Dos de los debates económicos más relevantes del país avanzan en la misma semana: la sostenibilidad de las pensiones y la disciplina fiscal que exige la OCDE y el FMI
La Caja propone ajustes paramétricos en edad de retiro, tasas de cotización y beneficios que buscan extender la vida del régimen sin afectar a los pensionados actuales.
La Caja Costarricense de Seguro Social presentó el 7 de junio ante la Junta Directiva un paquete de 20 medidas para reformar el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el sistema de pensiones contributivo que cubre a más de 350.000 pensionados activos y a 1,2 millones de cotizantes. Las medidas incluyen un incremento gradual de la edad de retiro —de 65 a 67 años para los menores de 45 años actualmente— un aumento de la tasa de cotización patronal de 4,92% a 5,5% en cinco años, y la reducción del porcentaje de beneficio para quienes se acojan al retiro anticipado voluntario. La propuesta no afecta a los pensionados actuales ni a los mayores de 45 años en actividad, según el comunicado de la CCSS y La Nación.El diagnóstico actuarial que sustenta el paquete es severo: sin reformas, el IVM entraría en déficit operativo en 2031 y agotaría sus reservas antes de 2042. La CCSS argumenta que actuar ahora, con cambios moderados y graduales, evita un ajuste brusco posterior. El ángulo contrario es que los sindicatos del sector público y algunas organizaciones gremiales consideran que el incremento de la cotización patronal afecta la competitividad de las empresas pequeñas, y que las reformas no tocan el problema de la evasión de cotizaciones en el sector informal —que representa el 38% de la fuerza laboral costarricense según el INEC. La Junta Directiva tiene 30 días para pronunciarse sobre la propuesta antes de que llegue a la Asamblea Legislativa.
El Fondo Monetario Internacional publicó el 5 de junio la revisión del Artículo IV correspondiente a Costa Rica, en la que respalda la trayectoria fiscal del país y el compromiso del Ministerio de Hacienda con la regla fiscal aprobada en 2019. La revisión valida que Costa Rica está en camino de cumplir sus metas de deuda pública como porcentaje del PIB para 2026-2027, siempre que se mantenga la contención del gasto y no se aprueben exoneraciones fiscales adicionales no compensadas. El Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de la ministra Nogui Acosta Fernández, descartó en conferencia de prensa la posibilidad de nuevos impuestos este año, confirmando la alineación con el diagnóstico del FMI, según La República y el BCCR.La OCDE, en un informe separado publicado por su Comité de Revisión Económica, fue más exigente: identificó tres áreas donde Costa Rica necesita reformas estructurales adicionales para consolidar su ingreso al organismo. Las tres son: simplificación del sistema tributario para reducir la evasión, reforma del servicio civil para vincular salario con rendimiento, y un marco de competencia más robusto en los sectores regulados. Para los costarricenses, la diferencia entre el FMI y la OCDE no es de fondo sino de urgencia: el FMI reconoce los avances, la OCDE advierte que no son suficientes para el estándar que el país tiene que alcanzar.
Un operativo conjunto de la DEA, la Guardia Costera estadounidense y el Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica interceptó el 6 de junio una embarcación con 4,2 toneladas de cocaína a 80 kilómetros al sur de la Península de Osa, en aguas del Pacífico costarricense. El comunicado del Ministerio de Seguridad confirmó la detención de siete personas de nacionalidades costarricense, colombiana y venezolana, y señaló que el cargamento tenía como destino final mercados en Europa vía Centroamérica, según CRHoy y Teletica.El decomiso ocurre en el contexto de un refuerzo de la cooperación bilateral entre Costa Rica y Estados Unidos en materia antinarcóticos, formalizado en el acuerdo de seguridad marítima firmado en febrero de 2026. El OIJ reportó además que la tasa de homicidios acumulada a mayo de 2026 está en camino de quedar por debajo de las 800 muertes anuales por primera vez desde 2018 —una tendencia que las autoridades atribuyen al desmantelamiento parcial de estructuras de crimen organizado local y a la cooperación regional. El desafío es que los grupos criminales se adaptan y relocalizan sus operaciones: los analistas de la OIJ advierten que la reducción de homicidios en el Valle Central coincide con aumento de actividad en zonas costeras y fronterizas.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó el 7 de junio un ajuste de precios de combustibles con vigencia a partir del 15 de junio: la gasolina regular sube 35 colones por litro, el diésel sube 28 colones y la gasolina super sube 40 colones. El ajuste refleja el incremento del precio del petróleo Brent, que cerró la semana en $94 por barril. RECOPE informó que las reservas estratégicas están en niveles adecuados para la demanda prevista hasta agosto, según la ARESEP y El Financiero CR.El alza tiene impacto diferencial según el modo de transporte: para los usuarios del sistema de autobús, la tarifa no cambia automáticamente —las empresas de autobús deben solicitar ajuste tarifario a la ARESEP en un proceso separado. Los usuarios de vehículo particular verán el impacto inmediato. El precio de la gasolina regular en Costa Rica llegará a aproximadamente ₡1.030 por litro, lo que la ubica por encima del precio en Panamá pero por debajo del de Nicaragua y Guatemala, donde los subsidios han distorsionado el mercado.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó el 6 de junio los resultados de la Encuesta Continua de Empleo del primer trimestre de 2026, con una tasa de desempleo nacional del 9,6% —0,4 puntos porcentuales menos que el mismo período de 2025 y el nivel más bajo desde el primer trimestre de 2019. La reducción se concentra en la región Central y en empleos del sector servicios empresariales, tecnología de la información y manufactura de precisión en zonas francas, según el INEC.El ángulo contrario es que el subempleo —personas que trabajan menos horas de las que desearían— sigue en 12,8%, indicando que una parte significativa del mercado laboral formal no ofrece condiciones plenas. La brecha de género se mantiene: el desempleo femenino está en 12,1% frente al 7,8% masculino, una diferencia que el Ministerio de Trabajo atribuye principalmente a las responsabilidades de cuido no remunerado que recaen desproporcionadamente en mujeres. El Sistema de Banca para el Desarrollo publicó simultáneamente datos de crédito para pymes que muestran un repunte en solicitudes aprobadas en las regiones Chorotega y Brunca —señal de que la recuperación empieza a distribuirse más allá del Valle Central.
La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el 8 de junio el expediente 24.556 — Ley de Financiamiento y Concesión del Tren Eléctrico Metropolitano— con 38 votos a favor y 11 en contra. La ley autoriza al INCOFER a contratar la operación del tren bajo esquema de concesión, con financiamiento de ₡800.000 millones equivalentes a aproximadamente $800 millones, combinando emisión de bonos soberanos y un crédito del BID aprobado en principio desde 2024. El proyecto contempla un corredor inicial de 84 kilómetros entre Paraíso de Cartago y Ciudad Colón, pasando por el centro de San José, según La Nación y el INCOFER.El segundo debate —necesario para que la ley sea aprobada definitivamente— está programado para la semana del 16 de junio. El proyecto tiene el respaldo del Ejecutivo, que lo presentó como una de sus tres prioridades de infraestructura, pero varios diputados de oposición cuestionan el modelo de concesión y los plazos de ejecución realistas dada la historia de retrasos en grandes obras de infraestructura en Costa Rica. Si la ley se aprueba, el tren eléctrico sería la mayor inversión en infraestructura pública del país en la historia reciente, con un impacto estimado de reducción del 18% en viajes en vehículo privado en el Gran Área Metropolitana según el Plan Nacional de Transporte.
— El proyecto de ley del INCOFER obtiene el primer aval legislativo luego de tres años de trámite, con financiamiento combinado de bonos soberanos y crédito del Banco Interamericano de Desarrollo.
El programa excepcional beneficia a personas de Nicaragua, Venezuela y Cuba que llevan más de cuatro años en el país en espera de resolución de sus solicitudes.
La Dirección General de Migración y Extranjería anunció el 6 de junio el Programa de Regularización Humanitaria, que beneficiará a 14.200 personas con solicitudes de asilo o refugio pendientes por más de cuatro años. El programa otorga un permiso temporal de residencia de dos años con autorización de trabajo, durante los cuales la DGME resolverá las solicitudes represadas. Las principales nacionalidades beneficiadas son la nicaragüense, venezolana y cubana, según el comunicado del Ministerio de Gobernación y Policía y ACNUR Costa Rica.Costa Rica tiene una de las tasas de solicitud de asilo per cápita más altas de América Latina, con más de 80.000 solicitudes activas al cierre de 2025. La capacidad de resolución del sistema ha sido insuficiente históricamente: el tiempo promedio de espera supera los tres años. El programa excepcional es una medida de emergencia para desahogar el sistema, no una solución estructural. ACNUR colaboró en el diseño del programa y calificó positivamente la iniciativa, pero señaló que Costa Rica necesita reforzar de forma permanente la capacidad operativa de la DGME para procesar solicitudes en tiempos razonables.
La semana del 2 al 8 de junio fue densa en política económica y social: la CCSS presentó sus 20 reformas al IVM, el FMI avaló el plan fiscal y el BID da luz verde al tren eléctrico que ahora tiene su primera aprobación legislativa. Simultáneamente, el desempleo llegó al 9,6% —el dato más positivo en siete años— y Costa Rica regularizó a 14.200 solicitantes de asilo que llevaban años en limbo migratorio.El denominador común de las grandes noticias de la semana es la negociación de largo plazo: las reformas del IVM tardarán décadas en verse en su totalidad, el tren eléctrico no estará operando antes de 2030 si todo va bien, y la baja del desempleo convive con un subempleo que sigue siendo estructuralmente alto. Costa Rica construye lentamente instituciones que duren, y eso tiene un costo de paciencia que no siempre es popular.