La Sala Constitucional defiende su independencia frente a las acusaciones presidenciales de golpe de Estado institucional, el Gobierno acumula tres expedientes abiertos con la Fiscalía y la propia Sala IV, un diputado del Frente Amplio dice que asistió al plantón sin escoltas, y el Banco Central matiza el impacto de un eventual alza del IVA a la canasta básica.
El tribunal reaccionó a la presidenta Laura Fernández después de que esta insistiera, por segunda semana consecutiva, en calificar de golpe de Estado institucional una resolución sobre magistrados suplentes.
La Sala Constitucional reaccionó a las declaraciones de la presidenta Laura Fernández y defendió su independencia frente a las acusaciones de golpe de Estado que la mandataria repite desde finales de julio, según reportó Diario Extra. El magistrado presidente de la Sala, Fernando Castillo, ya había señalado el 5 de agosto ante la Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa que "aquí se han confundido los términos" y que "efectivamente, la Corte no puede dar un golpe de Estado", según consignó La Nación. El respaldo a esa posición se había ampliado días antes entre especialistas consultados por La Nación: el constitucionalista Marvin Carvajal calificó de "irresponsables" las declaraciones presidenciales, el abogado Sergio Araya las describió como "una afirmación temeraria e incendiaria", y el Colegio de Politólogos de Costa Rica rechazó usar el término golpe de Estado para un caso que, según su lectura, corresponde a "un conflicto de competencias e interpretación constitucional". Cincuenta y un profesores de Derecho de la Universidad de Costa Rica firmaron además un pronunciamiento que advierte que banalizar el concepto "puede distorsionar su significado histórico y jurídico", de acuerdo con el mismo medio. Fernández, por su parte, sostuvo el viernes que su señalamiento de un "golpe de Estado institucional" es correcto porque, según explicó desde su formación como politóloga, ese tipo de golpes ocurre cuando un Poder usa sus competencias para afectar la independencia de otro, según reportó Infobae Costa Rica. Ni Casa Presidencial ni el Ministerio de la Presidencia han respondido públicamente al pronunciamiento de la Sala Constitucional, y la Asamblea Legislativa no ha fijado fecha para retomar la discusión sobre el nombramiento de los magistrados suplentes que originó la disputa.
El diputado del Frente Amplio Ariel Robles Barrantes afirmó que se sumó al plantón del jueves 6 de agosto en la Plaza de la Democracia "sin un solo guardaespaldas", con el propósito de "saludar a las personas" que le mostraron respaldo y defender "el país" en el que vive, según reportó Acontecer.co.cr, único medio que reportó esta declaración hasta el cierre de esta edición, sin confirmación independiente. Robles enmarcó su presencia como un refuerzo del respaldo de su fracción al bloque democrático frente al Ejecutivo, de acuerdo con el mismo medio. La declaración se suma a la de diputados de otras bancadas de oposición -Liberación Nacional, la Coalición Agenda Ciudadana y la Unidad Social Cristiana- que participaron en la misma concentración y pidieron respetar las garantías individuales, como reportó esta edición el 8 de agosto. La oposición ha advertido en semanas recientes que una eventual mayoría calificada del oficialismo en la Asamblea le permitiría al Gobierno remover magistrados y nombrar jueces afines, el mismo escenario que enmarca la disputa que hoy también protagoniza la Sala Constitucional, como reporta esta edición. Ni Casa Presidencial ni la bancada de Pueblo Soberano han respondido a las declaraciones de Robles, y no hay indicios públicos de que la oposición prepare una acción legislativa conjunta más allá de su presencia en las movilizaciones.
Fui al plantón sin un solo guardaespaldas
El Ministerio Público mantiene abierto el expediente 26-000076-0033-PE contra la presidenta Laura Fernández y el ministro Rodrigo Chaves por el nombramiento de Katherine Tenorio como jefa de la Policía de Control Fiscal, según reportaron Delfino.cr y Acontecer.co.cr, sin que la Fiscalía haya fijado un plazo para decidir si abre una investigación formal. Por separado, el Ministerio Público analiza una denuncia contra el asesor presidencial Fabián Silva Gamboa por el presunto delito de propaganda contra el orden constitucional, que contempla penas de seis meses a tres años de prisión, de acuerdo con Acontecer.co.cr, único medio que ha reportado ese caso hasta el cierre de esta edición. A esos dos expedientes se suma la querella por prevaricato que el Gobierno presentó contra los magistrados de la Sala Constitucional Fernando Cruz, Paul Rueda, Ingrid Hess y Jorge Araya por la resolución que prorrogó a los magistrados suplentes, según Infobae Costa Rica. Los tres casos avanzan en paralelo a la disputa pública entre Fernández y la Sala IV que reporta esta edición, en la semana de mayor tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial desde que la mandataria asumió la Presidencia en mayo. Ni la Fiscalía ni Casa Presidencial han fijado plazos públicos para resolver los tres expedientes, y no está claro si alguno derivará en una acusación formal antes de que la Asamblea Legislativa retome la discusión sobre los magistrados suplentes.
El Banco Central de Costa Rica afirmó que el crecimiento económico se afectaría muy poco por un aumento del IVA a la canasta básica si el diseño final incluye devolución para los hogares de menores ingresos.
El presidente del Banco Central de Costa Rica advirtió que las proyecciones de crecimiento económico se verían afectadas "muy poco" por un eventual aumento del impuesto al valor agregado (IVA) sobre la canasta básica, siempre que el diseño final incluya un mecanismo de devolución y se aplique solo a los hogares de mayores ingresos, según reportó El Financiero. La valoración técnica se conoce mientras Hacienda se contradijo esta semana sobre si existe o no un plan para modificar el cobro del 1% de IVA que hoy pagan los productos básicos, como reportó esta edición el 8 de agosto. El BCCR no ha publicado un cálculo puntual del efecto sobre el Índice de Precios al Consumidor ni sobre la recaudación tributaria, pero su valoración se produce en un contexto de inflación interanual negativa que se ha mantenido buena parte de 2026. El ministro Rodrigo Chaves negó el miércoles 5 de agosto cualquier proyecto para subir el IVA a la canasta básica, mientras su viceministro, Víctor Julio Carvajal, anunciaba ese mismo día que sí habrá cambios en el cobro, según La Nación. Hacienda no ha precisado todavía qué instrumento legal usaría para diferenciar el cobro del IVA por nivel de ingreso, y el Banco Central tampoco ha dicho si evaluará formalmente una propuesta concreta antes de que el Ejecutivo tome una decisión.
Tres expedientes judiciales abiertos, una tasa de desempleo estable en 7% y un tipo de cambio al alza resumen una semana marcada por la tensión institucional en Costa Rica.
La semana cierra con el Ejecutivo y el Poder Judicial en el punto más tenso de su disputa desde que la presidenta Laura Fernández asumió la Presidencia en mayo: la Sala Constitucional defendió su independencia frente a las acusaciones presidenciales de golpe de Estado institucional, mientras el Ministerio Público mantiene abiertos tres expedientes o querellas contra el Ejecutivo, sus colaboradores y los propios magistrados de la Sala IV, como ha reportado esta edición. El trasfondo económico tampoco dio tregua: el Instituto Nacional de Estadística y Censos reportó una tasa de desempleo de 7% en el segundo trimestre, equivalente a 164.000 personas sin empleo, según la Encuesta Continua de Empleo citada por Monumental, y el tipo de cambio de referencia del Banco Central cerró el viernes 7 de agosto en ¢464,00 de venta, de acuerdo con datos oficiales de la entidad. El Gobierno, además, todavía no resuelve si subirá el IVA a la canasta básica pese a los mensajes contradictorios de Hacienda esta semana. La próxima semana determinará si la confrontación institucional se traslada a la Asamblea Legislativa, donde sigue pendiente la elección de los magistrados suplentes que originó el conflicto, o si continúa resolviéndose por la vía de expedientes y comunicados cruzados entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.