Un ataque de drones de 1.000 kilómetros sacude San Petersburgo; el mundo en comicios y la Unión Europea a diez días de aplicar su prohibición total del gas ruso.
Las Fuerzas Especiales y el SBU completaron una operación de ~1.000 km contra la flota rusa del Báltico la noche del 6 de junio, horas después de que Putin rechazara negociar.
El 6 de junio, Ucrania ejecutó un ataque de drones de largo alcance contra la base naval de Kronstadt, a las afueras de San Petersburgo, golpeando el Arsenal Naval de la Marina (mantenimiento de submarinos y buques de superficie de la Flota Báltica), la planta reparadora Kronstadt Marine Plant y los almacenes de munición de la 15.a Arsenal en Lebyazhye. Un ataque paralelo de 500 km alcanzó el depósito de petróleo Poltavskaya en Krasnodar, desencadenando un incendio de 5.000 m² sobre una instalación con 28 tanques de combustible. Rusia derribó 376 drones en total durante la noche; más de 140 solo sobre la región de Leningrado, según el Ministerio de Defensa ruso. El ataque ocurrió en la jornada final del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, horas después de que Putin afirmara públicamente que no negociaría con Kyiv. Las operaciones disrumpieron brevemente el segundo aeropuerto comercial más grande de Rusia. El Gobierno ucraniano lo describió como «el ataque más profundo» de la guerra a infraestructura militar rusa, según CNN. El ángulo contrario: analistas del Institute for the Study of War (ISW) advierten que los ataques de drones a infraestructura naval y petrolera rusa generan titulares pero tienen impacto operativo limitado sobre el frente terrestre, donde continúa la guerra de posiciones. La respuesta de Rusia en el frente de Sumy Oblast — renovada presión que busca estirar las líneas ucranianas — podría ser la consecuencia más concreta del ataque en el corto plazo. Costa Rica no tiene posición pública sobre los ataques ucranianos en territorio ruso, más allá de su respaldo general a la soberanía e integridad territorial de Ucrania en el marco de la ONU.
La guerra Israel-Líbano, iniciada el 2 de marzo de 2026 con la invasión israelí en reanudación del conflicto con Hezbolá, dejó más de 3.500 muertos (combatientes y civiles) y más de un millón de desplazados —más del 20% de la población libanesa— al 6 de junio, según datos de la ONU. Un acuerdo condicional de alto al fuego negociado por funcionarios de EE.UU. fue anunciado el 4 de junio, pero Hezbolá lo rechazó el mismo día exigiendo la retirada previa de tropas israelíes del territorio libanés; Israel rechazó esa precondición. Se reportaron más de 100 ataques en un período de 24 horas alrededor del 5-6 de junio. Irán advirtió el 5 de junio que la continuación del conflicto podría desencadenar una «guerra más amplia», una amenaza que Washington interpretó como presión sobre las negociaciones paralelas de alto al fuego que los dos países mantienen desde el cese de hostilidades directas de abril de 2026. El conflicto libanés es la variable que más complica la negociación nuclear EE.UU.-Irán: Teherán ha vinculado el futuro de Hezbolá a sus condiciones en la mesa nuclear. El impacto en Costa Rica es marginal en términos directos, pero la comunidad libanesa residente en el país —una de las más grandes de Centroamérica, estimada en 20.000 personas— sigue el conflicto con angustia familiar y mantiene canales humanitarios activos.
Negociadores de EE.UU. e Irán alcanzaron un acuerdo tentativo para extender el alto al fuego de abril —que pausó una guerra de tres meses entre ambos países— por 60 días adicionales y abrir una nueva ronda de negociaciones nucleares. El memorando propuesto reabriría el Estrecho de Ormuz (cuyo cierre desencadenó una crisis energética global), levantaría el bloqueo naval estadounidense de puertos iraníes e iniciaría conversaciones sobre el programa de enriquecimiento de uranio iraní. Los puntos de conflicto sin resolver incluyen el stockpile de uranio iraní enriquecido al 60% (440,9 kg, a un paso técnico del nivel armamentístico del 90%), la demanda iraní de que el conflicto con Líbano se resuelva como parte del acuerdo, y los activos iraníes congelados. Según Bloomberg, la negociación tiene al Estrecho de Ormuz como la pieza más urgente: la perturbación del flujo de petróleo durante el conflicto empujó el precio del Brent por encima de $97 por barril. Un cierre definitivo de Ormuz representa el 20% del comercio marítimo global de petróleo. Costa Rica, que importa casi el 100% de su petróleo, sintió el efecto en precios de combustibles durante el período de conflicto; un acuerdo prolongado aliviaría esa presión.
Armenia celebra elecciones parlamentarias el 7 de junio, con resultados pendientes al cierre de esta edición. La encuesta del 6 de junio posicionaba al partido oficialista Civil Contract (Kaghakatsiakan Paymanagir) con 47,2% de intención de voto, seguido del bloque DOK con 12,9% y el bloque de Samvel Karapetyan con 10,7%. El resultado determinará si Armenia profundiza sus vínculos con la UE y continúa el proceso de paz con Azerbaiyán sobre Nagorno-Karabaj, o si una coalición pro-rusa reconfigura la política exterior del país. Observadores de la OSCE/ODIHR están presentes; los resultados preliminares se esperan el 8 de junio. Armenia es un caso de estudio sobre países pequeños que navegan entre grandes potencias, un patrón relevante para Costa Rica y sus propios equilibrios geopolíticos.
Perú celebra el ballotage presidencial del 7 de junio entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular, derecha) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú, izquierda), quienes avanzaron desde una primera vuelta del 12 de abril con 17% y 12% respectivamente, entre 35 candidatos. Fujimori disputa su cuarta carrera presidencial —hija del expresidente Alberto Fujimori—; Sánchez fue ministro de Comercio Exterior bajo el gobierno de Pedro Castillo. El voto es obligatorio para todos los peruanos. El resultado moldeará la posición de Lima en negociaciones con el FMI, la política de minería (uno de los principales sectores exportadores) y las relaciones con Venezuela y Cuba. Para Costa Rica, cuyas exportaciones a Perú incluyen dispositivos médicos y productos agroindustriales, el resultado tiene implicaciones comerciales indirectas, pero el CPTPP —del que Perú ya es miembro— seguirá en pie independientemente del ganador.
El 17 de junio entrará en vigor el ban de la Unión Europea sobre el gas ruso proveniente de contratos de corto plazo (firmados antes del 17 de junio de 2025), como parte del 20.o paquete de sanciones adoptado el 23 de abril de 2026. El GNL ruso bajo la misma categoría ya fue prohibido el 25 de abril. Los contratos de largo plazo de gas por gasoducto se prohibirán entre el 30 de septiembre y el 1 de noviembre de 2027. Europa importaba aproximadamente 35.000 millones de metros cúbicos anuales de gas ruso que quedarán completamente bloqueados. Europa reemplazó parte del gas ruso con GNL noruego, qatarí y estadounidense, pero el costo de la transición disparó las facturas energéticas en 2022-2024, impulsando inflación y desindustrialización en Alemania e Italia. En 2026, los precios del gas europeo (TTF) se han estabilizado por debajo de los picos de 2022, pero siguen siendo el doble de los niveles previos a la guerra. Costa Rica, que depende en menos de 1% de gas natural importado para su matriz energética (dominada por hidroeléctricas y geotérmica), tiene exposición indirecta vía precios internacionales de transporte y fertilizantes derivados del gas.
El 7 de junio concentra en 24 horas tres ejes geopolíticos que no tienen precedente de simultaneidad reciente: Ucrania ejecutó su ataque de drones más profundo en el territorio de Rusia; Armenia y Perú celebran elecciones con implicaciones regionales significativas; y la Unión Europea completa en diez días su desconexión energética definitiva de Moscú. El acuerdo tentativo EE.UU.-Irán es la única nota que señala hacia la desescalada. Los mercados globales, que ya reaccionaron esta semana al dato de empleo de EE.UU., seguirán atentos a si el ceasefire iraní prospera — de ello depende la estabilidad del Estrecho de Ormuz y los precios del petróleo.