La presidenta Laura Fernández responde al plantón masivo del jueves con un nuevo concepto de "golpe de Estado institucional", la prensa europea y la diáspora tica amplían la cobertura de la protesta, Hacienda se contradice sobre el IVA a la canasta básica, denuncian penalmente a un asesor presidencial por sus ataques al Poder Judicial, diputados de oposición piden respetar las garantías individuales, y el INEC confirma que el desempleo se mantiene en 7%.
La presidenta Laura Fernández respondió este viernes 7 de agosto al plantón masivo del jueves en defensa del Poder Judicial, calificó a los asistentes de manifestantes de oposición y afirmó "no soy una dictadora", según reportó Diario Extra. Fernández restó peso a la movilización al señalar que "la mayor manifestación de fuerza la tuvimos el 1.º de febrero", en referencia a su victoria electoral en primera ronda, de acuerdo con El Observador CR. La mandataria cuestionó además la presencia en la Plaza de la Democracia de excandidatos presidenciales, universidades, sindicatos y expresidentes, según La Nación. El mismo viernes, Fernández introdujo un concepto nuevo para sostener su denuncia contra la Sala Constitucional: el de "golpe de Estado institucional", que según explicó ocurre cuando un Poder de la República usa sus competencias para afectar la independencia de otro, según reportó Infobae Costa Rica. La Nación documentó que la expresión "golpe de Estado" había desaparecido del discurso presidencial en los días previos a esta nueva variante, y cuestiona si el concepto de "golpe de Estado institucional" tiene sustento en la ciencia política, dado que el término tradicional implica una ruptura ilegítima del orden constitucional -lo opuesto, según esa lectura, a una resolución que buscaba destrabar nombramientos judiciales pendientes. Ni la Presidencia ni Casa Presidencial han precisado si el nuevo concepto tendrá efecto en la querella por prevaricato que el Gobierno ya presentó contra cuatro magistrados de la Sala IV, como ha reportado esta edición, y la Asamblea Legislativa no ha fijado fecha para discutir formalmente las declaraciones de la mandataria.
No soy una dictadora
La movilización del jueves 6 de agosto en defensa del Poder Judicial trascendió las fronteras del país: la agencia suiza Swissinfo tituló su cobertura "Protestan en Costa Rica por un supuesto avance del Gobierno sobre el Poder Judicial", el mismo titular que usó France 24 en español para su nota sobre la jornada. Teletica reportó además que medios como el español El País y la alemana Deutsche Welle (DW) dedicaron coberturas propias a la concentración, esta última bajo el título "Miles manifiestan su apoyo al Poder Judicial en Costa Rica". La Nación reportó que costarricenses residentes en el extranjero se sumaron de forma virtual al plantón, en un gesto que amplió el alcance de la protesta más allá de la Plaza de la Democracia y las regiones del país donde se replicó la concentración, como ha reportado esta edición. La atención internacional se produce mientras el Gobierno de la presidenta Laura Fernández mantiene abierto su choque con la Sala Constitucional y defendió esta semana un nuevo concepto de "golpe de Estado institucional", como reporta esta edición. Ni la Presidencia ni el Ministerio de Relaciones Exteriores han reaccionado públicamente a la cobertura de los medios europeos, y no está claro si la atención internacional influirá en la posición del Ejecutivo frente al Poder Judicial en los próximos días.
— Swissinfo, France 24, El País y Deutsche Welle reseñaron la masiva movilización del jueves en la Plaza de la Democracia, mientras costarricenses en el extranjero se sumaron de forma virtual a la protesta.
El ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, aseguró el miércoles 5 de agosto que no existe ningún proyecto para aumentar el impuesto al valor agregado (IVA) que pagan los productos de la canasta básica, y afirmó que "nadie está trabajando en eso", según reportó El Mundo CR. La declaración representa un giro respecto a julio, cuando el propio Chaves había planteado eliminar la exención parcial del IVA para los hogares de mayores ingresos y dijo, el 13 de julio, que el cobro diferenciado alcanzaría a los consumidores "emperifollados", de acuerdo con Semanario Universidad. El mismo miércoles, el viceministro de Hacienda, Víctor Julio Carvajal, contradijo esa versión al anunciar que sí habrá cambios en el cobro del IVA a la canasta básica y afirmar que el ministerio "encontró el camino" para avanzar, según La Nación. El Financiero calificó el episodio como una reculada del Gobierno frente a una medida que había defendido públicamente semanas antes, un vaivén que se suma a la tensión que domina la agenda política desde el choque entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, como reporta esta edición. Ni Chaves ni Carvajal han precisado qué instrumento legal usaría Hacienda para diferenciar el cobro del IVA por nivel de ingreso, ni cuándo se conocerá el anuncio que el viceministro dijo tener listo "en los próximos días".
El Ministerio Público recibió una denuncia penal contra el abogado Fabián Silva Gamboa, asesor de la presidenta Laura Fernández, por el presunto delito de propaganda contra el orden constitucional, que contempla penas de seis meses a tres años de prisión, según reportó Acontecer.co.cr. La denuncia cuestiona una serie de declaraciones de Silva contra el Tribunal Supremo de Elecciones, la Sala Constitucional y el Poder Judicial, entre ellas expresiones como "terrorismo de Estado", "magistrados golpistas", "dictadura judicial" y "monarquía de magistrados", de acuerdo con el mismo medio. Quien presentó la denuncia pidió al Ministerio Público que se ordene el impedimento de salida del país para Silva Gamboa y que se suspenda temporalmente su ejercicio de la abogacía, según Acontecer.co.cr, único medio que reportó estos detalles hasta el cierre de esta edición, sin confirmación independiente. El caso se conoce en la misma semana en que el Ejecutivo intensificó su choque con la Sala Constitucional y la presidenta calificó de "golpe de Estado institucional" una resolución de la Sala IV, como reporta esta edición. Ni Silva Gamboa ni Casa Presidencial se han pronunciado sobre la denuncia, y el Ministerio Público no ha informado si le dará trámite como causa formal.
La tasa de desempleo en Costa Rica se mantuvo en 7% durante el segundo trimestre de 2026, según los resultados de la Encuesta Continua de Empleo que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), reportados por Monumental. La desocupación fue de 6,8% entre los hombres y de 7,2% entre las mujeres, con una población desempleada estimada en 164.000 personas -98.000 hombres y 66.000 mujeres-, de acuerdo con el mismo medio. El indicador no presentó una variación estadísticamente significativa respecto al mismo trimestre del año anterior, según Teletica, un resultado que Infobae Costa Rica describió como un mercado laboral sin cambios relevantes. El dato se conoce en la misma semana en que el Gobierno enfrenta un choque abierto con el Poder Judicial y revisa cambios en el cobro del IVA a la canasta básica, como reporta esta edición. El INEC no ha detallado todavía el desglose sectorial de la desocupación del segundo trimestre, y no ha anunciado cuándo publicará el próximo corte trimestral de la Encuesta Continua de Empleo.
Legisladores del PLN, el Frente Amplio, la Agenda Ciudadana y el PUSC se sumaron el jueves a la concentración en San José y llamaron a defender la separación de poderes.
Diputados de oposición del Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio, la Coalición Agenda Ciudadana y la Unidad Social Cristiana (PUSC) se sumaron desde las 5:30 p. m. del jueves 6 de agosto a la concentración en la Plaza de la Democracia, según reportó El Observador CR, único medio que reportó estos detalles hasta el cierre de esta edición. El diputado Víctor Hidalgo señaló que la concentración representó una defensa de la democracia y de los Poderes de la República, mientras el diputado Antonio Trejos afirmó que la jornada mostró unidad nacional bajo la bandera, con concentraciones también en Limón, San Isidro de El General, Ciudad Quesada, Liberia y Nicoya, de acuerdo con el mismo medio. La oposición ha advertido en semanas recientes que, si el oficialismo alcanza una mayoría calificada de dos tercios en la Asamblea, el Gobierno podría remover magistrados, nombrar jueces afines y restringir garantías y derechos, según El Observador CR. La advertencia se produce en la misma semana en que la bancada de Pueblo Soberano presentó ocho reformas constitucionales sobre la elección de magistrados suplentes, como reportó esta edición el 6 de agosto. Ni Pueblo Soberano ni el Gobierno han respondido públicamente a la participación de los diputados opositores en el plantón, y no está claro si la oposición sumará una acción legislativa formal contra las ocho reformas presentadas esta semana.