La Uccaep y los sindicatos presentan propuestas opuestas para el salario mínimo de 2027, 16 diputados de oposición impugnan ante la Sala Constitucional el proyecto de jornadas 4x3 mientras una auditoría de la Contraloría cuestiona a las zonas francas que lo piden, el consolidado de octubre eleva a 18.234 los despidos tecnológicos del mes y un análisis de Littler halla que las empresas evitan la IA generativa en la selección de personal.
La Unión Costarricense de Cámaras pide un alza general de 1,70% para 2027, mientras los sindicatos piden entre 1,70% y 2,23%; el Gobierno expone su posición ante el Consejo Nacional de Salarios el próximo lunes 26 de octubre.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) planteó ante el Consejo Nacional de Salarios (CNS) un incremento general de 1,70% para los salarios mínimos del sector privado en 2027, propuesta que respaldó también la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), según confirmaron Diario Extra y Teletica. Los sindicatos presentaron el lunes 19 de octubre dos posiciones distintas ante el mismo órgano: un bloque pidió un aumento general de entre 1,70% y 2,23%, mientras otro grupo sindical solicitó revisar la metodología que el CNS usa para fijar los mínimos, de acuerdo con el recuento de Delfino.cr. El resultado de esta negociación regirá desde el 1 de enero de 2027 para cerca de dos millones de trabajadores del sector privado; para 2026, el mismo Consejo aprobó un aumento general de 1,63%. La discusión llega después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reportara, el 1 de octubre, que el desempleo subió a 6,7% en el trimestre junio-agosto, frente a 6,0% un año antes, con 157.364 personas desocupadas -un aumento de unas 20.000 personas que el INEC calificó de estadísticamente significativo-, lo que explica por qué los sindicatos insisten en un ajuste mayor al de este año. El Gobierno todavía no ha presentado su posición ante el CNS; el Ministerio de Trabajo tiene previsto exponerla en la sesión del lunes 26 de octubre, según su propia agenda de comunicados. El Consejo debe conciliar las tres posturas -empresarial, sindical y gubernamental- antes de fijar el decreto que regirá los salarios mínimos de 2027.
Dieciséis diputados de oposición presentaron el 12 de octubre una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala Constitucional contra el proyecto de jornadas 4x3, que permitiría turnos de 12 horas durante cuatro días con tres de descanso. El recurso alega cuatro vicios de procedimiento y once de fondo, según el detalle que publicó Delfino.cr. El plenario había aprobado el proyecto en primer debate el 7 de octubre, por 31 votos a favor -30 del oficialista Pueblo Soberano y uno del PUSC- y 19 en contra, con oposición del PLN y el Frente Amplio, de acuerdo con el recuento de La Teja. La presidenta Laura Fernández ha defendido el proyecto como condición para atraer inversión extranjera, y la Asociación de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras) pidió públicamente la reforma al argumentar que el régimen sostiene 265.000 empleos directos e indirectos, según recogió El Observador. Esa defensa choca con una auditoría de la Contraloría General de la República que halló, en una revisión de 29 expedientes de empresas de zona franca exoneradas de ₡652.413 millones en impuestos, que 25 carecían de documentación completa y que 17% de las compañías revisadas no cumplió sus compromisos de empleo o inversión, según publicó Semanario Universidad -un hallazgo que complica el argumento de que el régimen necesita más flexibilidad laboral para seguir generando los puestos que, según la propia Contraloría, no siempre llega a verificar. La Sala Constitucional no ha fijado, al cierre de esta edición, una fecha para resolver la consulta de los 16 diputados, un plazo que puede frenar el segundo debate del proyecto en la Asamblea Legislativa. Esta sección seguirá si el Gobierno insiste en la vía rápida para la votación final antes de que termine el período de sesiones extraordinarias.
Las empresas que han anunciado despidos en octubre de 2026 suman 18.234 puestos de trabajo repartidos en 49 compañías, según el rastreo que mantiene el sitio especializado Layoff Hedge. El recorte más grande del mes lo encabeza Kroger, con 3.000 empleos corporativos en tres años -reportado por esta sección el jueves-, seguido por el grupo postal británico Royal Mail, con 2.500 puestos, y la farmacéutica GSK, con 1.217, de acuerdo con el mismo conteo. La cifra de octubre se suma a un año que, según un análisis de Financial Times que recoge el boletín especializado AI Weekly, ya acumula alrededor de 140.000 despidos tecnológicos en Estados Unidos en 2026 -más de un tercio de todos los recortes anunciados en ese país este año-, con Amazon, Oracle, Meta y Microsoft concentrando cerca de 50.000 de esos puestos. La información del consolidado de octubre proviene únicamente de Layoff Hedge, sin que esta sección haya podido confirmarla de forma independiente con cada empresa listada al cierre de esta edición. Ninguna de las tres empresas que encabezan el recorte de octubre -Kroger, Royal Mail y GSK- mantiene una operación relevante conocida en Costa Rica, por lo que el efecto directo sobre el empleo tico es marginal; el país sigue más expuesto a la desaceleración que atraviesa su propio régimen de zonas francas, documentada por esta sección esta semana.
La firma legal laboral Littler publicó un análisis en el que documenta que un número creciente de empleadores en Estados Unidos evita el uso de inteligencia artificial generativa durante los procesos de contratación, pese a la presión por adoptar la tecnología para acelerar el filtrado de currículums. Según la firma, las compañías temen que los modelos generativos introduzcan sesgos no verificables contra grupos protegidos y que esa falta de trazabilidad derive en demandas bajo las leyes antidiscriminación vigentes en varios estados. El hallazgo contrasta con la presión comercial que viven las áreas de recursos humanos para adoptar inteligencia artificial en el reclutamiento -un terreno donde, según reportó esta sección el jueves, 68% de los profesionales de RR. HH. en Estados Unidos ya dice tener dificultad para cubrir vacantes-. La cautela legal que describe Littler sugiere que esa presión no se traduce, al menos todavía, en una adopción generalizada de IA generativa para decisiones de contratación, sino en herramientas más acotadas de automatización administrativa. Costa Rica no cuenta, al cierre de esta edición, con jurisprudencia ni normativa laboral específica sobre el uso de inteligencia artificial en procesos de selección de personal, por lo que un caso de sesgo algorítmico similar al que describe Littler se resolvería hoy, en el país, bajo las reglas generales del Código de Trabajo contra la discriminación. La información de este reporte proviene únicamente de Littler, sin confirmación independiente de otra firma legal al cierre de esta edición.
— La firma legal laboral Littler documenta que un número creciente de empleadores evita la inteligencia artificial generativa en la selección de personal por temor a sesgos y demandas, justo cuando Costa Rica no tiene normativa específica sobre el tema.
La edición de este viernes 23 de octubre encuentra al Consejo Nacional de Salarios con posiciones opuestas sobre el ajuste de 2027: la Uccaep propone un alza general de 1,70%, los sindicatos piden entre 1,70% y 2,23%, y el Gobierno expondrá su posición el próximo lunes 26 de octubre. En paralelo, 16 diputados de oposición llevaron el proyecto de jornadas 4x3 a la Sala Constitucional, mientras una auditoría de la Contraloría cuestiona el cumplimiento de las zonas francas que piden esa reforma. En el plano internacional, el consolidado de octubre de Layoff Hedge eleva a 18.234 los despidos tecnológicos del mes en 49 empresas, encabezados por Kroger, Royal Mail y GSK, mientras un análisis de la firma legal Littler documenta que varios empleadores estadounidenses evitan la inteligencia artificial generativa en sus procesos de selección por temor a demandas. Esta sección seguirá, la próxima semana, la posición que presente el Gobierno ante el Consejo Nacional de Salarios el lunes 26 de octubre y si la Sala Constitucional fija fecha para resolver la consulta sobre las jornadas de 12 horas.