La Asamblea retoma 66 proyectos en sesiones extraordinarias, el CPTPP espera votos y el BCCR mantiene la TPM en 3.25%.
Pueblo Soberano controla la agenda con mayoría absoluta, pero los proyectos comerciales más sensibles aún esperan consenso interno de la fracción.
La Asamblea Legislativa retomó este lunes sus sesiones extraordinarias con 66 proyectos aprobados para tramitación, entre ellos el Protocolo de Adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (CPTPP). El texto llegó a la corriente legislativa en las últimas semanas del gobierno Chaves y está listo para su revisión, pero la fracción de Pueblo Soberano —que con 31 diputados controla la agenda— no ha definido fecha concreta para la votación, según fuentes parlamentarias consultadas por medios locales. La presidenta Laura Fernández identificó el CPTPP como uno de sus objetivos prioritarios de política comercial. La aprobación depende de que Pueblo Soberano unifique criterios internamente: al menos cinco diputados de esa fracción expresaron reservas sobre las cláusulas de propiedad intelectual y los plazos de protección para sectores agrícolas sensibles, según reportó Delfino.cr. La incorporación al CPTPP abriría acceso preferencial a mercados como Japón, Australia y Vietnam, países con los que Costa Rica no tiene acuerdos comerciales vigentes. El ángulo contrario: la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) advirtió que la adhesión sin reformas complementarias en la legislación laboral y de propiedad intelectual podría generar obligaciones asimétricas —más apertura de mercado para los socios sin reciprocidad efectiva—, un argumento que varios diputados de oposición retomaron esta semana para pedir más tiempo de análisis.
La presidenta Laura Fernández cerró su segunda semana al frente de Casa Presidencial con tres decretos ejecutivos vigentes: uno que modifica el reglamento de cumplimiento de penas para que el año carcelario sea de 360 días calendario completo; uno que establece un protocolo de coordinación interinstitucional contra el crimen organizado; y uno que fija las prioridades del Ejecutivo para el período legislativo 2026-2027. Fernández, quien asumió el 8 de mayo como la segunda mujer en presidir Costa Rica, mantuvo a Rodrigo Chaves como ministro de la Presidencia y Hacienda en lo que analistas describieron como una transición sin precedentes. La oposición —PLN, PUSC y Frente Amplio— cuestionó la decisión de mantener a Chaves en el gabinete, argumentando concentración excesiva de poder. Los tres partidos presentaron mociones para exigir que el Ejecutivo aclare los mecanismos de rendición de cuentas del exmandatario en su nuevo rol. La Contraloría General tiene hasta el 15 de junio para pronunciarse sobre la constitucionalidad del nombramiento.
— La presidenta enfocó sus primeras medidas en seguridad pública, reducción del papeleo estatal y control de la agenda legislativa del Ejecutivo.
El Banco Central de Costa Rica mantuvo la Tasa de Política Monetaria en 3.25% en su última revisión, reafirmando la postura de estabilidad monetaria del primer mes del gobierno Fernández. El tipo de cambio de referencia se ubicó el viernes 24 de mayo en ¢449.07 para compra y ¢455.75 para venta, un rango que el BCCR atribuyó a sus intervenciones activas en el mercado Monex. El Financiero advirtió esta semana que el alza internacional del petróleo podría empezar a presionar el colón en las próximas semanas. Las exportaciones de dispositivos médicos e instrumentos de precisión —que representan más del 40% del valor exportado total del país— siguen siendo el principal generador de divisas, pero los analistas del BCCR proyectan que esa base se enfriará en el segundo semestre si la demanda estadounidense en el sector salud continúa moderándose.
El Ministerio de Salud confirmó el sexto caso de chikungunya en Costa Rica en 2026: una mujer de 53 años de Alajuelita con historial reciente de viaje a Nicaragua. El diagnóstico fue realizado en un establecimiento de la CCSS y confirmado por INCIENSA. Los cinco casos anteriores se distribuyeron en Esparza, Guanacaste, Heredia y Tibás, todos con vínculo epidemiológico a viajes internacionales. Las autoridades sanitarias aclararon que no existe transmisión local sostenida —todos los casos son importados— pero intensificaron la vigilancia vectorial en comunidades con alta densidad de Aedes aegypti, el mosquito transmisor. La información proviene de fuentes oficiales del Ministerio de Salud y fue confirmada por La Nación.
La Caja Costarricense de Seguro Social cerró el traspaso de gobierno con una deuda estatal que la oposición estima en más de ¢2 billones y que el gobierno entrante reconoció públicamente sin ofrecer aún un mecanismo concreto de amortización. Legisladores del PLN y el PUSC exigieron esta semana que el Ejecutivo presente antes del 30 de junio un cronograma de pagos con hitos semestrales verificables, citando las listas de espera —que la CCSS estima en más de 280.000 personas— como consecuencia directa de la subfinanciación estructural del sistema. El gobierno Fernández respondió que la definición del plan requiere una auditoría de los pasivos exactos que la administración anterior no completó de forma pública. El Ministerio de Hacienda, encabezado por Chaves, tiene plazo hasta agosto para presentar el estado real de la deuda. Los partidos de oposición advirtieron que sin fecha ni garantías presupuestarias, cualquier compromiso de pago carece de respaldo legal. Pueblo Soberano, que controla la Asamblea, no ha señalado si respaldará una ley de pago con sanciones automáticas por incumplimiento.
La contracción en renta de personas jurídicas y el enfriamiento de la demanda externa de dispositivos médicos presionan las cuentas fiscales del nuevo gobierno.
Los ingresos totales del gobierno central sumaron ¢1.95 billones en el primer trimestre de 2026, por debajo en términos reales frente al mismo período de 2025, según datos del Ministerio de Hacienda. La caída responde principalmente a una base comparativa alta del año anterior y a una desaceleración en la recaudación del impuesto sobre la renta de personas jurídicas. La OCDE proyectó en su último informe que el crecimiento del PIB de Costa Rica bajará de 4.2% en 2025 a 3.5% en 2026, una desaceleración que el organismo atribuyó al enfriamiento de la demanda externa de dispositivos médicos e instrumentos de precisión. El dato estructural que preocupa a los economistas: Costa Rica concentra más del 40% de sus exportaciones en ese único sector, lo que hace que el desempeño fiscal del país sea muy sensible a los ciclos de demanda de pocas empresas transnacionales. Una reducción en la producción de Intel o Abbott tiene efectos directos en la recaudación, sin que el gobierno disponga de herramientas de corto plazo para compensarla. El nuevo gobierno enfrenta este escenario con espacio fiscal limitado y el gasto en seguridad y CCSS como prioridades declaradas.
Los cortes programados afectan a comunidades de San José, Alajuela y Heredia por obras de mantenimiento y distribución subterránea.
El Instituto Costarricense de Electricidad anunció cortes programados del servicio eléctrico entre el 25 de mayo y el 12 de junio en comunidades de San José, Alajuela y Heredia, por trabajos de mantenimiento de líneas de transmisión, distribución subterránea y control de vegetación. Los cortes serán por horarios específicos, no jornadas completas, aunque el ICE advirtió que los tiempos podrían extenderse si las cuadrillas enfrentan complicaciones técnicas. El gremio de pequeños comerciantes de Heredia pidió este lunes que el ICE establezca un fondo de compensación para negocios que demuestren pérdidas directas atribuibles a los cortes. El ICE respondió que ese trámite requiere legislación específica y que la solicitud debe canalizarse por la Asamblea Legislativa. Para las micro y pequeñas empresas sin planta de respaldo, un corte de cuatro horas en horario de producción puede representar pérdidas que el ICE no está obligado a compensar bajo el marco legal vigente.