El Fondo recomienda gravar la canasta básica; la presidenta descarta nuevos impuestos y lleva el plan anticrimen a la nueva Asamblea
El informe de la Consulta del Artículo IV 2026 advierte que sin cambios estructurales el déficit de la seguridad social equivaldrá al 5% del PIB anual en 2050.
El Fondo Monetario Internacional publicó su Consulta del Artículo IV 2026 para Costa Rica, un documento de casi 100 páginas en el que propone aplicar el IVA del 13% a la canasta básica, eliminar exenciones en tiquetes aéreos, equipos médicos y premios de lotería, y gravar el bono escolar en el sector público. El paquete completo rendiría 1,8 puntos porcentuales del PIB en ingresos adicionales al año para 2027, según estimaciones del Fondo publicadas esta semana en La Nación y El Financiero.El diagnóstico fiscal es severo: cambios legales recientes han erosionado la base tributaria, y el déficit proyectado de la seguridad social llegaría al 5% del PIB anual hacia 2050. El régimen de Salud de la CCSS (SEM) agotaría sus reservas en 2029, y el IVM (pensiones) en 2037. Las cuotas obrero-patronales subieron levemente en enero —de 4,17% a 4,33% para trabajadores— pero el FMI lo considera insuficiente.El Fondo también elogia el crecimiento del PIB real del 4,6% en 2025 y recomienda al BCCR reanudar los recortes de la Tasa de Política Monetaria, actualmente en 3,25%, una vez que se disipen las presiones inflacionarias externas. La discusión sobre qué reformas adoptar y cuáles descartar será el eje del debate político durante las próximas semanas.
La presidenta y su Viceministro de Hacienda rechazaron las propuestas tributarias del FMI; la oposición también se negó a gravar la canasta básica.
La presidenta Laura Fernández y su Viceministro de Hacienda dejaron en claro que el Ejecutivo no adoptará las recomendaciones tributarias del FMI de forma automática. La postura oficial distingue entre "generar más ingresos" y "crear nuevos impuestos": el Ministerio de Hacienda prepara un plan fiscal propio que será presentado a la presidenta antes de fin de junio, según confirmó la cartera a El Financiero e Infobae.El rechazo no es solo del Ejecutivo. El Frente Amplio, el Partido Liberación Nacional y Agenda Ciudadana también descartaron públicamente la posibilidad de aplicar el IVA a la canasta básica. La coincidencia entre el oficialismo y sus principales competidores revela el costo político de la medida, que golpea directamente el bolsillo de los hogares de menor ingreso en un año en que el desempleo femenino ya marcó una caída histórica. El propio FMI señala el riesgo contrario: sin reformas estructurales, el espacio fiscal seguirá erosionándose y el país dependerá cada vez más del crecimiento de zonas francas para cuadrar sus números.
Pueblo Soberano, con 31 de 57 diputaciones en la Asamblea 2026-2030, ganó los seis puestos del Directorio Legislativo 2026-2027 sin participación de la oposición. Yara Jiménez quedó como presidenta del Congreso, convirtiéndose en la quinta mujer en la historia en ocupar ese cargo, según reportaron La Nación y El Observador CR. Es también la primera vez que la cámara tiene mayoría femenina: 30 mujeres frente a 27 hombres.El control total del Directorio por parte del oficialismo facilita la agenda legislativa del Ejecutivo —entre ella el proyecto anticrimen anunciado por Fernández— pero la oposición suma 26 curules, suficientes para bloquear iniciativas que requieran mayoría calificada. La nueva cámara tiene al PLN con 17 escaños, al Frente Amplio con 7 y a los partidos minoritarios con el resto. El reto para Pueblo Soberano es mantener la disciplina de bloque en un sistema histórico de transfugismo.
El crecimiento real del PIB fue del 4,6% en 2025, según confirma el FMI en su informe publicado esta semana. El dato es positivo en términos absolutos, pero la brecha sectorial es marcada: las empresas en zonas francas crecieron al 12,7%, mientras la economía en régimen definitivo avanzó solo el 3%. Esta dualidad estructural concentra el dinamismo en un segmento exportador de alta tecnología con escasos encadenamientos productivos locales —Intel, Amazon, Western Union— lo que vuelve los indicadores macro vulnerables a decisiones corporativas externas.El FMI recomienda mantener la regla fiscal y realizar reformas estructurales para diversificar la base productiva. La advertencia de fondo es que el crecimiento costarricense depende en exceso de un puñado de empresas en régimen especial, como demostró el impacto del recorte de Intel en 2024. Sin cambios en la estructura productiva, el titular macroeconómico puede ocultar un estancamiento en el mercado laboral doméstico.
Tras la segunda sesión del equipo Fuerza Élite —creado el 25 de mayo por la presidenta Fernández para coordinar la respuesta interinstitucional al crimen organizado— el Gobierno anunció nuevas medidas: un proyecto de ley para sancionar a propietarios de fincas con pistas clandestinas (se identificaron cerca de 200 en el país), reformas a los protocolos penitenciarios y agilización del decomiso de vehículos vinculados a actividades ilícitas, según Infobae. En lo que va de 2026, los organismos de seguridad han decomisado cerca de 20 toneladas de drogas a nivel nacional.La misma semana, Fernández reconoció públicamente fallas del Ejecutivo, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa en combatir el crimen organizado. Cuestionó la lentitud de los procesos judiciales y reiteró su intención de presentar ante la nueva Asamblea un proyecto para criminalizar la membresía en organizaciones criminales. La información proviene de Infobae y comunicados oficiales del Gobierno; los detalles operativos de los decomisos no han sido confirmados de forma independiente al cierre de esta edición.
El régimen de Salud de la CCSS (SEM) agotaría sus reservas en 2029 y el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) lo haría en 2037, según proyecciones actuariales incluidas en el informe del FMI publicado esta semana. El déficit financiero combinado podría equivaler al 5% del PIB anual hacia 2050, una presión fiscal que el Gobierno actual deberá empezar a gestionar aunque no sea quien la cargue en su totalidad.El FMI reconoce el ajuste de enero de 2026 —cuotas obrero-patronales que subieron entre 0,16 puntos porcentuales para trabajadores y patronos— pero lo considera un parche insuficiente. Entre sus propuestas figuran elevar la edad de retiro progresivamente, ampliar el techo de cotización y revisar el beneficio de pensión para quienes tienen capacidad de ahorro privado. La CCSS, por su parte, ha señalado en comunicados anteriores que el sistema es viable en el corto plazo y que los parámetros actuariales se revisan periódicamente. El debate sobre cuándo y cómo actuar apenas comienza.
— El ajuste de cuotas de enero es insuficiente según el Fondo; propone elevar la edad de retiro y ampliar el techo de cotización.
El tipo de cambio de referencia del BCCR al 7 de junio se ubicó en ₡457,02 para la compra y ₡462,86 para la venta en ventanilla bancaria, según datos del MONEX. La cifra se mantiene dentro del rango que el Banco Central ha señalado como consistente con los fundamentos macroeconómicos del país, pese a las presiones externas generadas por el encarecimiento de los combustibles y la incertidumbre en los mercados globales.El FMI recomendó al BCCR retomar los recortes de la TPM —actualmente en 3,25%— una vez que se confirme la disipación de las presiones inflacionarias importadas. Dos directores del Banco Central habían abogado públicamente por bajar tasas ante la inflación negativa interna, lo que abriría espacio para dinamizar el crédito y reducir los costos financieros de empresas y hogares costarricenses. La próxima sesión del Banco Central definirá si el camino al recorte está despejado.