La presidenta Laura Fernández pacta cooperación contra el narcotráfico con el presidente colombiano Abelardo de la Espriella en Barranquilla, la Asamblea Legislativa sigue sin fecha para votar a nueve magistrados suplentes de la Sala IV, los sindicatos de la CCSS acusan a la institución de minimizar los atrasos salariales, la contralora Marta Acosta cumple 58 días fuera del cargo y la ANEP mantiene ante la Sala Constitucional su recurso contra el ministro Rodrigo Chaves.
La presidenta costarricense y el mandatario colombiano sostuvieron en Barranquilla su primer encuentro bilateral, centrado en inteligencia compartida contra el crimen organizado y el narcotráfico transnacional.
La presidenta Laura Fernández se reunió este martes 22 de setiembre en Barranquilla con el presidente colombiano Abelardo de la Espriella, en el primer encuentro bilateral entre ambos mandatarios desde que asumieron el cargo este año, según confirmaron Infobae Colombia y El Universal de Colombia. Fernández afirmó al llegar que ambos países buscan “erradicar el narcoterrorismo de nuestros pueblos”, de acuerdo con Infobae, y reiteró su intención de evitar que estructuras criminales desplazadas por los operativos colombianos se trasladen a territorio costarricense. El encuentro se enmarca en la iniciativa regional Escudo de las Américas, orientada a coordinar el intercambio de inteligencia estratégica entre gobiernos de la región frente al narcotráfico y el crimen organizado transnacional, según reportó Infobae. La acompañaron el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos; el de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar; el director de Inteligencia y Seguridad Nacional, Pablo Martínez, y el ministro de Comunicación, Arnold Zamora, como ha informado esta edición. Para Costa Rica, el acercamiento llega en momentos en que el propio Gobierno reporta 590 homicidios en lo que va de 2026, cifra que atribuye en parte a disputas entre bandas por el control de rutas de narcotráfico. No está claro si el encuentro produjo compromisos firmados más allá del intercambio de inteligencia, ya que ninguna de las fuentes consultadas detalla todavía acuerdos específicos ni un cronograma de seguimiento entre ambos gobiernos.
La Asamblea Legislativa no ha fijado, al cierre de esta edición, una nueva fecha para votar la nómina de 18 candidatos a nueve plazas de magistrado suplente de la Sala Constitucional, que la Corte Suprema reenvió por tercera vez y sin cambios el lunes 21 de setiembre, según confirmó Semanario Universidad. El jefe de la fracción oficialista de Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, calificó de “necedad de la Corte” el reenvío y rechazó una propuesta para someterlo a votación este miércoles 23, alegando que la sesión está reservada para discutir reformas constitucionales, de acuerdo con El Observador CR. El bloqueo se sostiene desde marzo, cuando la bancada oficialista comenzó a votar en blanco para impedir la elección, hasta agotar once rondas sin nombrar a ningún candidato. La Sala Constitucional ya resolvió en julio que esos votos en blanco no pueden usarse para frenar el proceso y ordenó que, de repetirse, se sumen al candidato con más apoyos, un mecanismo que la Asamblea todavía no ha aplicado, según La Nación. La secretaría del propio tribunal contabiliza 124 expedientes -entre recursos de amparo, hábeas corpus y acciones de inconstitucionalidad- sin resolver por falta de magistrados suplentes, de acuerdo con CRHoy. Este expediente no registró movimientos públicos nuevos en las últimas 24 horas. No está claro cuándo Jiménez convocará finalmente al Plenario, ni si el oficialismo aplicará el mecanismo de arrastre de votos que la Sala IV ya validó.
Los sindicatos Sinae-Afines, Fectsalud, Sinass y Sifupcr acusaron el martes 22 de setiembre a la Caja Costarricense de Seguro Social de minimizar los atrasos salariales que motivaron la huelga nacional del 17 y 18 de setiembre, según reportaron La Nación y Semanario Universidad. El secretario general de Sinae-Afines, Lenin Hernández, rechazó la cifra de 482 casos que divulgó la gerente médica Mónica Taylor y afirmó que ese conteo institucional no incluye los pagos parciales, los componentes salariales pendientes ni las diferencias por tiempo extraordinario, según Semanario Universidad. La CCSS había reportado que el 95,4% de los 5.685 trabajadores que participaron en la huelga ya tenía sus pagos al día, de acuerdo con La Nación, una cifra que los gremios rechazan por considerarla incompleta. El desacuerdo llega mientras persisten los efectos del paro, que la propia CCSS reconoció dejó 216 cirugías suspendidas, como ha informado esta edición. Los sindicatos advirtieron que no descartan convocar una huelga mayor si la Caja no corrige su conteo, según El Observador CR. No está claro cuántos trabajadores tienen realmente pagos pendientes, ya que la CCSS y los sindicatos manejan cifras distintas sin que ninguna de las dos partes haya presentado un conteo conjunto verificable al cierre de esta edición.
La contralora general, Marta Acosta, cumplió este miércoles 23 de setiembre 58 días fuera de sus funciones por motivos de salud, una ausencia que comenzó el 27 de julio, según ha informado esta edición con base en La Nación. El subcontralor Bernal Aragón, que ejerce las funciones de contralor general desde entonces, se reunió la semana pasada con el ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, en un encuentro centrado en la situación fiscal y la deuda del Estado con la CCSS, de acuerdo con La Nación y El Observador CR. La ausencia prolongada mantiene a un órgano de control político con jerarca interino en momentos en que fiscaliza, entre otros frentes, el litigio que la propia CCSS mantiene contra el acuerdo de anualidades que puso fin a la huelga de la semana pasada y el recorte de Hacienda al presupuesto del Poder Judicial. La presidenta Laura Fernández le había pedido a Acosta renunciar al cargo antes de asumir la presidencia en mayo, según Delfino.cr, una solicitud que la contralora no ha atendido. No está claro cuándo Acosta se reincorporará a sus funciones, ni si la Asamblea Legislativa pedirá información oficial sobre su estado de salud antes de que se cumplan dos meses de ausencia, el 27 de setiembre.
El sindicato, que pidió el lunes una evaluación psicológica forense para el ministro de la Presidencia y Hacienda, ve su recurso confirmado por más medios sin que el Gobierno haya respondido públicamente.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) mantiene ante la Sala Constitucional el recurso de amparo que presentó el lunes 21 de setiembre para pedir una evaluación psicológica forense del ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, según confirmaron Semanario Universidad y La República, además de CRHoy, que reportó el caso el mismo lunes. El secretario general de ANEP, Albino Vargas, argumenta que busca determinar si existen patrones de conducta que puedan incidir en el desempeño institucional del jerarca, que acumula simultáneamente los ministerios de la Presidencia y de Hacienda. El recurso llega en un momento de fricción creciente entre el sindicalismo y Casa Presidencial: Chaves ha llamado públicamente a la Asamblea Legislativa a no reelegir a magistrados de la Corte Suprema y su cartera de Hacienda mantiene el recorte al presupuesto del Poder Judicial que la propia Corte litiga, como ha informado esta edición. Ni Chaves ni Casa Presidencial se han pronunciado públicamente sobre el recurso al cierre de esta edición. No está claro cuándo la Sala Constitucional admitirá o rechazará el recurso, ni si fijará un plazo para que Chaves rinda un informe, como ha hecho en otros amparos presentados por la propia ANEP contra decretos del Poder Ejecutivo.
Costa Rica cerró este miércoles 23 de setiembre con la presidenta Laura Fernández pactando cooperación contra el narcotráfico con el presidente colombiano Abelardo de la Espriella en su primer encuentro bilateral en Barranquilla, mientras la Asamblea Legislativa sigue sin fecha para retomar la votación de nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional, bloqueada desde marzo por la bancada oficialista. En la CCSS, los sindicatos de salud acusaron a la institución de minimizar los atrasos salariales que motivaron la huelga de la semana pasada y no descartaron una nueva huelga si la Caja no corrige sus cifras. La contralora Marta Acosta cumplió 58 días fuera de funciones por motivos de salud, mientras la Sala Constitucional mantiene sin resolver el recurso de la ANEP que pide una evaluación psicológica forense para el ministro Rodrigo Chaves. Ninguno de estos cuatro frentes -la gira a Colombia, los magistrados suplentes, la disputa salarial en la CCSS o el recurso contra Chaves- tiene resolución definitiva al cierre de esta edición.