Fernández tacha de berrinche la ausencia judicial en el primer Consejo de Seguridad, la Corte Plena encarga a Aguirre explorar acciones legales contra Hacienda, un análisis de La Nación complica la tesis de que basta un solo magistrado suplente para la Sala IV, la Asamblea condena por unanimidad a Daniel Ortega y una diputada propone que los expresidentes esperen hasta los 65 años para su pensión vitalicia.
La presidenta encabezó el lunes la primera sesión del Consejo Nacional de Seguridad sin la cúpula judicial, y calificó la ausencia de las autoridades como un berrinche por el recorte presupuestario a la Corte.
La presidenta Laura Fernández encabezó el lunes 20 de julio, desde Casa Presidencial, la primera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública sin la asistencia del presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre; la magistrada Patricia Solano; el fiscal general, Carlo Díaz; ni el director interino del OIJ, Michael Soto, según reportaron Infobae y La Nación. Al día siguiente, Fernández calificó la ausencia como un "berrinche" por el recorte presupuestario que Hacienda aplicó al Poder Judicial y dijo que "Costa Rica no está para berrinches", de acuerdo con Teletica. Aguirre había justificado la ausencia en una carta previa donde argumentó que sería "incoherente deliberar sobre el fortalecimiento de la seguridad" mientras el Ejecutivo mantiene un recorte que "debilita las capacidades necesarias para hacerla efectiva", según recogió Infobae. La sesión abordó un primer paquete de seis proyectos de ley en materia de seguridad ya remitidos a la Asamblea Legislativa, y el Gobierno anticipó el envío de entre ocho y nueve iniciativas adicionales el próximo 27 de julio, de acuerdo con Monumental. La presidenta afirmó además que el fiscal Díaz y el director Soto sí habían confirmado su participación por escrito, pero sugirió que "claramente los presionaron" para no asistir -una acusación que la cúpula judicial no ha respondido públicamente. Ni la Corte Suprema ni la Fiscalía han confirmado si asistirán a la próxima convocatoria del Consejo, y el choque se suma al pleito abierto por el presupuesto judicial y al bloqueo legislativo que mantiene sin integrar la Sala Constitucional.
Los magistrados instruyeron el lunes a su presidente para valorar recursos ante el recorte presupuestario del Ministerio de Hacienda al Poder Judicial, mientras continúa el pleito con Casa Presidencial.
La Corte Plena encargó el lunes 20 de julio a su presidente, Orlando Aguirre, explorar acciones legales contra el Ministerio de Hacienda por el recorte presupuestario aplicado al Poder Judicial, según reportó Teletica. La decisión se tomó en la misma sesión en la que los magistrados analizaron la negativa de la cúpula judicial a participar en el primer Consejo Nacional de Seguridad Pública convocado por la presidenta Laura Fernández. El recorte que Hacienda mantiene sobre el presupuesto de la Corte es el trasfondo directo de la ausencia judicial en el Consejo de Seguridad y del recurso de amparo que el fiscal general, Carlo Díaz, presentó el domingo ante la Sala Constitucional por ₡8.680 millones congelados para 275 plazas contra el crimen organizado. La información sobre el encargo a Aguirre proviene únicamente de Teletica, sin confirmación independiente al cierre de esta edición. La Corte no ha detallado qué tipo de acción legal evalúa Aguirre ni ante qué instancia la presentaría, y el Ministerio de Hacienda no se ha pronunciado sobre el mandato de la Corte Plena.
Un análisis publicado por La Nación identificó que, de los 123 expedientes varados en la Sala Constitucional por falta de magistrados suplentes, en 40 casos el pleno completo de magistrados propietarios decidió inhibirse, no solo uno o dos jueces. El magistrado Paul Rueda, por ejemplo, se ha inhibido en 80 expedientes en total, según el mismo diario. El hallazgo matiza la versión que la magistrada Patricia Solano dio ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico la semana pasada, cuando afirmó que bastaría un solo magistrado suplente adicional para integrar la Corte Plena y resolver el desafuero del ministro Rodrigo Chaves por la presunta estructura paralela de financiamiento electoral de 2022. El Financiero documentó además cómo el bloqueo legislativo a los nombramientos, sostenido en gran parte por Pueblo Soberano, ha beneficiado en la práctica a Chaves al mantener sin resolver su caso. Si el atasco alcanza también expedientes donde se inhibió el pleno entero -y no solo casos individuales-, la falta de un único suplente no basta para destrabar toda la mora judicial, aunque sí podría habilitar el caso Chaves si ese expediente específico solo requiere un voto adicional. La Asamblea Legislativa no ha fijado fecha para una tercera ronda de votación de los 18 candidatos a magistrados suplentes, y la información sobre los 40 expedientes con inhibición plena proviene únicamente de La Nación, sin confirmación independiente de otro medio al cierre de esta edición.
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el lunes 20 de julio, con 53 votos y sin oposición, una moción del diputado oficialista Wilson Jiménez que condena y "repudia enérgicamente" las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien afirmó el domingo, durante el acto por el aniversario 47 de la Revolución Sandinista, que en su país "ya no habrá más elecciones" para que la oposición "trate de apoderarse del Gobierno", según reportaron CRHoy y Teletica. El plenario rechazó, en cambio, una segunda moción del Frente Amplio que buscaba calificar de "dictadura" al régimen nicaragüense y pedir al Poder Ejecutivo una postura oficial; esa iniciativa obtuvo 24 votos a favor y 31 en contra, con Pueblo Soberano en el bloque que la rechazó, según consignó La Nación. La votación evidencia que el oficialismo distingue entre repudiar declaraciones puntuales de Ortega y sostener una condena formal más amplia a su gobierno, una distinción con peso diplomático dada la relación de Costa Rica con la creciente diáspora nicaragüense y los flujos migratorios entre ambos países. Ni Casa Presidencial ni la Cancillería costarricense se han pronunciado por separado sobre las declaraciones de Ortega más allá de la moción legislativa aprobada.
El Gobierno de la presidenta Laura Fernández lanzó el domingo 19 de julio una campaña institucional que cifra en más de ₡2,6 billones anuales -unos USD 5.600 millones- el costo de la evasión fiscal para Costa Rica, según reportó Infobae. La cifra es cercana al 6% del producto interno bruto que había calculado previamente El Financiero en un análisis sobre la brecha tributaria del país, lo que da respaldo cruzado a la magnitud del dato. La campaña acompaña el plan que Hacienda presentará este miércoles 22 de julio contra el contrabando y la evasión, y busca justificar ante la opinión pública el enfoque de "perseguir a los que evaden" en lugar de crear nuevos impuestos, la línea que la presidenta Fernández ha repetido desde su conferencia semanal del 14 de julio, según el propio Infobae. El dato eleva la presión sobre Hacienda para mostrar resultados concretos, después de que el ministerio reportara un superávit primario de ₡293.641 millones entre enero y mayo, su sexto año consecutivo con cifras positivas en ese período. El Ministerio de Hacienda no ha detallado qué parte de los ₡2,6 billones espera recuperar con el plan del miércoles ni en qué plazo, algo que deberá precisar en la presentación.
El proyecto de la diputada Iztarú Alfaro busca igualar la edad de acceso a la pensión vitalicia presidencial con el retiro ordinario, tras el intento fallido del Frente Amplio para eliminarla en marzo.
La diputada Iztarú Alfaro presentó el proyecto de ley 25.658 para que quienes ejerzan la Presidencia de la República deban esperar hasta los 65 años para cobrar la pensión vitalicia, en lugar de recibirla de forma inmediata al dejar el cargo como ocurre hoy, según reportó Acontecer.co.cr. La iniciativa reforma las leyes 313 y 7302 para alinear ese beneficio con la edad de retiro ordinaria que aplica al resto de la población costarricense. El proyecto llega cuatro meses después de que la Asamblea Legislativa frenara, por 21 votos contra 20, un intento del Frente Amplio para eliminar por completo las pensiones vitalicias de los expresidentes, de acuerdo con Infobae. La discusión se da cuando el país debate el gasto público durante el ajuste fiscal, mientras la propia Corte Suprema y el Ministerio Público reclaman fondos retenidos por Hacienda para plazas contra el crimen organizado. La comisión que estudia el expediente 25.658 no ha fijado fecha para dictaminarlo, y la información sobre la presentación del proyecto proviene principalmente de Acontecer.co.cr, sin cobertura cruzada de otro medio al cierre de esta edición.