El terremoto de magnitud 7.5 deja casi 600 muertos; la SUGEF endurece la protección bancaria; y los cantones acceden a nuevos fondos comunales.
Los sismos del 24 de junio en Yaracuy expusieron a 3,9 millones de personas a sacudidas severas y desencadenaron una respuesta humanitaria regional.
Dos terremotos de 7,2 y 7,5 grados Richter golpearon el estado de Yaracuy, en el norte-centro de Venezuela, el 24 de junio, dejando 589 muertos confirmados y más de 1.500 heridos según los datos más recientes del gobierno venezolano. Edificios colapsaron en La Guaira, Caracas y el estado Miranda, y el ejecutivo de Nicolás Maduro declaró zona de desastre varias provincias. La Organización Panamericana de la Salud (OPS/PAHO) movilizó una respuesta de emergencia y publicó el Informe de Situación No. 1 el 25 de junio, estimando en 3,9 millones el número de personas expuestas a sacudidas graves. En Costa Rica, diversas organizaciones de la sociedad civil y la Cruz Roja costarricense activaron campañas de recolección de víveres, ropa y medicamentos en las últimas 48 horas. El gobierno no emitió una declaración formal al cierre de esta edición, pero diputados de distintos partidos presentaron mociones de solidaridad en la Asamblea Legislativa. El exvicepresidente Alfio Piva expresó en redes sociales su preocupación por la comunidad venezolana residente en el país, estimada en más de 70.000 personas. De fondo, el suceso expone la fragilidad sísmica de Latinoamérica: Costa Rica, ubicada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, comparte el riesgo geológico con Venezuela, aunque en zonas distintas. La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos (CNE) no emitió alerta local pero aprovechó el momento para recordar los protocolos de simulacro nacionales.
La exmandataria costarricense asume un rol internacional de alto perfil en el momento en que su partido enfrenta turbulencias previas al ciclo electoral.
La expresidenta Laura Chinchilla Miranda fue designada copresidenta de la nueva Comisión Norte-Sur para el Desarrollo, un organismo multilateral impulsado por naciones de la OCDE y países emergentes para abordar las brechas de infraestructura, digitalización y cambio climático entre el hemisferio norte y el sur global. El anuncio se produjo esta semana y fue confirmado por su equipo de comunicación. Chincilla, quien presidió Costa Rica entre 2010 y 2014, ha mantenido un perfil activo en foros internacionales a través del Club de Madrid y del Global Commission on the Economy and Climate. Su designación llega en un momento en que el Partido Liberación Nacional (PLN), su agrupación de origen, comienza a ordenar sus cuadros para las elecciones presidenciales de 2026. El nombramiento es simultáneo a la renuncia de Luis Miguel Valverde Ramírez, exvicealcalde de Orotina, al PLN el 24 de junio —movimiento que varios analistas leen como señal del reacomodo interno que antecede a las primarias. Desde el exterior, Chinchilla no ha dado señales de involucrarse en la campaña nacional.
La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) presentó esta semana una propuesta regulatoria que obliga a los bancos supervisados a compensar a clientes que sufran fraudes electrónicos en sus cuentas, siempre que los usuarios demuestren que no incurrieron en negligencia grave. El mecanismo se alinea con la Ley de Protección contra el Fraude Electrónico, aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa. Según el borrador publicado en consulta pública, las entidades financieras tendrán un plazo máximo de 15 días hábiles para resolver las reclamaciones y, de confirmarse el fraude, deben reintegrar los fondos en un período no mayor a 30 días. El texto todavía debe pasar por el proceso de aprobación de la SUGEF y una segunda consulta antes de entrar en vigencia. La propuesta recibió aplausos de la Asociación de Consumidores de Costa Rica pero generó reservas en la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras, que advirtió sobre el riesgo de fraudes de segunda generación —usuarios que simulen ser víctimas para recuperar fondos legítimamente perdidos. El BCCR no se pronunció al cierre de esta edición.
El Ministerio de Hacienda anunció la adopción de herramientas de análisis de datos e inteligencia de origen israelí —vinculadas al ecosistema tecnológico civil del aparato de seguridad del país— para reforzar la detección de evasión fiscal y contrabando en las aduanas costarricenses. La iniciativa, confirmada por funcionarios del ministerio, busca cruzar declaraciones aduaneras con bases de datos internacionales de precios de referencia, patrones de empresas y registros de importadores. Hacienda no precisó el costo del contrato ni el nombre del proveedor tecnológico específico, arguyendo razones de seguridad operativa. Según la información oficial, el sistema estará en fase piloto en las aduanas de Caldera y Moín durante los próximos tres meses antes de una posible expansión nacional. El anuncio se da en el contexto de que Costa Rica dejó de recibir ingresos aduaneros equivalentes al 0.4% del PIB por evasión y subvaloración durante el año fiscal 2025, según estimaciones de la Contraloría General de la República. Diputados de la oposición pidieron que el contrato sea publicado en la Gaceta y analizado por la Contraloría antes de cualquier desembolso.
— El ministerio incorpora tecnología del ecosistema Mossad para cruzar datos y detectar contrabando y sub-valuación de importaciones.
Las 84 municipalidades y los 7 Concejos de Distrito del país cuentan a partir de este mes con nuevos mecanismos de financiamiento para transformar necesidades cotidianas —infraestructura vial, parques, alcantarillado, gestión de residuos— en proyectos concretos con respaldo presupuestario. El cambio proviene de una reforma al Código Municipal y de la reglamentación de un fondo especial administrado por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). Según el IFAM, los primeros cantones habilitados para acceder a la nueva línea de crédito preferencial son los que ya tenían sus planes reguladores actualizados y sus presupuestos ordinarios aprobados sin observaciones de la Contraloría. Para los demás, existe un cronograma de habilitación progresivo que cierra en diciembre de 2026. El mecanismo busca reducir la dependencia de las transferencias del gobierno central y dar más autonomía a los gobiernos locales para responder a sus electores. Voces críticas en ANAI (Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias) advirtieron que sin capacitación técnica en los equipos municipales, muchos cantones no podrán ejecutar los fondos a tiempo y perderán el acceso por incumplimiento de plazos.
La Sección de Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó el sábado tres capturas en la provincia de Guanacaste relacionadas con el expediente del Caso Riverside, la investigación que ha seguido el rastro de una célula de narcotráfico que utilizó propiedades costeras de lujo para lavar activos. La información la confirmó el Ministerio Público sin dar nombres de los detenidos para proteger la integridad del proceso. El Caso Riverside lleva más de dos años en instrucción y ha acumulado decenas de imputados, varios de ellos con vínculos a redes del Cártel Jalisco Nueva Generación y a estructuras locales que operan en el Pacífico Norte. Los bienes inmuebles incautados superan los ₡4.500 millones, según datos del proceso. Diputados de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) solicitaron esta semana al Ministerio de Justicia un informe sobre el estado de las propiedades confiscadas y el tiempo que tardan en ser subastadas para reingresar al erario. La Fiscalía respondió que los tiempos procesales no dependen del Ministerio de Justicia sino de los juzgados penales.
El Informe de Situación No. 5 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), publicado el 18 de junio con datos hasta la semana epidemiológica 23, reportó 22.324 casos confirmados de sarampión en 17 países y territorios de América, con 38 muertes. La cifra representa un incremento del 207% respecto al mismo período de 2025 y encendió las alarmas de los ministerios de salud de la región. Costa Rica mantiene su certificación de eliminación del sarampión, pero la OPS advirtió que la caída en coberturas de la vacuna MMR por debajo del 95% en algunos cantones urbanos —efecto pospandemia del COVID-19— crea ventanas de vulnerabilidad. El Ministerio de Salud no publicó datos específicos de cobertura para 2026 al cierre de esta edición. El ángulo escéptico lo pone la Asociación Costarricense de Medicina General, que señaló que muchos casos "sospechosos" reportados no pasan los filtros de laboratorio y que la cifra real de confirmados podría ser menor. De cualquier forma, la alerta de la OPS es inequívoca: la ventana de tiempo para contener el resurgimiento es estrecha y depende de tasas de vacunación superiores al 95% en cobertura nacional.
La Copa del Mundo 2026 inauguró sus Octavos de Final el domingo con el duelo entre Sudáfrica y Canadá en Inglewood, California, marcando el inicio de la fase de eliminación directa del torneo más grande de la historia —48 selecciones, 104 partidos. Costa Rica quedó fuera del torneo en la fase de clasificación de la CONCACAF, pero Panamá representó a Centroamérica hasta caer 2-0 ante Inglaterra el sábado. La derrota panameña —con goles de Jude Bellingham y Harry Kane— cierra la participación centroamericana pero deja un legado de presencia regional en el máximo torneo. Entre los clasificados a Octavos que más emoción generan en el país figuran España, Marruecos (que sorprendió 1-0 a Uruguay), y Francia. La selección costarricense seguirá el torneo como espectadora, pero los bares, pulperías y casas de apuesta registran un movimiento inusual para un Mundial donde la Sele no participa. El efecto económico tampoco es despreciable: el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) reportó un aumento en las búsquedas de vuelos hacia las sedes del torneo en EE.UU., México y Canadá en los últimos 10 días.