Segundo y tercer día del nuevo gobierno: Chaves activa el despacho de Hacienda, la oposición organiza su fiscalización y el tipo de cambio rompe la tendencia a la baja.
La presidenta llamó a sus ministros a despacho ordinario y confirmó que la gestión de seguridad y la reforma del Estado son los dos ejes que estructurarán las primeras semanas del gobierno.
Laura Fernández presidió el 9 de mayo su primer Consejo de Gobierno ordinario, en el que se distribuyeron las metas de los primeros cien días por ministerio. La reunión, que se extendió cerca de cuatro horas en Casa Presidencial, terminó con el encargo a cada ministro de presentar su Plan de Acción de los Primeros 100 Días antes del viernes 15 de mayo, según informó La Nación. La presidenta no convocó a conferencia de prensa al cierre, lo que los periodistas acreditados en Casa Presidencial leyeron como una señal de que el gobierno trabajará con menos exposición mediática espontánea que el anterior. El ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, se presentó a su primera reunión ordinaria con el equipo de la Dirección General de Presupuesto Nacional para revisar el borrador del presupuesto 2027, estimado en ₡14,8 billones según El Financiero. El ángulo contrario ya apareció: el exministro de Hacienda Nogui Acosta señaló en una columna publicada el 9 de mayo que concentrar Hacienda y Presidencia en el mismo funcionario sin mecanismos de auditoría cruzada entre carteras crea un punto de falla única en la fiscalización del gasto, un argumento que el gobierno no ha contestado. La próxima semana, Fernández recibirá a los superintendentes del sistema financiero y al presidente del BCCR para la primera reunión ordinaria del gabinete económico ampliado.
El nuevo titular de Hacienda y la Presidencia activa en paralelo dos frentes: la política fiscal para el año siguiente y la coordinación del sistema financiero supervisado.
Rodrigo Chaves Robles convocó para el lunes 11 de mayo una reunión ordinaria con los superintendentes de bancos (SUGEF), pensiones (SUPEN), valores (SUGEVAL) y seguros (SUGESE), en lo que el equipo de comunicación del ministerio describió como la primera instancia de coordinación del sistema financiero bajo el gobierno Fernández. La convocatoria fue confirmada por Delfino.cr. Chaves también retomó el análisis del presupuesto 2027, presentado por la administración Chaves-Navarro pero nunca aprobado en segundo debate por la Asamblea. El ex-mandatario ahora ministro debe conciliar el documento con las promesas de campaña de Fernández, entre ellas la construcción de la megacárcel, el Centro de Mando y Control C5 y el aumento del gasto en seguridad pública. El BCCR proyecta un crecimiento del PIB del 3,5% para 2026 y 3,3% para 2027. El margen fiscal con el que opera el nuevo gobierno es limitado: la deuda pública se redujo del 67% al 58,3% del PIB entre 2022 y 2025, pero los compromisos de seguridad del gobierno Fernández presionarán el gasto corriente.
La presidenta Fernández confirmó el 9 de mayo que el plazo para inaugurar la primera fase de la megacárcel —con capacidad para 5.000 internos en La Reforma, San Rafael de Alajuela— es el 31 de diciembre de 2026. La estructura está en construcción desde 2024 y fue concebida como una versión reducida del CECOT salvadoreño, según El Salvador.com y Prensa Libre. La primera fase implicará trasladar a los internos de mayor peligrosidad del sistema penitenciario actual, con régimen de máxima seguridad y restricción total de comunicaciones externas. Críticos del modelo, entre ellos la Defensa Pública del Poder Judicial y la ONG Codepu, advirtieron desde el 8 de mayo que el enfoque de megaconfinamiento sin programas de reinserción reproduce el ciclo de violencia que perpetúa el crimen organizado, y que la evidencia comparada de El Salvador muestra un descenso del homicidio en el corto plazo pero ningún dato todavía sobre reincidencia ni sobre el impacto en el crimen organizado regional. El gobierno no ha respondido esa crítica con datos propios al cierre de esta edición.
El gobierno Fernández definió que los primeros cinco proyectos de ley que enviará a las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa son: la ley de zonas de control especial de seguridad, la reforma al Código Procesal Penal para agilizar juicios de crimen organizado, la ley de extinción de dominio de bienes ilícitos, el fortalecimiento del OIJ y la ley de inteligencia policial, según Observador CR. La lista fue discutida en el Consejo de Gobierno del 9 de mayo pero todavía no es pública en su versión final. El bloque opositor de 26 diputados (PLN, Frente Amplio, PUSC y CAC) anunció que no bloqueará los proyectos en primera lectura, pero exigirá plazos de consulta de al menos tres semanas para cada uno y audiencias con la Sala Constitucional y el Poder Judicial antes de cualquier votación en segundo debate. Los diputados de la oposición publicaron el 9 de mayo un documento de 12 puntos con las condiciones mínimas de deliberación, en particular sobre las zonas de control especial, que según la Defensa Pública podría crear zonas de excepción constitucional. El plazo constitucional para las sesiones extraordinarias del Ejecutivo es de tres meses. Si no terminan los proyectos prioritarios en ese período, el gobierno deberá abrir una segunda convocatoria.
El tipo de cambio de venta del dólar estadounidense en el MONEX se ubicó en torno a los ₡461 colones el 9 de mayo, según datos del BCCR, revirtiendo la tendencia que llevó a la divisa a su mínimo reciente de ₡455 a finales de abril. El alza ocurre en un contexto de presión sobre el petróleo —aunque el crudo bajó con el anuncio de un posible acuerdo iraní— y de incertidumbre sobre cómo evolucionará el dólar internacional después de que el Tribunal de Comercio Internacional de EEUU declarara inconstitucionales parte de los aranceles recíprocos de Trump. El Financiero señaló que la baja del dólar que dominó el primer cuatrimestre de 2026 le costó al sector exportador de banano al menos USD 130 millones en ingresos acumulados. Un dólar bajo beneficia a los importadores y a los consumidores de bienes importados, pero presiona a los exportadores agroindustriales. El BCCR no ha modificado la Tasa de Política Monetaria (4,5%) desde enero.
La administración Fernández no ha respondido públicamente a las preguntas sobre la revocación de visas estadounidenses a magistrados del Poder Judicial y al expresidente Óscar Arias, una controversia que viene del gobierno de Chaves y que está sin resolver. El portavoz de Casa Presidencial indicó el 9 de mayo que el tema «es una materia de las relaciones bilaterales entre Costa Rica y Estados Unidos que se atenderá por los canales diplomáticos regulares», sin precisar si la presidenta ya conversó con el Embajador de EEUU. El embajador Mark Glover no ha emitido declaraciones nuevas desde el traspaso de poderes. Las visas de cuatro magistrados —incluyendo al magistrado de la Sala Segunda— siguen revocadas sin que el Departamento de Estado haya explicado públicamente los motivos. El canciller César Naranjo Piza, nuevo en el cargo desde el 8 de mayo, tampoco ha hablado con los medios sobre el tema.
La OCDE publicó un análisis según el cual Costa Rica podría aumentar su PIB anual más de un 3% entre 2026 y 2050 si lograra reducir la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, según El Financiero. El estudio calcula los costos directos en atención médica vía la CCSS y los costos indirectos por ausentismo laboral y baja productividad de personas con diabetes tipo 2, hipertensión y obesidad, enfermedades que afectan al 28% de la población adulta costarricense. El informe llega justo cuando el gobierno Fernández define sus prioridades de gasto. La CCSS recibe alrededor del 7,7% del PIB en contribuciones tripartitas y aun así enfrenta listas de espera que en cirugías no urgentes superan los 18 meses. La inversión en prevención primaria —nutrición, actividad física y reducción del consumo de tabaco y alcohol— está en menos del 3% del presupuesto total de salud de la Caja, un porcentaje que la OPS califica de «crónicamente insuficiente». El gobierno Fernández no ha incluido la salud preventiva en su lista de prioridades de los primeros cien días al cierre de esta edición.
Los 26 diputados de la coalición opositora PLN, Frente Amplio, PUSC y CAC publicaron el 9 de mayo un documento de doce condiciones que exigen al gobierno Fernández para dar trámite expedito a los proyectos de seguridad en sesiones extraordinarias. Las condiciones incluyen: audiencias públicas con la Sala IV y la Defensa Pública antes del segundo debate de cada proyecto, plazos de consulta de al menos tres semanas para los proyectos de extinción de dominio y de zonas de control especial, y publicación anticipada de todos los informes técnicos del Poder Ejecutivo sobre el impacto presupuestario de las medidas. El vocero del bloque, diputado del PLN, dijo en declaraciones a CRHoy que la oposición no bloqueará «por principio» sino que exigirá que el proceso sea «constitucionalmente sólido» para que las leyes no sean luego tumbadas por la Sala IV. El gobierno no ha respondido oficialmente al documento al cierre de esta edición. El escenario que se abre es el de negociación entre el Ejecutivo y la oposición para definir los plazos de debate en la Asamblea, una danza que el gobierno Chaves evitó en sus primeros dos años mediante el decreto de urgencia legislativa que le permitía tramitar proyectos en 30 días.
"No somos obstruccionistas, somos fiscalizadores. Hay diferencia." — Vocero del bloque PLN-FA-PUSC-CAC
El calendario político de la semana del 11 al 17 de mayo incluye cinco hitos que definirán el tono de los primeros treinta días del gobierno Fernández. El lunes 11: primera reunión de los superintendentes del sistema financiero con Chaves; el martes 12: presentación del plan de seguridad del Ministerio de Justicia ante el Consejo de Gobierno; el miércoles 13: primer informe del Ministerio de Hacienda sobre el estado de las finanzas públicas; el jueves 14: primera reunión ordinaria del Directorio Legislativo bajo control de Pueblo Soberano; y el viernes 15: plazo límite para que cada ministerio entregue su Plan de Acción de los Primeros 100 Días. También esta semana se espera que el gobierno defina si convoca o no a sesiones extraordinarias del BCCR para analizar el comportamiento del tipo de cambio. Y el bloque opositor anunció que el martes interpelará al ministro Chaves ante la Asamblea Legislativa sobre la concentración de dos carteras en un solo funcionario.