La presidenta Fernández suma Marina de Limón y Ciudad Gobierno a las sesiones especiales; el PLN rompe la lógica del bloqueo puro y ofrece una salida que divide a la fracción oficialista.
El decreto No. 45.787-MP firmado este fin de semana mete tres expedientes nuevos en el calendario extraordinario y le cambia el marco político a las semanas que vienen.
La presidenta Laura Fernández firmó el Decreto Ejecutivo No. 45.787-MP que amplía la convocatoria de sesiones extraordinarias a la Asamblea Legislativa e incluye, junto a Crucitas, los expedientes del proyecto de Marina de Limón y el de Ciudad Gobierno entre las prioridades urgentes del Ejecutivo. La movida cambia el calendario legislativo: los bloques de oposición que usaban Crucitas como único frente de batalla ahora deben repartir capacidad de bloqueo entre tres expedientes simultáneos. El ángulo contrario es claro: distribuir la presión puede diluirla. Legisladores del PLN y del Frente Amplio advierten que la táctica de saturar la agenda con proyectos controvertidos es la misma que usó el gobierno de Rodrigo Chaves, y que terminó generando rechazos en bloque por agotamiento político, no por convicción técnica. La presidenta tiene hasta el 15 de julio para completar las sesiones extraordinarias antes del inicio del período ordinario.
La fracción liberacionista presentó una alternativa técnica que permitiría al gobierno mostrar ingresos sin defender la minería a cielo abierto que moviliza a la oposición.
Diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) presentaron a la presidenta Laura Fernández una propuesta alternativa para el expediente de Crucitas: permitir la extracción del oro ya acumulado en el sitio mediante técnicas de procesamiento de baja intervención ambiental, sin autorizar la expansión del tajo ni nuevas operaciones de remoción de suelo. La iniciativa busca separar el componente económico —el oro ya extraído y en proceso de acopio— del componente ambiental más polémico, que es la autorización para ampliar el área de extracción activa. La propuesta divide a la fracción oficialista de Pueblo Soberano, que la interpreta como una concesión que debilita el argumento central del gobierno: que el proyecto completo es ambientalmente viable. El Frente Amplio rechazó la alternativa por considerarla una forma de validar las operaciones actuales, que en su criterio ya incumplen normas ambientales. Si el PLN formaliza la propuesta como moción, obligaría al oficialismo a pronunciarse públicamente sobre una ruta que hasta ahora ha evitado discutir.
El plazo que Costa Rica le fijó a Panamá para responder formalmente ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC vence esta semana. El canciller Manuel Tovar activó el procedimiento del artículo 21.5 del ESD en respuesta al incumplimiento del fallo de 2024 que obligaba a Panamá a eliminar las barreras sanitarias sobre productos agropecuarios costarricenses —papa, cebolla, lácteos y embutidos—. El valor acumulado en exportaciones bloqueadas supera los USD 80 millones desde 2021, según datos de CADEXCO. La respuesta de Panamá puede tomar dos formas: reconocer que hay incumplimiento y proponer un plan de ajuste, o impugnar la activación del mecanismo y llevar el diferendo a un panel de cumplimiento. El segundo camino puede demorar hasta 18 meses. Costa Rica también mantiene activa la posibilidad del mecanismo MPIA —Acuerdo Multipartidario de Apelación— del que ambas partes son signatarias, lo que cierra el vacío legal del Órgano de Apelación paralizado desde 2019 por el bloqueo de Washington.
El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó el sexto caso positivo de chikungunya registrado en el país durante 2026, con lo que la cifra oficial supera el total de casos confirmados en el mismo período de los últimos dos años. Las autoridades activaron protocolos de vigilancia en puntos de entrada del país y descartaron simultáneamente la presencia del virus del ébola ante un rumor que circuló en redes sociales esta semana. El chikungunya se transmite por mosquitos del género Aedes, los mismos vectores del dengue y el zika, y comparte con esos virus condiciones de proliferación relacionadas con el calor y la acumulación de agua estancada. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) activó alertas en los hospitales del Gran Área Metropolitana y el Caribe para identificar casos sospechosos entre pacientes con fiebre alta y dolor articular severo. La temporada lluviosa, que inicia en serio en junio, es el factor de mayor riesgo para la expansión vectorial.
El proyecto de ley 24.015 que busca reformar la formación y permanencia de especialistas médicos en la Caja Costarricense de Seguro Social avanza en la Asamblea Legislativa como una respuesta estructural a las listas de espera, que superan los 400.000 pacientes en los servicios de ortopedia, oftalmología y oncología. El texto propone modificar los requisitos de contratación para permitir que especialistas formados en el exterior obtengan reconocimiento más ágil, y establece incentivos de permanencia para médicos formados en Costa Rica que elijan hospitales regionales en lugar de la Gran Área Metropolitana. El Colegio de Médicos y Cirujanos rechazó el proyecto en enero con el argumento de que abre la puerta a contrataciones sin validación local suficiente; el gremio insiste en que el problema no es de cantidad de especialistas sino de distribución y condiciones de trabajo. La CCSS no ha tomado posición pública sobre el proyecto.
El protocolo de adhesión al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (CPTPP) está técnicamente listo para enviarse a la Asamblea Legislativa, pero el gobierno de Laura Fernández no ha comunicado una fecha concreta de primera lectura. El calendario legislativo está saturado con Crucitas, Marina de Limón y Ciudad Gobierno, y el receso ordinario inicia en agosto. Si el protocolo no entra antes del 15 de julio, deberá esperar septiembre para comenzar el trámite legislativo formal, con el riesgo adicional de recursos de constitucionalidad ante la Sala IV que pueden extender el proceso hasta finales de 2027. Los sectores con mayor exposición al acuerdo —Cámara Nacional de Productores de Leche, arroceros, sector bananero— llevan semanas presionando por mecanismos de compensación incluidos en el texto. PROCOMER estima que el CPTPP puede generar USD 300 millones adicionales en exportaciones anuales, con beneficios concentrados en dispositivos médicos, piña y manufactura de zona franca. El ángulo que falta: si Costa Rica ingresa después de que entren China, Reino Unido e Indonesia al bloque, su poder de negociación bilateral con los once miembros actuales será menor.
— COMEX cerró las negociaciones sustantivas esta semana, pero el proceso legislativo tiene al menos seis meses de trámite por delante antes de la entrada en vigor.
El 24 de mayo cierra la segunda semana completa del gobierno Fernández con cuatro frentes legislativos abiertos —Crucitas, Marina de Limón, Ciudad Gobierno y el CPTPP— y sin una victoria concreta en ninguno. El PLN propuso una ruta alternativa para Crucitas que el oficialismo no ha aceptado ni descartado; la oposición acumuló más de 600 mociones dilatorias; y el decreto de ampliación de la convocatoria fuerza al Congreso a trabajar más semanas en junio de lo previsto. En salud, el sexto caso de chikungunya activa protocolos en los hospitales de la CCSS con la temporada lluviosa a días de distancia.