El legislativo retoma sesiones con dos expedientes explosivos: la modificación presupuestaria y el pasivo del Estado con la Caja. Mientras tanto, Costa Rica renuncia a $30 millones del Banco Mundial y el dengue ya suma 849 casos en 2026.
El plenario legislativo regresa el lunes después de receso con una agenda que concentra los dos temas más sensibles del año fiscal: la primera modificación presupuestaria y el pasivo acumulado del Estado con la Caja.
La Asamblea Legislativa reinicia sesiones el 23 de junio de 2026 con dos expedientes que dominan la agenda del primer semestre: la primera modificación al Presupuesto Nacional 2026, que incorpora ajustes millonarios y recursos para obras en el Caribe costarricense según el informe presentado a la comisión fiscal en mayo, y la discusión sobre la deuda del Estado con la CCSS, que acumula más de ₡2,3 billones sin que ningún partido haya presentado una propuesta de pago con los votos para aprobarse. El contexto legislativo es de fragmentación. Ninguna fracción tiene mayoría propia: el Partido Liberal Progresista de la presidenta electa Laura Fernández, que asume en mayo de 2026, depende de coaliciones para aprobar cualquier expediente significativo. La modificación presupuestaria fue analizada en comisión desde finales de mayo, con la participación del viceministro de Ingresos Luis Molina y la Contraloría General de la República, que impuso condiciones técnicas al movimiento de recursos. El punto de tensión más explícito es la deuda con la CCSS. El pasivo acumulado del Estado —que incluye contribuciones patronales atrasadas del sector público y subsidios que el gobierno no ha transferido a tiempo— es un problema que viene de la administración Alvarado y se profundizó en la de Chaves. La nueva Asamblea que arranca el 23 tiene ante sí una decisión estructural: acordar un cronograma de pago, emitir deuda para cancelarla o seguir posponiéndola con el riesgo de que la CCSS lo lleve a la Sala Constitucional.
Las exportaciones suben 6,9% pero a la mitad del ritmo del año anterior; el turismo repunta un 9,2% interanual pero la deuda pública aún ronda el 60% del PIB.
El perfil económico que recibe Laura Fernández al asumir la presidencia de Costa Rica en mayo de 2026 combina indicadores positivos con señales de desaceleración. Según datos de PROCOMER publicados esta semana, las ventas al exterior crecieron un 6,9% en los primeros cuatro meses del año, menos de la mitad del 12,3% registrado en el mismo período de 2025. El turismo es el punto más brillante: las llegadas de visitantes subieron un 9,2% en el acumulado a abril, consolidando la recuperación pospandemia. La deuda pública es el legado más complicado. La administración Chaves logró bajarla del pico de 79% del PIB en 2022 hasta aproximadamente 60% en 2026, gracias en parte a la disciplina fiscal impuesta por la regla de gasto y los acuerdos con el FMI. El informe del FMI publicado en mayo señala que el ritmo de reducción de la deuda depende de que Costa Rica mantenga el compromiso con la regla fiscal y avance en reformas de ingresos —una tarea que recae sobre la nueva administración y sobre una Asamblea fragmentada. El ángulo contrario viene del FMI: el mismo informe advierte que el crecimiento proyectado del 3,8% para 2026 no es suficiente para reducir la deuda como porcentaje del PIB sin un ajuste fiscal adicional. El Banco Mundial, por su lado, sitúa el crecimiento en 3,5%, tres décimas menos. La diferencia no es solo técnica: refleja sensibilidades distintas al riesgo comercial global y al impacto de las tensiones entre EEUU e Irán sobre las exportaciones.
Costa Rica registró 849 casos confirmados de dengue hasta la semana epidemiológica 14 de 2026, según el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud. La región Chorotega concentra la mayor cantidad de casos absolutos y la tasa de incidencia más alta del país, un patrón recurrente dado el clima seco-húmedo de Guanacaste que favorece la reproducción del mosquito Aedes aegypti en depósitos de agua estancada. El boletín también reportó 13 casos con signos de alarma en la semana 14. La cifra contrasta con el inicio del año: en enero de 2026, el país tenía apenas 70 pacientes con dengue activo, según CR Hoy. El incremento progresivo responde a la entrada de la temporada lluviosa en el Pacífico Norte y Central, que extiende los criaderos y aumenta la densidad poblacional del vector. El Ministerio de Salud activó operativos de abatización y eliminación de criaderos en los cantones con mayor transmisión. En paralelo, Costa Rica registró seis casos de chikungunya en lo que va de 2026, todos aparentemente importados desde Nicaragua, según La Nación. La CCSS reportó también casos aislados de malaria importada. El sistema de vigilancia epidemiológica nacional mantiene la alerta activa para las tres enfermedades transmitidas por vectores durante todo el período lluvioso.
Costa Rica renunció a USD 30 millones del crédito que el Banco Mundial había otorgado para modernizar la plataforma de Hacienda Digital, porque el ritmo de ejecución del proyecto fue menor al estimado y el plazo venció antes de que los recursos pudieran utilizarse, según una nota publicada por La Nación basada en documentos del Ministerio de Hacienda. El crédito total era de USD 150 millones; se ejecutó el 80%, o USD 120 millones. Hacienda Digital es el proyecto de transformación del sistema tributario costarricense que busca digitalizar los procesos de declaración, pago, fiscalización y devolución de impuestos. El proyecto tiene seis años de desarrollo —cumplidos en esta misma semana— y su ejecución ha sido marcada por retrasos en la integración de sistemas, problemas de gobernanza interna y la complejidad de migrar datos del sistema TICA y otros registros tributarios históricos. El ángulo contrario es relevante: la Contraloría General de la República había advertido en 2024 que el ritmo de ejecución del crédito era insuficiente y que existía el riesgo de perder recursos. La administración Chaves no ajustó el calendario de ejecución a tiempo. Los USD 30 millones devueltos representan inversión que no llegó a modernizar la administración tributaria costarricense, en un momento en que el Ministerio de Hacienda necesita más capacidad de fiscalización para cumplir con los compromisos del acuerdo FMI.
La deuda pública del gobierno central costarricense bajó del 79% del PIB registrado en 2022 —el pico de la crisis fiscal pospandemia— hasta aproximadamente el 60% del PIB en 2026, una reducción de 19 puntos porcentuales en cuatro años que representa el mayor ajuste fiscal logrado por una administración costarricense en las últimas tres décadas, según el Ministerio de Hacienda. El descenso fue posible gracias a la combinación de la regla de gasto, los superávits primarios sostenidos desde 2020, el crecimiento económico impulsado por las exportaciones de zonas francas y el acceso favorable a mercados de deuda internacionales.
Rodrigo Chaves concluyó su mandato como presidente de Costa Rica en mayo de 2026 con un balance que los propios analistas califican de mixto. En el haber: la deuda pública bajó del 79% al 60% del PIB, la inversión extranjera directa alcanzó máximos históricos impulsada por las zonas francas de manufactura de precisión y servicios, y el gobierno mantuvo la disciplina fiscal comprometida con el FMI durante los cuatro años, según el informe de la misma institución de mayo 2026. En el debe: la CCSS sigue con un déficit actuarial acumulado sin solución política en el horizonte, el Ministerio de Hacienda falló en ejecutar el crédito del Banco Mundial para Hacienda Digital, y la reforma del empleo público —aprobada en 2022— sigue generando disputas jurídicas con los sindicatos del sector salud. El gobierno de Chaves también fue marcado por conflictos institucionales con la Contraloría, la Defensoría de los Habitantes y varios jerarcas que salieron antes de terminar su período. El informe de Infobae Costa Rica de abril 2026 sobre el cierre del gobierno destaca las inversiones en infraestructura como el proyecto de la ruta 32 Limón-San José y el inicio de las obras del tren eléctrico metropolitano. La Nación ha señalado que la desaceleración del crecimiento en el primer trimestre de 2026 —de un 5,1% a un 3,8% proyectado— es en parte herencia de la incertidumbre sobre la transición política.
El cuadro que describe a Costa Rica este 22 de junio es el de un país en transición ordenada pero con tensiones estructurales sin resolver. La Asamblea que retoma el lunes tiene ante sí los expedientes más difíciles del año: la modificación presupuestaria y la deuda con la CCSS son dos decisiones que se han postergado y que ya no pueden postergarse más si el gobierno de Laura Fernández quiere empezar con credibilidad fiscal. La renuncia a los $30 millones del Banco Mundial es un síntoma de la capacidad limitada del Estado costarricense para ejecutar proyectos complejos de transformación digital. No es el primer crédito internacional que Costa Rica subejecuta, y la lección para la nueva administración es clara: la modernización del Estado necesita tanto recursos como capacidad institucional para usarlos. El dengue que sube, la CCSS con listas de espera que bajan gracias a la IA pero con un pasivo que sube, y una economía que desacelera mientras el turismo repunta: esa es la foto del país que la presidenta Fernández administra en su primer mes de gobierno. La sesión legislativa del 23 de junio será la primera señal de si hay mayoría para mover los expedientes o si el segundo semestre se convierte, como tantos anteriores, en un período de bloqueo.