El Poder Judicial no responde a las condiciones de Laura Fernández para liberar fondos, Azofras y el BCCR llegan sin acuerdo al Congreso de Zonas Francas de mañana, y la comisión narco-política sigue sin su noveno integrante a dos días del plazo.
El Poder Judicial no ha confirmado, al cierre de esta edición, si aceptará las tres condiciones que la presidenta Laura Fernández fijó para liberar los ₡29.844 millones que permanecen congelados en el presupuesto 2027, entre ellas una auditoría de las cuentas del fideicomiso para infraestructura judicial en el Banco de Costa Rica. La Comisión Legislativa para el Control del Ingreso y el Gasto Público, que debe revisar esa auditoría antes de que el dinero se libere, tampoco ha fijado fecha para hacerlo, según el seguimiento que mantienen La República y Diario Extra sobre el anuncio que la mandataria hizo esta semana. La cifra real del recorte sigue en disputa: la diputada Claudia Dobles calculó que, sumando el monto firme de ₡11.000 millones y el condicionado, el recorte efectivo ronda los ₡45.000 millones, según recogió Observador.cr; la directora ejecutiva del Poder Judicial sostiene además que la institución ya perdió más de ₡21.000 millones entre 2025 y 2026 por decisiones presupuestarias previas del Ejecutivo. Fernández ha descartado esa lectura: "No es mi problema que el Poder Judicial no sepa gerenciar la plata que tiene", dijo la presidenta según Teletica. El Plenario legislativo retoma la discusión completa del presupuesto 2027 el 2 de noviembre, la instancia en la que la reclasificación del recorte judicial podría volver a plantearse; no hay, al cierre de esta edición, una fecha pública para que la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público revise la auditoría que el Ejecutivo exige como primer paso para liberar los fondos.
A un día del VI Congreso de Zonas Francas, programado para el lunes 26 de octubre en el Centro de Convenciones de Costa Rica, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y la Asociación de Empresas de Zonas Francas (Azofras) mantienen proyecciones distintas de crecimiento para el régimen en 2026: 4,6% según el Informe de Política Monetaria de julio del BCCR, frente al 6,1% que calcula Azofras, de acuerdo con las cifras que ese gremio difundió esta semana. La discrepancia se repite en el empleo: el BCCR habla de más de 265.000 puestos directos e indirectos generados por el régimen, mientras Procomer reportó 197.038 empleos directos en 2024 y otra medición cita 221.295 entre directos e indirectos, según los reportes recopilados por La República, CRHoy y Observador.cr; ninguna institución ha explicado públicamente esa diferencia al cierre de esta edición. El país exportó bienes por USD 9.535 millones entre enero y mayo de 2026, con los dispositivos médicos como principal rubro, de acuerdo con Observador.cr. El Congreso del lunes será la primera instancia pública en que ambas partes podrían explicar por qué sus proyecciones difieren, aunque ni el BCCR ni Azofras han confirmado si abordarán directamente la discrepancia; Costa Rica sigue sin una cifra oficial única de crecimiento del régimen para 2026.
La presidenta Laura Fernández llega a noviembre sin ninguno de los tres frentes institucionales abiertos esta semana resuelto a su favor: el Poder Judicial mantiene sin aceptar las condiciones para liberar ₡29.844 millones de su presupuesto 2027, el Conare no ha logrado que la Asamblea aumente el monto del FEES universitario -congelado en ₡593.484 millones, el mismo de 2026-, y el proyecto de apertura del mercado eléctrico quedó archivado el martes por falta de los 38 votos que exigía el segundo debate, según el seguimiento de La República y Semanario Universidad. Fernández, que asumió el 8 de mayo tras ganar en primera ronda las elecciones de febrero, heredó de Rodrigo Chaves tanto la bancada de Pueblo Soberano como el estilo de confrontación directa con instituciones que no responden a Casa Presidencial, según describió Teletica en un reportaje sobre sus primeros 100 días de gobierno. Ese estilo -que la llevó a calificar al PLN y al Frente Amplio de "partidos comunistas" por oponerse a la reforma eléctrica, según recogió Semanario Universidad- no le ha alcanzado todavía para destrabar ninguno de los tres expedientes. El Plenario legislativo retoma la discusión completa del presupuesto 2027 el 2 de noviembre, instancia que definirá al menos el frente judicial y el universitario; no está confirmado al cierre de esta edición si el Poder Ejecutivo presentará una versión modificada del proyecto eléctrico en la próxima legislatura.
El Directorio Legislativo mantiene sin resolver la disputa por el noveno puesto entre Abril Gordienko y Claudia Dobles, a dos días de la fecha en que el órgano debe instalarse.
El Directorio Legislativo no ha resuelto, a dos días del plazo del 27 de octubre, cuál de las dos diputadas de fracciones unipersonales -Abril Gordienko, del PUSC, o Claudia Dobles, del CAC- ocupará el noveno puesto de la comisión especial que investigará presuntos vínculos del narcotráfico con el financiamiento de las campañas de 2022 y 2026, según el seguimiento de CRHoy y Teletica. Ninguno de los dos medios ha reportado una novedad sobre el caso desde que la disputa se documentó la semana pasada. El antecedente directo es incómodo: la comisión que investigó la infiltración del narcotráfico en campañas de la zona sur cerró sin conclusiones por falta de pruebas, según Observador.cr, y diputados de oposición citados por ese medio han usado ese precedente para exigir reglas claras de plazos antes de instalar el nuevo órgano. La falta de acuerdo sobre la novena curul reproduce, dos días antes del plazo, el mismo cuello de botella que ya documentó esta edición. Si el Directorio no resuelve la plaza antes del 27 de octubre, no está confirmado al cierre de esta edición si la comisión podrá instalarse en la fecha prevista o si el plazo se recorrerá.
Costa Rica llega a noviembre con tres frentes institucionales sin cerrar: el Poder Judicial no ha aceptado las condiciones de la presidenta Laura Fernández para liberar ₡29.844 millones de su presupuesto 2027 -una disputa que la oposición calcula en hasta ₡45.000 millones-, el VI Congreso de Zonas Francas de este lunes reúne a un BCCR y una Azofras que todavía no concilian sus proyecciones de crecimiento, y la comisión narco-política llega a dos días de su plazo sin noveno integrante. Son disputas separadas que comparten fecha límite: el Plenario legislativo retoma la discusión completa del presupuesto 2027 el 2 de noviembre, la misma semana en que debería resolverse si el país tiene, por fin, una cifra única sobre el crecimiento de sus zonas francas y si la comisión que investiga narcotráfico y financiamiento político logra evitar el destino sin conclusiones de su antecesora.