El Ejecutivo y la Asamblea Legislativa formalizan la querella por prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional, el tribunal responde que las críticas del Gobierno son desproporcionadas, ocho sindicatos judiciales convocan un plantón nacional para el jueves, el ministro Rodrigo Chaves refuerza su papel en la ofensiva contra la Sala IV, y Hacienda revisará en agosto su plan para financiar ¢4,2 billones tras una desaceleración económica más profunda de lo previsto.
La presidenta Laura Fernández, el Poder Ejecutivo y la bancada oficialista de Pueblo Soberano presentaron este lunes 3 de agosto la querella por presunto prevaricato contra los magistrados de la Sala Constitucional Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García, según reportaron Infobae y Monumental. La acción, anunciada desde el 31 de julio, formaliza la acusación de que los cuatro magistrados usurparon una facultad exclusiva de la Asamblea Legislativa al prorrogar el nombramiento de los magistrados suplentes vencido desde diciembre de 2025, de acuerdo con Diario Extra. El ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, calificó la actuación de la Sala IV como una "usurpación ilegítima" de competencias, según consignó El Observador, mientras Fernández insistió en que los magistrados no pueden imponerse sobre los 31 diputados elegidos por el pueblo soberano, de acuerdo con el mismo medio. La denuncia llega después de que la Sala Constitucional, el Poder Judicial, la diputada Claudia Dobles, tres constitucionalistas y cuatro expresidentes de la República rechazaran públicamente la caracterización de "golpe de Estado" con la que el oficialismo describió el fallo, como ha reportado esta edición en días previos. El Ministerio Público no ha informado si dará trámite a la querella ni en qué plazo, y ni la Sala Constitucional ni el resto de la Corte Plena se han pronunciado todavía sobre la denuncia presentada contra sus propios magistrados.
La Sala Constitucional emitió un comunicado en el que calificó de "desproporcionadas y alejadas del respeto que debe prevalecer entre los poderes del Estado" las declaraciones del Ejecutivo sobre su fallo de julio, y reafirmó su "compromiso inquebrantable con los derechos de las personas y la democracia", según reportó El Financiero. El tribunal insistió en que la prórroga del nombramiento de los magistrados suplentes respondió únicamente al mandato constitucional de proteger a la ciudadanía ante el vacío que dejó la Asamblea Legislativa al no completar los nombramientos, de acuerdo con el mismo medio y con Diario Extra. El abogado constitucionalista Fernando Zamora explicó a La Mesa Redonda que el prevaricato exige que el funcionario público emita una resolución sabiendo que se aparta del derecho, con dolo y premeditación, no solo por discrepar de su contenido -un estándar que, según el jurista, la querella del oficialismo todavía no ha demostrado. Esa lectura contrasta con la de la presidenta Laura Fernández y el ministro Rodrigo Chaves, quienes sostienen que los cuatro magistrados actuaron sabiendo que usurpaban una facultad exclusiva del Congreso, como reporta esta edición. Ni la Fiscalía ni la Corte Plena han fijado un plazo para resolver si la querella contra sus propios magistrados avanza, y no está claro si el choque entre poderes se trasladará a instancias internacionales de derechos humanos si se profundiza.
Ocho sindicatos del Poder Judicial y organizaciones sociales llaman a concentrarse el 6 de agosto en la Plaza de la Democracia, en San José, y en Liberia y Nicoya, en defensa de la independencia judicial.
Ocho sindicatos del Poder Judicial convocaron, junto a organizaciones sociales y colectivos ciudadanos, un plantón nacional para el jueves 6 de agosto entre las 4 p. m. y las 8 p. m. en la Plaza de la Democracia, en San José, según reportaron Delfino.cr y Monumental. La convocatoria incluye concentraciones simultáneas en Liberia y Nicoya, de acuerdo con El Mundo CR. La movilización responde a la acusación de "golpe de Estado" que el Ejecutivo dirigió contra la Sala Constitucional y a la querella por prevaricato presentada el lunes contra cuatro de sus magistrados, como reporta esta edición. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) había urgido días antes a la Asamblea Legislativa a completar el nombramiento de los magistrados suplentes pendiente desde diciembre de 2025, la raíz del conflicto, según un comunicado de la organización. Los sindicatos convocantes no han precisado cuántas personas esperan movilizar, y el Gobierno no se ha pronunciado todavía sobre la convocatoria del plantón.
El ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, calificó de "usurpación ilegítima" la decisión de la Sala Constitucional de prorrogar el nombramiento de los magistrados suplentes, al presentar junto a la presidenta Laura Fernández la querella por prevaricato contra los cuatro magistrados de ese tribunal, según reportó El Observador. Chaves ocupa desde mayo los ministerios de la Presidencia y de Hacienda dentro del gabinete de Fernández, de acuerdo con Infobae. El protagonismo de Chaves en el choque de poderes se suma al que asumió a finales de julio, cuando preguntó a asistentes a un acto en Guanacaste si les asustaba una dictadura, durante una gira por la conmemoración de la Anexión del Partido de Nicoya, lo que generó rechazo de la oposición, según La Nación. Fernández defendió entonces a su ministro y calificó las críticas de "bajeza", de acuerdo con el mismo medio. Ni Casa Presidencial ni el propio Chaves han respondido a los señalamientos de las organizaciones judiciales y sociales que convocan un plantón nacional para el jueves, como reporta esta edición, y no está claro si el ministro hará declaraciones adicionales antes de esa fecha.
— El ministro de la Presidencia y Hacienda encabeza junto a Laura Fernández la querella contra los magistrados, después de que sus comentarios sobre una eventual dictadura ya habían generado rechazo en julio.
El Banco Central detectó una desaceleración económica "más profunda de lo previsto", lo que obliga a Hacienda a ajustar cómo financiará al Estado este año.
El Ministerio de Hacienda revisará en agosto el plan con el que financiará ¢4,2 billones en necesidades del Estado durante 2026, después de que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) detectara una desaceleración económica "más profunda de lo previsto" en su programación macroeconómica, según reportó El Financiero. La deuda del Gobierno Central se ubicó en 61,1% del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con datos de Hacienda citados por ICS.cr. El ajuste llega después de que el BCCR recortara su proyección de crecimiento para 2026 a 3,4% -desde el 3,5% previo-, citando la salida de Intel y Qorvo de las zonas francas y un entorno externo más volátil, como ya reportó esta edición. El Banco Central también bajó el 18 de julio su tasa de política monetaria a 3,00%, el primer recorte en siete meses, en un intento por sostener el consumo interno ante una inflación que cerró el primer semestre en terreno negativo (-0,22%). Hacienda no ha detallado todavía qué instrumentos de deuda priorizará en la revisión de agosto ni si buscará financiamiento adicional en mercados internacionales, y el BCCR no ha precisado si prevé un nuevo recorte de su proyección de crecimiento antes de que termine el año.