Un tribunal condena a 30 años de cárcel al extesorero Ricardo Olivas por el caso Gallo Tapado, la Fuerza Élite captura a la segunda sospechosa de la lista de Cartago, cinco partidos respaldan excluir al sector público de las jornadas 4x3, Orlando Aguirre advierte límites a Laura Fernández y las instituciones tienen 30 días para reportar daños por las lluvias de agosto.
La moción de revisión 493 al expediente 24.290 de jornadas excepcionales de 12 horas (4x3), aprobada el miércoles 26 de agosto con 49 votos a favor, recibió respaldo de legisladores del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), según reportó Infobae Costa Rica el jueves 27 de agosto. La moción incorpora de forma expresa la exclusión de los trabajadores del sector público del nuevo régimen laboral. La amplitud del respaldo contrasta con la crítica que el jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, hizo un día antes, cuando calificó la votación de "cortina de humo" porque, a su juicio, el texto vigente del proyecto -que remite al artículo 143 bis, aplicable solo al sector privado- ya excluía a los empleados públicos, según informó esta edición el jueves. La presidenta del Congreso, Yara Jiménez, dirige el trámite del expediente en paralelo al plazo que la Sala Constitucional le impuso esta semana para explicar el bloqueo a la elección de magistrados suplentes de la Sala IV, un frente judicial que esta edición ha seguido desde el martes. La Asamblea Legislativa no ha fijado fecha para la votación final del expediente 24.290, y Delfino.cr reportó que el Congreso mantiene pendientes cientos de mociones adicionales antes de que el proyecto llegue al Plenario para su aprobación en tercer debate.
El Tribunal Penal de Hacienda declaró culpable a Ricardo Olivas de 33 delitos de peculado por sustraer ₡3.293 millones de las bóvedas del Banco Nacional, en el caso conocido como Gallo Tapado.
El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública condenó el jueves 27 de agosto a Ricardo Olivas, extesorero del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), a 330 años de prisión por 33 delitos de peculado -diez años por cada uno-, ajustados a 30 años bajo las reglas del concurso de delitos, según reportaron Teletica e Infobae Costa Rica. Olivas sustrajo ₡3.293 millones (USD7,2 millones) de las bóvedas del banco, y el tribunal también lo inhabilitó por 30 años para ejercer cargos públicos, incluidos los de elección popular. El caso, conocido como "Gallo Tapado" por el método que Olivas usó para lavar el dinero -la compra masiva de lotería de la Junta de Protección Social-, salió a la luz en octubre de 2024, cuando el Banco Nacional reconoció un faltante en una de sus bóvedas. La jueza del caso describió una planificación meticulosa que incluyó el estudio de cámaras de seguridad y protocolos internos, así como manipulaciones contables para ocultar la sustracción, de acuerdo con Teletica. Las autoridades decomisaron ₡60 millones de una cuenta de Olivas y ₡1,6 millones adicionales en allanamientos a sus viviendas en Montes de Oca y Goicoechea. La defensa de Olivas había pedido la absolutoria o una condena menor durante el juicio, que se extendió casi tres meses en los tribunales de Goicoechea, y señaló fallas de seguridad del propio Banco Nacional como parte de su argumento, según había reportado La Nación. No está claro si la defensa apelará la sentencia del jueves ante una instancia superior.
La Fuerza Pública capturó a Carolina Lara Solís en Tejar de Cartago, la segunda de las 14 personas con orden de captura que busca la Operación Cacería desde el martes 25 de agosto, según reportó Teletica. La ubicación fue posible gracias al trabajo conjunto de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS); los oficiales verificaron la información, ingresaron al apartamento y detuvieron a Lara Solís sin que se reportaran incidentes. La detención llega un día después de que la Fuerza Pública capturara a Jefferson Medrano Chavarría, el primero de los sospechosos buscados, y se suma a un operativo que despliega más de 120 policías de la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Policía de Control de Drogas, la DIS y la Policía Municipal de Cartago, como informó esta edición el jueves. Cartago acumula más de 50 homicidios en 2026, frente a 38 en el mismo período de 2025, según cifras que El Observador CR había reportado esta semana. El Ministerio de Seguridad Pública no ha confirmado nuevas capturas desde la detención de Lara Solís, y no está claro si la Operación Cacería localizará a los 12 sospechosos restantes antes de que termine la semana. La información de esta nota proviene únicamente de Teletica, sin confirmación independiente de otro medio al cierre de esta edición.
El magistrado Orlando Aguirre, quien el miércoles anunció que dejará la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia el 26 de setiembre, advirtió que "hay líneas que no se pueden traspasar" en la nueva convocatoria de diálogo entre los tres poderes del Estado que propuso la presidenta Laura Fernández, según reportó La Nación. Entre esas líneas, Aguirre incluyó cualquier intento de discutir decisiones jurisdiccionales de los tribunales. La propuesta de Fernández contempla reportes trimestrales de avances en seguridad como parte del mecanismo de coordinación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, de acuerdo con La Nación. El nuevo llamado llega mientras continúa el pulso presupuestario que esta edición reportó el jueves: el Ministerio de Hacienda propuso un recorte de ¢23.722 millones al presupuesto judicial de este año, una medida que el fiscal general, Carlo Díaz, vinculó con una intención de "tomar" el Poder Judicial. No está claro si Aguirre asistirá personalmente a la convocatoria antes de dejar el cargo, ni quién lo sucederá en la Presidencia de la Corte a partir del 26 de setiembre. La información sobre esta advertencia proviene únicamente de La Nación, sin confirmación independiente de otro medio al cierre de esta edición.
Hay líneas que no se pueden traspasar
Las instituciones públicas tienen 30 días naturales, a partir del decreto de emergencia nacional 45910-MP firmado el jueves 27 de agosto, para enviar a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) los reportes oficiales de daños que requieran atención prioritaria en los nueve cantones afectados por las lluvias de las ondas tropicales 32 y 33, según reportó Semanario Universidad. El decreto, firmado por la presidenta Laura Fernández, cubre a Guatuso, Turrialba, Sarapiquí, Limón, Pococí, Siquirres, Talamanca, Matina y Guácimo, como informó esta edición el jueves. La declaratoria llega dos semanas después de que la Contraloría General de la República advirtiera, en el informe DFOE-SOS-SGP-00001-2026 publicado el 12 de agosto, que la gestión de infraestructura pública frente a desastres mantiene un enfoque "mayormente reactivo", centrado en reparar y reconstruir en lugar de prevenir riesgos, según El Observador CR. El mismo informe documentó pérdidas económicas superiores a ¢859.000 millones entre 2011 y 2025 y 57 muertes por desastres entre 2016 y 2024, y advirtió que el Instituto Meteorológico Nacional sufrió un recorte de 26,8% en su presupuesto de 2025 -un riesgo directo para las redes de monitoreo que sostienen las alertas tempranas. La CNE no ha publicado, al cierre de esta edición, una estimación de daños para los nueve cantones bajo emergencia, y no está claro si el Gobierno revisará el presupuesto del Instituto Meteorológico Nacional a la luz de la advertencia de la Contraloría.
La condena de 30 años contra el extesorero del Banco Nacional, la segunda captura de la Operación Cacería en Cartago, la advertencia de Orlando Aguirre a Laura Fernández y el plazo de 30 días para reportar daños por lluvias marcaron la jornada de este viernes en Costa Rica.
Costa Rica cerró este viernes 28 de agosto con un tribunal condenando a 30 años de prisión a Ricardo Olivas, extesorero del Banco Nacional, por sustraer ₡3.293 millones de las bóvedas del banco en el caso Gallo Tapado, mientras la Fuerza Élite capturó a Carolina Lara Solís, la segunda de los 14 sospechosos buscados en Cartago desde el martes, según informó esta edición. En el plano legislativo, cinco partidos respaldaron la exclusión del sector público de las jornadas 4x3, mientras en el Poder Judicial el magistrado Orlando Aguirre advirtió a la presidenta Laura Fernández que "hay líneas que no se pueden traspasar" en la nueva convocatoria de diálogo entre los tres poderes. El Gobierno, además, fijó un plazo de 30 días para que las instituciones reporten daños por las lluvias de agosto a la CNE, en momentos en que la Contraloría advierte fallas estructurales en la gestión de desastres. Ninguno de los frentes -la votación final de jornadas 4x3, las 12 capturas restantes de la Operación Cacería o la sucesión en la Presidencia de la Corte- tiene resolución definida al cierre de esta edición; la atención de los próximos días se concentrará en si el Ministerio de Seguridad Pública reporta nuevas detenciones y en si la Asamblea retoma la discusión legislativa la próxima semana.