficialista de Pueblo Soberano han respondido públicamente a la acusación de bloqueo deliberado, y no está claro si la oposición logrará forzar un cambio en el orden del día antes de que termine agosto.
Quieren la agenda bloqueada para que no se conozcan los proyectos de ley de interés de la ciudadanía
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) destinará 228.000 millones de colones, unos 506 millones de dólares, a la compra de medicamentos durante 2026, incluidos tratamientos de alta complejidad, según reportó Infobae Costa Rica, único medio que ha divulgado la cifra hasta el cierre de esta edición, sin confirmación independiente de otra fuente. El monto busca garantizar el abastecimiento oportuno en hospitales, clínicas y el resto de la red de servicios de salud pública, de acuerdo con el mismo medio. La inversión se produce mientras la CCSS enfrenta presiones presupuestarias más amplias: la institución subió este año la cuota del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, que pasó del 26,67% al 26,83% en la parte patronal y del 10,67% al 10,83% en la parte obrera. Garantizar la compra de medicamentos es una de las presiones de gasto más difíciles de postergar para la Caja sin afectar cirugías y tratamientos en curso. La CCSS no ha detallado un cronograma de compras ni una lista pública de los fármacos priorizados, y no está claro si el monto anunciado cubre la totalidad de la demanda proyectada para 2026 o si la institución deberá recurrir a compras adicionales antes de fin de año.
Costa Rica se consolida como referencia de estabilidad y crecimiento en la región Centroamérica, Panamá y República Dominicana, según el más reciente informe de riesgo país de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA), citado por Infobae Costa Rica. El documento, elaborado con evaluaciones de Fitch Ratings, Moody's Investors Service y S&P Global Ratings, destaca la mejora y consolidación de las calificaciones crediticias del país al cierre del segundo trimestre de 2026, de acuerdo con el mismo medio. Las tres calificadoras subrayan la aplicación rigurosa de la regla fiscal, que ha permitido reducir el déficit y controlar el gasto público, según recoge el informe citado por Infobae Costa Rica. La deuda pública total de Costa Rica alcanzó los 77.260,80 millones de dólares en enero de 2026, un incremento interanual del 9,95%, y Hacienda proyecta que la relación entre la deuda del Gobierno y el PIB se mantendrá por encima del 60% entre 2026 y 2031, según estimaciones del Ministerio de Hacienda recogidas por La Nación. Una eventual mejora adicional en la calificación depende de que el país siga reduciendo la relación deuda/PIB y el peso de los intereses sobre la recaudación, además de la estabilidad política necesaria para sostener reformas estructurales, de acuerdo con el informe. La discusión llega mientras el Gobierno y la oposición libran, en paralelo, la disputa por la agenda legislativa y el choque con el Poder Judicial que reporta esta edición, sin que ninguna reforma fiscal de fondo esté agendada para lo que resta del año.
El secreto de Estado sobre seguridad, la respuesta del Poder Judicial a la propuesta de diálogo y el pulso legislativo por las jornadas 4x3 resumen una jornada marcada por la tensión institucional.
La jornada del martes 11 de agosto quedó marcada por la decisión del Ejecutivo de declarar secreto de Estado la información de sus órganos de seguridad, la respuesta del Poder Judicial a la propuesta presidencial de retomar el diálogo entre los tres Poderes, y el pulso legislativo entre el oficialismo y la oposición por las jornadas 4x3, como ha reportado esta edición. El trasfondo económico tampoco dio tregua: la Caja Costarricense de Seguro Social anunció una inversión de 506 millones de dólares en medicamentos para 2026, mientras un informe regional de riesgo país destacó el liderazgo fiscal de Costa Rica en Centroamérica, aunque la deuda pública se mantiene por encima del 60% del PIB, según reportaron Infobae Costa Rica y La Nación. Ninguno de los frentes institucionales -el secreto de Estado, el diálogo entre Poderes o la disputa legislativa- tiene fecha de resolución al cierre de esta edición, y la atención de los próximos días se concentrará en si la oposición impulsa una acción legal contra el decreto de secreto de Estado y en si el oficialismo logra avanzar las jornadas 4x3 en el Plenario.