La Corte Plena reeligió por unanimidad a Carlo Díaz para un segundo y último periodo, la Comisión de Hacendarios enfrenta hoy el plazo para dictaminar el presupuesto 2027 en medio del condicionamiento del PLN sobre el mercado eléctrico, la comisión especial de narcotráfico y financiamiento político sigue sin asignar su noveno puesto, y el Banco Central recorta su proyección de crecimiento para el año.
La Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia reeligió este lunes 19 de octubre al fiscal general Carlo Díaz para un segundo periodo de cuatro años, con el voto a favor de los 21 magistrados presentes en la sesión, según confirmaron Teletica, CRHoy y El Financiero CR. El nuevo nombramiento corre hasta octubre de 2030 y, de acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público citada por los mismos medios, es la única reelección posible bajo la ley: Díaz no podrá optar a un tercer periodo. En 2022 había obtenido 15 votos de los entonces 22 magistrados; esta vez el respaldo fue unánime entre los presentes. La votación cierra una disputa que acompañó a Díaz desde setiembre, cuando el empresario Juan Carlos Bolaños y el abogado Randall Sequeira pidieron sin éxito que la Corte abriera un concurso público en lugar de una reelección directa -propuesta que la Corte Plena había rechazado 21 votos a 1-, y que incluyó críticas públicas del expresidente Rodrigo Chaves y de la presidenta Laura Fernández a la gestión del Ministerio Público. La Nación recogió que Díaz recibió una evaluación de desempeño de 98,95% en 2025, la cifra que sus aliados en la Corte citaron como respaldo técnico frente a los cuestionamientos políticos. La Nación reportó además que, tras conocer el resultado, Díaz afirmó directamente que espera "seguir siendo un estorbo para algunos malos ciudadanos", una frase que ya genera reacciones divididas entre sectores que la Fiscalía ha investigado en los últimos años. El Ministerio Público no ha confirmado cambios en su cúpula para el nuevo periodo.
La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa tiene como plazo este martes 20 de octubre para rendir sus informes sobre el proyecto de Presupuesto Nacional 2027, según reportaron Delfino.cr y La República. El texto mantiene el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en ₡593.484 millones, el mismo monto de 2026, después de que las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y el CONARE cerraran sin acuerdo en abril -el Gobierno ofreció 0% de aumento frente al 2,94% que pedían las universidades-, por lo que la definición final quedó en manos de los diputados, con el oficialismo del PPSO en mayoría dentro de la comisión tras las elecciones de febrero. El conflicto universitario ya tiene efectos concretos: Semanario Universidad reportó que la sede del Tecnológico de Costa Rica en Limón entrará en cierre técnico el resto de este año por un recorte aplicado en el segundo presupuesto extraordinario de 2026, y que el proyecto 2027 mantendría ese impacto sobre esa y otras sedes regionales. En paralelo, CRHoy y Delfino.cr confirmaron que el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, condicionó la participación de su partido en las conversaciones sobre apertura del mercado eléctrico a que el Gobierno retire las mociones de recorte universitario que el PPSO impulsa en Hacendarios -la misma disputa que ya había tensado la relación entre ambas agendas la semana pasada. El CONARE acordó que la UCR y la UNA renuncien a cualquier eventual aumento del FEES 2027 que se apruebe en la discusión legislativa, para que esos recursos adicionales se dirijan al TEC, la UNED y la UTN. Los dictámenes de Hacendarios, si se aprueban hoy, todavía deben pasar al Plenario antes de convertirse en ley.
La comisión especial que investigará los presuntos vínculos del narcotráfico y el crimen organizado con el financiamiento de las campañas electorales de 2022 y 2026 aún no tiene definido a su noveno integrante, según reportó CRHoy. El plenario aprobó por unanimidad crear el órgano -con cinco diputados del oficialista PPSO, dos del PLN, uno del Frente Amplio y uno de las fracciones unipersonales-, pero el reparto de esa última curul sigue disputado entre Abril Gordienko, del PUSC, y Claudia Dobles, del CAC, de acuerdo con Teletica. Un reporte del 14 de octubre citado por ese mismo medio daba a Dobles como la opción más probable, aunque sin confirmación oficial al cierre de esta edición. La Presidencia Legislativa, a cargo de Yara Jiménez, tiene previsto instalar formalmente la comisión el próximo 27 de octubre. El órgano revisará además si los controles institucionales existentes detectaron a tiempo irregularidades en el financiamiento de los partidos, un antecedente directo de la comisión que investigó la infiltración del narco en campañas de la zona sur y que terminó cerrada sin conclusiones por falta de pruebas, según recordó Observador.cr. La Fiscalía, ya con Carlo Díaz reelecto al frente, mantiene además una investigación de oficio sobre presuntos nexos políticos y de financiamiento electoral vinculados a Guobin Tam Zhang, de acuerdo con Semanario Universidad. Mientras no se resuelva el noveno puesto, la comisión no puede sesionar en pleno. Diputados de oposición han advertido, según Observador.cr, que el precedente de la comisión de la zona sur -cerrada sin resultados tras meses de trabajo- es la principal razón para exigir reglas claras de plazos antes de instalar el nuevo órgano.
— Entre Abril Gordienko, del PUSC, y Claudia Dobles, del CAC, sigue sin resolverse quién ocupará la curul reservada a las fracciones unipersonales, a días de la instalación formal de la comisión.
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) redujo su proyección de crecimiento económico para 2026 de 3,5% a 3,4%, la segunda revisión a la baja del año, según reportaron Rio Times y Semanario Universidad. La entidad atribuye el ajuste a una moderación en el consumo de los hogares y en la demanda externa que compra bienes costarricenses. La inflación interanual, por su parte, se ubicó en -0,17% en agosto, el decimosexto mes consecutivo de variación de precios a la baja, de acuerdo con cifras del INEC citadas en el mismo reporte; el BCCR ya había recortado su tasa de política monetaria a 3,00% en julio en respuesta a esa presión deflacionaria. El comercio exterior muestra una señal mixta: el Banco Central prevé que las exportaciones de bienes crezcan 7,5% este año, frente al 13,3% registrado en 2025, mientras que las exportaciones de servicios caerían -1,3%, una contracción que la entidad vincula directamente a la salida de operaciones de empresas electrónicas como Intel y Qorvo del país. Ese dato contrasta con el cierre de 2025, cuando Semanario Universidad reportó que el propio BCCR había revisado al alza el crecimiento de ese año hasta 4,6%, aunque advirtiendo ya entonces sobre preocupaciones persistentes en el mercado laboral. La lectura oficial insiste en que la economía sigue creciendo, solo que a menor ritmo; la salida de Intel y Qorvo, sin embargo, es la primera vez que el Banco Central nombra explícitamente a empresas de zona franca como causa de una revisión a la baja en las exportaciones de servicios, un giro que las cámaras empresariales todavía no han comentado públicamente.
La cifra del OIJ es menor que los 640 casos registrados en la misma fecha de 2025, pero mantiene al país por quinto año consecutivo sobre la barrera de los 600 homicidios dolosos.
Costa Rica contabilizaba 607 víctimas de homicidio doloso al 24 de setiembre de 2026, según cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) citadas por La República y Diario Extra. La cifra es menor que la registrada en la misma fecha de 2025 (640 casos), pero suficiente para que el país complete un quinto año consecutivo por encima de los 600 homicidios anuales. San José concentra la mayor cantidad de casos, con 166, seguido por Limón, con 153, de acuerdo con el desglose provincial que recoge el mismo reporte del OIJ. El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, pidió cautela frente a la mejora, según declaraciones recogidas por La República en febrero, cuando una caída inicial del 20% en los primeros meses del año generó expectativas de un cierre más bajo. Esa cautela contrasta con proyecciones más optimistas: en junio, La República citaba una proyección de cierre de año de unos 726 homicidios, mientras que el propio OIJ había proyectado en otro momento hasta 800 casos para 2026, con mayor atención reforzada en Cartago y el sur de San José, según Observador.cr. Ninguna de esas proyecciones está confirmada; son estimaciones preliminares sujetas a los datos reales que el OIJ publique en enero. El año de referencia para medir el retroceso sigue siendo 2023, cuando el país registró 905 homicidios, su cifra más alta en la historia reciente. Un informe del Estado de la Nación 2025 contabilizó 7.486 homicidios entre enero de 2014 y agosto de 2025, el marco en el que el Gobierno de Laura Fernández -heredero en seguridad del enfoque de mano dura anunciado por la propia presidenta al asumir en mayo- deberá mostrar resultados sostenidos antes de que termine el año.
El lunes empezó con la incertidumbre sobre la reelección de Carlo Díaz y termina este martes con esa pregunta despejada por unanimidad, mientras la Asamblea Legislativa define hoy mismo el destino del presupuesto universitario de 2027 y la comisión narco-política sigue sin poder sesionar en pleno por falta de un noveno integrante. El Banco Central, mientras tanto, recordó que el ciclo económico no se mueve al ritmo de la política: una desaceleración gradual conviven con dieciséis meses seguidos de inflación negativa. Los tres hilos -judicial, presupuestario y de seguridad- comparten un mismo trasfondo: la administración de Laura Fernández, que asumió en mayo con el respaldo explícito de buena parte del aparato chavista, enfrenta ahora un otoño legislativo cargado de decisiones que no dependen solo de ella. Lo que decida hoy Hacendarios sobre el FEES, y lo que resuelva la Asamblea sobre el noveno puesto de la comisión narco, marcará el tono de las próximas semanas tanto como lo hizo, este lunes, la Corte Plena.