La presidenta Laura Fernández le responde públicamente a Abelardo de la Espriella sobre las redes criminales que Colombia busca desplazar, los sindicatos de la CCSS amenazan con una huelga hospitalaria si la Caja no paga antes de octubre, el presidente de la Corte Orlando Aguirre califica de “mazazo a la democracia” el recorte al presupuesto del Poder Judicial, la Sala Constitucional avala la reforma que limita el silencio familiar en abusos a menores y El Niño seca 23 acueductos rurales.
La presidenta Laura Fernández le respondió públicamente al presidente colombiano Abelardo de la Espriella este miércoles 23 de setiembre, luego de que el mandatario le pidiera durante la reunión bilateral en Barranquilla evaluar la eliminación del requisito de visa para ciudadanos colombianos. “No significa que vaya a recibir la basura que usted está limpiando”, afirmó Fernández, según reprodujeron Infobae y el diario colombiano Vanguardia, en referencia a las estructuras criminales que Colombia busca desplazar de su territorio. Costa Rica exige visa a los colombianos desde octubre de 2023, mientras que Colombia no se la exige a los costarricenses, de acuerdo con Infobae. El intercambio se produce mientras ambos gobiernos reportan avances concretos en la cooperación antidrogas que motivó el viaje: el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, informó que Costa Rica ha decomisado más de 20 toneladas de droga en lo que va de 2026, según Infobae, y los ministros de Justicia de ambos países acordaron compartir estrategias para frenar la operación de estructuras criminales desde centros penitenciarios. Fernández se comprometió a estudiar la solicitud de reciprocidad migratoria, pero no fijó una fecha ni adelantó si la revisión implicará cambios inmediatos en el requisito de visa, según El Observador CR. No está claro cuándo Costa Rica responderá formalmente a la solicitud de Colombia sobre las visas, ni si el comentario de Fernández sobre la “basura” que limpia Colombia generará una respuesta oficial de Bogotá tras la amplia cobertura que le dio la prensa colombiana al encuentro.
Yara Jiménez incumplió su promesa de anunciar el miércoles la ruta para votar a nueve magistrados suplentes de la Sala IV y trasladó la decisión a los jefes de fracción.
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, no anunció este miércoles 23 de setiembre la ruta para retomar la votación de la nómina de nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional, pese a que se había comprometido a hacerlo antes de que terminara la sesión plenaria, según confirmó CRHoy. La sesión del miércoles pasó por el control político, un receso y el uso de la palabra de varios diputados, y terminó a las 5 p.m. por reglamento sin que Jiménez diera a conocer una decisión, de acuerdo con la misma fuente. El tema pasó a la agenda de la reunión de jefes de fracción de este jueves 24 de setiembre, donde se definirá la ruta para cumplir con el fallo de la Sala IV del 30 de julio. El bloqueo se sostiene desde marzo, cuando la bancada oficialista de Pueblo Soberano (PPSO) comenzó a votar en blanco para impedir la elección de la nómina de 18 candidatos, hasta agotar once rondas sin nombrar a ningún magistrado suplente. La Sala Constitucional ya resolvió que esos votos en blanco no pueden usarse para frenar el proceso y ordenó que, de repetirse, se sumen al candidato con más apoyos -un mecanismo conocido como voto integral que los diputados oficialistas Nogui Acosta y José Miguel Villalobos calificaron de intromisión en las competencias de la Asamblea, según El Observador CR. La secretaría de la Sala IV contabiliza 124 expedientes -entre recursos de amparo, hábeas corpus y acciones de inconstitucionalidad- sin resolver por falta de esos magistrados, como ha informado esta edición. No está claro si el oficialismo aceptará aplicar el mecanismo de voto integral que la Sala IV ya validó, ni si la reunión de jefes de fracción de este jueves producirá una fecha concreta de votación en el Plenario.
Los sindicatos Sinae-Afines, Fectsalud, Sinass y Sifupcr advirtieron este jueves 24 de setiembre que convocarán una nueva huelga en los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social si la institución no paga la totalidad de los atrasos salariales antes de que termine octubre, según reportó Infobae. El aviso llega después de que la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, informara que sus equipos técnicos trabajan en la revisión individual de los casos y prevén cerrar los trámites pendientes a mediados de octubre, de acuerdo con la misma fuente. El nuevo plazo se suma al desacuerdo que ya existía sobre la magnitud del problema: los sindicatos rechazan la cifra de 482 casos que divulgó la CCSS y sostienen que los atrasos no solo incluyen salarios sin pagar, sino también pagos parciales, diferencias por tiempo extraordinario y componentes salariales que el nuevo Sistema Integrado de Gestión de Personas (SIPE) no ha incorporado correctamente, según Semanario Universidad. La huelga del 17 de setiembre, que dejó 216 cirugías suspendidas, ya había surgido del mismo sistema, implementado desde julio, como ha informado esta edición. No está claro cuántos trabajadores tienen realmente pagos pendientes, ya que la CCSS y los sindicatos continúan sin un conteo conjunto verificable, ni si la institución cumplirá el plazo de octubre que la propia gerencia médica se fijó.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, cuestionó esta semana las condiciones que el Ministerio de Hacienda pretende imponer para que el Poder Judicial pueda disponer de sus propios recursos en el presupuesto 2027, según reportaron La República y CRHoy. El proyecto de presupuesto nacional, presentado el 1 de setiembre por el ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, redujo la asignación del Poder Judicial de ¢541.525,7 millones en 2026 a ¢530.973,2 millones para 2027 -una caída de ¢10.552,5 millones, equivalente a 1,9%- y además congela ¢30.000 millones adicionales bajo nuevas reglas de ejecución, de acuerdo con La Nación. Aguirre calificó el recorte y las condiciones de “mazazo a la democracia” y advirtió que las nuevas reglas -que incluirían el aval de la Comisión de Ingresos y Gastos Públicos para trasladar fondos entre partidas- comprometen la independencia del Poder Judicial más allá del monto recortado, según CRHoy. El Gobierno ya había reducido el recorte original de ¢27.000 millones a ¢11.000 millones después de que magistrados y jerarcas del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial advirtieran que la cifra inicial paralizaría la institución en 2026, como reportó Monumental. El proyecto de presupuesto debe pasar por la Comisión de Hacendarios a más tardar el 20 de octubre antes de sus dos debates en el Plenario, que deben concluir antes del 30 de noviembre. No está claro si el Gobierno modificará las condiciones de ejecución que cuestiona Aguirre, ni si la Corte Suprema recurrirá a acciones legales adicionales, como ya evaluó en agosto frente al recorte al presupuesto de 2026.
El tribunal constitucional determinó que el proyecto que limita el derecho de familiares a callar en delitos sexuales contra menores no tiene vicios de trámite ni de fondo.
La Sala Constitucional resolvió por unanimidad este miércoles 23 de setiembre que el proyecto de reforma al artículo 36 de la Constitución Política, tramitado bajo el expediente 23.729, no contiene vicios de procedimiento ni de fondo, según confirmaron La Nación y El Observador CR. La reforma, presentada por la exdiputada liberacionista Carolina Delgado, elimina la posibilidad de que familiares de una persona investigada se abstengan de declarar cuando se trata de delitos sexuales contra personas menores de edad. El proyecto ya había recibido un primer debate en julio y ahora regresa a la Asamblea Legislativa para su segundo debate, con el aval expreso del tribunal constitucional. La reforma incorpora, además, la obligación del Estado de garantizar acompañamiento institucional integral durante el proceso penal a las víctimas, según Delfino.cr. La Fundación Sin Miedo había pedido en marzo la aprobación de la medida para evitar que el derecho a no declarar de un familiar termine protegiendo al agresor y prolongando la revictimización de menores, de acuerdo con la misma fuente. No está claro cuándo la Asamblea Legislativa programará el segundo debate ni si el aval unánime de la Sala Constitucional acelerará su votación definitiva, la última que necesita el proyecto para convertirse en reforma constitucional.
El fenómeno de El Niño provocó la muerte de reses por falta de alimento en los cantones de Carrillo, La Cruz, Bagaces, Liberia, Santa Cruz y Nicoya, además de plagas en cultivos y el desplazamiento de especies marinas hacia aguas más frías, según reportó La Nación este jueves 24 de setiembre. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) declaró sequía meteorológica para todo el Pacífico, el Valle Central y la zona Noroeste, mientras 23 acueductos rurales aplican racionamientos por la caída en sus fuentes de agua, de acuerdo con la misma fuente. El fenómeno se encuentra en fase de intensidad fuerte, con anomalías de temperatura en el Pacífico ecuatorial que en agosto superaron las registradas en el mismo mes de 1997 y 2015, y podría alcanzar intensidad muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027, según el boletín del IMN citado por La Nación. La Comisión Nacional de Emergencias ya había ampliado las alertas por el fenómeno el 18 de setiembre, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería identificó al sector agropecuario como uno de los más expuestos al déficit de lluvias, que en la región del Pacífico Norte alcanza el 37%, de acuerdo con El Observador CR. No está claro cuántas cabezas de ganado se han perdido en total ni qué monto en pérdidas agrícolas calculan el MAG o las cámaras del sector, ya que ninguna de las fuentes consultadas ofrece todavía una cifra consolidada al cierre de esta edición.
— El Instituto Meteorológico Nacional declaró sequía en el Pacífico, el Valle Central y la zona Noroeste, mientras productores reportan muertes de ganado y plagas en al menos seis cantones.
Costa Rica cerró este jueves 24 de setiembre con la presidenta Laura Fernández respondiéndole públicamente al presidente colombiano Abelardo de la Espriella sobre las redes criminales que Colombia busca desplazar, después de que el mandatario le pidiera estudiar la eliminación de la visa a colombianos. En la Asamblea Legislativa, los jefes de fracción abordan la ruta para retomar la votación de nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional, después de que la presidenta Yara Jiménez incumpliera su promesa de anunciarla el miércoles. Los sindicatos de la CCSS advirtieron que convocarán una nueva huelga en los hospitales si la Caja no paga la totalidad de los atrasos salariales antes de que termine octubre, mientras el presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, calificó de “mazazo a la democracia” las condiciones que el Ministerio de Hacienda impone al presupuesto del Poder Judicial para 2027. La Sala Constitucional, por su parte, avaló sin vicios la reforma que limita el derecho de familiares a callar en delitos sexuales contra menores, y el Instituto Meteorológico Nacional declaró sequía meteorológica en buena parte del país por El Niño. Ninguno de estos cinco frentes -la gira a Colombia, los magistrados suplentes, la amenaza de huelga en la CCSS, el presupuesto del Poder Judicial o la sequía- tiene resolución definitiva al cierre de esta edición.