La Corte rechaza sentarse con Fernández por el Consejo de Seguridad, la Fiscalía demanda a Hacienda por ₡8.680 millones congelados, la Sala IV queda más cerca del cierre técnico con el desafuero de Chaves varado, y Hacienda anuncia para el miércoles su plan contra el contrabando.
El presidente de la Corte, Orlando Aguirre, avisó que ningún jerarca judicial asistirá al primer Consejo de Seguridad Pública de Fernández, en plena disputa por el presupuesto.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, comunicó el viernes 17 de julio a la presidenta Laura Fernández que ninguna autoridad judicial participará en la primera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, convocada para este lunes 20 de julio. Aguirre argumentó que la agenda prevista aborda asuntos que podrían comprometer la independencia de criterio necesaria para resolver casos concretos, según reportaron Monumental y Semanario Universidad. La negativa llega tras una semana de choques públicos: el 15 de julio, en su conferencia semanal, Fernández le dijo a la magistrada Patricia Solano que "dejara de hablar paja y se pusiera a trabajar", y acusó a la cúpula judicial de frenar la lucha contra el crimen organizado, según Infobae. Aguirre informó además que la Corte Plena sesionará el mismo lunes para analizar el recorte presupuestario que el Ministerio de Hacienda aplicó al Poder Judicial, uno de los focos centrales del pleito. El mismo tribunal que Fernández acusa de lentitud es el que mantiene varada, por falta de magistrados suplentes, la solicitud para levantar la inmunidad del expresidente Rodrigo Chaves por la presunta estructura paralela de financiamiento electoral de 2022. Ni Aguirre ni Solano han confirmado si asistirán a futuras convocatorias del Consejo de Seguridad; la Presidencia no había respondido públicamente a la carta al cierre de esta edición.
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, presentó el domingo 19 de julio un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Ministerio de Hacienda por mantener congelados ₡8.680 millones aprobados en el Presupuesto Ordinario 2026 para 176 plazas del Organismo de Investigación Judicial y 99 del Ministerio Público, según reportó Acontecer. Díaz argumentó que la retención viola los principios de unidad presupuestaria, separación de poderes y legalidad presupuestaria. Los ₡8.680 millones fueron aprobados por la Asamblea Legislativa para reforzar la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y la violencia de género, pero tanto el gobierno de Rodrigo Chaves como el de Laura Fernández mantuvieron el desembolso congelado, de acuerdo con el recurso presentado por la Fiscalía. El bloqueo se suma al pleito abierto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial por el presupuesto de la Corte, y añade otro frente a la relación entre los poderes del Estado. La información de este recurso proviene únicamente de Acontecer, sin confirmación independiente al cierre de esta edición. La Sala Constitucional no ha fijado fecha para resolver el amparo, y el Ministerio de Hacienda no se pronunció públicamente sobre la demanda al cierre de esta edición.
La Asamblea Legislativa devolvió por segunda vez la nómina de candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional, y con las apelaciones ya rechazadas, el tribunal queda más cerca del cierre técnico.
La presidenta legislativa, Yara Jiménez, del oficialista Pueblo Soberano, devolvió a la Corte Suprema por segunda vez la lista de 18 candidaturas a magistrados suplentes de la Sala Constitucional, después de que la bancada oficialista votara en blanco en seis de las últimas once rondas de elección. Las fracciones de Liberación Nacional, Frente Amplio, PUSC y la Coalición Agenda Ciudadana apelaron la decisión, pero Pueblo Soberano la rechazó con sus 30 votos, según reportó CRHoy, con lo que la devolución queda firme. La Sala Constitucional no tiene magistrados suplentes desde mediados de diciembre pasado, cuando venció el nombramiento de los 12 anteriores, y arrastra 123 expedientes sin resolver por falta de integración plena del tribunal, según El Mundo CR. Entre esos casos está la solicitud para levantar la inmunidad del expresidente Rodrigo Chaves por la presunta estructura paralela de financiamiento electoral de 2022: la magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera, ha señalado que bastaría un solo suplente más para integrar la Corte Plena y votar el desafuero, de acuerdo con La Nación. El Partido Liberación Nacional advirtió que el bloqueo puede derivar en el cierre técnico de la Sala IV, según La República; la Asamblea no ha fijado fecha para un nuevo intento de elección de los magistrados suplentes.
El analista político Mario Quirós envió una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, con una serie de propuestas para una reforma estructural del Poder Judicial, mientras el país debate su funcionamiento, presupuesto y capacidad de respuesta ante el crimen, según reportó Acontecer. Quirós plantea separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas dentro de la Corte. "La justicia no existe para sostener su estructura, sino para responder a las personas", escribió Quirós, quien defiende un modelo centrado en el usuario frente a la lógica interna de la institución. La propuesta llega mientras el Poder Judicial sostiene un pleito abierto con la Presidencia por el presupuesto de la Corte y enfrenta el bloqueo legislativo a los magistrados suplentes de la Sala IV, que mantiene sin resolver decenas de expedientes, entre ellos el del expresidente Rodrigo Chaves. La información de esta carta proviene únicamente de Acontecer, sin confirmación independiente al cierre de esta edición. La carta también insiste en la transparencia y los controles internos y externos como condición para la legitimidad de cualquier reforma; la Corte Plena no ha respondido formalmente a la propuesta.
La justicia no existe para sostener su estructura, sino para responder a las personas
El periodista Esteban Oviedo señaló, en el blog Corrillos Políticos de La Nación publicado el domingo 19 de julio, que el Poder Ejecutivo ha rechazado el diálogo con la oposición en numerosas ocasiones desde abril de 2023, y que ahora también el Poder Judicial se niega a sentarse con el Ejecutivo. El antecedente inmediato es la carta del presidente de la Corte, Orlando Aguirre, quien comunicó a la presidenta Laura Fernández que ningún jerarca judicial asistirá a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, según confirmó Semanario Universidad. La ruptura complica encontrar soluciones a los problemas de seguridad ciudadana, el acceso a servicios públicos y la crisis presupuestaria que golpea a la Corte, cuyo recorte de Hacienda el propio Aguirre cuestionó públicamente. El patrón no es nuevo: el gobierno de Rodrigo Chaves también evitó negociar con la Asamblea durante buena parte de su período, una tendencia que Fernández, su sucesora política, no ha revertido, según el análisis de Oviedo. Oviedo advierte que, sin canales de negociación entre los tres poderes, los conflictos —desde el presupuesto judicial hasta los magistrados suplentes de la Sala IV— seguirán resolviéndose por la vía del choque público antes que por el acuerdo.
La magistrada de la Sala Segunda, Julia Varela Araya, envió una carta a la presidenta legislativa, Yara Jiménez, para formalizar su postulación a un nuevo período de ocho años en la Corte Suprema de Justicia, según reportó Delfino.cr. Varela ocupa una magistratura propietaria desde setiembre de 2002 y ya fue reelegida dos veces, en 2010 y 2018; su nombramiento actual vence el 16 de setiembre de 2026. Si la Asamblea aprueba la reelección, Varela alcanzaría 32 años como magistrada en 2034, una permanencia inusual en la Corte costarricense, de acuerdo con El Observador CR. La solicitud llega mientras el Congreso mantiene bloqueada, por falta de consenso, la elección de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, lo que ha puesto bajo escrutinio los criterios legislativos para nombrar y reelegir jueces de la Corte. La Comisión Permanente Especial de Nombramientos debe dictaminar la postulación antes de que venza el plazo de setiembre; la Asamblea no ha fijado fecha para discutirla.
El Gobierno confirmó que expondrá este miércoles una estrategia para perseguir la evasión y el comercio ilícito sin crear nuevos impuestos, con cambios en aduanas y cruces de información sobre pagos por Sinpe Móvil.
El Ministerio de Hacienda presentará el miércoles 22 de julio un plan integral contra el contrabando y la evasión fiscal, según confirmó la presidenta Laura Fernández. "La prioridad de este Gobierno es aumentar la recaudación fiscal persiguiendo la evasión y el comercio ilícito, no creando nuevos impuestos", declaró Fernández, de acuerdo con Infobae. El plan incluye el cruce de información sobre comerciantes que reciben pagos por Sinpe Móvil y tarjeta sin declararlos ante Hacienda —un mecanismo que las autoridades vinculan a la evasión del IVA y el impuesto sobre la renta—, una reforma a la Ley General de Aduanas para reforzar el control de mercancías en contenedores e importaciones al detalle, y acciones contra tiendas virtuales que subdeclaran el valor de sus productos, según detalló El Mundo CR. Hacienda no ha precisado la meta de recaudación que espera del plan ni el trámite legislativo que requerirán los cambios a la Ley de Aduanas; ambos puntos deberán aclararse en la presentación del miércoles.