La Asamblea Mundial de la Salud aprueba una resolución vinculante sobre hepatitis viral y un plan de acción renovado para la resistencia a los antibióticos 2026-2036.
El informe World Health Statistics 2026, publicado esta semana durante la 79ª Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, concluye que el mundo está lejos de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con salud para 2030. El documento señala que el progreso, ya desigual antes de la pandemia, se desaceleró o retrocedió en indicadores clave: la esperanza de vida global cayó 1,8 años entre 2019 y 2021 y no ha recuperado el nivel pre-pandemia; la cobertura universal de salud avanza a la mitad del ritmo necesario para alcanzar la meta del ODS 3.8; y la mortalidad por enfermedades no transmisibles en adultos menores de 70 años supera las proyecciones. La directora general Tedros Adhanom Ghebreyesus señaló en su discurso de apertura que los sistemas de salud no fracasaron durante la pandemia de COVID-19, sino que mostraron sus fragilidades preexistentes. El ángulo crítico: el propio informe reconoce que el subregistro de datos es significativo en los países de ingreso bajo y medio, lo que implica que las cifras globales probablemente subestiman la magnitud real del retroceso. Para Costa Rica, el informe es relevante porque la CCSS usa los indicadores del ODS 3 como referencia para sus metas quinquenales. La Presidenta Ejecutiva de la CCSS tiene pendiente presentar ante la Junta Directiva en junio el plan de adaptación para los próximos cinco años.
Las 194 delegaciones de la Asamblea comprometieron a los estados miembro con metas de diagnóstico y tratamiento actualizadas para reducir las muertes por hepatitis B y C antes de 2030.
La 79ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó este martes una nueva resolución sobre hepatitis viral que fija metas vinculantes para el diagnóstico y el acceso al tratamiento: para 2030, el 90% de las personas con hepatitis B o C deben estar diagnosticadas y el 80% en tratamiento. La resolución también compromete a los estados a integrar la detección de hepatitis en los programas de atención primaria y a garantizar el acceso a antivirales de acción directa (DAA) en los sistemas de salud públicos, según la Coalición Hep. La hepatitis viral afecta a 354 millones de personas en el mundo, genera 1,1 millones de muertes al año y es la principal causa de cáncer de hígado. A pesar de existir tratamientos curativos para la hepatitis C desde 2014, más del 70% de las personas que la tienen no saben que la portan. El principal obstáculo es el precio de los antivirales en los mercados de ingreso medio, aunque el ingreso de genéricos ha reducido el costo por tratamiento de USD 80.000 a menos de USD 100 en muchos países. En Costa Rica, la CCSS incorporó el tratamiento de hepatitis C con sofosbuvir-ledipasvir en su lista oficial de medicamentos desde 2020. El programa tiene una lista de espera activa; la nueva resolución de la OMS presionará al sistema a ampliar la cobertura y reducir los tiempos de diagnóstico.
La actualización 2026-2036 del plan endurece los compromisos y suma tecnologías de diagnóstico rápido como herramienta central para reducir la prescripción inapropiada.
La 79ª Asamblea Mundial de la Salud revisó y actualizó el Plan de Acción Global sobre Resistencia Antimicrobiana (AMR) para el período 2026-2036. La nueva versión endurece las metas anteriores: los estados miembro se comprometen a reducir en un 30% el uso de antibióticos de importancia crítica en medicina humana que no van acompañados de un diagnóstico de confirmación bacteriana para 2030. Para alcanzar esa meta, el plan apuesta por la expansión de pruebas de diagnóstico rápido en el punto de atención, que permiten al médico confirmar si la infección es bacteriana o viral antes de prescribir. La AMR mata hoy a más de 1,27 millones de personas al año de forma directa y contribuye a la muerte de al menos 4,95 millones más, según el estudio Lancet de 2022 que sigue siendo la referencia. El mecanismo de la resistencia es evolutivo y acumulativo: cada uso innecesario de antibiótico presiona a las bacterias a mutar hacia formas resistentes. La crítica de la industria farmacéutica al plan: las metas de reducción no van acompañadas de incentivos para desarrollar nuevos antibióticos, y el pipeline de desarrollo de antibióticos está en el nivel más bajo en treinta años. En Costa Rica, la CCSS tiene un programa de uso racional de antimicrobianos activo desde 2018, pero el consumo de antibióticos en farmacias privadas sin prescripción médica —ilegal pero frecuente— sigue siendo un problema que las autoridades del Ministerio de Salud reconocen sin haberlo resuelto.
La Organización Mundial de la Salud actualizó el miércoles el conteo de la emergencia por Ébola variante Bundibugyo en la República Democrática del Congo: 38 casos confirmados y 12 fallecidos, todos en la provincia de Kivu Norte, con un caso sospechoso en la zona fronteriza con Uganda que permanece bajo investigación. Los equipos de respuesta rápida de la OMS y Médicos Sin Fronteras están sobre el terreno desde la semana pasada. La variante Bundibugyo es menos letal que la variante Zaire —que causó el brote de 2018-2020 en la RDC— con una tasa de letalidad histórica de entre el 25% y el 34%. No existe vacuna de eficacia demostrada para esta variante, a diferencia de la Zaire para la que hay dos vacunas aprobadas. Los esfuerzos se concentran en rastreo de contactos y aislamiento de casos confirmados. Costa Rica tiene protocolos activos de vigilancia en los puertos de entrada y el Sistema de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud está en alerta verde. La probabilidad de llegada al país es baja dado que no existen rutas aéreas directas desde la zona afectada ni tráfico de viajeros significativo desde Kivu Norte, según la evaluación de la CCSS publicada el martes.
— La emergencia declarada la semana pasada sigue activa; Uganda mantiene vigilancia reforzada en la zona fronteriza mientras los equipos de respuesta delimitan la cadena de transmisión.
La delegación chilena presentó en la 79ª Asamblea un marco conceptual para la gobernanza ética de los datos de salud, con énfasis en los derechos del paciente sobre sus propios registros clínicos y en los requisitos de consentimiento informado para el uso de datos en investigación y entrenamiento de modelos de IA médica. El marco propone un principio de "propiedad funcional" del dato de salud: el paciente no es dueño del dato en sentido legal, pero tiene derecho irrenunciable a controlar su uso para fines distintos de su atención directa. Para Costa Rica, cuya CCSS está modernizando su expediente de salud digital con aceleramiento previsto para 2027, la discusión es directamente aplicable a las decisiones de arquitectura que el sistema tomará en los próximos meses.
Un editorial de The Lancet publicado esta semana denuncia que el sistema humanitario global está fallando a 239 millones de personas que necesitan asistencia en 2026, el mayor número desde el año 2000. Las causas estructurales son tres: el subfinanciamiento crónico de los fondos humanitarios de la ONU (que cierran el año con déficit promedio del 40%), la proliferación de conflictos que superan la capacidad de respuesta existente, y el debilitamiento de los mecanismos de coordinación entre donantes y ejecutores. El editorial pide que la comunidad internacional establezca un mecanismo de financiación anticipatoria (forecast-based financing) que reactive fondos automáticamente cuando los indicadores de crisis superan un umbral definido. Para Costa Rica, el impacto más directo es la presión migratoria: el país recibe flujos de tránsito cuya salud pública genera demanda sobre el sistema de emergencias y los hospitales del CENARE y el San Juan de Dios.
La 79ª Asamblea Mundial de la Salud cierra su primera semana con tres acciones concretas: la resolución vinculante sobre hepatitis, el plan renovado contra la resistencia antimicrobiana y la respuesta activa al Ébola en la RDC. El informe estadístico 2026 confirma que la pandemia borró años de progreso y el ritmo de recuperación es insuficiente. Para la CCSS, la semana ofrece insumos directos para su planificación quinquenal. La próxima sesión en Ginebra define mañana si se prorroga la negociación del Acuerdo de Pandemia o se convoca una sesión especial de la Asamblea antes de 2027.