El plenario legislativo con mayoría de Pueblo Soberano inicia sus funciones este lunes con el pasivo de ₡2,3 billones a la Caja y la ley de pandillas sobre la mesa. En el Pacífico sur, la Guardacostas decomisó 70 bultos de droga con apoyo de EE.UU.
El plenario legislativo electo en febrero, con Pueblo Soberano como primera fuerza, abre este lunes con dos expedientes que definen el primer semestre: el pasivo de ₡2,3 billones con la Caja y la propuesta de ley contra membresía en pandillas de Laura Fernández.
La Asamblea Legislativa inauguró sesiones el 23 de junio de 2026 con la composición resultante de las elecciones de febrero: Pueblo Soberano ocupa 31 de las 57 curules, en un plenario que, por primera vez en la historia del país, tiene mayoría de mujeres —30 diputadas frente a 27 diputados, según certificó el Tribunal Supremo de Elecciones en marzo. Dos expedientes concentran la agenda de la primera semana. El primero es la deuda acumulada del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social, que supera los ₡2,3 billones e incluye contribuciones patronales atrasadas del sector público y subsidios sin transferir. Ninguna fracción tiene los 29 votos propios para imponer un cronograma de pago; la negociación entre Pueblo Soberano y las fracciones menores definirá si el expediente avanza o se pospone de nuevo. El segundo es la ley para penalizar la membresía en estructuras criminales, anunciada por la presidenta Laura Fernández como prioridad de seguridad pública y que el Ejecutivo comprometió presentar antes de que finalizara junio. El momento político no es sencillo para la administración Fernández: aunque Chaves permanece como superministro de coordinación, el gabinete tiene cuatro semanas desde la juramentación del 8 de mayo y ya enfrenta la primera prueba legislativa real. La oposición, dispersa en múltiples fracciones, mantiene la capacidad de bloqueo en temas que requieran mayoría calificada.
La presidenta anunció que el proyecto ingresará a la Asamblea antes de que cierre junio, semanas después de crear la Fuerza Élite y de reportar una reducción del 13% en delitos contra la vida.
La presidenta Laura Fernández anunció ante medios que el Ejecutivo presentará en junio un proyecto de ley que penalice la membresía en estructuras criminales, una figura jurídica que Costa Rica no tiene en su código penal y que el gobierno considera indispensable para desarticular redes más allá de los delitos concretos. La propuesta llega tras la segunda reunión de la Fuerza Élite —esquema de coordinación policial que Fernández asumió personalmente desde el Ministerio de Seguridad Pública en mayo. Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la desarticulación de 82 bandas en los últimos dos años redujo el universo de organizaciones identificadas de 342 a 260, con 4.300 miembros activos identificados por inteligencia policial. Los delitos contra la vida cayeron un 13,3% en el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025, aunque la presidenta reconoció que el resultado "no es suficiente". El ángulo crítico es jurídico: organizaciones de derechos humanos como la Defensoría de los Habitantes han advertido que tipificar la "membresía" sin criterios precisos puede vulnerar el principio de legalidad penal y criminalizar a personas en zonas de alta presencia criminal sin participación activa en delitos. El proyecto todavía no es público, por lo que el análisis técnico deberá esperar su ingreso formal a la corriente legislativa.
Un avión de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur detectó la embarcación a 92 millas de costa; la operación contó con colaboración de Colombia, Panamá y Estados Unidos.
El Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica incautó este 23 de junio un cargamento de marihuana transportado en una embarcación que navegaba a 120 millas marítimas de playa Matapalo, en el Pacífico sur. Dos ciudadanos nicaragüenses fueron detenidos. La operación comenzó cuando un avión de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-S) de Estados Unidos detectó una lancha sospechosa a 92 millas de la costa costarricense y emitió la alerta a las autoridades nacionales, que desplegaron unidades marítimas en coordinación con Colombia y Panamá. El Pacífico sur costarricense es, según el OIJ, una de las rutas marítimas de mayor uso para el tráfico de estupefacientes hacia América del Norte y Europa. La captura de esta semana se produce en el contexto de la Fuerza Élite y del aumento de patrullajes en aguas jurisdiccionales que el gobierno Fernández anunció como prioridad desde mayo. La información proviene del comunicado de Infobae Costa Rica del 23 de junio de 2026, sin confirmación independiente adicional al cierre de esta edición.
Costa Rica enfrenta una doble presión arancelaria desde Washington. El arancel base del 10% sobre la mayoría de bienes de exportación costarricenses —que entró en vigor el 24 de febrero de 2026— está programado para concluir el 24 de julio, pero la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso gravámenes adicionales de entre 10% y 12,5% sobre 60 economías, incluyendo Costa Rica, por no haber prohibido de manera efectiva bienes producidos con trabajo forzado. El COMEX se pronunció ante la propuesta y rechazó los señalamientos. La ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos Gallo, asumió el cargo el 8 de mayo y ha centrado su agenda en Washington en evitar que los dispositivos médicos —el principal rubro de exportación del país, valorado en miles de millones de dólares anuales— queden atrapados en una escalada arancelaria. Trejos ha pedido a multinacionales estadounidenses con operaciones en Costa Rica que intercedan ante el gobierno Trump, una estrategia que el gobierno Chaves ya usó con resultado mixto. Un giro judicial en Washington —una sentencia federal que limitó la autoridad ejecutiva para imponer aranceles unilaterales bajo la Sección 232— abrió una ventana de alivio competitivo para Costa Rica a finales de mayo, aunque el Ejecutivo estadounidense apeló la decisión. El resultado de esa apelación definirá si el país enfrenta un arancel permanente o un régimen negociado.
— La ministra Indiana Trejos gestiona en Washington la suspensión de gravámenes que entrarían por trabajo forzado mientras el arancel base del 10% impuesto en febrero aún está vigente hasta el 24 de julio.
El Banco Mundial revisó a la baja su proyección de crecimiento económico para Costa Rica hacia el cierre de 2026, estimando ahora una expansión del PIB real del 3,5% frente a proyecciones anteriores más optimistas. El ajuste responde al impacto de las tensiones comerciales globales —en particular los aranceles estadounidenses a exportaciones de dispositivos médicos— y a un menor dinamismo en la demanda externa de manufactura avanzada, el sector que más jala el crecimiento tico. El informe del Banco Mundial señala que Costa Rica mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos: la inflación se controla dentro de la banda del BCCR, el tipo de cambio está relativamente estable y la deuda pública, aunque alta, muestra una trayectoria de consolidación. Sin embargo, el organismo advierte que la dependencia del país de un número reducido de empresas exportadoras en zonas francas lo hace vulnerable a shocks externos. El FMI, en su revisión de 2026, también alertó sobre la presión demográfica sobre la CCSS y la necesidad de reformas estructurales en el sistema de seguridad social para evitar el agotamiento de reservas proyectado para 2029. Ambas instituciones convergen en que el principal riesgo interno es la postergación indefinida del ajuste fiscal y la deuda con la Caja.
El Fondo Monetario Internacional incluyó en su revisión 2026 de Costa Rica una advertencia directa: sin reformas de fondo, los fondos de reserva del Seguro de Enfermedad y Maternidad de la Caja Costarricense de Seguro Social quedarán completamente agotados hacia 2029. El diagnóstico identifica una brecha de ₡393.095 millones entre lo presupuestado por Hacienda para la CCSS en 2026 (₡503.292 millones) y lo que la Caja proyecta necesitar (₡896.388 millones), una diferencia que se financia con reservas que se consumen más rápido de lo previsto. El factor estructural más pesado es demográfico: la tasa de fecundidad costarricense cayó de 2,4 hijos por mujer en 2000 a 1,3 en 2023, mientras la esperanza de vida llegó a 81 años y se proyecta en 85 para 2050. Hay más jubilados por trabajador activo cada año, y la base contributiva no crece al ritmo necesario. El FMI recomienda ampliar la atención primaria preventiva, mejorar la contratación pública de medicamentos para reducir costos y adoptar estándares internacionales de contabilidad pública (IPSAS) para transparentar el balance real de la Caja.
Los decomisos relacionados con lavado de dinero en Costa Rica se duplicaron en lo que va de 2026 frente al mismo periodo del año anterior, según datos del OIJ y el Ministerio Público. El fenómeno responde, en parte, al aumento de la presencia de organizaciones transnacionales que utilizan el sistema bancario y comercial costarricense para mover capitales ilícitos generados en el corredor del Pacífico. La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) alertó a sus asociados sobre el uso de inteligencia artificial para suplantar identidades y facilitar transacciones fraudulentas, una modalidad que se ha acelerado en 2026 con la mayor disponibilidad de herramientas de generación de voz e imagen. El riesgo no es solo para los consumidores individuales: las empresas del sector financiero enfrentan mayores costos de cumplimiento (compliance) para adaptarse a las nuevas modalidades de fraude. El ángulo contrario lo aportan economistas del IICE de la Universidad de Costa Rica, que señalan que el aumento de decomisos puede interpretarse también como mayor eficacia investigativa —no solo como mayor actividad criminal— y que el PIB formal de Costa Rica no muestra distorsiones estadísticas asociadas a economías fuertemente penetradas por el crimen organizado, como sí ocurre en otros países del istmo.
El Ministerio de Hacienda nombró a la nueva directora de la Policía de Control Fiscal, que había quedado acéfala poco más de cuatro meses después de la salida del anterior jerarca. La unidad es responsable de investigar evasión tributaria, contrabando y delitos aduaneros, y su vacancia prolongada había sido señalada como un punto débil en la estrategia de ingresos del gobierno en un año en que la recaudación enfrenta presión por la desaceleración económica. El nombramiento llega en un momento en que Hacienda trabaja en el ajuste de la primera modificación presupuestaria de 2026 y en condiciones de financiamiento más restrictivas. La estrategia de ingresos del gobierno Fernández prioriza cerrar brechas de evasión antes que aumentar tasas impositivas, una posición que alinea al Ejecutivo con las recomendaciones del FMI de ampliar la base tributaria sin elevar la carga fiscal sobre el sector formal.