El Bloque Democrático suma una quinta gestión contra el secreto de Estado, el viceministro de Hacienda desmiente el anuncio de Rodrigo Chaves sobre tecnología israelí, un perito informático denuncia seguimientos de la DIS y Laura Fernández presenta ocho proyectos de ley a sus 100 días.
El Bloque Democrático -las fracciones del PLN, el Frente Amplio, el PUSC y Coalición- presentó el 19 de agosto ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo 45870-MSP, el mismo que la presidenta Laura Fernández y el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, firmaron el 27 de julio para declarar secreto de Estado la información del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y el grupo Fuerza Élite, según reportaron Monumental, Teletica y El Observador CR. La gestión pide como medida cautelar la suspensión inmediata del decreto mientras se resuelve el fondo, y se suma a las cuatro gestiones -tres recursos de amparo y una acción de inconstitucionalidad presentados por ciudadanos- que la Sala Constitucional ya estudiaba, como reportó esta edición el miércoles. El Bloque Democrático argumentó, en declaraciones recogidas por Teletica, que "la plata de todos no puede gastarse a escondidas", en referencia a que el decreto declara reservados los presupuestos, las contrataciones y las compras públicas de esas dependencias de seguridad. La acción sostiene que las excepciones al acceso a la información pública deben cumplir condiciones de excepcionalidad, proporcionalidad y justificación, y acusa al decreto de violar la transparencia y el control fiscal sobre esos fondos, según El Observador CR. Que ahora sean los propios partidos de oposición -y no solo ciudadanos a título individual- quienes litigan contra el decreto marca una nueva etapa en la disputa que domina la agenda política desde julio, como ha reportado esta edición. La Sala Constitucional no ha fijado fecha para resolver sobre la admisibilidad de las cinco gestiones ni sobre la solicitud de suspensión cautelar, y ni Casa Presidencial ni el Ministerio de Seguridad Pública han respondido públicamente a los argumentos del Bloque Democrático, según los medios consultados.
El viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal, respondió a una consulta ordenada por la Sala Constitucional que Hacienda apenas explora alternativas tecnológicas, dos meses después de que el ministro anunciara la llegada del sistema israelí.
El viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Víctor Julio Carvajal, afirmó el 19 de agosto que la cartera se encuentra "en fase de exploración y análisis de alternativas tecnológicas" para combatir el contrabando, en respuesta a una solicitud de información que la Sala Constitucional le ordenó atender tras un recurso de amparo presentado por el ciudadano José Sánchez Pérez, según reportaron La Nación y CRHoy. La respuesta contradice el anuncio que el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, había hecho el 24 de junio, cuando aseguró que "vienen tecnologías desarrolladas por el Mossad en Israel para detectar el contrabando en este país a través de las importaciones". La discrepancia entre lo que anunció Chaves y lo que reconoce ahora su propio viceministro llega mientras la Sala Constitucional revisa, por separado, el decreto de secreto de Estado que la presidenta Laura Fernández firmó para reservar información de seguridad, como reportó esta edición. El uso de herramientas de inteligencia israelí con fines fiscales tocaría directamente los datos personales y financieros de miles de contribuyentes costarricenses si llegara a concretarse, y la falta de un plan definido ocho semanas después del anuncio original alimenta el señalamiento de que el Gobierno maneja con opacidad sus planes de vigilancia tecnológica. Ni Hacienda ni Casa Presidencial han aclarado si Chaves se refería a una negociación ya cerrada o a una intención todavía sin contrato firmado, y no hay fecha pública para que la cartera confirme si adoptará finalmente tecnología israelí o de otro origen.
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José Sánchez Pérez, el activista digital que impugnó la tecnología de vigilancia de Hacienda, denunció seguimientos de la DIS en su contra.
> El perito informático y activista de derechos digitales José Sánchez Pérez envió el 13 de agosto una carta al director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Pablo Martínez Bertozzi, para exigir el cese de "seguimientos, vigilancia y hostigamiento" contra él y su entorno, según reportaron La Nación y CRHoy. Sánchez es el ciudadano que presentó el recurso de amparo que llevó a la Sala Constitucional a ordenarle a Hacienda explicar el uso de tecnología de inteligencia y análisis masivo de datos, el mismo trámite que expuso la contradicción del ministro Rodrigo Chaves sobre el Mossad, como reportó esta edición.
> La denuncia de Sánchez es, al cierre de esta edición, un señalamiento de una sola fuente -su propia carta, sin confirmación independiente de terceros ni respuesta pública de la DIS-, pero se suma a un momento en que el manejo de datos personales por agencias de seguridad del Estado genera preguntas desde varios frentes: el decreto de secreto de Estado que blinda la información de la propia DIS, la disputa entre partidos por presuntas bases de datos de militantes y el caso de Hacienda con la tecnología israelí, como ha documentado esta edición. Sánchez advirtió que cualquier hostigamiento adicional quedaría documentado técnica y forensemente e incorporado como prueba en los procesos legales que ya tiene en curso.
> La DIS no ha respondido públicamente a la carta de Sánchez al cierre de esta edición, y no está claro si el Ministerio de Seguridad Pública abrirá una investigación interna sobre el señalamiento, según los medios consultados.
La presidenta Laura Fernández presentó el 19 de agosto ocho proyectos de ley nuevos como parte de su informe de los primeros 100 días de gobierno, entre ellos una reforma a la Ley de Usura, la iniciativa de Ciudad Gobierno -que el Ejecutivo calcula ahorraría USD 26 millones anuales en pago de alquileres- y un cambio para trasladar la mitad del aporte patronal que recibe el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) hacia el Régimen No Contributivo (RNC), según reportaron Delfino.cr, Teletica y El Observador CR. El paquete llega cuatro días después de que Fernández cumpliera sus primeros 100 días de gobierno, el 16 de agosto, en un balance que CRHoy había calificado de contradictorio por giros como el propio proyecto de pensiones de expresidentes, como reportó esta edición el lunes. El proyecto de Ciudad Gobierno -que buscaría concentrar oficinas públicas hoy dispersas en alquileres por todo el país- lleva años sin avanzar en la corriente legislativa, según documentó El Observador CR, lo que deja abierta la duda de si el nuevo impulso del Ejecutivo logrará el respaldo que sus versiones anteriores no consiguieron. La Asamblea Legislativa no ha fijado calendario para conocer los ocho proyectos, y el Gobierno tampoco ha precisado si buscará vía rápida para alguno de ellos, en momentos en que el Plenario sigue enfrascado en las mociones pendientes del expediente de jornadas 4x3, como ha reportado esta edición.
El Gobierno de la presidenta Laura Fernández estimó en más de USD 90 millones el golpe económico infligido al narcotráfico durante sus primeros 100 días, entre el 8 de mayo y el 17 de agosto, según cifras propias divulgadas el 19 de agosto y recogidas por Infobae Costa Rica. El reporte oficial contabiliza además 62 homicidios menos que en el mismo período de 2025 y una caída de 1.411 delitos contra la propiedad -robos, hurtos y asaltos-, de acuerdo con el balance de seguridad que acompañó el informe de 100 días. La cifra de USD 90 millones proviene únicamente del propio Poder Ejecutivo, sin auditoría independiente ni desglose metodológico público al cierre de esta edición, lo que impide contrastarla con fuentes externas como la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico o el Instituto Costarricense sobre Drogas. El dato se suma a los doce proyectos de ley en materia de seguridad que el Gobierno dice haber presentado en el mismo período, en momentos en que la oposición y organizaciones civiles cuestionan la opacidad de otras herramientas de seguridad del Ejecutivo, como el decreto de secreto de Estado y el uso de tecnología de vigilancia que ha reportado esta edición. Ni el Ministerio de Seguridad Pública ni el Organismo de Investigación Judicial han publicado una verificación independiente de la cifra de USD 90 millones, y no está claro si el Gobierno detallará la metodología usada para calcular el golpe económico al narcotráfico.
El empresario Boris Marchegiani Carrero entregó el 18 de agosto sus cartas credenciales al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, con lo que formalizó su nombramiento como representante permanente de Costa Rica ante ese organismo en Nueva York, según reportaron El Mundo CR y El Observador CR. El Consejo de Gobierno lo había designado para el cargo el 27 de mayo, y releva a la embajadora de carrera Maritza Chan Valverde, quien ocupó la representación desde 2022. La designación de Marchegiani, un perfil empresarial y no diplomático de carrera, generó dudas entre exembajadores consultados por La Nación sobre el criterio que el Gobierno usa para escoger a quién representa al país en Naciones Unidas, aunque el nombramiento de perfiles políticos en esa plaza no es una práctica exclusiva de esta administración. El relevo llega cuando la política de seguridad de la presidenta Laura Fernández enfrenta cuestionamientos internos por el manejo de información -el decreto de secreto de Estado y la disputa por tecnología de vigilancia que ha reportado esta edición-, un contraste con la proyección de apertura que Marchegiani deberá representar hacia afuera. La Cancillería no ha detallado públicamente la agenda prioritaria que Marchegiani impulsará ante la ONU, y no hay fecha pública para su primera intervención formal ante la Asamblea General.
— El empresario, designado representante permanente de Costa Rica el 27 de mayo, entregó cartas credenciales al secretario general António Guterres y releva a la embajadora Maritza Chan.
La contradicción entre Rodrigo Chaves y su propio viceministro sobre tecnología israelí, la quinta gestión contra el secreto de Estado y la denuncia de un perito informático contra la DIS marcaron la jornada.
Costa Rica cerró este jueves 20 de agosto con la Sala Constitucional acumulando cinco gestiones legales contra el decreto de secreto de Estado, después de que el Bloque Democrático -PLN, Frente Amplio, PUSC y Coalición- sumara una acción de inconstitucionalidad que pide su suspensión inmediata, como reportó esta edición. En paralelo, el viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal, contradijo el anuncio que el ministro Rodrigo Chaves había hecho en junio sobre la llegada de tecnología del Mossad para combatir el contrabando, y el perito informático José Sánchez Pérez denunció seguimientos de la Dirección de Inteligencia y Seguridad en su contra, tras impugnar judicialmente esa misma tecnología. La presidenta Laura Fernández, por su parte, presentó ocho proyectos de ley nuevos como parte de su informe de 100 días -entre ellos Ciudad Gobierno y la reforma a la Ley de Usura-, y el Gobierno reportó, con cifras propias sin verificación independiente, un golpe económico de más de USD 90 millones al narcotráfico en el mismo período, según informó esta edición. Costa Rica formalizó además el relevo de su representación ante la ONU, con la llegada del empresario Boris Marchegiani a Nueva York. Ninguno de los frentes -las cinco gestiones contra el secreto de Estado, la contradicción de Hacienda sobre el Mossad o la denuncia de vigilancia de la DIS- tiene resolución al cierre de esta edición; la atención de los próximos días se concentrará en si la Sala Constitucional se pronuncia sobre la suspensión cautelar y en si la DIS responde al perito informático Sánchez.