El PAC repudia el discurso de Rodrigo Chaves sobre dictadura y Poder Judicial mientras Laura Fernández responde que la democracia "está más viva que nunca", el jefe de fracción del PLN Álvaro Ramírez pide sacar a Chaves del Gobierno y un correligionario se desmarca, la presidenta envía seis nuevos proyectos de seguridad a la Asamblea, un tribunal fija los primeros meses de cárcel para alias "Diablo" y "Tan", una diputada del PLN sale molesta de una reunión por comentarios de Chaves sobre la CCSS, y Costa Rica queda fuera de una coalición internacional de IA para la niñez impulsada por España.
La presidenta descarta que las críticas por la retórica de su ministro reflejen un giro autoritario, mientras el PAC insiste en que el discurso amenaza la democracia.
La presidenta Laura Fernández afirmó el lunes 27 de julio que "la democracia de Costa Rica está más viva que nunca", en respuesta a las críticas que recibió su ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, por preguntar en un acto público, el sábado 25 de julio en Nicoya, "¿Les da miedo la dictadura? ¿Les da miedo el cierre del Poder Judicial?", según reportaron Infobae y La Nación. El Partido Acción Ciudadana (PAC) repudió esa misma jornada las declaraciones de Chaves y advirtió, según Acontecer, que ese tipo de discurso debilita el Estado de derecho y las instituciones democráticas del país. La confrontación profundiza el choque que Chaves abrió el fin de semana al acusar a la oposición y al Poder Judicial de un "movimiento coordinado" para "meterle miedo al país", ya reportado por este medio. Fernández, según consignó El Mundo CR, calificó de "ridículos y desesperados" a quienes la llaman dictadora y atribuyó la falta de una mayoría legislativa más amplia para su partido a lo que describió como una campaña de desinformación sobre supuestas intenciones autoritarias del Gobierno. Ni el PAC ni Casa Presidencial han fijado una fecha para algún tipo de diálogo formal sobre el tono del discurso oficial, y el Poder Judicial no se ha pronunciado de nuevo sobre las declaraciones de Chaves tras el pronunciamiento del PAC.
El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, dijo que el ministro Rodrigo Chaves "opaca" el trabajo de la presidenta Laura Fernández y sugirió, "a manera de consejo", que debería salir del Gobierno, según reportó Monumental. La presidenta respondió que Ramírez debía "esperar sentado" y lo cuestionó por hablar como si representara a todo el PLN, de acuerdo con AmeliaRueda.com. El diputado Eder Hernández, también del PLN, se desmarcó de su jefe de fracción y rechazó pedir la destitución de Chaves, al sostener que la permanencia de un ministro es una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo y que la Asamblea Legislativa no debería intervenir en ese tipo de nombramientos, según Acontecer. Ramírez respondió además a los señalamientos cruzados con el oficialismo diciendo que "al presidente le repugnan las alianzas con la izquierda; a nosotros, las alianzas con acosadores", de acuerdo con La Nación, sin que el diputado detallara a qué alianza se refería. Ni la fracción del PLN ni Casa Presidencial han aclarado si la división interna sobre la permanencia de Chaves afectará las negociaciones pendientes entre el Gobierno y la oposición, y Ramírez no ha respondido públicamente al desmarque de Hernández.
La presidenta Laura Fernández presentó el lunes 27 de julio ante la Asamblea Legislativa un segundo paquete de seis proyectos de ley en materia de seguridad, que incluye una reforma constitucional para ampliar las causales de extradición de costarricenses -más allá del narcotráfico y el terrorismo ya aprobados en 2025- a delitos como legitimación de capitales, tráfico de personas, tráfico ilícito de armas, sicariato y delitos informáticos contra la seguridad del Estado, según reportaron Semanario Universidad e Infobae. El paquete contempla además tobilleras electrónicas para personas con sentencia firme que reciban medidas alternativas de ejecución de la pena, y una segunda iniciativa que sustituye la cárcel por tobilleras para los deudores de pensión alimentaria, de manera que puedan mantener un empleo mientras cumplen bajo supervisión judicial, de acuerdo con el mismo medio. El resto del paquete reforma el Código Procesal Penal para eliminar la audiencia preliminar, endurece las penas de cárcel para la explotación y promoción de la minería ilegal, y reestructura la nomenclatura de rangos policiales, según Monumental. Fernández presiona a los diputados para acelerar la aprobación del paquete, de acuerdo con Infobae, en momentos en que el propio jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, complicó la narrativa oficial de éxito en seguridad al afirmar, según Semanario Universidad, que "en esta administración ha muerto más gente por crimen organizado que en la Guerra Civil del 48" -una comparación que el diputado no acompañó de cifras oficiales y que ni el Gobierno ni el Poder Judicial han confirmado o desmentido. La Asamblea Legislativa no ha fijado un calendario para dictaminar los seis proyectos, y el Poder Ejecutivo tampoco ha precisado la fecha exacta de agosto en que presentará la reforma constitucional de extradición que anunció como parte del mismo paquete.
— El segundo paquete de seguridad del Gobierno incluye una reforma constitucional para ampliar la extradición y tobilleras electrónicas para deudores de pensión alimentaria, entre otras seis iniciativas.
El Tribunal Penal de Pococí ordenó prisión preventiva contra Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", por tres meses y 22 días -hasta el 16 de noviembre de 2026-, y contra Jonathan Pérez Méndez, alias "Tan", por cinco meses y 26 días -hasta el 27 de diciembre-, dentro de la causa penal 23-000010-601-PE por hechos ocurridos en Pococí en 2015, según informaron La Nación y Teletica. Ambos enfrentan cargos por dos homicidios y una tentativa de homicidio bajo la modalidad de sicariato, de acuerdo con los mismos medios. La Fiscalía explicó que los plazos resultan más cortos que el máximo ordinario de 18 meses porque Arias Monge y Pérez Méndez ya habían permanecido en prisión preventiva en etapas previas de esta misma causa antes de su década de fuga, según detalló Teletica. El Ministerio Público adelantó, de acuerdo con Monumental, que pedirá una prórroga de esos plazos ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal especializado en crimen organizado antes de que venzan, y aclaró que un eventual vencimiento no implicaría la libertad automática de los imputados. La Fiscalía no ha precisado ante qué tribunal tramitará el resto de las causas que investiga contra Arias Monge, y el Poder Judicial no ha confirmado todavía si solicitará que el caso completo pase a la jurisdicción especializada en crimen organizado, según Infobae.
La legisladora del PLN deja una reunión con la presidenta después de que el ministro de la Presidencia hablara, según ella, en un tono inaceptable sobre médicos y la Caja.
La diputada del PLN Janice Sandí abandonó antes que el resto de su bancada una reunión que la presidenta Laura Fernández sostuvo por separado con cada fracción de oposición, luego de que el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, se refiriera en un tono que ella calificó de "totalmente inadecuado" a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al Colegio de Médicos y a su cuerpo de especialistas, según reportaron La Nación y CRHoy. "Esta diputación no aceptó esas posiciones, se las señalé al ministro, porque la dignidad y el respeto entre poderes de la República no son negociables", declaró Sandí, de acuerdo con El Observador CR, que precisó que la legisladora sí calificó a la propia presidenta Fernández como "respetuosa, conocedora de los problemas nacionales y con espíritu de diálogo" durante el mismo encuentro. El Periódico CR reportó que las expresiones de Chaves sobre médicos y la Caja fueron el detonante directo de la salida de Sandí del salón. Ni el Ministerio de la Presidencia ni la CCSS han respondido públicamente al señalamiento de Sandí, y la Asamblea Legislativa no ha informado si el episodio afectará las reuniones pendientes entre Casa Presidencial y las demás fracciones de oposición.
Más de veinte países se suman a una coalición impulsada por España para proteger a la niñez frente a la inteligencia artificial, pero Costa Rica no aparece en la lista de miembros.
Costa Rica no figura entre los más de veinte países y organizaciones que se sumaron a la Coalición Internacional para los Derechos y la Protección de la Infancia en la Era de la Inteligencia Artificial, impulsada por España y anunciada el 6 y 7 de julio durante el primer Diálogo de las Naciones Unidas sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, según reportó Semanario Universidad. Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, República Checa, Corea del Sur, El Salvador, Estonia, Francia, Indonesia, Italia, Japón, Kenia, Luxemburgo, Marruecos y Países Bajos figuran entre los adherentes, de acuerdo con el comunicado oficial de La Moncloa, la oficina de la Presidencia del Gobierno de España. La coalición busca, según ese comunicado, "garantizar que la inteligencia artificial respete la seguridad, el desarrollo saludable y los derechos de los niños", un objetivo que contrasta con el discurso del Gobierno costarricense sobre su liderazgo regional en inteligencia artificial, de acuerdo con Semanario Universidad. La información sobre la ausencia de Costa Rica en la lista de países adherentes proviene únicamente de Semanario Universidad, sin confirmación independiente al cierre de esta edición. Ni el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) ni la Cancillería han explicado públicamente por qué Costa Rica no se unió a la coalición, y ninguna de las dos instituciones ha confirmado si evalúa hacerlo en una futura ronda de adhesiones.