La Corte Plena vota este lunes la reelección del fiscal general Carlo Díaz, la Comisión de Hacendarios enfrenta el plazo del martes para dictaminar el recorte a las universidades públicas en medio de un condicionamiento del PLN sobre el mercado eléctrico, la comisión especial sobre narcotráfico y financiamiento político define ocho de sus nueve integrantes, y la presidenta Laura Fernández cierra su gira a El Salvador sin acuerdos confirmados.
A las 8 a. m. de este lunes, la Corte Plena abre la sesión que decide si Díaz sigue cuatro años más como fiscal general, con el resultado aún incierto a horas de la votación.
La Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia vota este lunes si el fiscal general Carlo Díaz continúa cuatro años más en el cargo, en una sesión que arranca a las 8 a. m. y que requiere el respaldo de al menos 12 de los 22 magistrados, según confirmaron Teletica y La Nación. A tres días de la votación, Teletica reportó que Díaz contaba con el respaldo de la mitad de los votos necesarios, mientras La Nación confirmó el apoyo público de tres magistrados y detalló que los magistrados Luis Guillermo Rivas, de la Sala Primera, y Fernando Cruz, de la Sala Constitucional, estarán ausentes de la sesión. La votación llega con un antecedente disciplinario sobre la mesa: en 2025 la Corte Plena amonestó por escrito a Díaz, en una votación de 16 a 6 frente a quienes pedían suspenderlo, por reportar tarde el conflicto de interés que implicaba nombrar en la Fiscalía a una mujer con la que mantenía una relación sentimental, según Observador. El mecanismo de reelección automática también enfrenta críticas de fondo: el empresario Juan Carlos Bolaños y el abogado Randall Sequeira pidieron sin éxito que la Corte abriera un concurso público -la Corte Plena rechazó la propuesta 21 votos a 1-, mientras la diputada Marta Esquivel insiste en que sea la Asamblea Legislativa, y no la misma Corte, la que nombre al fiscal general en el futuro. El nombramiento de Díaz vence el 31 de octubre. Si no reúne los 12 votos este lunes, la Corte Suprema deberá abrir un concurso exprés para llenar el puesto antes de esa fecha, con la fiscala adjunta Karen Valverde asumiendo de forma interina, según Infobae; el resultado de hoy también se conocerá una semana antes de que la misma Corte Plena elija, el 26 de octubre, a quien sucederá a Orlando Aguirre en la presidencia del Poder Judicial.
Diputados del PLN condicionaron las conversaciones para abrir el mercado eléctrico costarricense a que el Poder Ejecutivo devuelva el recorte de ¢492,9 millones que el expediente 25.803 aplicaría a cada una de las cuatro universidades públicas, según confirmó Delfino.cr. La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa tiene hasta este martes 20 de octubre para dictaminar ese presupuesto extraordinario, que recortaría ¢1.972 millones en total a la UCR, la UNA, el TEC y la UNED. El Gobierno insiste en que el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) puede cubrir el recorte con un superávit cercano a ¢27.000 millones que la institución mantiene sin usar, una postura que la rectora María Estrada rechaza: según Semanario Universidad, esos recursos son fondos de capital y excedentes que la ley reserva para inversión, no para gastos corrientes como la planilla de la sede académica de Limón, por lo que no pueden sustituir la transferencia recortada. Estrada ha advertido que el recorte obligaría a cerrar de inmediato ese centro, con impacto directo en cerca de 400 estudiantes y 30 funcionarios, como reportó esta edición el sábado. No está claro si la Comisión de Hacendarios aprobará alguna moción para excluir a Limón del recorte antes del plazo del martes, ni si el PLN mantendrá su condicionamiento sobre el mercado eléctrico una vez vencido ese plazo; ninguno de los dos bandos ha cedido posiciones al cierre de esta edición.
— Diputados liberacionistas vinculan las conversaciones para abrir el mercado eléctrico a que el Ejecutivo devuelva el recorte a las universidades, mientras la Comisión de Hacendarios debe dictaminar el presupuesto extraordinario antes del martes.
La comisión especial que investigará presuntos vínculos del narcotráfico con el financiamiento de los partidos políticos tendrá nueve diputados: cinco de Pueblo Soberano (oficialismo), dos de Liberación Nacional, uno del Frente Amplio y uno de las fracciones unipersonales, puesto que se disputan Abril Gordienko, del PUSC, y Claudia Dobles, según confirmó CRHoy. El Directorio Legislativo debe conformar formalmente el órgano el 27 de octubre, la misma fecha prevista desde que el plenario aprobó crear la comisión con 52 votos a favor, como reportó esta edición el sábado. Las fuentes discrepan sobre el alcance exacto de la investigación: CRHoy ubica las campañas bajo revisión en 2022 y 2026, mientras Delfino.cr las sitúa en los periodos 2021-2022 y 2025-2026. El bloque oficialista impulsó la comisión a partir del caso del extraditable Guobin Tam Zhang, pero Liberación Nacional insiste en que la pesquisa incluya también la campaña con la que Rodrigo Chaves llegó a la presidencia en 2022, un punto que el texto final todavía no resuelve explícitamente. No está claro si la disputa entre Gordienko y Dobles por la novena plaza se resolverá antes del 27 de octubre, ni si el mandato final de la comisión incorporará de forma expresa la campaña de Chaves que reclama el PLN.
La presidenta Laura Fernández concluyó este domingo su visita oficial de tres días a El Salvador, centrada en cooperación de seguridad, sin que su despacho ni el Gobierno salvadoreño confirmaran la firma de convenios al cierre de esta edición, según Teletica. La mandataria recorrió el viernes el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) junto a los ministros salvadoreños de Seguridad y de Defensa y se reunió por separado con el presidente Nayib Bukele, pero no ofreció declaraciones a la prensa en ningún momento del viaje, de acuerdo con el mismo medio. El viaje se dio una semana después de que el Gobierno costarricense inaugurara el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), la megacárcel de 5.100 cupos inspirada en el modelo salvadoreño, y de que Fernández anunciara que plantearía a Bukele la propuesta de otorgar libertad condicional a cerca de la mitad de los presos acusados de colaborar con pandillas, divulgada por El Salvador el 13 de octubre, según Europa Press. Ninguno de los dos gobiernos ha precisado si esa propuesta formó parte de la conversación bilateral. No está claro si Fernández ofrecerá declaraciones esta semana sobre los resultados concretos de la gira, ni si los dos gobiernos publicarán por separado los convenios que se habían anticipado antes del viaje.
La jornada arranca con la Corte Plena decidiendo si el fiscal general Carlo Díaz continúa cuatro años más en el cargo, en una votación que necesita 12 de los 22 votos y que llega con críticos pidiendo que sea la Asamblea, y no la misma Corte, la que nombre al próximo fiscal general. En el Poder Legislativo, la Comisión de Hacendarios enfrenta el martes como plazo para dictaminar el presupuesto extraordinario que recorta ¢492,9 millones a cada universidad pública, mientras el PLN condiciona a esos fondos sus conversaciones sobre la apertura del mercado eléctrico. La Asamblea también definió ocho de los nueve integrantes de la comisión especial sobre narcotráfico y financiamiento político, con la novena plaza todavía en disputa entre el PUSC y una fracción unipersonal, mientras la presidenta Laura Fernández regresó de El Salvador sin que ninguno de los dos gobiernos confirmara acuerdos de la gira de tres días centrada en seguridad.