La presidenta Laura Fernández pide eliminar la pensión de los expresidentes cinco días después de defenderla, el oficialismo endurece el proyecto de jornadas 4x3, la CCSS revisa un señalamiento de la Contraloría sobre el contrato del EDUS con el ICE, alias 'Diablo' vuelve a los tribunales bajo fuerte resguardo y el OIJ reporta 482 homicidios con tres provincias al alza.
La presidenta cambió de posición en menos de una semana: pasó de defender el beneficio como 'un reconocimiento' a pedir al diputado Alejandro Barrantes presentar un proyecto para eliminarlo.
La presidenta Laura Fernández pidió el miércoles 12 de agosto al diputado oficialista Alejandro Barrantes presentar ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para eliminar la pensión vitalicia de los expresidentes, incluida la que ella misma recibiría al dejar el cargo, según reportaron La Nación y CRHoy. La iniciativa, bautizada 'Cero Tolerancia', llega apenas cinco días después de que la mandataria defendiera el mismo beneficio en una actividad en La Guácima de Alajuela: 'Más que una pensión, es un reconocimiento para que, después de haber ejercido este cargo, tengan un ingreso que les permita continuar con un nivel de vida sostenible', había dicho el 7 de agosto, según La Nación. El giro se produjo horas después de que la fracción oficialista de Pueblo Soberano votara en contra de un proyecto con el mismo objetivo que el Frente Amplio ya tenía avanzado en la Asamblea, el expediente 24.793, lo que generó un cruce de acusaciones en el Plenario. El diputado frenteamplista Edgardo Araya calificó de innecesario 'empezar de cero' cuando ese texto ya existía, y señaló que la nueva propuesta de Fernández podría ser inconstitucional, un defecto que el expediente rechazado no tenía, según CRHoy. El bloque opositor celebró el cambio de postura pero le pidió a la presidenta renunciar personalmente al beneficio en lugar de esperar a que la ley se tramite, de acuerdo con La Nación. Según Delfino.cr, la propia hemeroteca de declaraciones de Fernández sobre el tema en los últimos meses alimenta las dudas sobre si el giro responde a una convicción nueva o a la presión política de esa semana. No está claro si el proyecto de Fernández avanzará más rápido que el expediente 24.793 del Frente Amplio, que ya cuenta con dictamen, ni si la presidenta hará efectiva su renuncia personal al beneficio antes de que la ley se apruebe en la Asamblea.
El oficialismo restituye el texto original del proyecto de jornadas de doce horas, sin el mecanismo que permitía a cada trabajador aceptar o rechazar el nuevo horario, tras presión empresarial de Uccaep.
La fracción oficialista de Pueblo Soberano anunció el martes 11 de agosto que retomará el texto original del proyecto de jornadas excepcionales 4x3, eliminando la cláusula que permitía a cada persona trabajadora decidir si aceptaba o no el nuevo horario de doce horas diarias por cuatro días, según reportó Teletica. La votación de más de 4.000 mociones al expediente arrancó el martes y podría extenderse hasta octubre, de acuerdo con El Observador CR. El cambio responde a la presión de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), que había advertido que las modificaciones incorporadas por los diputados volvían 'inviable' la aplicación del régimen y pidió recuperar el espíritu original del texto, según La Nación. Jorge Luis Araya, director ejecutivo de Uccaep, defendió el proyecto como una herramienta para modernizar la legislación laboral 'sin lesionar los derechos de las personas trabajadoras', de acuerdo con el mismo medio. La oposición, que ya había acusado al Gobierno de usar las jornadas 4x3 para bloquear la agenda legislativa de seguridad, como reportó esta edición el lunes, ve en la eliminación del mecanismo de decisión individual una prueba adicional de que el proyecto favorece a las empresas por sobre las personas trabajadoras. Ni el Ministerio de Trabajo ni la fracción de Pueblo Soberano han fijado una fecha límite para cerrar la votación de mociones, y no está claro si la oposición legislativa logrará frenar el cambio antes de que el texto vuelva a discutirse en el Plenario.
La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Mónica Taylor, ordenó el 29 de julio a las gerencias institucionales revisar el señalamiento que la Contraloría General de la República hizo sobre el contrato entre la CCSS y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para el desarrollo del Expediente Digital Único en Salud (EDUS), según reportó Teletica. El memorando fija el 20 de agosto como plazo para que las áreas técnicas entreguen su criterio a la Junta Directiva. La Contraloría analizó los contratos del ICE con diez entidades públicas, entre ellas la CCSS, e identificó la participación de terceros privados en la administración de esos contratos: en el caso del EDUS, firmado entre ambas instituciones en diciembre de 2013, el ICE suscribió en enero de 2014 un convenio comercial con la empresa Corporación Font S.A. bajo una figura de alianza empresarial, según el criterio del órgano contralor recogido por SURCOS Digital. La Contraloría concluyó que usar la contratación directa entre entes públicos como vehículo para incorporar sujetos privados mediante alianzas empresariales constituye una práctica ilegítima. El ICE, por su parte, advirtió en julio que el EDUS -el sistema que centraliza el expediente de salud de toda la población asegurada- queda 'en riesgo serio' si debe interrumpir ese esquema de contrataciones directas, según Monumental. La Junta Directiva de la CCSS no ha fijado fecha para discutir el informe de sus gerencias, y no está claro si la institución deberá renegociar el contrato con el ICE o si buscará una salida que mantenga operativo el EDUS sin recurrir a la alianza empresarial cuestionada por la Contraloría.
Un dispositivo de seguridad con dos vehículos blindados trasladó la mañana del miércoles 12 de agosto a Alejandro Arias Monge, alias 'Diablo', desde el Centro Penitenciario La Reforma hasta el Primer Circuito Judicial de San José, la segunda vez que el detenido sale del penal desde su captura el 24 de julio, según reportaron Monumental y El Guardián CR. El traslado, solicitado por su abogado Christian Rodríguez, buscaba ampliar la indagatoria del líder criminal en el caso de legitimación de capitales conocido como 'Colorado', de acuerdo con Monumental. El Ministerio de Justicia y Paz había pedido que las diligencias judiciales relacionadas con Arias Monge se realizaran de forma virtual por el riesgo de seguridad que implica movilizarlo, un pedido que no impidió que las autoridades judiciales insistieran en la modalidad presencial también en el primer traslado, ocurrido el 28 de julio, según documentó Infobae Costa Rica. El grupo criminal que encabezaba Arias Monge, capturado el 24 de julio en Sarapiquí tras la Operación Némesis, está vinculado a cerca de 200 homicidios y era investigado por la agencia antidrogas estadounidense por el transporte de cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos vía Centroamérica y México, según el Departamento de Estado de Estados Unidos. No está claro si la Fiscalía completará la ampliación de la indagatoria en esta única audiencia o si Arias Monge deberá volver a salir del penal, ni si el Poder Judicial atenderá finalmente el pedido del Ministerio de Justicia de trasladar las diligencias a un formato virtual.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizó 482 víctimas de homicidio en Costa Rica entre el 1 de enero y el 12 de agosto de 2026, frente a las 548 registradas en el mismo periodo de 2025, una reducción de 66 casos, según datos recogidos por Diario Extra, único medio que ha divulgado ese corte específico al cierre de esta edición, sin confirmación independiente de otra fuente. La cifra es consistente con la proyección que el OIJ hizo en marzo, cuando estimó que el país podría cerrar el año con menos de 800 homicidios dolosos frente a los 870 de 2025, según Infobae Costa Rica. La baja no es uniforme en el territorio: Puntarenas pasó de 73 víctimas en 2025 a 81 este año, ocho más, y Limón y Cartago también acumulan más homicidios que en el mismo punto del año pasado, de acuerdo con Diario Extra. El abogado y experto en temas de narcotráfico Adrián Quesada explicó que Limón y Puntarenas son zonas de alta incidencia criminal históricamente ligadas a disputas territoriales por el tráfico de drogas y enfrentamientos entre estructuras criminales, un patrón que la cifra nacional a la baja no logra reflejar, según el mismo medio. La disputa y el reacomodo entre organizaciones criminales, más que un aumento generalizado de la violencia, explican los focos de letalidad que persisten en esas provincias costeras, de acuerdo con ese análisis. El OIJ no ha publicado un desglose oficial provincia por provincia con corte a agosto que permita confirmar si la tendencia al alza en Limón, Puntarenas y Cartago se mantendrá el resto del año, y no está claro si el Ministerio de Seguridad Pública reforzará el despliegue policial en esas zonas antes de que cierre 2026.
El giro de Laura Fernández sobre las pensiones de expresidentes, el endurecimiento del proyecto de jornadas 4x3 y el traslado de alias 'Diablo' resumen una jornada marcada por la tensión política y de seguridad.
La jornada del jueves 13 de agosto quedó marcada por el cambio de postura de la presidenta Laura Fernández sobre las pensiones de expresidentes, que pasó de defender el beneficio a pedir su eliminación en apenas cinco días, y por el endurecimiento del proyecto de jornadas 4x3, que el oficialismo despojó del mecanismo que permitía a cada trabajador decidir si aceptaba el nuevo horario, como ha reportado esta edición. El frente de seguridad tampoco dio tregua: la CCSS ordenó revisar un señalamiento de la Contraloría sobre el contrato del EDUS con el ICE, Alejandro Arias Monge, alias 'Diablo', fue trasladado por segunda vez a los tribunales de San José bajo fuerte resguardo, y el OIJ reportó 482 homicidios al 12 de agosto -66 menos que en 2025- aunque Limón, Puntarenas y Cartago acumulan más víctimas que el año pasado, según reportaron Diario Extra y Monumental. Ninguno de los frentes -la reforma de pensiones, las jornadas 4x3 o el contrato del EDUS- tiene fecha de resolución al cierre de esta edición, y la atención de los próximos días se concentrará en si la presidenta hace efectiva su renuncia personal a la pensión y en si la oposición logra frenar en el Plenario el nuevo texto de las jornadas 4x3.