La Sociedad Interamericana de Prensa advierte que el secreto de Estado amenaza el acceso a la información, la Fiscalía explica el retiro de custodia al hombre asesinado dentro del Hospital La Anexión de Nicoya, el ministro Rodrigo Chaves y el sindicato SEC discrepan sobre el salario de Gilberth Díaz, y el Banco Central confirma que las zonas francas frenan su crecimiento en 2026.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió el martes 11 de agosto que el decreto 45870-MSP, mediante el cual la presidenta Laura Fernández declaró secreto de Estado la información de seguridad nacional, amenaza la libertad de prensa y el acceso ciudadano a la información en Costa Rica, según reportó La Nación. Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, señaló que el decreto impone "un deber de confidencialidad indefinido a funcionarios, asesores, contratistas y otras personas vinculadas" a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), el Consejo Nacional de Seguridad y la Fuerza Élite, con posibles sanciones para quien divulgue o comparta información clasificada, de acuerdo con el comunicado de la SIP recogido por El Mundo CR. El decreto, vigente desde el lunes 10 de agosto, blinda no solo información operativa sino también los presupuestos, los contratos y las actas de sesiones de los tres órganos de seguridad, como reportó esta edición el martes. La SIP advirtió que una disposición tan amplia puede entorpecer el trabajo periodístico y restringir el acceso a información de interés público, con consecuencias directas para la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado, según su comunicado. El Gobierno ha justificado la medida citando el aumento del narcotráfico, el lavado de dinero y el sicariato, y argumenta que divulgar esos datos pondría en riesgo operaciones, funcionarios y la cooperación internacional en seguridad, de acuerdo con Infobae Costa Rica. Ni la Presidencia ni el Ministerio de Seguridad Pública han respondido públicamente al pronunciamiento de la SIP, y no está claro si la organización hemisférica elevará el caso a otras instancias interamericanas o si la oposición legislativa usará la advertencia para respaldar una eventual acción de inconstitucionalidad contra el decreto.
Impone un deber de confidencialidad indefinido a funcionarios, asesores, contratistas y otras personas vinculadas
El fiscal general Carlo Díaz detalló por qué se levantó la vigilancia policial al paciente que sicarios encapuchados mataron a balazos dentro del Hospital La Anexión, mientras la oposición cuestiona al Gobierno.
Dos hombres encapuchados armados con rifles tipo AR-15 ingresaron la madrugada del sábado 8 de agosto al Hospital La Anexión de Nicoya, amenazaron a un guarda de seguridad y dispararon en al menos 14 ocasiones contra un paciente de apellido Valverde, de 32 años, que murió en el sitio; una adulta mayor resultó herida de bala en un glúteo, según reportó Teletica. El fiscal general Carlo Díaz explicó que la custodia policial del paciente, detenido días antes por un caso de robo agravado, se había retirado el martes 4 de agosto porque no existía riesgo de fuga ni indicios de una amenaza contra su integridad, de acuerdo con La Nación. El director de la Fuerza Pública, Raúl Rivera, lamentó que "estas personas cometieran un homicidio contra un paciente que tenía una custodia ordenada por la Fiscalía de Guanacaste, la cual fue eliminada posteriormente", según recogió Teletica. El caso reavivó las críticas de la oposición hacia la gestión de seguridad tanto del actual Gobierno de Laura Fernández como de la administración anterior de Rodrigo Chaves, hoy ministro de la Presidencia, de acuerdo con Acontecer.co.cr. El diputado liberacionista Ronald Campos calificó el homicidio como "la expresión más cruda" de la crisis de seguridad y pidió presupuesto extraordinario para el Ministerio de Seguridad Pública, la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial, según Diario Extra. Ni el Ministerio de Seguridad Pública ni el Poder Judicial han anunciado sanciones o cambios de protocolo tras el episodio, y no está claro si la Fiscalía revisará los criterios que llevaron a retirar la custodia del paciente cuatro días antes del ataque.
El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, cuestionó el martes 11 de agosto, durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial, los ingresos de Gilberth Díaz, secretario general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC). Chaves afirmó que Díaz percibe cerca de 4 millones de colones mensuales solo por su cargo sindical, y que la suma total de sus ingresos -incluida su participación en juntas directivas y en el fondo de pensiones de la ANDE- ronda los 11,5 millones de colones al mes, según recogió La Nación. El SEC rechazó la cifra el mismo día y afirmó que el salario neto de Díaz, después de las deducciones correspondientes, es de 2.260.416,34 colones mensuales, de acuerdo con El Mundo CR. El sindicato también negó que reciba 4 millones de dólares mensuales por concepto de cuotas sindicales, como había afirmado Chaves en una conferencia de prensa la semana anterior, y aseguró que sus ingresos reales no alcanzan ni una cuarta parte de esa cifra, según el mismo medio. El SEC calificó las declaraciones del ministro de "falsas y difamatorias" y anunció que emprenderá "las acciones legales correspondientes", en momentos en que el sindicato mantiene posiciones críticas frente a las políticas educativas del Gobierno. Ni Chaves ni el Ministerio de la Presidencia han presentado documentación pública que respalde la cifra de 11,5 millones de colones, y no está claro si el SEC hará valer la amenaza legal ante los tribunales antes de que termine el mes.
El Banco Central proyecta que el régimen de zonas francas crecerá 6,1% este año, frente al 12,7% de 2025, en momentos en que el sector sostiene cerca del 15% del PIB nacional.
Las zonas francas de Costa Rica crecerán 6,1% en 2026, frente al 12,7% registrado en 2025, según la proyección más reciente del Banco Central citada por El Observador CR. La actividad del régimen especial encadenó en junio su duodécimo mes consecutivo de desaceleración interanual, con una variación de apenas 2,9%, luego de haber alcanzado un 17,2% interanual en julio de 2025, de acuerdo con datos del Banco Central recogidos por La Nación. El economista Daniel Ortiz explicó que el desempeño excepcional de 2025 respondió a pedidos adelantados de dispositivos médicos hacia Estados Unidos, un comportamiento que difícilmente se repetirá este año, según CRHoy. La salida de operaciones de Intel y Qorvo y la caída en las exportaciones de dispositivos médicos a Estados Unidos también pesaron sobre el crecimiento del régimen, que sostiene cerca del 15% del PIB nacional y más de 265.000 empleos directos e indirectos, de acuerdo con El Observador CR. El Mundo CR, por su parte, vinculó la desaceleración con lo que describió como un tipo de cambio artificialmente bajo, que resta competitividad a las exportadoras del régimen. El Banco Central no ha detallado si prevé un nuevo ajuste a la baja en su proyección de crecimiento para el resto de 2026, y el propio sector empresarial ha usado la desaceleración como argumento para presionar por la aprobación de las jornadas laborales 4x3 que discute la Asamblea Legislativa, como ha reportado esta edición.
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) realizó este miércoles 12 de agosto, a las 10:00 a.m., el octavo Simulacro Nacional, con un cambio respecto a ediciones anteriores: cada participante eligió el tipo de amenaza a practicar -sismo, inundación, deslizamiento, erupción volcánica, tornado, huracán, incendio o tsunami- según el riesgo de su zona, en lugar de seguir un único escenario para todo el país, según reportó Teletica. Al 3 de agosto, la plataforma Simulacro.cr registraba 350.000 personas inscritas, de acuerdo con Infobae Costa Rica. El ejercicio busca que empresas, comunidades y organizaciones practiquen sus protocolos de evacuación y activen sus planes de emergencia, según explicó la CNE. La edición de 2025 convocó a más de 1,4 millones de personas, la mayor participación registrada hasta ahora, de acuerdo con El Observador CR, una referencia que la CNE espera igualar o superar este año pese al cambio de formato hacia un enfoque de multiamenaza. La CNE no ha publicado todavía cifras finales de participación para la edición de este miércoles, y no está claro si el nuevo formato de amenaza por zona elevará o reducirá la convocatoria respecto al simulacro de 2025.
— La Comisión Nacional de Emergencias convocó este miércoles a la población a practicar, por primera vez, el tipo de amenaza según el riesgo particular de cada zona del país.
La advertencia de la SIP sobre el secreto de Estado, el homicidio en el Hospital La Anexión y la disputa entre Chaves y el SEC resumen la tensión de la jornada.
La jornada del miércoles 12 de agosto quedó marcada por la advertencia de la Sociedad Interamericana de Prensa sobre el decreto de secreto de Estado, el homicidio dentro del Hospital La Anexión de Nicoya y la explicación de la Fiscalía sobre el retiro de la custodia policial, y la disputa pública de cifras entre el ministro Rodrigo Chaves y el sindicato SEC, como ha reportado esta edición. El trasfondo económico tampoco dio tregua: el Banco Central confirmó que las zonas francas crecerán apenas 6,1% en 2026, menos de la mitad del 12,7% registrado en 2025, mientras la Comisión Nacional de Emergencias realizó el octavo Simulacro Nacional con más de 350.000 personas inscritas al cierre de julio, según reportaron El Observador CR e Infobae Costa Rica. La presidenta Laura Fernández, en el centro del decreto cuestionado por la SIP, no ha respondido públicamente a la advertencia de la organización de prensa. Ninguno de los frentes -el secreto de Estado, el caso de Nicoya o la disputa salarial- tiene fecha de resolución al cierre de esta edición, y la atención de los próximos días se concentrará en si la oposición legislativa usa la advertencia de la SIP para respaldar una acción de inconstitucionalidad contra el decreto.