La presidenta Mónica Taylor presenta el martes 19 su hoja de ruta para el cuatrienio mientras la Defensoría expone irregularidades en el ERP-SAP y la Contraloría advierte sobre brechas quirúrgicas en la Región Brunca
La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Mónica Taylor, presenta este 19 de junio ante la Junta Directiva y los medios su plan estratégico para el período 2026-2030, que tiene como eje central reducir las listas de espera a través de tecnología y reorganización de la atención primaria.
El plan que presenta Taylor es el primero de la administración Fernández y llega en un contexto de presión máxima: 1.44 millones de pacientes en lista de espera, 678 muertes documentadas de personas que esperaban atención entre 2022 y 2025, y una deuda histórica del Estado con la CCSS que supera los ₡1.6 billones. Los pilares del plan incluyen cuatro áreas. Primero, inteligencia artificial para depuración y priorización de listas de espera, incluyendo el sistema piloto ya activo para mamografías que prioriza automáticamente casos según nivel de sospecha radiológica. Segundo, reorganización de la atención primaria: a partir de julio, los médicos de Ebáis podrán prescribir directamente medicamentos y estudios de especialidades sin necesidad de referir al paciente a una consulta especializada para esa sola gestión. Tercero, nueva infraestructura quirúrgica en la Región Brunca —donde la Contraloría detectó brechas críticas esta semana— y ampliación de quirófanos en el Hospital México. Cuarto, un plan de negociación de la deuda del Estado que busca comprometer pagos escalonados en el presupuesto nacional de los próximos cuatro años. Los críticos señalan que planes similares han existido en administraciones anteriores. La diferencia que Taylor enfatiza: por primera vez, el plan tiene compromisos de indicadores verificables con plazos específicos, y la Contraloría tendrá acceso a los datos de seguimiento en tiempo real.
La CCSS presentó esta semana ante representantes de la Organización Panamericana de la Salud el sistema de inteligencia artificial que opera desde marzo en el servicio de imagenología para mamografías. El sistema analiza las imágenes y las clasifica automáticamente en tres niveles de urgencia, permitiendo que los radiólogos dediquen su tiempo a los casos de mayor complejidad y riesgo. Los resultados preliminares de los primeros tres meses son positivos: el tiempo promedio de lectura por caso bajó de 4.2 días a 1.8 días para los casos urgentes, y la tasa de reconvocatoria —cuando hay que llamar al paciente porque la imagen no era concluyente— bajó un 12% gracias a la retroalimentación en tiempo real que el sistema ofrece al técnico durante la toma. El segundo módulo de IA, para depuración de listas de espera, funciona de forma diferente: analiza el expediente del paciente, los últimos registros de atención y la evolución de la condición para identificar casos donde la espera está generando deterioro clínico activo. Esos casos se marcan para revisión prioritaria. La tecnología base no es un desarrollo propio de la CCSS: utiliza modelos de lenguaje y visión artificial de terceros adaptados al contexto clínico local. El costo del piloto fue de $1.2 millones, considerablemente menos que lo que costaría contratar los radiólogos adicionales necesarios para lograr el mismo impacto.
La Defensoría de los Habitantes publicó el 16 de junio un informe que detalla cómo la CCSS implementó su sistema ERP-SAP en 2025 pese a múltiples advertencias internas sobre riesgos operativos no resueltos. El documento señala que al menos tres auditorías internas previas al lanzamiento identificaron fallas en la migración de datos históricos de pacientes y en la integración con los sistemas de farmacia. El ERP-SAP es el sistema de gestión hospitalaria que la CCSS contrató por $172 millones para modernizar sus procesos administrativos y clínicos. La Defensoría señala que la prisa por mostrar avances antes del cambio de administración llevó a lanzar el sistema con fallas conocidas, lo que generó interrupciones en la atención durante las primeras semanas de operación. La Contraloría General de la República publicó simultáneamente un informe sobre la Región Brunca —que incluye los hospitales de Pérez Zeledón, San Vito y Ciudad Neily— que identifica brechas críticas en infraestructura quirúrgica: varios quirófanos están fuera de servicio por falta de mantenimiento, y la lista de espera quirúrgica en la región supera el doble del promedio nacional. La CCSS respondió a ambos informes con un comunicado que reconoce las deficiencias identificadas y anuncia medidas correctivas, sin especificar plazos concretos para la resolución de los problemas del ERP-SAP.
A partir de julio de 2026, los médicos generales en los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) de la CCSS podrán prescribir directamente medicamentos y exámenes que actualmente requieren una consulta con especialista para autorizar. El cambio apunta a uno de los cuellos de botella más evidentes del sistema: miles de pacientes acuden a consulta de especialidad únicamente para que el médico les firme una receta o solicite un examen de control que el médico del Ebáis podría perfectamente manejar si tuviera la autorización para hacerlo. Al eliminar ese paso intermedio, la CCSS espera liberar entre el 15% y el 20% de las consultas de especialidad para casos que realmente requieren atención diferenciada. El programa incluye capacitación obligatoria de cuatro horas para los médicos de Ebáis en los protocolos de las especialidades más demandadas: endocrinología, cardiología y reumatología. La capacitación se ofrece en línea a través del campus virtual de la UCIMED en convenio con la CCSS. La Asociación de Médicos Especialistas expresó preocupaciones sobre la medida, señalando que algunas condiciones pueden parecer simples desde atención primaria pero requerir valoración especializada. La CCSS respondió que el protocolo incluye criterios claros de derivación.
La CCSS confirmó en documentos presentados ante la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa que 678 personas murieron entre 2022 y 2025 mientras esperaban atención en la lista de espera. El número llegó a los medios la semana pasada y generó consternación, pero hay que leer los matices antes de interpretar la cifra. Primero, la mayoría de esas muertes no son directamente atribuibles a la espera: en muchos casos, el paciente desarrolló una condición terminal mientras esperaba por una condición diferente, o la enfermedad progresó de formas que habrían ocurrido incluso con atención oportuna. La CCSS no ha publicado un análisis de mortalidad evitable que separe estos casos. Segundo, 678 en tres años y medio es alrededor de 193 por año sobre una lista de 1.44 millones de pacientes —una tasa del 0.013%. Eso no significa que la situación sea aceptable, sino que el framing de la discusión importa: la lista de espera es un problema grave de equidad y calidad de vida, no necesariamente la causa directa de la mayoría de esas muertes. Tercero, el verdadero problema puede ser más difícil de cuantificar: los pacientes que deterioran su calidad de vida de forma permanente por esperar, sin morir pero con consecuencias que habrían sido evitables.
La hoja de ruta que presenta Mónica Taylor este 19 de junio no puede ignorar el contexto cuantitativo: la CCSS administra el sistema de salud más grande de Centroamérica con una complejidad que pocas instituciones del mundo pueden comparar.
La semana del 19 de junio es la más importante para la CCSS en lo que va de la administración Fernández. La hoja de ruta de Taylor, los informes de Defensoría y Contraloría, y la implementación de la IA en mamografías confluyen en el momento de mayor visibilidad pública de la institución en 2026. Lo que viene ahora es la implementación. Los planes de la CCSS tienen un historial poco alentador en ese departamento: el ERP-SAP que la Defensoría acaba de cuestionar era, hace tres años, el plan que iba a solucionar los problemas administrativos. La diferencia que señalan los técnicos que conocen la institución: la IA aplicada a procesos clínicos concretos —como la priorización de mamografías— tiene resultados medibles en semanas, no en años. El dato más importante que no aparece en ninguno de los informes de esta semana: la CCSS necesita que el Estado le pague su deuda para poder financiar las inversiones que el plan requiere. Sin ese flujo, los planes son papel. El Ministerio de Hacienda tiene esa pelota en su cancha, y el presupuesto de 2027 que se discutirá en agosto será el primer indicador real de si la voluntad política está a la altura del diagnóstico. La próxima semana: primera ronda de consulta pública sobre el plan estratégico de Taylor y respuesta formal de la CCSS a los informes de la Defensoría.