La presidenta anuncia ₡11.000 millones de recorte firme y condiciona otros ₡29.844 millones a tres requisitos, la oposición y la Corte Suprema calculan hasta ₡45.000 millones si se suman ambos montos, y Azofras y el BCCR difieren sobre cuánto crecerán las zonas francas de cara al Congreso del sector del 26 de octubre.
La presidenta condiciona la entrega de otros ₡29.844 millones a tres requisitos, entre ellos una auditoría del fideicomiso judicial en el Banco de Costa Rica, en un giro frente a la cifra que había manejado Hacienda.
La presidenta Laura Fernández anunció que el recorte firme al presupuesto del Poder Judicial para 2027 será de ₡11.000 millones y no de los ₡27.000 millones que había planteado inicialmente el Ministerio de Hacienda, según reportaron La República y Diario Extra. "Ahí tienen la plata", dijo Fernández al presentar el ajuste. La mandataria indicó que otros ₡29.844 millones -el monto que la Comisión de Hacendarios dejó congelado en su dictamen del martes pasado- se liberarán en tractos sujetos a tres condiciones, entre ellas que las cuentas auditadas del fideicomiso para infraestructura judicial en el Banco de Costa Rica pasen por revisión de la Comisión Legislativa para el Control del Ingreso y el Gasto Público. El anuncio no elimina el monto condicionado que ya cubrió esta edición el martes: lo reclasifica. Según una nota de Teletica citada por ambos medios, el recorte original tiene dos componentes -₡10.553 millones sin condiciones y los ₡29.844 millones sujetos a las tres condiciones-, por lo que la cifra de ₡11.000 millones que destacó Fernández corresponde solo a la porción incondicional, cercana al 2% del presupuesto judicial total según sus propios cálculos. El Poder Judicial debe ahora decidir si cumple las tres condiciones para acceder al monto congelado; no hay plazo público para esa respuesta al cierre de esta edición. El Plenario legislativo retoma la discusión completa del presupuesto 2027 el 2 de noviembre, instancia en la que la reclasificación podría volver a discutirse.
La diputada Claudia Dobles cuestionó la cifra de ₡11.000 millones que anunció la presidenta Fernández y sostuvo que el recorte real, sumando los ₡29.844 millones condicionados, se acerca a los ₡45.000 millones, según recogió Observador.cr. La diputada Diana Murillo, del PLN, agregó que el Poder Judicial "no puede depender de dinero condicionado para hacer su trabajo". La directora ejecutiva del Poder Judicial afirmó, de acuerdo con el mismo medio, que la institución ya perdió más de ₡21.000 millones entre 2025 y 2026 por decisiones presupuestarias previas del Ejecutivo. Fernández rechazó esas advertencias. "No es mi problema que el Poder Judicial no sepa gerenciar la plata que tiene", dijo la presidenta según Teletica, y añadió en otra comparecencia citada por El Mundo CR que "no voy a ser el chivo expiatorio del Poder Judicial". Ese cruce repite el patrón de confrontación directa con instituciones que no responden a Casa Presidencial que esta edición ya documentó esta semana con las universidades y la Asamblea Legislativa por la reforma eléctrica. Ninguna de las dos partes ha cedido en la cifra real del recorte al cierre de esta edición; la Comisión Legislativa para el Control del Ingreso y el Gasto Público todavía no fija fecha para revisar la auditoría del fideicomiso judicial, el primer paso que exige el Ejecutivo para liberar los fondos condicionados.
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) proyecta en su Informe de Política Monetaria de julio que la producción de los regímenes especiales -que incluyen a las empresas de zonas francas- crecerá 4,6% en 2026, muy por debajo del 12,7% registrado en 2025. La Asociación de Empresas de Zonas Francas (Azofras), en cambio, calcula un crecimiento de 6,1% para este año y de 7% en 2027, según cifras que difundió esa agrupación antes del VI Congreso de Zonas Francas, programado para el 26 de octubre en el Centro de Convenciones de Costa Rica. La discrepancia se repite en las cifras de empleo: el BCCR habla de más de 265.000 puestos directos e indirectos generados por el régimen, mientras Procomer reportó 197.038 empleos directos en 2024 y otra medición cita 221.295 entre directos e indirectos, según los distintos reportes recopilados por La República, CRHoy y Observador.cr; las fuentes no coinciden entre sí y ninguna institución ha explicado públicamente la diferencia al cierre de esta edición. El país exportó bienes por USD 9.535 millones entre enero y mayo de 2026, con los dispositivos médicos como principal rubro -45% del total-, de acuerdo con Observador.cr. El sector identifica el tipo de cambio, los costos de producción y la seguridad jurídica como sus prioridades para sostener la competitividad, según el mismo medio; el Congreso del lunes podría ser la primera instancia en que BCCR y Azofras expliquen públicamente por qué sus proyecciones difieren. Costa Rica no tiene, al cierre de esta edición, una cifra oficial única de crecimiento del régimen para 2026.
El Poder Judicial se suma esta semana a la lista de instituciones con las que el gobierno de Laura Fernández mantiene un choque abierto: la reforma eléctrica quedó archivada el martes por falta de los 38 votos necesarios, el Conare sigue sin acuerdo sobre el FEES universitario, y ahora la Corte Suprema cuestiona tanto el monto como el método del recorte a su presupuesto 2027. Los tres frentes comparten un mismo patrón, documentado por Teletica en un reportaje sobre los primeros 100 días de la mandataria: confrontación directa con instituciones que no responden a Casa Presidencial. Fernández, que asumió el 8 de mayo tras ganar en primera ronda las elecciones de febrero, heredó de Rodrigo Chaves tanto la bancada legislativa de Pueblo Soberano como ese estilo de gobierno. A diferencia de la reforma eléctrica -donde el obstáculo fueron los votos que el oficialismo no tiene en la Asamblea- y del FEES -una negociación que lleva meses estancada-, el caso judicial se resuelve por decisión unilateral del Ejecutivo, que fija las condiciones para liberar los fondos sin necesidad de negociar con nadie. El desenlace de los tres frentes se cruza en las próximas semanas: el Plenario discute el presupuesto completo a partir del 2 de noviembre y la Comisión Legislativa para el Control del Ingreso y el Gasto Público todavía no agenda la revisión que exige el Ejecutivo para liberar los ₡29.844 millones condicionados al Poder Judicial.
— Al archivo de la reforma eléctrica y al pulso con las universidades por el FEES se añade ahora la disputa con la Corte Suprema, en la primera gran prueba institucional de un gobierno que cumplió apenas cinco meses.
La jornada de este sábado deja a Laura Fernández reclasificando -no eliminando- el recorte al Poder Judicial: ₡11.000 millones firmes frente a los ₡27.000 millones que había planteado Hacienda, con otros ₡29.844 millones condicionados a una auditoría del fideicomiso judicial en el Banco de Costa Rica. La oposición y la propia Corte Suprema calculan que el recorte real, sumando ambos montos, se acerca a los ₡45.000 millones. De fondo, Azofras y el BCCR llegan con proyecciones distintas de crecimiento al VI Congreso de Zonas Francas del 26 de octubre, el tercer frente económico-institucional de una semana que ya dejó archivada la reforma eléctrica y sin resolver la negociación del FEES universitario. Son disputas separadas con un denominador común: instituciones que no responden a Casa Presidencial y que, hasta ahora, le han puesto límites concretos al gobierno de Fernández.