La presidenta Laura Fernández cierra su visita a El Salvador sin acuerdos confirmados, la Corte Plena llega a la víspera del voto por la reelección del fiscal general, la Contraloría eleva al 4,8% del PIB el déficit del presupuesto extraordinario que recorta a las universidades públicas, y la Asamblea avanza en la comisión que investigará nexos del narcotráfico con el financiamiento político.
La presidenta Laura Fernández recorrió el viernes 16 de octubre las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, como parte de su visita oficial de tres días centrada en cooperación de seguridad, según confirmó Teletica. La mandataria fue recibida por los ministros salvadoreños de Seguridad y de Defensa, y visitó la armería y el pabellón 3 del centro penitenciario, pero no brindó declaraciones a la prensa pese a que se esperaba que lo hiciera, de acuerdo con el mismo medio. El viaje, que Fernández inició el viernes tras ser recibida en el aeropuerto de El Salvador por la canciller Alexandra Hill Tinoco, incluyó una reunión bilateral con el presidente Nayib Bukele centrada en seguridad regional, cooperación técnica e intercambio de información, según Delfino.cr. La visita llega una semana después de que el Gobierno costarricense inaugurara el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una megacárcel de 5.100 cupos inspirada explícitamente en el modelo salvadoreño, como ha reportado esta edición. Fernández había anunciado que plantearía a Bukele la propuesta salvadoreña, divulgada el 13 de octubre, de otorgar libertad condicional a cerca de la mitad de los presos acusados de colaborar con pandillas, según reportó Europa Press. Ninguno de los dos gobiernos ha confirmado la firma de convenios ni publicado una agenda detallada de los temas tratados en la reunión con Bukele, y no está claro si la presidenta ofrecerá declaraciones a su regreso, previsto para este domingo. La invitación oficial de El Salvador tampoco precisó de antemano los puntos de la cooperación, por lo que el contenido concreto de la visita seguía sin aclararse al cierre de esta edición.
A dos días de que la Corte Plena vote la reelección del fiscal general Carlo Díaz, dos de los cuatro magistrados que aspiran a la presidencia del Poder Judicial -Gerardo Rubén Alfaro y Damaris Vargas- optaron por no adelantar su respaldo y dijeron que primero revisarán el informe de fin de gestión de Díaz, según confirmó Teletica. Los otros dos aspirantes, Patricia Solano y Patricia Vargas, ya anunciaron que votarán a favor de la reelección, al igual que el magistrado Jorge Araya, de acuerdo con La Nación. La votación del lunes ocurre con un antecedente disciplinario reciente sobre la mesa: en 2025 la Corte Plena le impuso a Díaz una amonestación escrita, en una votación dividida de 16 a 6 frente a quienes pedían suspenderlo, por reportar tarde el conflicto de interés que implicaba nombrar en la Fiscalía a una mujer con la que mantenía una relación sentimental, según Observador. El fiscal necesita el respaldo de al menos 12 de los 22 magistrados para continuar cuatro años más en el cargo, el mismo umbral que deberá alcanzar quien gane la presidencia de la Corte el 26 de octubre, elección en la que compiten Alfaro y Vargas junto a Solano y Patricia Vargas. No está claro si Alfaro y Vargas definirán su voto antes de la sesión del lunes, ni si ese antecedente disciplinario pesará en la decisión final de los 22 magistrados; el nombramiento actual de Díaz vence el 31 de octubre, por lo que la Corte debería abrir un concurso exprés si no logra la mayoría requerida en primera ronda.
Patricia Solano, Patricia Vargas, Gerardo Alfaro y Damaris Vargas detallan sus prioridades de gestión de cara al debate público que la Corte Plena celebrará el día de la votación, mientras el magistrado Luis Fernando Salazar descarta postularse.
Los cuatro magistrados que compiten por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia -Patricia Solano, Patricia Vargas, Gerardo Rubén Alfaro y Damaris Vargas- detallaron ante la prensa sus prioridades de gestión de cara a la votación del lunes 26 de octubre, según confirmaron CRHoy y Teletica. El magistrado Luis Fernando Salazar, de la Sala Constitucional, que había valorado postularse, descartó finalmente su candidatura y la papeleta quedó en cuatro nombres. Solano, magistrada desde noviembre de 2018, centra su propuesta en la gestión interna y en mejorar la comunicación del Poder Judicial hacia la ciudadanía; Patricia Vargas plantea defender la independencia judicial, la sostenibilidad presupuestaria de la institución y un diálogo nacional contra la delincuencia organizada, de acuerdo con CRHoy. Alfaro pone el acento en reducir la mora judicial -el 15% de los expedientes del Poder Judicial supera los diez años sin resolución, según el mismo medio- mediante reformas procesales penales, mientras Damaris Vargas, actual vicepresidenta, propone atacar esa misma mora con inteligencia artificial y un combate frontal al crimen organizado. El día de la elección, la Corte Plena realizará un debate público en el que cada aspirante expondrá sus ideas ante el resto de magistrados antes de la votación, según Teletica. Cualquiera de las cuatro candidaturas necesita al menos 12 de los 22 votos de la Corte Plena para sucedir a Orlando Aguirre; no está claro si alguna los reunirá en primera ronda, y el resultado se conocerá una semana después de que la misma Corte Plena resuelva, este lunes 19, si reelige al fiscal general Carlo Díaz.
La Contraloría General de la República advirtió ante la Comisión de Asuntos Hacendarios que el segundo presupuesto extraordinario de 2026 -expediente 25.803- elevaría el resultado financiero del Gobierno central de 4,3% a 4,8% del producto interno bruto (PIB), con un déficit de ¢2,5 billones, el mayor deterioro fiscal desde 2020, según confirmaron La Nación y Semanario Universidad. El balance primario del Gobierno pasaría a ser negativo por primera vez desde 2021, con un faltante de ¢30.000 millones, de acuerdo con la delegación de la Contraloría encabezada por el subcontralor en funciones, Bernal Aragón. El proyecto recorta ¢168.000 millones del gasto y pide autorización para endeudarse por ¢187.000 millones, ante una caída de ¢373.000 millones en los ingresos tributarios previstos para este año, según Semanario Universidad. Entre los recortes está una rebaja de ¢1.972 millones en las transferencias a las cuatro universidades públicas -¢492,9 millones menos cada una para la UCR, la UNA, el TEC y la UNED-, que Hacienda justifica con recursos sobrantes por el tipo de cambio. La rectora del TEC, María Estrada, advirtió que ese recorte obligaría a cerrar de inmediato el Centro Académico de Limón, con un impacto directo en 394 estudiantes y 30 funcionarios, según Teletica. El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, respondió que la advertencia es “una forma de extorsión política” y que el TEC tiene recursos sin usar, de acuerdo con El Mundo CR. Los rectores de las cinco universidades estatales denunciaron además otras mociones del oficialismo que recortarían ¢26.000 millones adicionales en gastos operativos para 2026 y 2027; las universidades pidieron un aumento de 2,94% del Fondo Especial de Educación Superior (FEES) 2027 y el Poder Ejecutivo ofreció 0%, un desacuerdo previo que ahora se cruza con el recorte específico al TEC. No está claro si la Comisión de Hacendarios modificará esa partida antes de dictaminar el proyecto, ni si el TEC cerrará efectivamente la sede de Limón si el texto se aprueba sin cambios.
Es una forma de extorsión política
Costa Rica recibió 118.888 turistas por todas las vías durante setiembre de 2026, un 2,4% menos que en el mismo mes de 2025, según datos difundidos por Diario Extra; medido solo por vía aérea, El Financiero Costa Rica reportó 102.474 viajeros, un 1,7% menos que en setiembre del año anterior. Ambas cifras, que usan universos distintos -todas las vías de entrada frente a solo la aérea-, coinciden en que setiembre fue el segundo mes consecutivo de caída en la llegada de visitantes. El dato contrasta con el acumulado del año: entre enero y setiembre de 2026 llegaron 2.127.506 extranjeros por vía aérea, un 5,4% más que en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con El Financiero. El primer trimestre había sido el mejor de la historia, con 959.738 turistas aéreos, un 12,9% más que un año antes, según el Instituto Costarricense de Turismo, citado por Semanario Universidad. Estados Unidos sigue siendo el principal mercado emisor, pero sus llegadas cayeron en agosto y en setiembre, mientras Canadá creció 18,9% en setiembre frente al mismo mes de 2025, según El Financiero. No está claro si la caída de agosto y setiembre marca el inicio de una desaceleración sostenida o es una oscilación estacional; el Instituto Costarricense de Turismo no ha publicado todavía un dato preliminar de octubre, y el Banco Central tampoco ha actualizado su proyección de crecimiento del sector para el cierre de 2026.
La Asamblea Legislativa definió los diputados que integrarán la comisión especial para investigar presuntos vínculos del narcotráfico, el crimen organizado y la legitimación de capitales con el financiamiento de los partidos políticos en las campañas de 2022 y 2026, según confirmó CRHoy. El plenario había aprobado crear ese órgano el 8 de octubre, con el respaldo unánime de los 52 diputados presentes, y el Directorio Legislativo debe conformarlo formalmente el 27 de octubre, de acuerdo con Delfino.cr. El bloque oficialista de Pueblo Soberano impulsó la comisión a partir del caso del extraditable Guobin Tam Zhang, pero Liberación Nacional (PLN) exige que la pesquisa incluya también la campaña con la que Rodrigo Chaves llegó a la presidencia en 2022 bajo la bandera del Partido Progreso Social Democrático, según CRHoy. El oficialismo, por su parte, busca reabrir casos de financiamiento electoral que el Congreso anterior ya había investigado, una intención que la oposición cuestiona por considerarla selectiva. La comisión tendrá potestad para examinar las relaciones de personas investigadas con partidos, comandos de campaña y funcionarios, y para recomendar reformas al control de fondos ilícitos en la política. No está claro si el texto final de la comisión incluirá explícitamente la campaña de Chaves de 2022 entre los casos a revisar, ni cuánto tiempo tomará el trabajo una vez que el Directorio la conforme el 27 de octubre; la información sobre la integración de diputados proviene de CRHoy, sin que esta edición hallara al cierre un comunicado oficial del Directorio Legislativo con el listado final confirmado.
— El Directorio Legislativo integrará el 27 de octubre la comisión que investigará nexos del narcotráfico con el financiamiento de campañas, mientras Liberación Nacional exige que también se revise la candidatura con la que Rodrigo Chaves llegó a la presidencia.
La jornada cierra con la presidenta Laura Fernández a punto de regresar de su visita oficial a El Salvador, donde recorrió el viernes el CECOT junto a funcionarios del gobierno de Nayib Bukele sin que ninguno de los dos países confirmara acuerdos firmados. En el Poder Judicial, la Corte Plena vota este lunes 19 de octubre la reelección del fiscal general Carlo Díaz -dos de los cuatro aspirantes a la presidencia de la Corte prefieren revisar primero su informe de gestión-, y una semana después, el 26 de octubre, los cuatro candidatos expondrán sus propuestas en un debate público para sucederle a Orlando Aguirre. En lo económico, la Contraloría advirtió que el segundo presupuesto extraordinario de 2026 elevaría el déficit fiscal a 4,8% del PIB, en la misma semana en que el recorte a las universidades públicas desató un choque entre el TEC y el Ministerio de Educación por el futuro de la sede de Limón. El turismo, mientras tanto, mostró señales mixtas -cae en setiembre pero mantiene un alza acumulada de 5,4% en el año-, y la Asamblea Legislativa avanzó en integrar la comisión que investigará los nexos del narcotráfico con el financiamiento político, un proceso que el PLN quiere extender a la campaña de Rodrigo Chaves de 2022.