El desglose del recorte de Hacienda al Poder Judicial para 2027 golpea bienes duraderos y salarios, José María Villalta acusa a la diputada Nayuribe Guadamuz de apología de la violencia en el Plenario por un mensaje contra Ariel Robles, la DGME abre la Categoría Especial Temporal Complementaria para hasta 10.000 solicitantes de refugio rechazados, y la Sala Constitucional admite estudiar si la norma de "turismo de bajo impacto" permite construir en Patrimonio Natural del Estado.
El Ministerio de Hacienda, que encabeza el ministro Rodrigo Chaves, propone un recorte de ¢10.500 millones y el bloqueo de otros ¢30.000 millones al presupuesto del Poder Judicial para 2027, según reportó Delfino.cr este miércoles 2 de setiembre a partir del anteproyecto que la Corte Plena ya ajustó a esas restricciones. El presupuesto judicial total bajaría de ¢541.525,7 millones en 2026 a ¢530.973,2 millones en 2027, de acuerdo con el desglose por partidas que citó el mismo medio: bienes duraderos pierde ¢5.766,8 millones y remuneraciones otros ¢5.698 millones, mientras los servicios crecen ¢2.212,1 millones y las transferencias de capital suben ¢704,1 millones. La cifra exacta del recorte varía según la fuente: El Observador CR y La Nación habían reportado el martes un ajuste de ¢10.000 millones más ¢30.000 millones congelados, mientras Delfino.cr eleva el recorte directo a ¢10.500 millones, una diferencia de ¢500 millones que ninguno de los dos medios ha explicado. La comparación entre el presupuesto total propuesto y el vigente matiza además el reclamo del propio Poder Judicial: la caída neta de 1,9% en el gasto total es sustancialmente menor que los ¢40.000 millones que la institución contabiliza al sumar el recorte directo y las partidas congeladas, una diferencia que refleja cuánto del ajuste es dinero que la Corte simplemente no podrá ejecutar en 2027 y no un recorte efectivo sobre lo que gastó este año. La Comisión de Asuntos Hacendarios tiene hasta el 20 de octubre para dictaminar el proyecto completo de Presupuesto Nacional 2027, como informó esta edición el martes, y no está claro si Hacienda revisará la cifra exacta del recorte judicial ante la discrepancia entre los medios que lo reportaron.
El jefe de bancada del Frente Amplio, José María Villalta, acusó el martes 1 de setiembre a la diputada oficialista Nayuribe Guadamuz de incurrir en apología de la violencia por replicar en redes sociales un mensaje que llamaba a agredir físicamente al exdiputado Ariel Robles, según reportaron El Observador CR y Semanario Universidad. "Eso es apología de la violencia. Es un llamado a promover la agresión hacia otro adversario político. Eso es inaceptable", dijo Villalta en el Plenario, de acuerdo con los dos medios. La diputada de Unidad Social Cristiana Abril Gordienko, la legisladora Claudia Dobles y otros congresistas se sumaron al reclamo durante la misma sesión, que terminó dedicada en buena parte a discursos sobre el episodio, según Semanario Universidad. El señalamiento llega al tercer día de un episodio que arrancó el sábado 30 de agosto, cuando Guadamuz respaldó en Facebook una publicación que celebraba la posibilidad de ver a Robles "llorando mientras recoge sus dientes uno por uno del piso", como informó esta edición el lunes. Robles le había exigido el lunes rectificar públicamente el mensaje, sin que ella respondiera, y el martes le contestó en la misma línea que "no somos iguales, no respondemos igual", según informó esta edición el miércoles. La diputada Gordienko pidió además a diputados oficialistas y ministros moderar el tono para "evitar la violencia", de acuerdo con El Mundo CR, mientras el diputado Antonio Ortega calificó por separado la publicación de Guadamuz como apología de la violencia, según Acontecer. Guadamuz no ha retirado la publicación ni ha respondido en el Plenario a los señalamientos de sus colegas al cierre de esta edición. No está claro si la Asamblea Legislativa abrirá un proceso disciplinario contra la diputada ni si el Ministerio Público valorará una investigación por el mensaje que ella respaldó.
Eso es apología de la violencia. Es un llamado a promover la agresión hacia otro adversario político. Eso es inaceptable.
La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) abrió el martes 1 de setiembre la recepción de solicitudes para la Categoría Especial Temporal Complementaria (CETC), un estatus dirigido a nicaragüenses, cubanos, venezolanos y colombianos cuyo trámite de refugio -presentado entre el 1 de junio de 2014 y el 7 de mayo de 2026- sigue pendiente, fue declarado sin lugar o fue rechazado, según reportaron Tico Times, The Rio Times y Q Costa Rica. El trámite exige haber residido de forma continua en el país desde que se presentó la solicitud de refugio y no contar con otro estatus migratorio vigente; Tico Times había estimado en 10.000 los solicitantes de refugio rechazados que podrían calificar cuando el Poder Ejecutivo anunció la categoría en agosto. El permiso otorga residencia legal y autorización para trabajar, de forma asalariada o independiente, por dos años renovables en períodos iguales, según el reglamento de la DGME citado por Q Costa Rica. La ventanilla de citas permanecerá abierta un año completo, hasta el 1 de setiembre de 2027, en las oficinas de Migración en La Uruca, después de que el centro de llamadas 1311 empezara a agendar citas desde el 17 de agosto. Migración verificará antecedentes penales y policiales en bases de datos nacionales e internacionales antes de aprobar cada solicitud, y negará o cancelará el estatus a quien tenga condena por delito doloso en los últimos diez años o represente un riesgo para la seguridad pública, de acuerdo con The Rio Times. No está claro cuántas solicitudes recibió la DGME durante la primera semana del trámite ni si la institución ampliará su capacidad de atención en La Uruca ante la demanda esperada de una población que arrastra trámites de refugio abiertos desde hace más de una década.
El Boletín Judicial N.° 165, del 2 de setiembre, registra que la Sala Constitucional admitió para estudio una acción de inconstitucionalidad contra la expresión legal "actividades turísticas de bajo impacto", que permite desarrollar infraestructura turística dentro de Patrimonio Natural del Estado sin un respaldo técnico ambiental claro, según reportó Tirant Prime a partir del boletín oficial del Poder Judicial. La acción argumenta que la norma vigente no exige un estudio técnico suficiente para garantizar que ese tipo de construcciones tenga un impacto ambiental verdaderamente bajo. La información sobre este expediente proviene únicamente de Tirant Prime, sin confirmación independiente de otro medio al cierre de esta edición, por lo que no fue posible precisar quién presentó la acción ni en qué zona del país se ubica el desarrollo turístico que la motivó. La admisión para estudio no implica un fallo sobre el fondo: la Sala IV apenas decidió que el caso amerita un análisis constitucional completo. No está claro cuánto tiempo tomará a la Sala Constitucional resolver el fondo del caso ni si suspenderá, mientras tanto, algún proyecto turístico específico amparado en la norma cuestionada.
— El Boletín Judicial N.° 165 del 2 de setiembre registra que la Sala IV aceptó estudiar si la frase "actividades turísticas de bajo impacto" habilita construir en Patrimonio Natural del Estado sin respaldo técnico suficiente.
El recorte al Poder Judicial golpeó bienes duraderos y salarios, Villalta acusó a Nayuribe Guadamuz de apología de la violencia, la DGME abrió la categoría migratoria CETC y la Sala IV admitió un caso ambiental.
Costa Rica cerró este jueves 3 de setiembre con un nuevo desglose del recorte al Poder Judicial para 2027, que golpea con más fuerza los bienes duraderos y las remuneraciones dentro de un presupuesto que cae 1,9% frente al de este año, según informó esta edición. En la Asamblea Legislativa, el jefe de bancada del Frente Amplio, José María Villalta, acusó a la diputada oficialista Nayuribe Guadamuz de apología de la violencia por un mensaje que ella respaldó contra el exdiputado Ariel Robles, en una sesión que otros cuatro legisladores usaron para sumarse al reclamo. En migración, la Dirección General de Migración y Extranjería abrió la recepción de solicitudes de la Categoría Especial Temporal Complementaria para nicaragüenses, cubanos, venezolanos y colombianos con trámites de refugio pendientes o rechazados, un proceso que Tico Times estimó podría alcanzar a 10.000 personas. La Sala Constitucional admitió para estudio una acción que cuestiona si la norma sobre "actividades turísticas de bajo impacto" permite construir en Patrimonio Natural del Estado sin suficiente respaldo técnico. Ninguno de los frentes -la discrepancia entre los medios sobre el monto exacto del recorte judicial, la respuesta de Guadamuz a los señalamientos de sus colegas, la demanda real que reciba la nueva categoría migratoria o el fondo del caso ambiental en la Sala IV- tiene resolución definida al cierre de esta edición; la atención de los próximos días se concentrará en si la Comisión de Asuntos Hacendarios avanza con el dictamen del Presupuesto 2027 y en si la Asamblea Legislativa toma alguna acción disciplinaria por el episodio entre Villalta, Guadamuz y Robles.