La presidenta Laura Fernández llegó a sus primeros 100 días entre señalamientos de contradicciones y del poder de Rodrigo Chaves, mientras la Asamblea mantiene abierta una querella contra la Sala IV y la Contraloría exige al ICE romper alianzas privadas antes del 28 de agosto.
Un repaso publicado este fin de semana por CRHoy documentó varias contradicciones en los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Laura Fernández, cumplidos el domingo 16 de agosto. Entre ellas, el giro que dio el 12 de agosto al anunciar un proyecto de ley para eliminar las pensiones de los expresidentes -una remuneración vitalicia cercana a los ₡4 millones mensuales, según el medio-, apenas días después de haber defendido ese régimen especial. El reporte agrega que el decreto que Fernández firmó en su primer día para fijar un año carcelario de 360 días naturales replica una regla que, según CRHoy, ya establecía la ley, y que los seis proyectos de seguridad presentados en junio repiten legislación existente o incluyen propuestas que, según CRHoy, especialistas consultados por el medio consideran inconstitucionales. El desacuerdo sobre el decreto carcelario ilustra la disputa de fondo: mientras el Gobierno presenta la fijación del año en 360 días como una medida que cerró un vacío que permitía descontar condenas en apenas ocho meses, según había reportado Infobae Costa Rica, CRHoy sostiene que la norma solo reitera una regla ya vigente. La discrepancia se suma al balance más amplio de estos primeros cien días -marcado también por la tensión con el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa- que recogió el reportaje especial que Monumental publicó el domingo. Ni Casa Presidencial ni el Ministerio de Justicia y Paz han respondido públicamente al señalamiento de CRHoy sobre el decreto carcelario, y el proyecto de ley para eliminar las pensiones de expresidentes -que alcanzaría también a Fernández cuando termine su mandato- todavía no ingresa a la corriente legislativa, según el mismo reporte.
El jefe de la fracción del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa, José María Villalta, afirmó que el balance de los primeros 100 días de la presidenta Laura Fernández 'no es positivo' porque, en sus palabras, 'es un gobierno que arrastra los errores y los problemas que trajo el gobierno anterior', según recogió El Observador CR. Villalta cuestionó en particular el peso del ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, y dijo que 'un gobierno normal hace una evaluación de lo que ha ido bien y lo que ha ido mal, y hace cambios y ajustes en el gabinete', en referencia a que Fernández no ha movido a Chaves de esas dos carteras pese a los tropiezos económicos del año, como el arancel estadounidense del 12,5% y la desaceleración de las zonas francas que ha reportado esta edición. Chaves ocupa los ministerios de la Presidencia y de Hacienda desde el 8 de mayo, después de haber sido presidente de la República entre 2022 y 2026, y Semanario Universidad documentó que la continuidad entre su discurso como expresidente y como ministro es alta. La lectura opositora contrasta con la del oficialismo, que presenta a Chaves como garante de la experiencia económica del nuevo Gobierno en un contexto -aranceles más altos, crecimiento revisado a la baja- más adverso que el proyectado durante la campaña. Ni Casa Presidencial ni el propio Chaves han respondido públicamente a las críticas de Villalta, y no hay indicios de un cambio de gabinete antes de que termine el año, según los legisladores consultados por El Observador CR.
La Asamblea Legislativa mantiene abierta, desde el 31 de julio, una querella penal por prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional, presentada después de que el tribunal prorrogara el nombramiento de los magistrados suplentes cuyo período había vencido el 16 de diciembre de 2025, según reportó Infobae Costa Rica. La Sala IV justificó la prórroga -sentencia 2026-13498- en que la falta de suplentes había dejado al menos 123 expedientes sin resolver por recusaciones o inhibitorias de magistrados titulares, lo que impedía formar el quórum necesario para dictar sentencias. La querella sigue abierta a cuatro días de que la presidenta Laura Fernández reciba en Casa Presidencial, el viernes 21 de agosto a las 10 a. m., al presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, y a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, para fijar metas y plazos conjuntos en seguridad, como reportó esta edición el domingo. El contraste entre la invitación al diálogo y la denuncia penal contra la propia Sala IV resume la tensión entre poderes que ha marcado los primeros 100 días de gobierno, como documentó esta edición. Ni la Corte Suprema ni la Asamblea Legislativa han confirmado si asistirán a la reunión del 21 de agosto, y tampoco hay fecha para que el Ministerio Público resuelva la querella contra los cuatro magistrados, según Infobae Costa Rica.
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) dejar de usar alianzas con empresas privadas para ejecutar contratos directos que firma con otras entidades del Estado, después de detectar que varios de esos acuerdos generaron pérdidas o rendimientos muy por debajo de lo esperado para la institución, mientras una parte importante de los ingresos se trasladaba a los socios comerciales, según reportaron El Observador CR y Surcos Digital. El ente contralor fijó el 28 de agosto como plazo para que el ICE documente el cese de esas alianzas, y el 30 de octubre para presentar un estudio técnico y financiero sobre los convenios vigentes. Entre los contratos señalados está el que sostiene el sistema de Expediente Digital Único en Salud (EDUS) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que la propia Caja ya había ordenado revisar a mediados de agosto, como reportó esta edición, después de que Teletica documentara que el ICE incluyó en la contratación de comunicaciones hospitalarias a una empresa cuya oferta la CCSS había rechazado previamente. El EDUS centraliza el expediente clínico electrónico de millones de personas aseguradas, lo que vuelve sensible cualquier irregularidad en su administración. Ni el ICE ni la CCSS han confirmado si cumplirán el plazo del 28 de agosto fijado por la Contraloría, y no está claro si la revisión que ordenó la junta directiva de la Caja al contrato del EDUS desembocará en una renegociación antes de que termine el año.
El balance crítico de los primeros 100 días de Fernández, la querella contra la Sala IV y el plazo que la Contraloría dio al ICE resumen la jornada.
Costa Rica cerró este lunes 17 de agosto con un repaso crítico de los primeros 100 días de la presidenta Laura Fernández: CRHoy documentó contradicciones como el giro en las pensiones de expresidentes y el decreto carcelario que, según el medio, solo repite la ley vigente, mientras El Observador CR recogió el señalamiento del diputado José María Villalta de que el ministro Rodrigo Chaves concentra un poder desproporcionado en Casa Presidencial, como reportó esta edición. En paralelo, la Asamblea Legislativa mantiene abierta una querella penal por prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional a solo cuatro días de que Fernández reciba a la Corte Suprema y al Congreso en la cumbre de los tres Poderes del 21 de agosto, y la Contraloría General de la República fijó el 28 de agosto como plazo para que el ICE deje de usar alianzas privadas en contratos como el del sistema EDUS de la CCSS. Ninguno de los frentes -la querella contra la Sala IV, el plazo al ICE o las críticas de la oposición a Chaves- tiene resolución al cierre de esta edición; la atención de los próximos días se concentrará en si los otros Poderes confirman su asistencia a la reunión del 21 de agosto y en si el ICE cumple el plazo del 28 de agosto.