El país vota junto a Estados Unidos contra debatir el fin del bloqueo a Cuba, Pueblo Soberano mantiene bloqueados a los magistrados suplentes de la Sala IV y economistas califican de 'una locura' el plan de Hacienda para colocar $13.500 millones en eurobonos.
Costa Rica votó el martes 7 de julio en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU que buscaba abrir un nuevo debate sobre el fin del bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba, según reportaron Semanario Universidad y La Nación. La propuesta se aprobó de todos modos con 136 votos a favor y 30 abstenciones, pero solo nueve países votaron en contra: Costa Rica, Estados Unidos, Israel, Argentina, Chequia, Marruecos, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania, de acuerdo con el conteo publicado por CiberCuba. "Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Cuba no pueden atribuirse exclusivamente al bloqueo", afirmó la delegación costarricense, según recogió Semanario Universidad. Es la primera vez que Costa Rica vota en la ONU alineada con Estados Unidos en este tema, tras más de tres décadas respaldando la posición cubana, señaló ese medio. El giro se veía venir: en octubre de 2025 el país se abstuvo por primera vez en la votación, rompiendo con la tradición, y en marzo de 2026 el Gobierno cerró la embajada en La Habana y redujo la relación con Cuba a nivel consular, según confirmaron CNN en Español y Delfino.cr. La cancillería cubana calificó entonces esa decisión de resultado de "presión" de Estados Unidos, una lectura que el Gobierno costarricense no ha confirmado ni desmentido públicamente. La votación de este martes no tiene efecto práctico sobre el embargo, que Estados Unidos mantiene por la vía unilateral desde 1962, pero consolida el reacomodo de la política exterior costarricense hacia Cuba iniciado con el cierre de la embajada. Costa Rica no ha explicado en detalle los criterios que usó para pasar de la abstención al voto en contra.
Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Cuba no pueden atribuirse exclusivamente al bloqueo.
Catorce diputados alegan vicios de trámite en la Comisión de Hacendarios y piden anular recortes de ¢40.000 millones a los Cen-Cinai y ¢30.000 millones a programas de vivienda.
La Sala Constitucional admitió la consulta de constitucionalidad que catorce diputados del Partido Liberación Nacional presentaron contra el primer presupuesto extraordinario de 2026, identificada como expediente 25.589, según reportó El Observador CR. Los legisladores —entre ellos Álvaro Ramírez, Salvador Padilla, Diana Murillo y Ángela Aguilar— sostienen que en la Comisión de Hacendarios se aprobaron mociones con partidas y subpartidas presupuestarias que no figuraban en el texto original del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, lo que a su juicio viola los artículos 206, 177 y 180 del Reglamento Legislativo y de la Constitución Política, de acuerdo con El Mundo CR y Diario Extra. Entre las modificaciones cuestionadas están recortes de ¢40.000 millones destinados a los Centros de Nutrición y Atención Integral (Cen-Cinai) y de ¢30.000 millones a programas de vivienda, según el PLN. El presupuesto extraordinario forma parte de la directriz de recorte del 5% que el Ministerio de Hacienda, a cargo de Rodrigo Chaves, impulsó desde junio para todos los Poderes de la República e instituciones autónomas, la misma directriz que ya generó el choque por los ¢27.000 millones que Hacienda buscaba recortar al Poder Judicial. Con la consulta admitida, la Sala tiene un mes para resolver y pidió a la presidenta legislativa, Yara Jiménez, remitir el expediente completo para su análisis. Mientras no haya resolución, el trámite del presupuesto extraordinario en el plenario queda en suspenso.
La fracción oficialista no logra ponerse de acuerdo sobre ninguno de los dieciocho candidatos que propuso la Corte Suprema, mientras la oposición acusa al Congreso de incumplir su deber constitucional.
La fracción de Pueblo Soberano (PPSO) no alcanzó consenso interno para respaldar a ninguno de los dieciocho candidatos que la Corte Suprema de Justicia propuso para llenar las nueve plazas vacantes de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, según reportó Delfino.cr. La presidenta legislativa, Yara Jiménez, adelantó que impulsará devolver de nuevo la nómina al Poder Judicial, la misma salida que ya había tomado el oficialismo semanas atrás, de acuerdo con La Nación y Monumental. El estancamiento viene de meses atrás: a mediados de junio la Corte Plena decidió, por 16 votos contra 4 y 2 abstenciones, reenviar intacta la misma lista de 18 aspirantes que el Congreso ya había rechazado, al no encontrar razones objetivas para descartarlos, según El Observador CR e Infobae. El jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, calificó entonces esa insistencia de "necedad de la Corte" y pidió que el Poder Judicial enviara además las seis candidaturas pendientes para otras tres plazas suplentes, según recogió ese mismo medio. Los diputados José María Villalta y María Eugenia Román, del Frente Amplio, se opusieron a devolver la nómina y acusaron al PPSO de provocar que la Asamblea incumpla sus obligaciones constitucionales. La falta de magistrados suplentes ya afecta la atención de casos concretos: 87 expedientes permanecen sin resolver en la Sala Constitucional por esa vacante, de acuerdo con cifras citadas por El Mundo CR, en una sala cuyos suplentes resolvieron cerca de 40.000 casos solo durante 2025. No hay fecha fijada para que el Congreso retome la votación.
El Consejo de Gobierno juramentó el 1 de julio a cuatro nuevos directivos del Banco de Costa Rica —María Clemencia Palomo Leitón, Christian Campos Monge, Jean Carlo Calderón Cabrera y Grettel Vega Arce— y a tres del Banco Nacional —Raúl Espinoza Guido, Liana Noguera Ruiz y Asdrúbal Román Murillo—, según reportó La Nación. Palomo Leitón llega al BCR con un antecedente pendiente: un oficio confidencial de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), identificado como SGF-2345-2024 y fechado el 30 de julio de 2024, había recomendado al Poder Ejecutivo su destitución del Banco Popular por no cumplir el requisito de al menos tres años de experiencia en puestos gerenciales o de junta directiva. En el Banco Nacional, el nombramiento de Liana Noguera Ruiz —financista de la campaña presidencial de Laura Fernández— generó cuestionamientos adicionales, según CRHoy. De acuerdo con el propio reporte de Pueblo Soberano ante el Tribunal Supremo de Elecciones, Noguera compró 17 bonos de deuda política de ¢1 millón cada uno con un descuento del 15%, con lo que desembolsó ¢14,45 millones y recibió certificados por ¢17 millones; la Fiscalía Adjunta Anticorrupción la investiga por un presunto delito de enriquecimiento ilícito. No es su primer paso por una junta bancaria: el Consejo de Gobierno ya la había removido de la directiva del BCR en setiembre de 2023, trece meses después de nombrarla. Los nombramientos se dieron mientras la junta directiva del Banco Popular dejaba de sesionar temporalmente, tras la renuncia de Palomo Leitón y de otro directivo el 29 de junio para asumir sus nuevos cargos, según confirmó La Nación. El Consejo de Gobierno no se ha pronunciado públicamente sobre la recomendación de la Sugef ni sobre la investigación por enriquecimiento ilícito en relación con estos nombramientos.
— El Consejo de Gobierno colocó a una exdirectiva que la Sugef recomendó destituir del Banco Popular y a una financista de la campaña de Laura Fernández investigada por enriquecimiento ilícito.
El Ministerio de Hacienda impulsa en la Comisión de Asuntos Hacendarios un proyecto de ley para autorizar al Poder Ejecutivo a colocar hasta $13.500 millones en eurobonos, repartidos en nueve tramos anuales de $1.500 millones cada uno entre 2026 y 2034, según reportó CRHoy. La iniciativa se suma a otras fuentes de financiamiento externo que Hacienda negocia, incluida una línea de crédito de $500 millones con la CAF y un préstamo de $400 millones con el BID, con el objetivo declarado de sustituir financiamiento local por externo y aliviar la presión sobre la liquidez en colones. Fernando Naranjo, expresidente de la Cámara de Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa) y exministro de Hacienda, calificó la propuesta de "una locura", al señalar que sería, en sus palabras, "para decirlo en términos trágicos, una locura pensar en una emisión de eurobonos de $13.500 millones", según CRHoy. El economista Norberto Zúñiga, de Ecoanálisis, y Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central de Costa Rica, se sumaron a la advertencia sobre el impacto que tendrían nuevas emisiones de ese tamaño en el endeudamiento externo y en el tipo de cambio, de acuerdo con Semanario Universidad. El proyecto no ha sido votado en comisión ni tiene fecha para llegar al plenario. Hacienda no ha respondido públicamente a las advertencias de Naranjo, Zúñiga y Cubero sobre el riesgo cambiario de la propuesta.
La Contraloría General de la República (CGR) rechazó el 8 de julio los dos recursos de apelación que International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) había presentado contra la adjudicación de la concesión para modernizar la infraestructura y el equipamiento de Puerto Caldera, según reportaron El Financiero y La Nación. El ente contralor concluyó que el índice de endeudamiento promedio de ICTSI entre 2021 y 2023 fue de 2,16 veces, por encima del límite máximo de 1,75 veces que exigía el cartel de la licitación como requisito de admisibilidad, lo que dejó su oferta fuera de concurso. Con el recurso rechazado, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) queda habilitado para firmar el contrato con el Consorcio Sunset, integrado por HGT Inversiones —subsidiaria de Hapag-Lloyd y parte del operador actual SPC— y APM Terminals, de acuerdo con Delfino.cr y El Observador CR. La Cámara de Industrias de Costa Rica celebró la resolución como un paso que despeja la modernización del principal puerto del Pacífico costarricense, según El Mundo CR. El Incop no ha fijado una fecha para la firma del contrato ni ha detallado el cronograma de la transición operativa hacia el nuevo consorcio.
La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó un presupuesto total de ¢7,3 billones para 2026, un crecimiento de más del 12% respecto al año anterior, pero dentro de ese monto los recursos para el Régimen No Contributivo (RNC) bajan de ¢196.650 millones en 2025 a ¢167.343 millones en 2026, una reducción de ¢29.307 millones, según reportó AmeliaRueda.com. El recorte más fuerte recae en el financiamiento de pensiones para personas adultas mayores en pobreza, que pasa de ¢102.000 millones a ¢71.000 millones. El gerente financiero de la CCSS, Gustavo Picado, advirtió que el ajuste deja a la institución con un déficit superior a los ¢60.000 millones para atender esas pensiones, de acuerdo con ese medio. La Nación reportó que más de 420.000 personas dependen de prestaciones del RNC y que unas 32.000 personas en condición de pobreza podrían esperar hasta tres años para recibir su pensión por falta de presupuesto. El recorte se da meses después de que la presidenta Laura Fernández cuestionara públicamente, en junio, el modelo de gestión de la CCSS y exigiera 'profesionalización' en su junta directiva. La CCSS no ha detallado qué criterios usará para priorizar solicitudes de pensión ante el faltante de recursos, y la Junta Directiva tampoco ha anunciado gestiones adicionales ante el Ministerio de Hacienda para cubrir el déficit señalado por Picado.
La economía costarricense crecería 3,6% en 2026, tras un cierre estimado de 4,2% en 2025, según el Informe de Perspectivas Económicas 2026-2027 de Grupo Financiero Mercado de Valores, citado por Revista Summa. El reporte, que corresponde a una proyección privada y no a una cifra oficial del Banco Central de Costa Rica (BCCR), prevé que la inflación se mantenga contenida durante buena parte del año y regrese a terreno positivo en el segundo semestre, para cerrar 2026 cerca de 1,4%, todavía por debajo del rango meta del BCCR (3% más menos un punto porcentual), que no se alcanzaría hasta finales de 2027. Sobre el tipo de cambio, la proyección de Mercado de Valores ubica el dólar entre ¢480 y ¢490 durante buena parte de 2026, con presiones al alza en el tercer trimestre y una apreciación hacia fin de año que lo llevaría a un rango cercano a ¢505-¢515 para diciembre. El dato contrasta con el tipo de cambio de referencia que el BCCR publicó para el 8 de julio, de ¢454,15 para la venta y ¢449,85 para la compra en el mercado mayorista Monex. La proyección proviene de un solo informe privado, sin que otras casas de análisis hayan publicado cifras propias para contrastar el rango cambiario estimado; el próximo Informe de Política Monetaria trimestral del BCCR, que podría confirmar o matizar estas cifras, se publica normalmente en julio.