El Congreso excluye por unanimidad al sector público de las jornadas 4x3, la Fuerza Élite captura a su primer sospechoso en Cartago, la Sala Constitucional exige explicaciones a Yara Jiménez, Orlando Aguirre deja la presidencia de la Corte en medio de un pulso presupuestario con Hacienda, y el Gobierno declara emergencia nacional en nueve cantones por lluvias.
La moción 493, aprobada el miércoles con 49 votos a favor, incorpora de forma expresa a los trabajadores públicos entre las prohibiciones del proyecto, aunque la oposición cuestiona que el cambio sea sustancial.
La Asamblea Legislativa aprobó el miércoles 26 de agosto, con 49 votos a favor y ocho diputados ausentes, la moción de revisión 493 al expediente 24.290 de jornadas excepcionales de 12 horas (4x3), que incorpora de forma expresa a los trabajadores del sector público entre los grupos a los que no se les puede aplicar el nuevo régimen laboral, según reportaron El Observador CR y Diario Extra. La propuesta fue presentada originalmente por el entonces diputado Geison Valverde Méndez durante el período legislativo anterior. El jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, calificó la votación de "cortina de humo", según reportó Diario Extra: sostuvo que el texto vigente del proyecto ya restringía las jornadas de 12 horas al sector privado, pues el artículo 145 bis remite al artículo 143 bis "y que son realizadas en el sector privado y sin regulación especial", de modo que la moción no cambia nada sustantivo. La discusión llega un día después de que esta edición reportara que el Plenario cedió la sesión extraordinaria del jueves a otros 14 proyectos de ley, en medio de acusaciones opositoras de que el oficialismo bloquea agenda de seguridad y agricultura para priorizar la reforma laboral. La Asamblea Legislativa no ha confirmado si retomará las sesiones extraordinarias de jornadas 4x3 el viernes, y no está claro cuántas de las más de 1.300 mociones pendientes del expediente 24.290 votará antes de que termine el actual período de sesiones extraordinarias.
La Policía de Fronteras y la Fuerza Pública capturaron el miércoles 26 de agosto por la tarde a Jefferson Medrano Chavarría, de 21 años, a orillas del río Agua Caliente, en el sector Dique La Cruz de Cartago, según reportaron Infobae Costa Rica y Teletica. Medrano Chavarría es el primero de los 14 sospechosos con orden de captura que la Fuerza Élite busca desde el martes, y las autoridades lo vinculan con la estructura criminal Los Maruja; estaba prófugo desde abril de 2026. La detención es el primer resultado público de la Operación Cacería, que despliega más de 120 policías de la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Policía de Control de Drogas, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y la Policía Municipal de Cartago, según informó esta edición el miércoles. La captura resultó de un trabajo de inteligencia conjunto entre la DIS y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública, de acuerdo con Infobae Costa Rica -la misma DIS cuya información quedó bajo secreto de Estado por el decreto que firmó la presidenta Laura Fernández el 27 de julio. El Ministerio de Seguridad Pública no ha confirmado nuevas capturas desde el miércoles, y no está claro si la Operación Cacería sumará detenciones adicionales entre los 13 sospechosos restantes, ni si la estrategia se extenderá a Limón y Puntarenas, las otras dos provincias con homicidios al alza que esta edición reportó el martes.
La Sala Constitucional admitió un recurso de amparo presentado por un ciudadano de apellido Delgado y le dio tres días hábiles a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, para rendir un informe detallado sobre la devolución de la nómina de magistrados suplentes de ese tribunal, según reportaron La Nación y El Observador CR. El recurso argumenta que el Congreso incurrió en una omisión constitucional al mantener vacantes nueve plazas de magistrados suplentes y al devolver, en dos ocasiones, la lista de 18 candidaturas que envió la Corte Suprema de Justicia. La Asamblea Legislativa ha fallado en once rondas de votación para completar el nombramiento de los nueve magistrados suplentes, con el bloque oficialista de Pueblo Soberano negándose a respaldar a ningún candidato, lo que ha impedido reunir los 38 votos necesarios, de acuerdo con La Nación. Jiménez ya rindió el informe solicitado y alegó que no existe una omisión porque el procedimiento de elección se ha mantenido activo -las once rondas fallidas, según ella misma- y que la Constitución no fija un plazo para elegir a los magistrados suplentes, como había defendido esta edición el miércoles. El caso se suma al vencimiento del período del magistrado propietario Jorge Araya, previsto para el 31 de octubre. La Sala Constitucional no ha fijado fecha para resolver el fondo del amparo, y no está claro si la Comisión de Nombramientos retomará la votación de la nómina antes de que venza el período de Araya.
El magistrado Orlando Aguirre anunció el miércoles 26 de agosto que no buscará la reelección como presidente de la Corte Suprema de Justicia, con lo que dejará el cargo el 26 de setiembre, cuando vence su período actual, según reportaron Delfino.cr y Diario Extra. Aguirre fue electo por la Corte Plena el 22 de setiembre de 2022, y el plazo para manifestar interés en continuar al frente del Poder Judicial venció ese mismo miércoles. La gestión de Aguirre transcurrió en medio de choques crecientes entre el Poder Judicial y los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández por presupuesto, seguridad y nombramientos de magistrados. El Ministerio de Hacienda planteó un recorte de ¢23.722 millones al presupuesto judicial de este año mediante un presupuesto extraordinario -una reducción que el propio Chaves ha defendido públicamente, según El Observador CR-, y el Poder Judicial impugnó la medida ante Hacienda alegando que el ministro carece de competencia para ese tipo de ajuste técnico y que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) absorbería ¢9.536,3 millones del recorte, con impacto directo en las investigaciones contra el crimen organizado, de acuerdo con Acontecer. El fiscal general, Carlo Díaz, vinculó el recorte con una intención de "tomar" el Poder Judicial, según La Nación. El proceso para elegir a quien sucederá a Aguirre en la Presidencia de la Corte queda abierto, y no está claro si la disputa por el recorte presupuestario se resolverá antes de que asuma la nueva jefatura; La Nación reportó que la propia presidenta Fernández podría tener la decisión definitiva sobre el conflicto entre Hacienda y el Poder Judicial.
Escojan a quien quiera trabajar, porque nosotros solos no vamos a parar esta ola de violencia desde el Gobierno
El Gobierno declaró el jueves 27 de agosto -mediante el decreto ejecutivo N.° 45910-MP, firmado por la presidenta Laura Fernández y el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles- el estado de emergencia nacional en nueve cantones afectados por las lluvias de agosto, según reportaron Infobae Costa Rica y Semanario Universidad. Los territorios incluidos son Guatuso, en Alajuela; Turrialba, en Cartago; Sarapiquí, en Heredia; y Limón, Pococí, Siquirres, Talamanca, Matina y Guácimo, en la provincia de Limón. El Ejecutivo basó la medida en las lluvias registradas entre el 13 y el 16 de agosto y en la interacción de las ondas tropicales 32 y 33 con la Zona de Convergencia Intertropical y vientos alisios acelerados; el episodio más intenso ocurrió entre el 16 y el 17 de agosto, cuando se acumularon hasta 360 litros por metro cuadrado en 48 horas en el Caribe Sur y Turrialba, de acuerdo con Semanario Universidad. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) registró saturaciones del suelo de entre 80% y 100% en distintos puntos del territorio evaluado, según el mismo medio. La declaratoria habilita las fases de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. La CNE no ha publicado, al cierre de esta edición, una estimación de daños ni de los recursos que se destinarán a los nueve cantones, y no está claro cuánto tiempo se mantendrá vigente la declaratoria de emergencia.
La exclusión del sector público de las jornadas 4x3, la primera captura de la Operación Cacería en Cartago, el ultimátum de la Sala IV a Yara Jiménez y la emergencia nacional por lluvias marcaron la jornada de este jueves en Costa Rica.
Costa Rica cerró este jueves 27 de agosto con la Asamblea Legislativa habiendo aprobado por unanimidad la moción 493, que excluye de forma expresa al sector público de las jornadas 4x3, aunque la oposición cuestionó que el cambio sea sustancial, según informó esta edición. En Cartago, la Fuerza Élite capturó a Jefferson Medrano Chavarría, el primero de los 14 sospechosos buscados en la Operación Cacería, mientras la Sala Constitucional dio tres días a Yara Jiménez para explicar el bloqueo a la elección de magistrados suplentes. En el Poder Judicial, el magistrado Orlando Aguirre anunció que no buscará la reelección como presidente de la Corte Suprema, al cierre de una gestión marcada por el pulso presupuestario con el Ministerio de Hacienda. El Gobierno, además, declaró emergencia nacional en nueve cantones de Alajuela, Cartago, Heredia y Limón por las lluvias de las ondas tropicales 32 y 33. Ninguno de los frentes -la votación pendiente de jornadas 4x3, las 13 capturas restantes de la Operación Cacería o la respuesta de Yara Jiménez ante la Sala IV- tiene resolución definida al cierre de esta edición; la atención de los próximos días se concentrará en si la Asamblea retoma las sesiones extraordinarias el viernes y en si el Poder Judicial elige un nuevo rumbo tras la salida de Aguirre.