La Comisión de Hacendarios cerró ayer el plazo para dictaminar un presupuesto 2027 que recorta Educación y seguridad mientras sube el gasto en salarios, la Asamblea llega hoy al límite para votar la apertura del mercado eléctrico sin los 38 votos necesarios, la comisión narco-política sigue sin su noveno integrante, y la presidenta Laura Fernández profundiza su patrón de choque institucional con el Congreso.
La Asamblea Legislativa llega este miércoles 21 de octubre al vencimiento del plazo para continuar el trámite del proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, expediente 23.414, que se mantiene congelado desde que obtuvo su aprobación en primer debate únicamente con los 27 votos de la bancada oficialista de Pueblo Soberano, lejos de los 38 que exige el Reglamento Legislativo para un segundo debate, según reportó La República. El Partido Liberación Nacional (PLN), cuyos votos son indispensables para alcanzar esa cifra, condicionó su regreso a cualquier negociación eléctrica a que el Poder Ejecutivo retire los recortes que el proyecto de presupuesto 2027 aplica a las universidades públicas, de acuerdo con Delfino.cr. El proyecto busca abrir la generación y comercialización de electricidad a empresas privadas, una reforma que el Gobierno de Laura Fernández presenta como clave para bajar tarifas a los grandes consumidores industriales, pero que el PLN rechaza porque, según ha argumentado esa fracción citada por La República, rompe el principio de solidaridad tarifaria y encarece la factura de los hogares y las pequeñas empresas para abaratarla a las industrias de mayor consumo. La propia presidenta ya había desconvocado el expediente de las sesiones extraordinarias meses atrás en medio de ese desacuerdo, llegando a calificar al PLN y al Frente Amplio de "partidos comunistas" por oponerse a la reforma, según recogió Semanario Universidad. Si el plazo vence hoy sin que la Asamblea programe una nueva fecha de votación, el proyecto quedaría en los hechos archivado hasta que el Directorio Legislativo decida reactivarlo, aunque ninguna fracción ha confirmado al cierre de esta edición si habrá una prórroga o una votación de último momento.
El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 reduce en 13,4% la transferencia a Educación, de ₡2.771.516 millones a ₡2.400.000 millones, y recorta 18,5% los recursos para orden público y seguridad frente a lo asignado en 2026, según cifras recopiladas por Semanario Universidad. La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa tenía hasta ayer martes 20 de octubre para rendir su dictamen sobre el proyecto, que el Ministerio de Hacienda presentó en setiembre por ₡12,4 billones, un 3,1% menos que el presupuesto 2026, con el 38% del gasto financiado con deuda, de acuerdo con Observador.cr. El recorte convive con un aumento selectivo: el propio Ministerio de Hacienda incluyó ₡1.895 millones adicionales para el pago de salarios y remuneraciones en 2027, según confirmó CRHoy, una decisión que contrasta con las reducciones en otras carteras. Diputados han expresado preocupación por el posible impacto de los recortes sobre el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y otros programas sociales, aunque Hacienda niega que esas áreas se vean afectadas, de acuerdo con el mismo medio. El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) universitario, por su parte, se mantiene en ₡593.484 millones, el mismo monto de 2026, tras la ruptura de las negociaciones entre el Gobierno y el Conare. No está confirmado al cierre de esta edición si la Comisión de Hacendarios logró dictaminar el expediente dentro del plazo de ayer ni qué mociones de las más de cien pendientes fueron finalmente incorporadas; el texto debe pasar después al Plenario para su aprobación definitiva antes de que termine el año.
Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, asumió la presidencia el 8 de mayo de 2026 tras ganar en primera ronda las elecciones de febrero, convirtiéndose en la segunda mujer y la persona número 50 en ocupar el cargo, según confirmó Infobae. Antes había sido ministra de la Presidencia durante el gobierno de Rodrigo Chaves, de quien hereda tanto la base legislativa oficialista como el estilo de confrontación directa con la oposición, un rasgo que Teletica describió en un reportaje sobre sus primeros 100 días como una gestión "marcada por la confrontación". Ese estilo se repite en los frentes que ocupan esta semana la agenda nacional: respaldó la reelección sin concurso público del fiscal general Carlo Díaz pese a las críticas que generó ese mecanismo; su Ministerio de Hacienda mantiene congelado el FEES universitario en el mismo monto de 2026 pese a la presión de los rectores; y, en el proyecto de apertura eléctrica, llegó a calificar al PLN y al Frente Amplio de "partidos comunistas" por negarse a respaldar la reforma sin los 38 votos necesarios, según recogió Semanario Universidad. El mismo patrón de confrontación marcó su gira a El Salvador, cuando evitó declaraciones públicas sobre los acuerdos de seguridad discutidos con Nayib Bukele, de acuerdo con Teletica. El propio Congreso le puso límites concretos a ese estilo: el PLN, pese a la confrontación retórica, sostiene la llave de los votos que el Ejecutivo necesita tanto para el presupuesto como para la reforma eléctrica, por lo que el desenlace de ambos expedientes en las próximas semanas será la primera prueba real de si la confrontación le funciona a Fernández o si termina sin ninguna de sus dos reformas insignia.
El PLN y el Frente Amplio son partidos comunistas.
La disputa por la novena curul, entre el PUSC y una fracción unipersonal, repite el cuello de botella que ya dejó sin conclusiones a la comisión que investigó el narco en la zona sur.
La comisión especial que investigará presuntos vínculos del narcotráfico con el financiamiento de las campañas de 2022 y 2026 sigue sin poder sesionar en pleno: su noveno puesto, reservado a una fracción unipersonal, continúa disputado entre Abril Gordienko, del PUSC, y Claudia Dobles, del CAC, sin que el Directorio Legislativo lo haya resuelto a una semana de la fecha prevista para instalar formalmente el órgano, el 27 de octubre, según confirmaron CRHoy y Teletica. El antecedente directo es incómodo: la comisión que investigó la infiltración del narcotráfico en campañas de la zona sur cerró sin conclusiones por falta de pruebas, después de meses de trabajo, según Observador.cr. Diputados de oposición citados por ese medio han advertido que ese precedente es la principal razón para exigir reglas claras de plazos antes de instalar la nueva comisión. Mientras no se resuelva la novena plaza, la comisión no puede sesionar en pleno ni fijar su propio cronograma de trabajo; el 27 de octubre, fecha en que el Directorio Legislativo debe conformarla formalmente, será la primera señal de si logra evitar el destino de su antecesora.
La jornada de este miércoles concentra dos plazos que vencen casi al mismo tiempo: el de la Comisión de Hacendarios para dictaminar un presupuesto 2027 que recorta Educación y seguridad mientras aumenta el gasto en salarios, y el del proyecto de apertura del mercado eléctrico, que llega a su fecha límite sin los 38 votos que necesita para el segundo debate. En ambos casos, el PLN sostiene la llave de los votos que el oficialismo no tiene por sí solo. De fondo, la comisión especial sobre narcotráfico y financiamiento político sigue sin poder sesionar por falta de su noveno integrante, a una semana de la fecha en que debería instalarse formalmente. Son tres frentes distintos con un denominador común: el gobierno de Laura Fernández necesita a la misma Asamblea que acusa de bloquear sus reformas para que cualquiera de ellas avance.