La presidenta Fernández le dice a un magistrado que "ganó por goleada" mientras la Corte Plena cifra en ₡3.053 millones el nuevo recorte de Hacienda, un ciberataque obliga a la Asamblea Legislativa a desconectar sus sistemas, el Congreso habilita a Recope para biocombustibles e hidrógeno verde, y el ministro Rodrigo Chaves propone quitarle la exoneración del IVA de la canasta básica a los "emperifollados".
La respuesta de la presidenta a un magistrado que compara el recorte judicial con un golpe de Estado profundiza el choque entre Casa Presidencial y la Corte.
El magistrado Jorge Araya advirtió el lunes 20 de julio, durante una sesión de la Corte Plena, que "en el pasado las democracias se acababan con golpes de Estado, ahora lo hacen con golpes presupuestarios", según reportó Monumental. Otro magistrado, citado por Teletica en la misma sesión, fue más allá y afirmó que "el proceso de cierre del Poder Judicial ya comenzó" a raíz del recorte que el Ministerio de Hacienda aplicó al presupuesto operativo de la Corte para lo que resta de 2026. La presidenta Laura Fernández respondió a las críticas al día siguiente y le pidió a Araya "aceptar" que ella "ganó las elecciones y por goleada" para justificar los cambios que impulsa su gobierno en el Poder Judicial, según consignó La Nación. Fernández insistió en que no se trata de un golpe contra la Corte, sino de asumir que la institución ya no recibirá "cheques en blanco" como antes, de acuerdo con el mismo diario; el cruce se suma a la ausencia judicial del lunes en el primer Consejo Nacional de Seguridad Pública y al pleito abierto por el presupuesto. La presidenta anunció además, según reportó La Teja, un nuevo paquete de entre ocho y nueve proyectos de ley en materia de seguridad que enviará a la Asamblea Legislativa el lunes 27 de julio, y no descartó presentar una causa penal contra los jerarcas judiciales que se ausentaron a la reunión. Ni la Corte Suprema ni el magistrado Araya han respondido públicamente a la mención de una eventual denuncia penal al cierre de esta edición.
Un intento de intrusión detectado entre la noche del lunes y la madrugada del martes obligó al Congreso a suspender el plenario y volver al trámite en papel.
La Asamblea Legislativa suspendió el plenario y desconectó sus sistemas informáticos entre la noche del lunes 20 y la madrugada del martes 21 de julio, después de detectar un intento de ciberataque contra su infraestructura tecnológica, según confirmó la presidenta del Congreso, Yara Jiménez. La Nación, Teletica e Infobae reportaron que el Departamento de Tecnologías de Información recomendó levantar la sesión para evitar comprometer el principio de publicidad de las votaciones mientras persistía la falla. El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) aclaró después que se trató de un "evento de seguridad" detectado en uno de los servidores que presta servicios digitales a la ciudadanía, según recogió Semanario Universidad. La Asamblea canceló además las reuniones de siete comisiones legislativas el martes mientras los equipos de seguridad evaluaban el alcance del incidente, de acuerdo con Delfino.cr, y los diputados debieron volver al trámite en papel durante la interrupción. Jiménez solicitó un informe técnico a la Dirección de Seguridad y al Departamento de Tecnologías de Información para determinar el alcance del ataque; la Asamblea no ha confirmado al cierre de esta edición si hubo acceso indebido a información legislativa ni cuándo retomará la operación plena de sus sistemas.
La Corte Plena aprobó por unanimidad, con la abstención de los magistrados de la Sala Constitucional, un informe de la Dirección Ejecutiva que advierte una subejecución forzosa de ₡3.053 millones adicionales sobre el plan de gastos del Poder Judicial para 2026, equivalente al 42,4% de las cuotas de gasto operativo autorizadas para el tercer y cuarto trimestre, según reportó Teletica. El Observador CR confirmó por separado que el recorte impuesto por Hacienda alcanza el 42% del gasto operativo de la institución. El propio Poder Judicial ha advertido, según Acontecer, que el recorte acumulado para 2026 asciende a ₡16.273 millones, con impacto directo en la programación de allanamientos, la celebración de juicios y la atención a víctimas. Monumental documentó el riesgo de que audiencias y diligencias deban suspenderse o reprogramarse por falta de fondos operativos, un escenario que se suma al pleito que la Corte Plena mantiene abierto contra el Ministerio de Hacienda desde la semana pasada. El presidente de la Corte, Orlando Aguirre, ya recibió instrucciones de la Corte Plena para explorar acciones legales contra Hacienda por la retención, pero el tribunal no ha detallado qué vía legal evaluará ni ante qué instancia la presentaría, y el Ministerio de Hacienda no se ha pronunciado sobre las cifras que reportan Teletica, El Observador CR y Acontecer.
La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate, con 54 votos a favor, ninguno en contra y tres ausencias, la Ley para Promover la Transición Energética en el Sector de Combustibles, que permite a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) investigar, adquirir, importar, exportar, industrializar, almacenar, transportar y comercializar biocombustibles e hidrógeno verde, según reportaron Infobae y CRHoy. Hasta ahora, la institución solo estaba autorizada a refinar, transportar y comercializar petróleo y sus derivados. La reforma llega después de una década de intentos legislativos para modernizar el marco jurídico del sector de combustibles: los diputados analizaron al menos siete proyectos distintos sobre el tema antes de llegar al texto aprobado, de acuerdo con La Nación. La ampliación de competencias de Recope busca alinear a la institución con los compromisos ambientales del país y con los cambios que atraviesa el mercado energético global, según consignó Semanario Universidad. Recope no ha anunciado un cronograma ni una inversión inicial para desarrollar proyectos de biocombustibles o hidrógeno verde bajo sus nuevas competencias, y el Ministerio de Ambiente y Energía tampoco se ha pronunciado sobre cómo se articulará la nueva ley con la política energética del país.
El plan que el Gobierno prometía desde junio llega con una propuesta que divide: quitarle la exoneración del IVA a la canasta básica de los hogares de mayores ingresos.
El Gobierno presentó este miércoles su plan integral contra el contrabando y la evasión fiscal, y el ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, defendió como parte de esa estrategia la posibilidad de eliminar la exoneración del 13% del IVA a los productos de la canasta básica para los consumidores de mayores ingresos, a quienes llamó "emperifollados", según reportó CRHoy. El Observador CR precisó que la canasta básica exonerada incluye 170 productos y que Chaves cuestionó por qué el beneficio alcanza también a hogares que no lo necesitan. "Que tiemblen los que evaden, que tiemblen los que eluden y que tiemblen quienes han vivido pegados del manantial de las exenciones fiscales", declaró Chaves, de acuerdo con CRHoy, quien dijo además que el Gobierno evalúa devolver esos recursos a los hogares de menores ingresos una vez eliminada la exoneración para el resto de la población. La Nación confirmó que Chaves puso sobre la mesa cobrar el 13% de IVA a la canasta básica, una propuesta que contrasta con la promesa que la presidenta Laura Fernández repitió desde el 15 de julio de que el plan no incluiría "nuevos impuestos": quitar una exoneración vigente equivale, en la práctica, a un aumento de la carga tributaria para quienes la pierdan. El diputado Román cuestionó la medida y le respondió públicamente a Chaves que "no se vale" ponerle más impuestos a los pobres, según recogió El Mundo CR, en un señalamiento que discute directamente la versión oficial de que eliminar exoneraciones no equivale a crear un impuesto nuevo. Hacienda no ha precisado cuántos hogares perderían la exoneración del IVA ni el mecanismo concreto para devolver los recursos a los quintiles de menores ingresos, dos datos pendientes de aclarar tras la presentación del plan.