La presidenta cumple su primer tercio de año con la seguridad como bandera, un tribunal embarga las cuentas de Pueblo Soberano, el Mecanismo contra la Tortura alerta sobre el Circuito de Alta Contención y el oficialismo se disculpa tras la crisis por los insultos de Cindy Murillo.
Laura Fernández cumple este domingo 16 de agosto sus primeros 100 días como presidenta de Costa Rica, tras asumir el cargo el 8 de mayo de 2026, con el combate al crimen organizado como eje central de su gestión, según el balance publicado por Infobae. Entre las medidas que su Gobierno destaca están la fijación del año carcelario en 360 días naturales -que elimina la práctica que permitía descontar condenas en apenas ocho meses por interpretaciones legales- y los planes de seguridad con los que busca sostener la reducción de homicidios que el Organismo de Investigación Judicial ha registrado este año, como reportó esta edición el 13 de agosto. El balance de cien días también recoge la tensión institucional que ha marcado el periodo: Fernández sostuvo el 8 de agosto que sí hubo un "golpe de Estado institucional" contra la Asamblea Legislativa y ha mantenido críticas públicas al Poder Judicial, según Infobae. La gestión arrastra además denuncias sobre un presunto plan para atentar contra su vida, la gira a Crucitas marcada por una detonación en un sector boscoso cuyo origen no se ha esclarecido, recortes presupuestarios y la propuesta de crear una marina de la Fuerza Pública en Limón, de acuerdo con El Observador CR. Fernández no ha fijado nuevos cambios de gabinete para lo que resta del año, y la oposición legislativa sostiene que la prueba de fondo para estos primeros cien días será cómo el Gobierno cierre la discusión de las jornadas 4x3, el otro gran frente que ha ocupado a la Asamblea Legislativa desde julio, como ha reportado esta edición.
El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ordenó embargar cuentas corrientes, de ahorro, certificados a plazo y cajas de seguridad del Partido Pueblo Soberano (PPSO) hasta por ¢109.377.274, según confirmaron La Nación, CRHoy, Teletica y Monumental el viernes 14 de agosto. La orden ejecuta la sentencia que declaró con lugar el reclamo de la militante Iliana Ruiz Chacón, de San Carlos, quien denunció que el partido la presionó para retirar su precandidatura a diputada por Alajuela antes de la asamblea interna del 24 de agosto de 2025. El Tribunal Supremo de Elecciones ya había resuelto en 2025 que el PPSO amenazó el derecho de participación política de Ruiz Chacón, aunque en ese momento el fallo tuvo solo efectos declarativos porque la militante dijo que no deseaba continuar como precandidata; el nuevo embargo llega de la vía contencioso-administrativa, donde Ruiz Chacón reclamó daños y perjuicios. La medida golpea las finanzas del partido de la presidenta Laura Fernández apenas cien días después de que asumiera el Gobierno, y se suma a la lista de roces internos que ha enfrentado la agrupación oficialista en los últimos meses. La presidenta del PPSO, Mayuli Ortega, dijo que el partido apeló la medida y que el embargo no compromete su operatividad ni su estabilidad financiera, según recogió El Mundo CR. No está claro cuándo resolverá el tribunal el recurso ni si el embargo se hará efectivo antes de esa resolución.
El organismo que vigila las cárceles del país confirmó que la Fiscalía le notificó presuntos actos de tortura contra personas privadas de libertad en el circuito de máxima seguridad, que ya acumula nueve alertas desde su creación.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) confirmó que el Ministerio Público le notificó el jueves 13 de agosto presuntos actos de tortura contra personas privadas de libertad en el Circuito de Alta Contención, según reportaron Semanario Universidad, Delfino.cr y Teletica. El organismo ha elaborado nueve informes sobre las condiciones de ese circuito desde su creación en abril de 2025, de acuerdo con el mismo reporte. Entre los testimonios recogidos figuran los de los extraditados Gilbert Bell Fernández, alias "Macho Coca", y Gabriel Lozano Bonilla, alias "Compadre" -extraditados a Estados Unidos el 13 de agosto, como reportó esta edición el sábado-, quienes relataron privación del sueño y, en el caso de Bell Fernández, cien días sin ver la luz del día, según documentó Semanario Universidad. El MNPT recordó que la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Costa Rica prohíben de forma absoluta la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que el artículo 381 bis del Código Penal tipifica el delito, aunque aclaró que su función es preventiva -inspecciones periódicas e independientes- y no de investigación judicial o administrativa. Las alertas del MNPT contrastan con el discurso oficial, que presenta el Circuito de Alta Contención como pieza central de la política de seguridad de la presidenta Laura Fernández, quien ha defendido el régimen de máxima seguridad como parte de la reducción de homicidios registrada este año. Ni el Ministerio de Justicia y Paz ni la Fiscalía han confirmado si abrirán una investigación formal por los señalamientos de tortura al cierre de esta edición.
La presidenta Laura Fernández convocó a los jerarcas de los tres Poderes de la República a una reunión el viernes 21 de agosto a las 10 a. m. en Casa Presidencial, con el objetivo de definir metas, plazos y responsabilidades de cada Poder frente a los retos de seguridad del país, según reportaron Delfino.cr, El Observador CR y Monumental. La invitación formal se envió a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre. Fernández propuso además transmitir el encuentro en vivo por las redes de Casa Presidencial y, si los otros jerarcas lo aceptan, también por los canales de la Asamblea y del Poder Judicial, un esquema similar al que usó el entonces presidente Rodrigo Chaves con la contralora general en 2024, según recogió La Nación. La cita llega mientras persiste la tensión institucional que ha marcado los primeros cien días de la presidenta, con sus señalamientos de un "golpe de Estado institucional" contra la Asamblea Legislativa y sus críticas al Poder Judicial, como reportó esta edición. Ni la Asamblea Legislativa ni la Corte Suprema de Justicia han confirmado públicamente su asistencia ni si aceptarán la transmisión en vivo que propuso la presidenta, y el lugar y la hora del encuentro podrían cambiar según la disponibilidad de los otros jerarcas, según Delfino.cr.
El jefe de la fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta Jaén, se disculpó el viernes 14 de agosto en nombre del partido con las diputadas Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, y Abril Gordienko, del PUSC, luego de que su compañera Cindy Murillo las llamara "damas de compañía" en los pasillos de la Asamblea Legislativa, según reportaron La Nación y AM Prensa. Murillo, sin embargo, mantuvo su negativa a disculparse personalmente y argumentó que en realidad se refería a "damas de honor" al comparar la relación entre el Partido Liberación Nacional y el Frente Amplio con un matrimonio. El episodio le costó al oficialismo su primera derrota en una votación legislativa después de que dos diputados de su propia fracción rompieran filas por la negativa de Murillo a disculparse, según reportó Delfino.cr, que no detalló el resultado exacto de esa votación ni el expediente afectado. La ruptura expone divisiones dentro de Pueblo Soberano en momentos en que la fracción necesita mantener unidad para sostener la discusión acelerada del proyecto de jornadas 4x3 en el Plenario, como ha reportado esta edición. Ni Acosta ni la dirigencia del partido han dicho si tomarán alguna medida disciplinaria contra Murillo por mantener su negativa a disculparse, y no está claro si el episodio afectará la votación de las mociones pendientes del expediente de jornadas 4x3.
— El jefe de fracción, Nogui Acosta, ofreció disculpas a Claudia Dobles y Abril Gordienko en nombre del partido oficialista, aunque la diputada Cindy Murillo insiste en que no dijo nada ofensivo y se niega a disculparse ella misma.
El área económica del Gobierno de Laura Fernández sigue dirigida en la práctica por el exmandatario Rodrigo Chaves, quien ocupa los ministerios de la Presidencia y de Hacienda desde el 8 de mayo, según el balance de cien días publicado por Semanario Universidad. El medio documentó que la continuidad entre el discurso económico de Chaves como expresidente y como ministro es alta, con una diferencia real: la economía costarricense atraviesa un terreno más adverso que el que su equipo proyectaba durante la campaña. Ese terreno distinto incluye el aumento del arancel adicional que Estados Unidos aplica a las exportaciones costarricenses, que subió del 10% al 12,5% el 24 de julio por señalamientos de Washington sobre la falta de prohibiciones vinculadas al trabajo forzoso, según reportaron El Financiero, Infobae y Delfino.cr. El Banco Central de Costa Rica ya había recortado su proyección de crecimiento para 2026 a 3,4%, frente al 4,5% estimado en enero, un ajuste que se suma a la desaceleración de doce meses consecutivos de las zonas francas que reportó esta edición el sábado. El Ministerio de Hacienda no ha dicho si el Poder Ejecutivo enviará a la Asamblea Legislativa un nuevo paquete de ajuste fiscal antes de que termine el año, y no está claro si el impacto del arancel del 12,5% se reflejará ya en las cifras de exportación del tercer trimestre.
Los 100 días de la presidenta, el embargo a Pueblo Soberano, las alertas de tortura en Alta Contención y la crisis interna del oficialismo por los insultos de Cindy Murillo resumen una jornada dominada por la tensión institucional.
La presidenta Laura Fernández cumplió este domingo 16 de agosto sus primeros 100 días de gobierno, marcados por la seguridad como eje central, denuncias de un supuesto golpe de Estado institucional y una reunión ya convocada con los tres Poderes de la República para el 21 de agosto, como reportó esta edición. El frente judicial y de derechos humanos tampoco dio tregua: un tribunal embargó ¢109.377.274 de las cuentas del Partido Pueblo Soberano por presionar a una militante para que retirara su candidatura, y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura confirmó que investiga presuntos actos de tortura contra reclusos del Circuito de Alta Contención, según reportaron La Nación y Semanario Universidad. En la Asamblea Legislativa, el jefe de fracción oficialista Nogui Acosta se disculpó con dos diputadas de oposición por los insultos de su compañera Cindy Murillo, después de que el episodio le costara al PPSO su primera derrota legislativa. Ninguno de los frentes -el embargo al PPSO, las alertas del MNPT o la división interna del oficialismo- tiene resolución definitiva al cierre de esta edición, y la atención de la próxima semana se concentrará en si los tres Poderes confirman su asistencia a la reunión del 21 de agosto y en si la Fiscalía abre una investigación formal por los señalamientos de tortura.