Laura Fernández asume el 8 de mayo ante advertencias de una 'tormenta perfecta' de riesgos geopolíticos y económicos. La IED supera $5.100 millones por segundo año consecutivo y el país consume 1,6 veces sus recursos naturales.
La politóloga de 39 años del Partido Pueblo Soberano asume el 8 de mayo con una hoja de ruta que incluye reforma del Estado, lucha anticorrupción y apertura comercial.
Laura Virginia Fernández Delgado, presidenta electa de Costa Rica con el 48,5% de los votos en primera vuelta, asume el poder el 8 de mayo de 2026 como la segunda mujer en ocupar la presidencia del país, después de Laura Chinchilla. Fernández, de 39 años y politóloga graduada de la Universidad de Costa Rica, dirigió el Ministerio de Planificación Nacional entre 2022 y 2025 y el Ministerio de la Presidencia en 2024-2025, lo que le da un conocimiento cercano de la maquinaria del Estado que va a presidir. Su plataforma apuesta por una 'Tercera República': reforma institucional, lucha contra la corrupción, promoción de la libre empresa y fortalecimiento de las relaciones con Israel —postura que generará tensión en el contexto del conflicto en Medio Oriente. La transición se produce en un momento de alta incertidumbre geopolítica: el aumento en los precios del petróleo por el cierre del Estrecho de Ormuz y la volatilidad de los mercados globales presionarán la política económica desde el primer día. La victoria de Fernández en primera vuelta fue contundente, pero el apoyo legislativo del Partido Pueblo Soberano en la Asamblea obliga a negociar con otras fracciones para sacar legislación.
El candidato presidencial que quedó en segundo lugar ofreció apoyo a Fernández mientras señalaba los riesgos sistémicos que enfrenta el país.
Álvaro Ramos, candidato del Partido Liberación Nacional que obtuvo el 33,3% de los votos en la elección del 1 de febrero, ofreció esta semana su respaldo a la presidenta electa Laura Fernández para la gestión de lo que describió como una 'tormenta perfecta' de riesgos convergentes. Ramos identificó tres factores: la presión energética derivada del conflicto en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz —que eleva los costos de combustibles importados—, las tensiones geopolíticas que afectan las cadenas de suministro globales y la volatilidad de los mercados financieros internacionales. Costa Rica, con una estructura económica orientada a la exportación de servicios de alta tecnología y con una dependencia significativa de hidrocarburos importados, está expuesta a los tres frentes. El gesto de Ramos es políticamente relevante: marca el inicio de una oposición que se declara constructiva en lugar de obstruccionista, al menos en el período de arranque.
El dato confirma que la atracción de empresas de alta tecnología ha creado un piso estructural difícil de revertir.
Costa Rica cerró 2025 con $5.121,8 millones en flujos de inversión extranjera directa, superando por segundo año consecutivo el umbral de $5.000 millones. El dato, reportado por PROCOMER, refleja la consolidación del país como destino de exportación de servicios de alta tecnología, dispositivos médicos y manufactura avanzada. El sector de servicios habilitados por tecnología sigue siendo el motor principal, impulsado por la presencia de empresas multinacionales como Intel, Amazon, HP, Baxter y decenas de firmas más pequeñas. Para la presidenta electa Fernández, el dato representa un activo político y económico, pero también una responsabilidad: mantener la estabilidad regulatoria, fiscal y de infraestructura que atrajo esa inversión en un entorno global más competitivo y con mayor incertidumbre geopolítica.
Un análisis publicado esta semana señala que Costa Rica llegó en 2024 a consumir el equivalente a 1,6 veces sus propios recursos naturales, según los datos de la Global Footprint Network. El dato contrasta con la imagen internacional del país como modelo de conservación: Costa Rica alberga el 5% de la biodiversidad mundial en el 0,03% de la superficie terrestre y ha reforestado de forma sostenida desde los años noventa. Pero la presión del transporte —todavía mayoritariamente basado en hidrocarburos—, la contaminación de ríos y la expansión urbana generan un desequilibrio que la conservación de bosques no compensa del todo. Carlos Manuel Rodríguez, quien asumirá la dirección ejecutiva de Osa Conservation, señaló que el país enfrenta 'contradicciones entre los avances en conservación y los retrocesos en contaminación y movilidad'. El gobierno saliente y el entrante comparten el desafío de alinear el modelo de desarrollo con los compromisos climáticos internacionales.
— Un informe de la Global Footprint Network revela que el país vive más allá de su capacidad ecológica, mientras sus avances en conservación opacan problemas urgentes.
El Banco Central de Costa Rica reportó que el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) creció 4,7% en términos interanuales en febrero de 2026. Los sectores de servicios —en particular los orientados a la exportación— y la construcción fueron los principales motores del crecimiento. El dato es favorable para la transición de gobierno: Fernández hereda una economía en expansión, aunque los riesgos externos —precios del petróleo, volatilidad cambiaria y desaceleración del comercio global— podrían moderar el ritmo en los próximos trimestres. La inflación, por su parte, se mantiene en niveles bajos en comparación con la región.
El diputado Ariel Robles presentó esta semana una interpelación para cuestionar la inversión de más de $70 millones del gobierno de Rodrigo Chaves en el programa de inglés Open English, señalando que los resultados en términos de dominio del idioma no justifican el gasto. El cuestionamiento llega en las últimas semanas del gobierno de Chaves, que asume sus funciones hasta el 8 de mayo. Open English es una plataforma digital de enseñanza de inglés; la inversión en ella fue presentada por el ejecutivo como una apuesta por la empleabilidad y la competitividad del recurso humano costarricense. Los críticos argumentan que la evaluación de resultados fue insuficiente y que el modelo de contratación no garantizó rendición de cuentas.
La IED consolidada, el IMAE en positivo y la inversión en infraestructura son activos; el planeta que se cierra y la incertidumbre del Golfo son las nubes.
Costa Rica cierra esta semana con la cuenta regresiva hacia el 8 de mayo en marcha. Laura Fernández llega al poder con activos sólidos: una IED que supera los $5.000 millones por segundo año, un IMAE que creció 4,7% en febrero y una reputación internacional de estabilidad democrática que sobrevivió el ciclo Chaves sin daño mayor. Los retos son igualmente reales: la presión ambiental que supone consumir 1,6 veces los recursos propios, un programa de inglés con $70 millones cuestionados que tendrá que auditar, y un entorno geopolítico global que complica la planificación energética y fiscal. La semana también trajo el recordatorio de que Costa Rica participó en los ejercicios militares del Comando Sur, un posicionamiento geopolítico que la nueva presidenta —que prometió fortalecer los lazos con Israel— deberá gestionar con cuidado en el contexto regional.