El Ministerio Público emite una alerta migratoria contra la exdiputada Pilar Cisneros por el financiamiento de la campaña de Rodrigo Chaves en 2022, el ministro de Justicia pide investigar al fiscal general por la medida, Hacienda rechaza el recurso de la Corte contra el recorte judicial de ¢23.721,8 millones, el TSE pide frenar un recorte de ¢18.834 millones para 2027, y la Contraloría halla comités deportivos cantonales sin plan estratégico.
El Ministerio Público emitió el miércoles 2 de setiembre una alerta migratoria contra la exdiputada Pilar Cisneros Gallo dentro del expediente 26-000077-0033-PE, después de intentar sin éxito en siete ocasiones notificarla para una declaración indagatoria, según reportaron Semanario Universidad, Delfino.cr y La Nación. Cisneros aparece como imputada, junto con otras cuatro personas de apellidos André, Alpízar, Agüero y Nájera, en una causa que investiga una presunta estructura paralela de financiamiento de la campaña que llevó a Rodrigo Chaves a la Presidencia en 2022. La Fiscalía la notificó finalmente en vivo el jueves, minutos después de que ella retara públicamente a la institución a buscarla frente a Casa Presidencial durante una conferencia de prensa, y la citó a declarar este viernes 4 de setiembre a las 8 a.m. Cisneros calificó la medida de "sacada de clavo" y de "ataque político" del fiscal general Carlo Díaz, y afirmó que "nunca he visto una Fiscalía más inútil", según recogió Diario Extra; cuestionó además que la institución diga no haber podido ubicarla cuatro meses después de dejar su curul. El propio Ministerio Público matizó el alcance de la medida: aclaró que no equivale a una orden de captura ni a un impedimento de salida del país, y que tampoco obliga a Migración a reportarle cada movimiento migratorio de la exdiputada, de acuerdo con El Observador CR -una precisión que contrasta con la lectura de persecución política que Cisneros y el Gobierno han dado al episodio. El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, pidió el mismo jueves a la Corte Suprema investigar el actuar de la Fiscalía por esta alerta, como reporta esta edición por separado. No está claro si Cisneros se presentará a la indagatoria de este viernes ni si aportará documentación adicional sobre el financiamiento de la campaña de 2022.
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, pidió a la Corte Suprema investigar a la fiscala adjunta Edith Morera y al fiscal general Carlo Díaz por la alerta migratoria contra la exdiputada Pilar Cisneros.
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, presentó el jueves 3 de setiembre una queja formal ante el presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, y pidió abrir una investigación contra la Fiscalía por la alerta migratoria emitida contra la exdiputada Pilar Cisneros, según reportaron Teletica, Diario Extra y Acontecer. Aguilar calificó la medida como "abusiva y desproporcionada" y cuestionó que el Ministerio Público recurriera a una alerta migratoria -pensada para causas de mayor gravedad- únicamente para lograr notificar a Cisneros de una diligencia. El ministro pidió que el caso pase a conocimiento de la Inspección Judicial, la Corte Plena y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, y atribuyó la orden a la fiscala adjunta Edith Morera Rodríguez, además de señalar al fiscal general Carlo Díaz Sánchez por su deber de supervisión. Aguilar vinculó su reclamo a lo que describió como "reiteradas manifestaciones públicas de contenido político" del fiscal general contra el Poder Ejecutivo, en momentos en que el propio Ministerio Público y el Gobierno ya chocan por el recorte al presupuesto del Poder Judicial para 2027, como ha reportado esta edición en días anteriores. El reclamo de Aguilar tiene, sin embargo, un contrapeso: el Ministerio Público había explicado, antes de la queja del ministro, que intentó notificar a Cisneros en siete ocasiones distintas sin éxito y que la alerta no equivale a una orden de captura ni a un impedimento de salida del país, según El Observador CR -una versión que matiza el relato de una Fiscalía que actuó por motivación política sin agotar antes las vías ordinarias. No está claro si la Corte Plena abrirá un procedimiento disciplinario contra Morera o Díaz a partir de la queja de Aguilar, ni si el fiscal general responderá públicamente a la acusación de manifestaciones políticas que le atribuye el ministro.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, firmó el miércoles 2 de setiembre una resolución que rechaza "en todos sus extremos" el recurso de revocatoria, la nulidad y la medida cautelar que el presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, había presentado contra el recorte adicional de ¢23.721,8 millones (unos USD 52,3 millones, según el tipo de cambio que citó Infobae) al presupuesto del Poder Judicial de 2026, ordenado mediante el II Presupuesto Extraordinario, de acuerdo con Semanario Universidad, Infobae y Teletica. Hacienda argumentó que el oficio del 18 de agosto que originó el recorte es un "acto preparatorio" dentro del proceso de formulación presupuestaria, sin efecto jurídico propio, directo ni inmediato, por lo que no puede impugnarse mediante un recurso administrativo. El rechazo se suma a la disputa más amplia por el Presupuesto Nacional 2027, en la que Hacienda ya propuso un recorte de ¢10.500 millones y el bloqueo de otros ¢30.000 millones al presupuesto judicial del próximo año, como informó esta edición el miércoles. Hacienda sostuvo que los reparos del Poder Judicial contra el recorte de 2026 podrán plantearse durante la discusión legislativa del presupuesto extraordinario, un trámite distinto al recurso administrativo que la Corte intentó agotar primero. No está claro si la Corte llevará el reclamo a la vía contenciosa-administrativa o a la Sala Constitucional, ni si la Comisión de Asuntos Hacendarios modificará la partida judicial del extraordinario antes de que la Asamblea Legislativa lo vote.
El presidente interino del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Max Esquivel, pidió el miércoles 2 de setiembre evitar recortes adicionales al presupuesto que la institución tendría para 2027, que ya contempla una reducción de ¢18.834 millones -equivalente a 24,3%- frente a lo asignado para 2026, según El Observador CR y La Nación. Esquivel afirmó que ese monto es el mínimo indispensable para garantizar el funcionamiento básico del TSE y sostuvo que el recorte no comprometerá las elecciones municipales, pero sí obligará a la institución a suspender varios proyectos de innovación que tenía planeados. El TSE llega a este punto después de haber devuelto ¢6.825,2 millones a la caja única del Estado entre los presupuestos de 2026 y 2027, una cifra que supera lo que el propio Ministerio de Hacienda había pedido recortar en ambos años, de acuerdo con Acontecer -un dato que matiza cualquier lectura de que la institución electoral se resiste por sistema a la austeridad fiscal. Esquivel reconoció además que las nuevas restricciones podrían llevar al TSE a perder una donación de terreno que la Municipalidad de Quepos había ofrecido para construir ahí una sede conjunta del Tribunal y el Registro Civil, por falta de recursos para la obra. No está claro si la Comisión de Asuntos Hacendarios revisará al alza la partida del TSE antes del dictamen del Presupuesto 2027, previsto para el 20 de octubre, ni si la Municipalidad de Quepos ampliará el plazo de la donación del terreno mientras la institución espera una definición presupuestaria.
La Contraloría General de la República (CGR) informó el jueves 3 de setiembre que los comités cantonales de deportes y recreación de Escazú, Santa Ana, Goicoechea y Moravia carecen de un plan estratégico para administrar sus recursos, según el informe DFOE-LOC-SGP-00003-2026 citado por Delfino.cr y El Observador CR. El estudio, que analizó la gestión de 2025 e incorporó datos del primer semestre de 2026 tras visitar 36 instalaciones deportivas administradas por los cuatro comités, encontró que ¢128 millones en donaciones recibidas en 2025 carecen de un reglamento de procesos, lo que afecta la revisión de requisitos y permite asignaciones sin criterios técnicos que garanticen equidad y transparencia. Los comités cantonales administran instalaciones recreativas de uso comunitario con fondos públicos municipales, y la falta de reglas claras de asignación abre espacio a decisiones discrecionales sobre a quién se destinan los recursos. La Contraloría mantiene además fiscalización abierta sobre otros comités de deportes del país desde antes de este informe, según Teletica, lo que sugiere un patrón de debilidad en los controles internos de estas juntas más allá de los cuatro cantones evaluados esta vez. El informe no señala un uso indebido específico de los ¢128 millones, solo la ausencia de controles sobre su asignación. No está claro si los concejos municipales de Escazú, Santa Ana, Goicoechea y Moravia tomarán medidas correctivas a partir del informe, ni en qué plazo la Contraloría exigirá a cada comité un plan de acción para subsanar las deficiencias detectadas.
— El informe DFOE-LOC-SGP-00003-2026 encontró que los comités cantonales de deportes de Escazú, Santa Ana, Goicoechea y Moravia carecen de planificación y no regulan cómo distribuyen ¢128 millones en donaciones recibidas en 2025.
La Fiscalía notificó a Pilar Cisneros tras siete intentos fallidos, el ministro de Justicia pidió investigar al fiscal general, Hacienda rechazó el recurso de la Corte y el TSE pidió frenar su recorte para 2027.
Costa Rica cerró este viernes 4 de setiembre con el Ministerio Público notificando en vivo a la exdiputada Pilar Cisneros para que declare hoy por la presunta estructura paralela de financiamiento de la campaña de Rodrigo Chaves en 2022, después de siete intentos fallidos y una alerta migratoria que ella calificó de "sacada de clavo". El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, respondió pidiendo a la Corte Suprema investigar a la fiscala adjunta Edith Morera y al fiscal general Carlo Díaz por lo que llamó una medida "abusiva y desproporcionada", en momentos en que el propio Gobierno y el Poder Judicial ya chocan por el presupuesto de 2027. En esa disputa presupuestaria, Hacienda rechazó "en todos sus extremos" el recurso con el que la Corte buscaba anular un recorte adicional de ¢23.721,8 millones al presupuesto judicial de 2026, mientras el Tribunal Supremo de Elecciones pidió por separado frenar un recorte de ¢18.834 millones -24,3%- en su propio presupuesto para 2027, que podría costarle un terreno donado en Quepos. La Contraloría General, por su parte, encontró que los comités cantonales de deportes de Escazú, Santa Ana, Goicoechea y Moravia carecen de plan estratégico para administrar ¢128 millones en donaciones. Ninguno de los frentes -la indagatoria de Cisneros, la eventual investigación contra la Fiscalía, el reclamo de la Corte por el recorte judicial o la respuesta de los concejos municipales al informe de la Contraloría- tiene resolución definida al cierre de esta edición; la atención de los próximos días se concentrará en si Cisneros se presenta ante el Ministerio Público y en si la Comisión de Asuntos Hacendarios ajusta las partidas del Poder Judicial y del TSE antes del dictamen del Presupuesto 2027.