La presidenta plantea privatizar el Banco de Costa Rica para capitalizar el régimen de pensiones; la institución bancaria rechaza la caracterización de su situación financiera; y el Estado presiona a Uber y Didi.
La presidenta plantea la privatización del Banco de Costa Rica como mecanismo para capitalizar el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, que acumula un déficit actuarial de décadas.
La presidenta Laura Fernández anunció que su gobierno evalúa la venta del Banco de Costa Rica (BCR) como parte de un paquete de medidas para fortalecer el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social. La propuesta, que llegó sin un proyecto de ley concreto, plantea destinar los recursos de esa venta al fondo de pensiones, el cual enfrenta un hueco actuarial cuya estimación oscila entre dos y tres billones de colones según distintas proyecciones de la propia CCSS. El BCR respondió con un comunicado en el que subrayó que la entidad es 'estable y cuenta con solvencia financiera sólida', y que sus indicadores de capital, liquidez y morosidad se encuentran dentro de los parámetros exigidos por la SUGEF. La institución no se pronunció sobre la pertinencia política de la propuesta, pero el tono del comunicado evidencia tensión entre el banco estatal y la Casa Presidencial. La idea de privatizar activos del Estado para financiar el sistema de pensiones no es nueva en Costa Rica: versiones similares se debatieron durante las administraciones Arias y Chinchilla sin prosperar. El reto inmediato para Fernández es traducir la propuesta en un proyecto legislativo viable, considerando que cualquier venta de un banco estatal requeriría reforma constitucional y mayoría calificada en la Asamblea, un camino empinado incluso con 31 diputados propios.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) proyecta que el Producto Interno Bruto de Costa Rica crecerá un 3,5% en 2026, cifra que ubica al país por encima del promedio regional de América Latina, estimado en torno al 2,1%. El dato forma parte de la actualización del informe Country Economic Snapshot, publicado en junio con datos a mayo de este año. El organismo destaca el dinamismo del sector exportador de dispositivos médicos y servicios tecnológicos, así como la solidez del turismo, como motores principales del crecimiento. Sin embargo, la OCDE señala que el déficit fiscal primario y la deuda pública —que supera el 60% del PIB— representan vulnerabilidades que requieren consolidación presupuestaria sostenida. Desde el Ministerio de Hacienda, el exmandatario Rodrigo Chaves —hoy a cargo de las carteras de Finanzas y Presidencia dentro del gabinete Fernández— acogió el dato como validación de la trayectoria económica. Analistas independientes advierten, sin embargo, que la proyección no incorpora el impacto fiscal de propuestas como la venta del BCR ni el costo de la megacárcel anunciada por la administración.
El exmandatario asume un rol de doble cartera en la nueva administración, convirtiendo la Casa Presidencial en un eje de continuidad con el gobierno anterior.
Rodrigo Chaves Robles, quien presidió Costa Rica entre 2022 y 2026, fue nombrado por Laura Fernández a cargo de las carteras de Finanzas y Presidencia simultáneamente dentro del gabinete que tomó posesión el 8 de mayo. El nombramiento es inusual: concentra en un mismo funcionario el control del presupuesto nacional y la coordinación del ejecutivo, una configuración que no tiene precedente reciente en la historia política del país. Fernández ganó las elecciones con el 48,3% de los votos como candidata del Partido Pueblo Soberano, agrupación que fundó y dirigió Chaves, y de la cual ella fue ministra durante la administración anterior. La relación política entre ambos explica la continuidad, aunque también genera lecturas sobre el grado real de independencia de la nueva presidenta respecto de su antecesor. Desde la Asamblea Legislativa, donde Pueblo Soberano ocupa 31 de las 57 curules —mayoría absoluta que no se veía desde 1990—, varios diputados de oposición han cuestionado si la acumulación de carteras en Chaves es constitucional y si genera conflictos de interés ante la posibilidad de que su propia gestión sea auditada por instancias que él mismo supervisa.
La presidenta Laura Fernández presentó el plan para la construcción de una megacárcel de cinco mil plazas inspirada en el modelo de reclusión masiva implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. El centro penitenciario, cuya ubicación y costo definitivo no fueron divulgados, forma parte de una estrategia de mano dura contra el crimen organizado que Fernández hizo central en su campaña y en sus primeros meses de gobierno. El plan contempla condiciones de aislamiento severo para líderes de estructuras de narcotráfico y pandillas, con restricciones a visitas y comunicaciones externas similares a las aplicadas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador. El Ministerio de Justicia no brindó detalles sobre el presupuesto, el plazo de construcción ni los mecanismos de supervisión independiente del recinto. Organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Defensoría de los Habitantes y la Comisión de Juristas Internacionales, advirtieron que el modelo salvadoreño ha sido cuestionado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU por presuntas violaciones al debido proceso y condiciones inhumanas de reclusión. El gobierno respondió que Costa Rica implementará el concepto con pleno respeto a la Constitución, sin precisar en qué diferirá del modelo original.
El Ministerio de Hacienda, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) presentaron el lunes una posición coordinada ante Uber y Didi para exigir que ambas plataformas asuman compromisos concretos en materia fiscal y de seguridad social respecto a sus conductores activos en el país. La reunión, sostenida el 30 de junio, marcó la primera vez que las tres entidades actúan en bloque ante las empresas tecnológicas de transporte. Hacienda reclama la correcta tributación del IVA sobre las comisiones que las plataformas cobran a los conductores, un debate que lleva años sin resolución definitiva. La CCSS, por su parte, insiste en que los choferes deben ser reconocidos como trabajadores dependientes o al menos cubiertos por un régimen especial que garantice su acceso a pensiones y atención médica. Cosevi agregó la exigencia de que las apps implementen controles técnicos para detectar conductores con licencias vencidas o vehículos fuera de revisión técnica. Uber y Didi no emitieron comunicados formales al cierre de esta edición. Expertos en derecho laboral consultados por este medio señalaron que la discusión sobre la naturaleza del vínculo entre las plataformas y sus conductores —dependiente o independiente— es el nudo central, y que sin una reforma legal que lo defina, los reclamos institucionales seguirán siendo de difícil ejecución.
— Las instituciones presentaron un frente coordinado ante las plataformas de transporte remunerado para exigir aportes a la seguridad social y cumplimiento de normas de tránsito.
Con 31 de los 57 escaños de la Asamblea Legislativa, Pueblo Soberano consolida la primera mayoría absoluta de un partido costarricense desde que el PLN la tuvo en 1990, hace 36 años. El Directorio Legislativo 2026-2027 quedó integrado exclusivamente por diputados de esa fracción, cerrando la posibilidad de presidencias o vicepresidencias de la Asamblea en manos opositoras durante al menos un año. En la teoría constitucional, la mayoría absoluta permite aprobar legislación ordinaria, nombrar magistrados, aprobar empréstitos y modificar el Reglamento Legislativo sin necesidad de negociación. En la práctica, Costa Rica ha demostrado históricamente que incluso las mayorías formales no garantizan velocidad legislativa: el filibusterismo, los recursos de amparo ante la Sala IV y las presiones de grupos de interés han frenado agendas incluso de partidos con mayorías holgadas. El riesgo real, según politólogos consultados por este medio, es la captura institucional: cuando el mismo partido controla el ejecutivo, la agenda legislativa y el nombramiento de magistrados, los contrapesos democráticos dependen casi exclusivamente de la Sala Constitucional y de la presión ciudadana. Que esos contrapesos se mantengan activos dependerá en parte de si la oposición —fragmentada en más de ocho fracciones— logra coordinar posiciones.
Treinta y un diputados de un mismo partido no garantizan gobierno eficiente; garantizan gobierno sin freno.
El Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria por la comercialización irregular del suplemento 'Artri Ajo King' en tiendas informales, redes sociales y mercados populares de San José y otras ciudades. El producto, que se vende como remedio natural para el dolor articular, no cuenta con registro sanitario vigente en Costa Rica y su composición no ha sido verificada por las autoridades de salud del país. La alerta indica que el suplemento proviene de importaciones no declaradas ante la Dirección de Registros y Controles del Ministerio, y que algunos lotes decomisados contenían ingredientes no declarados en el empaque, incluyendo antiinflamatorios de venta bajo receta. El consumo sin supervisión médica puede causar interacciones medicamentosas graves en personas que toman anticoagulantes o antihipertensivos. El Ministerio instruyó a los servicios regionales de salud para decomisar el producto donde sea localizado y abrió una línea de denuncia ciudadana. Vendedores consultados en el Mercado Central de San José aseguraron desconocer que el producto carecía de aval sanitario y dijeron que sus proveedores les garantizaban su legalidad.
La propuesta regulatoria de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) que obliga a los bancos supervisados a compensar a clientes víctimas de fraude electrónico bancario avanza en su proceso de consulta pública. El mecanismo establece un plazo de 15 días hábiles para resolver reclamaciones y 30 días adicionales para reintegrar fondos una vez confirmado el fraude, siempre que el cliente no haya incurrido en negligencia grave. La propuesta recibió respaldo de la Asociación de Consumidores de Costa Rica, que la califica como un avance necesario en la protección del usuario financiero. La Cámara de Bancos e Instituciones Financieras expresó reservas, advirtiendo sobre el riesgo de fraudes de segunda generación —clientes que simulen ser víctimas para recuperar fondos legítimamente perdidos— y pidió que el mecanismo incluya filtros de verificación más robustos antes de la compensación automática. El Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el gobierno no se han pronunciado formalmente sobre el texto en consulta. Abogados en derecho financiero consultados por este medio señalan que la propuesta, de aprobarse sin modificaciones, representaría el cambio más significativo en la distribución del riesgo bancario desde la reforma a la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional en 2009.