El Gobierno presenta ante la Asamblea un Presupuesto 2027 de ¢12,4 billones con 3,1% menos gasto, el Poder Judicial perdería ¢40.000 millones entre recorte y congelamiento pese a haber aprobado ya un ajuste propio de ¢11.342 millones, la diputada Nayuribe Guadamuz cuestiona que la Sala IV haya pagado más de US$12 millones en alquiler desde 2017, Ariel Robles le responde que "no somos iguales, no respondemos igual", y las universidades reclaman que el FEES sigue congelado en 0% para 2027.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, entregó el martes el proyecto de presupuesto 2027 ante la Asamblea, con ¢400.000 millones menos que el gasto vigente.
El Ministerio de Hacienda presentó el martes 1 de setiembre el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 ante la Asamblea Legislativa, por ¢12,4 billones y una reducción de ¢400.000 millones -equivalente a 3,1%- respecto al gasto autorizado para 2026, según reportó Semanario Universidad. El ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, hizo la presentación en el Salón de Expresidentes ante la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, y el presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Nogui Acosta, de acuerdo con El Observador CR. El expediente 25.754 ingresó a la corriente legislativa y la Comisión de Hacendarios tiene hasta el 20 de octubre para dictaminarlo antes de que pase al Plenario. El proyecto llega con una deuda pública que se ubica por encima del 60% del PIB y en ascenso, y con 38% del presupuesto financiado mediante endeudamiento, según Infobae. La reducción del gasto ocurre mientras el propio Gobierno disputa recortes específicos con el Poder Judicial -que absorbe buena parte del ajuste, como reporta esta edición- y mientras las universidades públicas reclaman que el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), incorporado en este mismo proyecto, se mantenga congelado en 0% para 2027, según ha señalado el Consejo Nacional de Rectores. No está claro si la Comisión de Asuntos Hacendarios modificará el monto asignado a alguna de las instituciones antes del 20 de octubre, ni si el Plenario alcanzará los votos necesarios para aprobar el proyecto en los plazos que fija la Constitución para el presupuesto ordinario.
El Ministerio de Hacienda propone un recorte de ¢10.000 millones y el congelamiento de otros ¢30.000 millones al presupuesto del Poder Judicial para 2027, una reducción combinada de ¢40.000 millones frente a lo solicitado por la Corte, según El Observador CR y La Nación. En respuesta, la Corte Plena aprobó un anteproyecto de presupuesto ajustado a esas restricciones, con un recorte propio de ¢11.342 millones respecto a lo que había proyectado inicialmente, de acuerdo con El Mundo CR. El ajuste se suma al recorte de ¢23.722 millones que Hacienda ya aplicó al presupuesto judicial de 2026 -la disputa que llevó al ministro Rodrigo Chaves a calificar de "dictadores" a los jerarcas de la Corte, como informó esta edición el martes. El fiscal general, Carlo Díaz, advirtió que recortar la capacidad operativa del Poder Judicial equivale a una presión indebida de quienes buscan concentrar poder, y alertó que el Ministerio Público podría verse forzado a cerrar oficinas y limitar la atención a los casos más urgentes, según Diario Extra. No está claro si Hacienda revisará el monto del recorte a la luz del ajuste ya aprobado por la Corte, ni si la Comisión de Asuntos Hacendarios modificará la partida judicial antes del dictamen del 20 de octubre.
La diputada oficialista Nayuribe Guadamuz cuestionó este miércoles el contrato de alquiler que la Sala Constitucional mantiene desde 2017 con la empresa Direct Communication S.A., cuyos representantes legales -Mónika y Paul Wedel Pacheco- son hijos de Juan José Wedel Carazo, donante histórico de Liberación Nacional, según reportaron Acontecer y El Mundo CR. Según los datos que presentó la legisladora, el Poder Judicial ha pagado más de US$12 millones desde entonces y sigue desembolsando más de US$122.000 mensuales por el edificio. Guadamuz cuestionó además la necesidad del alquiler a ese ritmo: de los 150 funcionarios asignados a la Sala Constitucional, la mayoría trabaja bajo modalidad híbrida o remota, según los datos que citó. El terreno propio para la sede definitiva del Poder Judicial se adquirió en abril de 2025, pero los planos, el presupuesto detallado y la selección de la empresa constructora no registran avance, de acuerdo con la diputada. El señalamiento llega mientras el propio Poder Judicial reclama a Hacienda por un recorte de ¢40.000 millones a su presupuesto de 2027, como informó esta edición, lo que expone el flanco de que la institución también enfrenta cuestionamientos sobre su manejo del gasto. El Poder Judicial no ha respondido públicamente al señalamiento de Guadamuz sobre el contrato de alquiler ni ha precisado una fecha para retomar el proyecto de sede propia. No está claro si la Contraloría General de la República revisará el contrato con Direct Communication S.A. a partir de la denuncia de la diputada.
El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 que el Ministerio de Hacienda entregó el martes a la Asamblea Legislativa mantiene la propuesta de crecimiento de 0% para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el mecanismo que financia a las cinco universidades públicas, según confirmaron el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Conare había planteado un incremento de 2,94% con base en las proyecciones económicas de mediano plazo del país, propuesta que el Poder Ejecutivo rechazó antes de romper las negociaciones de la Comisión de Enlace en abril. Al incorporar el FEES en el proyecto de presupuesto ordinario -que se presenta a inicios de setiembre por disposición constitucional-, el Gobierno trasladó la decisión final a la Asamblea Legislativa, según reportó Delfino.cr. Los rectores agrupados en Conare advirtieron que un presupuesto congelado compromete becas, programas de regionalización y proyectos de innovación en momentos en que la matrícula universitaria pública no ha dejado de crecer, de acuerdo con el comunicado que la organización difundió tras conocer la propuesta gubernamental. No está claro si las federaciones estudiantiles de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Tecnológico, la UNED y la Universidad Técnica Nacional convocarán nuevas manifestaciones antes de que la Comisión de Asuntos Hacendarios dictamine el expediente, ni si algún diputado presentará una moción para modificar el monto asignado al FEES durante el trámite legislativo.
— El Presupuesto Nacional 2027 que el Gobierno presentó el martes mantiene sin aumento el Fondo Especial para la Educación Superior, pese al pedido de un incremento de 2,94% que hizo Conare.
El exdiputado del Frente Amplio respondió a la diputada Nayuribe Guadamuz que no piensa igualar su discurso con violencia, mientras la legisladora Claudia Dobles insiste en que Guadamuz incita agresión física en su contra.
El exdiputado del Frente Amplio Ariel Robles respondió este martes a la diputada oficialista Nayuribe Guadamuz que "no somos iguales, no respondemos igual" frente al discurso que ella respaldó el fin de semana y que llamaba a agredirlo físicamente, según reportó Acontecer. Robles llamó a la organización ciudadana frente a lo que describió como discursos de odio y cuestionó que la propia Guadamuz haya pedido cuentas al Poder Judicial por la protección especial que él recibe, mientras en paralelo amplificaba publicaciones que celebraban una agresión en su contra. La diputada de la Coalición Agenda Ciudadana Claudia Dobles reiteró su acusación de que Guadamuz incita a la violencia contra Robles, según El Mundo CR, en la misma línea del reclamo que el exdiputado le planteó el lunes exigiéndole rectificar públicamente el respaldo a la publicación, como informó esta edición. Guadamuz, por su parte, no ha retirado ni matizado el contenido compartido en Facebook al cierre de esta edición, y ese mismo miércoles dirigió sus cuestionamientos hacia el gasto del Poder Judicial en el alquiler de la Sala IV, como reporta esta misma edición. No está claro si el Ministerio Público valorará una investigación por la publicación que Guadamuz compartió y respaldó, ni si la Asamblea Legislativa tomará alguna acción disciplinaria interna contra la diputada mientras el enfrentamiento con Robles se extiende a un tercer día.
El Gobierno presentó el Presupuesto 2027 con recorte al Poder Judicial, Nayuribe Guadamuz cuestionó el alquiler de la Sala IV, Ariel Robles respondió a la diputada y las universidades reclamaron por el FEES congelado.
Costa Rica cerró este miércoles 2 de setiembre con el Ministerio de Hacienda presentando ante la Asamblea Legislativa el Presupuesto Nacional 2027, por ¢12,4 billones y una reducción de 3,1% frente al gasto de 2026, según informó esta edición. Dentro de ese proyecto, el Poder Judicial perdería ¢40.000 millones entre recorte y congelamiento, frente a lo cual la Corte Plena ya aprobó un ajuste propio de ¢11.342 millones, mientras el fiscal general Carlo Díaz advirtió sobre el riesgo de debilitar la capacidad operativa de la institución. En paralelo, la diputada oficialista Nayuribe Guadamuz cuestionó que el propio Poder Judicial haya pagado más de US$12 millones desde 2017 por el alquiler del edificio de la Sala IV, mientras el exdiputado Ariel Robles le respondió que "no somos iguales, no respondemos igual" frente al discurso que ella respaldó contra él la semana pasada. El mismo presupuesto que Hacienda presentó mantiene sin aumento el Fondo Especial para la Educación Superior, una decisión que Conare y las federaciones estudiantiles ya han cuestionado. Ninguno de los frentes -el dictamen del presupuesto en la Comisión de Hacendarios, la respuesta del Poder Judicial al señalamiento de Guadamuz sobre el alquiler, o una eventual sanción a la diputada por el episodio con Robles- tiene resolución definida al cierre de esta edición; la atención de los próximos días se concentrará en si la Asamblea retoma el trámite del presupuesto y en si el Poder Judicial responde a la denuncia sobre el contrato de alquiler.